Más de veinte países anunciaron este sábado su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso seguro por el Estrecho de Ormuz, y condenaron con contundencia las acciones del régimen de Irán que han restringido la navegación en esta ruta clave para el suministro energético a nivel global. En un comunicado conjunto, los firmantes —principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— subrayan la importancia estratégica del Estrecho ante los recientes ataques a buques y a infraestructuras civiles atribuidos a Teherán.
“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria”, señalaron las naciones firmantes en un comunicado conjunto.
Y agregaron: “Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes”.
El anuncio se produjo después de que el Ejército de Estados Unidos afirmara este sábado que la capacidad de Irán para amenazar el Estrecho de Ormuz ha quedado “reducida” tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero. “No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, en un mensaje en video publicado en X.
“La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos”, añadió.
El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó duramente a los miembros europeos de la OTAN por su escasa cooperación militar en la reapertura del Estrecho de Ormuz, llamándolos “cobardes” y resaltando la falta de apoyo pese a los logros alcanzados en la contención de Irán: “¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo”. Añadió que esta tarea “es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!”.
Como parte de la respuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses incrementaron su presencia militar en la zona. Se desplegaron aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines para localizar y destruir lanchas rápidas iraníes, drones explosivos y misiles de crucero en el Estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico.
En los últimos días se han destruido o dañado más de 120 embarcaciones iraníes durante los combates, según fuentes militares. Además, una unidad de respuesta rápida de marines apoya la protección de buques comerciales y el control de islas cercanas a la costa sur de Irán, con el objetivo de garantizar la seguridad de una de las áreas marítimas más transitadas del mundo.
Pese a los bombardeos y a las operaciones internacionales, Irán conserva capacidades ofensivas significativas en la región. Analistas en defensa señalan que “cientos de lanchas” permanecen ocultas en hangares subterráneos, junto a minas navales y misiles de crucero montados sobre camiones, lo que dificulta eliminar por completo la amenaza en una franja marítima de solo 39 kilómetros de ancho en su parte más estrecha.
La infraestructura defensiva iraní incluye túneles y posiciones reforzadas tanto en la costa como en islas próximas, lo que complica las operaciones extranjeras. Experiencias previas con milicias alineadas, como los hutíes en Yemen, que emplean misiles y drones de ataque, muestran que las campañas prolongadas no han logrado erradicar completamente el riesgo.
Por otra parte, el Parlamento de Irán analiza imponer peajes a todas las embarcaciones extranjeras que crucen el Estrecho de Ormuz. Si se aprueba, los países que dependen del petróleo y el gas de la zona podrían verse obligados a negociar directamente con Teherán, incrementando el poder de negociación iraní en el mercado mundial de combustibles.
La interrupción del tránsito por el Estrecho ha provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo. El crudo llegó a superar los USD 119 el barril, antes de estabilizarse en USD 108,65, con un incremento del 1,2%, según fuentes especializadas. Esta volatilidad impacta economías de todo el mundo, en particular a las naciones dependientes de la energía del golfo Pérsico.
Expertos en política energética advierten sobre una posible “interdependencia forzada”, en la que el abastecimiento energético y la seguridad del suministro quedarían supeditados a las condiciones que imponga Irán. Las nuevas dinámicas del Estrecho podrían transformar tanto los flujos comerciales como el mapa político de la región, alterando los equilibrios de poder en el mediano plazo.
La escalada bélica en Medio Oriente afectó con fuerza a la inversión financiera y motivó una marcada salida de fondos de las bolsas internacionales. A pesar de ese escenario, los activos argentinos soportaron mejor el impacto que sus pares extranjeros.
El índice Dow Jones de Industriales registró una caída semanal del 2,4%; el promedio S&P 500 retrocedió 2,5% y el panel tecnológico Nasdaq perdió 3,1%.
Los precios del petróleo alcanzaron máximos desde julio de 2022: el barril de WTI cotizó a USD 98,09 y el crudo Brent del Mar del Norte a USD 112,32, lo que brindó respaldo a las acciones argentinas del sector.
De ese modo, el ADR de YPF trepó 10,8% desde el viernes anterior, hasta USD 41,92; Vista Energy avanzó 12,1%, Tenaris 5,7% y Pampa Energía 3,5%.
