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En un contexto de pérdida de empleo formal y de necesidad de complementar ingresos, cada vez son más los argentinos que deben recurrir al trabajo en plataformas digitales. Esta modalidad “refugio” explica en gran medida por qué la desocupación no creció de manera significativa, pese a la caída de la actividad económica y las recurrentes crisis.

Según cálculos del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) a los que accedió Infobae, en 2020, con pandemia mediante, había alrededor de 100.000 repartidores y choferes en aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, Rappi y PedidosYa; mientras que en la actualidad la cifra supera el millón, lo que supone un incremento del 900%. Aclaran que se trata de estimaciones, ya que las empresas no publican datos oficiales y la condición de “autónomos” o informales dificulta conocer su cantidad exacta.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA sostiene que la principal transformación del mercado laboral durante los últimos años fue la recomposición del empleo hacia sectores de menor productividad y más desprotegidos.

Ello también se traduce en menores niveles de ingresos, particularmente entre los ocupados precarizados que se desempeñan en el sector microinformal.

En este sentido, en SiTraRepA señalaron que hay pedidos que se pagan desde $1.500 por entrega, por lo que la mayoría de los repartidores trabaja alrededor de 12 horas diarias para reunir un salario cercano a los $1.200.000, un monto que, remarcan, está por debajo de la línea de pobreza.

En cuanto al capítulo introducido para este segmento en la reforma laboral, Belén D’Ambrosio, secretaria general de la organización de base, opinó que la norma legaliza el “fraude” que implica considerarlos “trabajadores independientes”, ya que “existe una clara relación de dependencia en el plano económico, legal y técnico, teniendo en cuenta que dependemos del algoritmo para llevar adelante nuestras tareas”. Ese reconocimiento es importante “para acceder a los derechos laborales: una cobertura ART, un salario básico y un recibo de sueldo”, mencionó.

Otra problemática que observan es el aumento en la solicitud de préstamos a las plataformas, que conlleva extender dicha jornada para poder pagar las deudas. De acuerdo al informe de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) del BCRA, la cantidad de deudores que usan el dinero para invertirlo en herramientas de trabajo creció un 177% entre diciembre de 2023 e igual mes de 2024. El año pasado avanzó 122 por ciento.

La media del saldo de financiamiento a monotributistas que operan en estas plataformas se ubicó en alrededor de $900.000 al cierre de 2025. En el caso de los comercios, el monto puede ser hasta 7 veces superior.

El fenómeno, dicen en SiTraRepA, se relaciona con que muchos repartidores no tienen acceso al crédito bancario por estar en la informalidad.

El BCRA indicó: “En la economía gig (economía de plataformas), el capital reputacional, es decir, el desempeño del trabajador, contribuye a construir su scoring crediticio. Las calificaciones y reseñas lo legitiman y resuelven en alguna medida la asimetría informativa entre desconocidos”.

“A diferencia de un banco tradicional, no solo se analiza el historial de morosidad, sino métricas como antigüedad, tasa de aceptación de viajes y calificación de usuarios”, agregó.

Por otro lado, el sindicato denuncia “un asedio constante para que se endeuden”, particularmente a través de la fintech Gurpi, promocionada por las mismas apps y en la calle.

“Como ejemplo —ya que existen distintos tipos de préstamos—, para financiar la compra de una moto se exige una cuota de $70.000 semanales. Al anualizar ese esquema de pagos, la tasa alcanza el 700%“, relató el gremio y enfatizó que produce ”un ciclo de dependencia perpetua”.

D’Ambrosio señaló que la tasa en algunas plataformas puede ascender al 260% anual. “Las empresas utilizan un algoritmo que evalúa la productividad de cada usuario y determina el crédito disponible. Esta dinámica obliga a los trabajadores a esforzarse aún más para obtener mejores condiciones de financiamiento, lo que profundiza los niveles de autoexplotación”.

Aliado de LLA y cuyo voto fue decisivo para la sanción de la Ley Bases, fue sentenciado por tentativa de contrabando. Había sido detenido junto con su exsecretaria y actual pareja con más de $US 200 mil ocultos. Su pareja recibió la pena de un año y diez meses, también en suspenso.

“No todas las reglas aplican en todo momento”, afirmó ante Infobae una importante fuente libertaria para explicar la reciente apertura del Gobierno de negociar alianzas con los gobernadores aliados rumbo a las elecciones de 2027. Hace un año, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se inclinaba por competir con candidatos “puros” en las distintas provincias para fortalecer el armado y el sello de La Libertad Avanza en el interior del país.

El vínculo con los mandatarios provinciales aliados dio pie a uno de los debates que marcó la interna oficialista, dado que el asesor presidencial, Santiago Caputo, se mostraba proclive a sellar alianzas con la mayor cantidad de representantes provinciales para las elecciones legislativas de 2025.

Hoy, cuando pareciera reinar el consenso impulsado por los deseos de concretar la reelección del presidente Javier Milei, persisten las diferencias respecto de los motivos que llevaron a la administración libertaria a readaptar su plan.

“La realidad se impone y los que pregonaban una estrategia diferente en 2025, ahora no la pueden sostener”, plantearon desde uno de los campamentos en un dardo dirigido contra los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, los encargados de diseñar las listas bajo la supervisión de la menor de los Milei, a los que les atribuyen además haber complejizado el escenario legislativo en 2025.

En el karinismo aseguraron a este medio que la decisión de priorizar a candidatos propios apuntaba a potenciar al Gobierno, en particular al espacio fundado por Milei, y buscaba limitar el alcance de los gobernadores. “En aquel entonces, los que querían acordar por acordar, nos llevaban a un Gobierno de coalición”, plantearon desde el entorno de la funcionaria.

“Varios querían entrar gratis a las listas. Después algunos nos hicieron un desastre en el Congreso”, criticó uno de los alfiles violetas que revalidó la determinación de haber competido en las provincias con los propios.

En Balcarce 50 descuentan que a Javier Milei le va mejor en el interior del país que en el AMBA, donde se ubican en torno a los 25 puntos; por eso, consideran necesario acercar voluntades con los aliados. En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero también el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

Como anticipó este medio, la administración libertaria fijó condiciones para negociar con los gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada y entre los principales puntos figura el respaldo a la agenda legislativa, en particular a la reforma electoral que aspira a sancionar el Poder Ejecutivo. La advertencia es clara: quienes no acompañen el objetivo de modificar el sistema, “no serán tenidos en cuenta para el armado”.

Aún sin los votos necesarios, el oficialismo dio lugar a una de las alternativas presentadas por el radicalismo y discute la posibilidad de incorporar una especie de colectora para facilitar un acuerdo con los gobernadores y que puedan adherir las listas a diputados y senadores en caso de requerirlo. “No significa entregar a los legisladores. Se tendrán que ganar el lugar como nosotros. Es una salida para que compitan contra nuestras listas”, argumentó un integrante de la mesa política que volverá a reunirse este martes al mediodía.

La administración libertaria da sobradas muestras del cambio de criterio, en particular de la habilitación a potenciales acuerdos en 2027. En las vísperas del final del Mundial 2026, Diego Santilli, de perfil dialoguista y moderado, ayuda a consolidar los acercamientos con el objetivo final en mente: otros cuatro años de mandato para Milei.

Este lunes, luego de retratarse con 13 gobernadores en la provincia de Tucumán, el ministro coordinador recibió al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en una serie de intercambios que se suceden desde su desembarco en el Ministerio del Interior, pero que se intensificaron tras su ascenso. Luego, el puntano visitó las oficinas del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.