Por la ponderación de los títulos del sector energía en el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el panel líder subió 3,1% en pesos desde el viernes previo, ubicándose en los 2.725.326 puntos. En dólares “contado con liqui” el Merval aumentó 3,3%.
“El tema dominante en la semana fue la suba del petróleo y sus efectos locales e internacionales. En medio del conflicto bélico en Irán, el Brent superó los 110 dólares el barril. La combinación de mayores precios internacionales y un esquema macro restrictivo está generando tensiones. Si bien el shock energético mejora los términos de intercambio, también introduce presiones inflacionarias y limita el margen de política fiscal, especialmente por la postergación de impuestos a los combustibles. De por sí, la suba en el precio de combustibles aportará a la inflación mensual en un mes particularmente alto desde el punto de vista estacional”, puntualizó un informe de Puente.
Los bonos soberanos hard dollar -Bonares y Globales- promediaron una caída semanal de 1,3%. El riesgo país de JP Morgan se incrementó en 55 unidades para la Argentina, hasta alcanzar los 633 puntos básicos, su nivel más alto desde el 4 de diciembre del año pasado.
Un informe de IEB precisó que “la guerra en Medio Oriente atraviesa una fase de escalada, que pone en duda la hipótesis de una resolución rápida del conflicto. Aunque algunos analistas especializados indican que Donald Trump iniciaría una etapa de off ramp (vía de salida), es decir buscar una salida digna para desescalar el conflicto. En los últimos días, Irán intensificó los ataques sobre infraestructura energética en el Golfo, afectando instalaciones clave de GNL en Catar, Emiratos Árabes Unidos y refinerías en Kuwait; aunque parte de los daños fue contenida, persiste la incertidumbre sobre el impacto en la oferta global de gas y petróleo”.
“El mensaje de los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal, esta semana es de incertidumbre respecto a la duración del shock petrolero, pero nadie parece dispuesto a pensar en ajustes en la política monetaria. Mientras tanto, la presión por los activos de riesgo sigue extendiéndose y los mercados incorporar subas de tasas de política monetaria este año en varias economías“, analizaron desde Balanz Capital.
Dólar en baja y fuertes compras del Central
Una variable que mostró un comportamiento favorable durante la última semana fue el dólar: en su cotización mayorista se redujo 9,50 pesos (-0,7%), hasta quedar ofrecido a $1.390,50, el mínimo desde el 24 de febrero.
La banda superior del esquema cambiario establecido por el Banco Central se ubicó en $1.638,52, dejando al tipo de cambio oficial unos 248,02 pesos (17,8%) por debajo de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025 (18%).
En igual sentido, el dólar al público cerró a $1.410 para la venta en el Banco Nación, también en un piso del último mes y con una baja de diez pesos (0,7%) respecto del viernes anterior.
El BCRA compró en el mercado USD 458 millones en cinco ruedas, acumulando en marzo USD 1.064 millones; desde el 2 de enero la cifra asciende a USD 3.776 millones.
Las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 43.808 millones. En la semana ese stock disminuyó en USD 1.858 millones por pagos de deuda y la depreciación del oro (-10,8% semanal).
El dólar blue se negoció a $1.425, con una baja de cinco pesos (0,4%) en la semana. En lo que va de 2026, el dólar informal registra una caída de 105 pesos (6,8%).
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A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, casi 3 de cada 10 argentinos tienen una opinión negativa sobre los derechos humanos en el país. El 28,1% de los encuestados los rechaza: el 21,1% considera que “no defienden a los argentinos de a pie” y el 7% directamente afirma que “no deberían existir”.
Los datos provienen de un informe especial de la consultora Explanans, elaborado a partir de una encuesta nacional realizada entre el 18 y el 28 de febrero de 2026, con una muestra de 4.068 casos en 91 ciudades de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estudio, dirigido por Sebastián Puechagut y coordinado por Martín Notarfrancesco y Daniela Piccone, evaluó la valoración ciudadana sobre el movimiento de derechos humanos y la democracia como sistema de gobierno.
Pese a ello, el rechazo no es mayoritario —el 68,9% mantiene una visión positiva—, aunque la magnitud del rechazo a cincuenta años de la última dictadura deja en evidencia la erosión que la causa sufrió en amplios sectores de la sociedad argentina.
Casi el 70% con opinión positiva, pero la disputa es central
Ante la pregunta sobre qué opinión tienen del tema de los derechos humanos en Argentina, el 68,9% de los encuestados respondió de manera positiva: el 33,1% calificó su opinión como “muy buena”, señalando que “los DDHH son un emblema nacional”; mientras que el 35,8% optó por “buena”, con la aclaración de que “son necesarios pero no se debe hacer política con eso”.
“Con matices, siguen siendo parte del patrimonio moral y político del país. No aparecen como bandera arrasada ni causa marginal, sino como valor instalado en la conciencia colectiva”, indican desde la consultora. Ese consenso no es ausencia de disputa. Los datos muestran que no se rompe la agenda democrática ni la tradición de DDHH, pero sí se discute su sentido, sus usos y representaciones.
En el otro extremo, el 28,1% expresó una opinión negativa: el 21,1% eligió la opción “mala” —argumentando que “no defienden a los argentinos de a pie” y el 7% optó por “muy mala”, indicando que “no deberían existir”. El 3% restante no supo o no contestó.
Los datos revelan que, más allá del respaldo mayoritario, el debate no es tanto sobre si los derechos humanos deben existir sino sobre qué significan y quiénes los representan.
La segmentación por voto en el balotaje de 2023 muestra la brecha más marcada del informe. Entre los votantes de Sergio Massa, el 63,7% tiene una opinión “muy buena” sobre los DDHH y el 22,4% la califica de “buena”, lo que suma un respaldo positivo del 86,1%.
Entre los votantes de Javier Milei, en cambio, la intensidad se invierte: el 45,6% tiene una opinión “buena” —es decir, reconoce su necesidad pero rechaza su uso político—, el 9,7% “muy buena”, y el 41,9% mantiene una visión negativa (30,4% “mala” y 11,5% “muy mala”).
La polarización no borra el consenso pero lo fragmenta: incluso dentro del electorado libertario, más de la mitad reconoce algún valor a los derechos humanos.
Los jóvenes lideran el apoyo
La segmentación etaria muestra una tendencia contraria a lo que podría suponerse en el contexto del clima político actual. Los menores de 30 años presentan el respaldo más alto: el 79% tiene una opinión positiva (40,1% “buena” y 38,9% “muy buena”), frente al 66,8% en adultos de entre 30 y 50 años y al 62,2% entre los mayores de 50.
La diferencia de género también es significativa. Entre mujeres, el 75% expresa una opinión positiva, con el 40,3% en la categoría “muy buena”. Entre varones, ese porcentaje cae al 62,4%, con el 25,4% en “muy buena”. La visión negativa es casi el doble entre varones (34,6%) que entre mujeres (22%).
Mendoza muestra más rechazo
El informe también ofrece una apertura por distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra los índices más altos de opinión positiva: el 82,6% (39,5% “buena” y 43,1% “muy buena”). En el otro extremo, Mendoza acumula el mayor porcentaje de visión negativa entre los grandes distritos relevados: el 33,1% (22,3% “mala” y 10,8% “muy mala”).
En la provincia de Córdoba, el 64,6% tiene una opinión positiva (38,3% “buena” y 26,3% “muy buena”), mientras que el 31,8% se posiciona en la franja negativa. El dato posiciona a Córdoba por debajo del promedio nacional en apoyo al movimiento de derechos humanos.
En paralelo a la pregunta sobre DDHH, el estudio midió la valoración del sistema democrático. El 78,4% de los encuestados afirmó que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. El 12,6% consideró que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible”, el 2,5% señaló que “da lo mismo” y el 6,5% no supo o no contestó.
Un trágico siniestro vial ocurrió en la madrugada de este sábado en Paraná: un motociclista de 35 años falleció tras caerse de su rodado. Si bien en un primer momento se informó que había colisionado contra un poste de alumbrado caído, la Policía confirmó después que el accidente se produjo cuando el conductor perdió el equilibrio y cayó.
El hecho se registró alrededor de las 5:35 en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao. La situación fue alertada mediante un llamado al 911, que informó sobre una persona gravemente herida. Según las primeras informaciones, el hombre se desplazaba en una motocicleta Guerrero Trip en sentido Norte-Sur cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio, presuntamente a raíz de las inclemencias climáticas.
Al arribar al lugar, el personal de emergencias constató que el conductor ya no presentaba signos vitales. Intervino personal policial y judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del siniestro.
El Presidente Javier Milei se reunió con el Presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en su primera actividad pública durante la visita para disertar en el CPAC 2026 en ese país. El encuentro se realizó en el Palacio Sándor.
A continuación tendrá lugar la reunión con el primer ministro Viktor Orbán, el hombre fuerte del país, en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.
En Budapest, Milei participará de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora).
El encuentro integra una red de foros internacionales que reúne a dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. Presidencia definió la agenda, con varias actividades:
A las 16:30 (12:30 en Argentina) Milei encabezará la intervención de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.
La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también pronunciará unas palabras.
Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina este mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 09:00, y cerrará así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.
La dirigencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos puso en alerta al Departamento Diamante ante la creciente tensión entre la actividad agropecuaria y el entramado judicial. Convocados por la filial Puiggari del Distrito III, técnicos, abogados y productores se reunieron para evaluar el impacto de amparos relacionados con las distancias de aplicación de productos agrotóxicos en Colonia Ensayo y Aldea Salto, dos localidades donde la incertidumbre ya empieza a condicionar decisiones productivas.
Al encuentro asistieron el director Matías Martiarena, el ingeniero agrónomo Alfredo Bel, el presidente de la filial Carlos Bender y un equipo de letrados que sigue la evolución de las causas. Según informaron, hay actualmente tres amparos en trámite —uno de carácter colectivo— en cuyo expediente la FAA se presentó como “tercero interesado”, una figura institucional destinada a respaldar a los productores afectados.
Más allá del marco jurídico, la preocupación en el territorio tiene raíces profundas: se percibe que el régimen normativo vigente —resultado de años de consensos técnicos y políticos— se ve erosionado por decisiones judiciales que, en algunos casos, redefinen las reglas de juego. “La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que cuenta con respaldo científico y que fue fruto de un amplio acuerdo. Queremos trabajar con tranquilidad”, sintetizó Bender.
En la misma línea, Martiarena remarcó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y avanzar en un ordenamiento territorial que brinde previsibilidad. La defensa de la Ley Provincial de Fitosanitarios aparece así como una demanda común de la dirigencia agraria, tanto por su contenido técnico como por el carácter participativo del proceso que la originó.
La discusión trasciende los límites de Diamante: lo que está en juego es la capacidad del sistema productivo para operar bajo reglas claras, en un equilibrio siempre delicado entre sustentabilidad ambiental, salud pública y viabilidad económica. Para el sector agropecuario entrerriano, la exigencia de previsibilidad no es menor: constituye la condición indispensable para sostener inversiones, planificar campañas y evitar que la incertidumbre judicial se transforme en un riesgo estructural.
Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno eliminó la exigencia de que los productores del campo cuenten con habilitaciones municipales o provinciales para varios trámites ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La resolución, firmada por María Beatriz “Pilu” Giraudo, titular del Senasa, deroga disposiciones de una resolución de noviembre de 1992 y, en la práctica, simplifica los trámites al eximir a los productores de presentar habilitaciones locales cuando están inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa). Ese registro obligatorio y gratuito del Senasa vincula al productor con su tierra y su actividad (agrícola, ganadera o forestal) como herramienta de fiscalización de la sanidad vegetal y animal, la inocuidad de los alimentos y la comercialización. Además de ser gratuito —a diferencia del costo de ciertas habilitaciones municipales—, el trámite puede gestionarse en línea a través de AFIP o de forma presencial.
DNU 70
En sus considerandos, la resolución cita expresamente como antecedentes y fundamento al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y al Decreto 90/2025 del gobierno de Javier Milei. El DNU 70, la primera gran norma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció “que el ESTADO NACIONAL promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el Territorio Nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” disponiendo “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y que quedarían sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda”.
Por su parte, el decreto 90, de febrero del año pasado, impulsó “un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten redundantes, innecesarias o generen un sobrecosto del sector productivo”, a partir de un examen de la ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, sancionada en 1992.
Sturzenegger felicitó a Giraudo y celebró la medida del Senasa calificándola como “un granito de arena para contener la voracidad municipal”. Al separar los trámites nacionales de los municipales, explicó, se evitan “duplicaciones y el margen para la extorsión. En el gobierno de @JMilei pensamos que menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso. VLLC!”.
Duplicidad de trámites y requisitos
La resolución busca evitar la superposición de requisitos que, según el texto, “importa, en la práctica, una duplicidad de requisitos y de documentación”. Esas superposiciones, subraya la norma, añadían condiciones ajenas al Senasa y costos extra que generan “una carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos”. Con la firma de Giraudo, el Senasa también persigue la armonización de criterios frente a “la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación”. Por ese motivo, avanzó en simplificar los trámites y en eliminar la obligatoriedad de presentar habilitaciones municipales vinculadas a varios eslabones de la cadena productiva del campo: predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios.
El Senasa, sin embargo, aclaró que la eximición de habilitaciones municipales no implica una flexibilización de las normas sanitarias ni de las responsabilidades de quienes participan de la cadena de producción rural y agroalimentaria. “La presente medida no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable al desarrollo de sus actividades”, sostiene la resolución, que se limita a suprimir requisitos administrativos y exigencias documentales vinculadas “a competencias propias de las jurisdicciones locales”. Además recuerda que la ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal “es de interés nacional y fija la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria en garantizar la inocuidad y calidad de la producción”.
Giraudo, la presidenta del Senasa, es una destacada dirigente rural proveniente de una familia de varias generaciones de productores agropecuarios del sur de Santa Fe. Tiene un posgrado en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, presidió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) —de la que su padre fue uno de los fundadores— y durante el gobierno de Mauricio Macri integró brevemente el equipo del ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Es cofundadora de la Red de Mujeres Rurales.
Ya durante la gestión de Javier Milei fue vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde impulsó un plan de ajuste del organismo, y desde julio de 2025 preside el Senasa, desde donde ahora promovió y ejecutó la resolución celebrada por Sturzenegger para “contener la voracidad de los municipios”.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) solicitó este sábado “moderación militar” tras el presunto ataque que, según Irán, sufrió la central nuclear de Natanz, en el centro del país.
El organismo informó que, según la notificación recibida, no se detectó un aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación nuclear.
De acuerdo con lo publicado por el OIEA en su cuenta oficial en X, el informe llegado desde Teherán indicó que la planta de Natanz habría sido blanco de una agresión.
“Irán ha informado al OIEA de que la instalación nuclear de Natanz fue atacada hoy. No se ha registrado ningún aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación. El OIEA está investigando el informe”, indicó el organismo.
El mensaje añadió que el director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró el llamado a la “moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear”.
Según informaciones difundidas por la organización de energía atómica iraní y replicadas por la agencia estatal Tasnim, la república islámica responsabilizó a Estados Unidos y a Israel por el ataque contra el complejo de enriquecimiento de Natanz. “Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue atacado esta mañana“, declaró la entidad.
Hasta el momento, las autoridades iraníes aseguraron que no se reportó ninguna fuga de material radiactivo en la zona afectada. El complejo, ubicado en el centro de Irán, representa uno de los puntos clave del programa nuclear del país.
En su comunicación pública, el OIEA remarcó la importancia de mantener la estabilidad y la seguridad de las instalaciones nucleares, en un contexto regional marcado por la tensión. El organismo internacional anunció que continúa investigando el informe iraní y mantiene contacto con las autoridades pertinentes para recabar información adicional sobre el presunto incidente.
En las primeras horas de este sábado, que marcaron el inicio de la cuarta semana del conflicto en Medio Oriente, el Ejército de Israel anunció una nueva ofensiva contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut, la capital de Líbano, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios en los suburbios del sur de la capital libanesa.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista Hezbollah en Beirut”, informó el ejército a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado. Una enorme bola de fuego, seguida de densas nubes de humo, se elevó desde los suburbios del sur de Beirut por la madrugada.
Horas antes, el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, comunicó a través de la red social X que Israel continuaba atacando infraestructura militar de la organización en distintas áreas del sur de Beirut y advirtió a los residentes de siete barrios que debían “evacuar inmediatamente”.
Según informaron las FDI en el resultado de la misión nocturna, combatientes de la Brigada Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a varios terroristas en un enfrentamiento en el sur del Líbano durante una operación terrestre selectiva realizada anoche bajo el mando de la División 91. Las fuerzas identificaron a varios miembros armados de Hezbollah y abatieron a uno de ellos en combate directo.
Además, una aeronave de la Fuerza Aérea atacó a varios terroristas que disparaban contra las fuerzas, y posteriormente los efectivos israelíes abatieron a otros tres con fuego de tanque. No se reportaron bajas entre las filas israelíes.
El economista Roberto Cachanosky cuestionó al presidente Javier Milei, asegurando que “usa el avión presidencial como si fuera un UBER”.
“Lo que hace es de casta”
“Ahora viaja a Hungría a un acto de partidos conservadores. Eso no tiene nada que ver con las funciones de un presidente, es un tema personal”, sostuvo el consultor.
“Los contribuyentes no tenemos porque pagarle sus actividades partidarias”, insistió en una publicación de la red social “X”
“Lo que hace es de casta, usar los bienes del Estado como si fueran personales. Lo mismo que Cristina Kirchner”, concluyó Cachanosky.
Milei viajó poco antes de la medianoche del jueves 19, a Budapest. La partida fue después de pronunciar un discurso en el Foro Económico del Noroeste, donde volvió a atacar a opositores, empresarios y periodistas.
Partidos políticos
Además, Cachanosky analizó el panorama político local tras el acto del PRO encabezado por Mauricio Macri.
“Pensando en el futuro de Argentina, lo mejor que puede ocurrir es que surja una fuerza de centro derecha y el PRO se fortalezca para que la opción no sea kirchnerismo o LLA. Eso genera incertidumbre”, expresó en otro mensaje de “X”.
“Tener partidos como el PRO y otro de centro derecha con peso electoral que le disputen el gobierno a la LLA le da previsibilidad a la Argentina entre fuerzas políticas que seguirán la misma ruta, pero con matices”, remarcó.
La principal sospecha del gobierno de Santa Fe es que el arsenal —fusiles Colt 5.56 mm y Norinco, la versión china semiautomática del AK47—, oculto en tambores de plástico y cubierto por una loza, estaba destinado a atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro, quien reforzó su custodia y las medidas de seguridad.
Según tres fuentes distintas del gobierno provincial, ese poder de fuego sería capaz de atravesar un vehículo blindado. Una de las hipótesis apunta a que esos fusiles podrían provenir de Bolivia, donde algunas fuentes sitúan a Matías Gazzani, líder del grupo narco Los Menores. Hace unos días fue detenido en Santa Cruz de la Sierra Sebastián Marset, quien fue extraditado a Estados Unidos, y es uno de los narcos que domina el tráfico por la hidrovía Paraná-Paraguay.
Altas fuentes del gobierno de Santa Fe advirtieron al diario La Nación que las maniobras que podría tramar la banda de Los Menores —que hoy reemplazó en su poder territorial a Los Monos— para generar un hecho de extrema conmoción están vinculadas a que en octubre de este año está previsto que se termine la construcción de la cárcel que la administración de Pullaro rotuló como El Infierno.
Ese nuevo penal, ubicado en Piñero, a 25 kilómetros de Rosario, tendrá capacidad para 1100 internos de alto perfil. Allí serán trasladados los integrantes de las bandas narco, que actualmente están separados en distintos pabellones en el penal de Piñero. Aún no se sabe qué pasará con los líderes de las bandas, como Ariel “Guille” Cantero y Esteban Alvarado, entre otros, que están alojados en Marcos Paz y en Ezeiza en un régimen de aislamiento.
La mayor inquietud proviene, entre otros, de los presos que están en el pabellón 25 de Piñero. Allí está alojado uno de los principales referentes de Los Menores, Lisandro Limón Contreras, detenido en diciembre de 2024 en el country San Sebastián, en Buenos Aires.
El hallazgo de las armas apunta a este grupo criminal por una razón concreta, además de la información de inteligencia con la que cuenta el gobierno santafesino. Cuando, el 4 de marzo pasado, agentes de la TOE y de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales acababan de encontrar un arsenal escondido en tambores de plástico dentro de un pozo en un terreno en Roldán, se toparon con otra sorpresa. Frente al portón se detuvo una camioneta Amarok con dos personas que querían saber qué estaban haciendo en esa propiedad. Como los agentes estaban de civil y habían llegado en autos no identificados, creyeron que estaban robando el arsenal, según dedujeron los investigadores que intervinieron ese día en Roldán.
Al identificar a los ocupantes de la VW Amarok, confirmaron que el rastro de las armas escondidas conducía a Los Menores, una de las principales organizaciones narco de Rosario, en plena expansión, que funciona como una suerte de Unión Transitoria de Empresas.
Armas halladas enterradas en Rosario, atribuidas a la banda de Los Menores.
El jueves de la semana pasada, el fiscal Ignacio Hueso imputó por asociación ilícita a Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y a Lautaro Noriega, de 35, quienes aparecieron esa tarde del 4 de marzo en Roldán. Fue una detención casi casual: los agentes no los buscaban, sino que ellos se presentaron en el terreno, donde los efectivos tuvieron que usar una retroexcavadora para desenterrar las armas de asalto que estaban perfectamente acondicionadas. Ambos están acusados de custodiar el armamento y de participar en negocios inmobiliarios ilícitos. Uno de ellos vive a la vuelta del terreno, consignó el diario La Nación.
La propiedad donde fue encontrado el arsenal está vinculada a Enzo Benítez, quien en la causa por asociación ilícita contra Los Menores fue identificado en un viaje a Pinamar en octubre de 2023 con Lisandro Contreras, Matías Gazzani —el prófugo más importante de Santa Fe— y Jonatan Garraza, expolicía. Benítez, conocido como Gordo Enzo, tiene actualmente pedido de captura.
¿Para qué tenían ese tipo de armamento de guerra? La sospecha es que esas armas fueron adquiridas para un eventual enfrentamiento contra otra banda, pero surgió otra preocupación en los días previos al operativo: la posibilidad de un atentado contra alguien del gobierno provincial. La inquietud principal es que los fusiles Colt calibre 5.56 mm pueden atravesar un vehículo blindado.
La semana anterior a este hallazgo, Rosario registró al menos cinco ataques a tiros vinculados entre sí por un denominador común: notas amenazantes dejadas junto a los casquillos, referencias cruzadas entre la cárcel de Piñero y la calle, y una disputa territorial que lleva meses hirviendo en el barrio Toba. En uno de los ataques, dos hombres en moto dispararon nueve veces en el estacionamiento de un supermercado del barrio República de la Sexta. Junto al herido encontraron un papel. No era un tiroteo al azar: era un mensaje. La violencia en Rosario hace tiempo que no busca precisión; busca volumen y visibilidad.
Detrás de esa escalada apareció la figura de Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, un colombiano de 33 años conocido como El Colombianito o el Nene, que había sido deportado a Colombia en 2023 tras cumplir condena por narcotráfico y tenencia de armas de guerra. Volvió sin que nadie lo viera, presumiblemente por un paso clandestino, y desde un departamento céntrico a tres cuadras del Monumento a la Bandera coordinaba la guerra entre lo que queda de Los Monos y la expansión de Los Menores. Solo salía de noche, cubría su rostro en la calle y se ejercitaba en el departamento para no ir a parques. No era paranoia: era el protocolo de alguien acostumbrado a operar desde las sombras.
Desvío de armas
El arsenal enterrado en Roldán es el extremo visible de una cadena cuyo origen está en otro lugar: en el desvío del mercado legal de armas hacia las estructuras criminales. Los investigadores del Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (MPA) han documentado con creciente preocupación un patrón que se repite: ciudadanos sin antecedentes penales, pero con perfiles socioeconómicos incompatibles con los de compradores habituales de armamento, adquieren de manera legal pistolas, revólveres y escopetas de grueso calibre. Al menos dos individuos vinculados al narcomenudeo en barrios precarios de Santa Fe habían registrado más de veinte armas en apenas dos años.
El mecanismo es conocido como “testaferros de armas”. En Rosario, hace dos años, una fiscalía investigó un caso en el que una armería de la zona sur vendía armas nuevas con documentación a nombre de personas que figuraban como titulares, pero que en realidad eran prestanombres. Las armas terminaban en el mercado negro. En la capital santafesina, un operativo de la Policía Federal que derivó en 17 allanamientos simultáneos desarticuló una red de este tipo, con el secuestro de dos escopetas calibre 12, una carabina, cuatro revólveres y diez pistolas, además de documentación clave: tarjetas y cédulas de tenencia de armas que habilitaban a sus titulares a comprar armamento de manera legal.
La aparición de fusiles sofisticados en manos de “soldaditos” encendió alarmas adicionales. En un operativo sobre la banda del clan Romero, que opera en la zona noroeste de Rosario, la policía secuestró un fusil AR-15 de origen norteamericano junto a pistolas, escopetas y revólveres. En otro procedimiento se incautaron tres fusiles M4 de un departamento céntrico vinculado al prófugo Andrés “Plin” Acosta, hombre del narco Francisco Riquelme. Y en julio de 2024, en San Justo, se encontraron dos fusiles automáticos Colt calibre 7.62 x 51 mm junto a 464 kilos de cocaína de la banda del narco mayorista Fabián Calavera Pelozo. Lo que hasta hace unos años era raro —encontrar armamento de nivel militar en manos de mandaderos del narcomenudeo— empieza a normalizarse.
Más allá de los fusiles, existe otro mercado que los investigadores llaman “fantasmagórico”: el de las municiones. En Rosario se secuestra un promedio de 1646 municiones por mes, lo que equivale al 56,8% de todo lo incautado en la provincia de Santa Fe. Esa cifra representa 23 proyectiles por kilómetro cuadrado, una densidad que cuadruplica la de la ciudad de Santa Fe capital y que refleja la concentración de la violencia armada en un territorio relativamente pequeño.
El circuito de abastecimiento de municiones es raramente identificado en las investigaciones judiciales. Lo que sí se sabe es que en los últimos años se ha extendido la venta de balas recargadas, proyectiles ya disparados cuya vaina es reutilizada. La recarga reduce el costo en más de un 70%: una caja de 50 municiones calibre 9mm en una armería cuesta alrededor de $15.000, mientras que una caja de recargadas puede adquirirse por entre $3500 y $5000 pesos. Con una máquina doméstica —como la Dillon X650— pueden producirse unas 800 balas por hora, equivalente a 16 cajas de 9mm en ese lapso. La tenencia de estas recargadoras está regulada por el Registro Nacional de Armas (Renar), pero el control sobre su uso es limitado, destacó el diario La Nación.
En mayo de 2021 quedó al descubierto uno de esos nodos de abastecimiento. En una sodería del barrio La Tablada de Rosario, los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca descubrieron —usando la figura del agente revelador— que el lugar funcionaba como punto de acopio y distribución de armas y municiones ilegales. Entre los sifones había fusiles, pistolas y más de 50 cajas de balas de recarga. La organización, integrada por ocho personas entre las que había tres policías —uno de ellos experto en balística—, adquiría municiones en armerías a través de testaferros que portaban credenciales de legítimo usuario emitidas por ANMAC (hoy nuevamente Renar). En la casa del sodero se encontraron 14 credenciales de legítimo usuario y otras tantas de control de consumo de municiones: el andamiaje burocrático de un mercado ilegal perfectamente montado sobre las estructuras del mercado legal.
Hay una tercera fuente de armamento cuya dimensión es aún más perturbadora: las propias instalaciones militares. El Batallón de Arsenales N°603, ubicado en Fray Luis Beltrán, a unos 20 kilómetros de Rosario, fue escenario de uno de los casos de tráfico de armas más graves de los que se tiene registro en la Argentina. Hace dos semanas, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de siete militares por la sustracción de 43 fusiles FAL completos y 2500 partes de estos fusiles calibre 7.62 mm. Se estima que con esas piezas podrían haberse ensamblado hasta 400 fusiles.
La causa se originó de una manera reveladora: no fue una denuncia interna, sino un hallazgo externo. El 11 de febrero de 2011, la Policía Federal de Brasil secuestró en Aracatuba, San Pablo, un fusil FAL con el escudo argentino y la inscripción “Ejército Argentino”. El arma tenía partes con cuatro numeraciones distintas —práctica habitual entre organizaciones criminales para dificultar la trazabilidad—. Interpol alertó a la Justicia argentina. El mismo día en que se detectó el faltante en el Batallón 603, el sargento Hernán Diego Solís, jefe de la sección Armamento, se suicidó con un disparo en la cabeza en Buenos Aires. Los militares implicados cargaron sobre él todas las responsabilidades. Solís no pudo defenderse.
A partir de ese momento, los FAL argentinos comenzaron a aparecer con regularidad en manos del crimen organizado brasileño. En septiembre de 2011 se secuestraron tres fusiles en el estado de Paraná durante un operativo antidroga. En junio de ese año, en Asunción, la policía paraguaya se enfrentó a un grupo fuertemente armado —tres paraguayos y tres brasileños— y secuestró dos FAL argentinos con las numeraciones limadas. Las investigaciones apuntaron al Primer Comando Capital (PCC) como destinatario de parte del armamento.
La historia no es nueva. Hace treinta años, la policía de Río de Janeiro encontró en una favela el primer FAL con escudo del Ejército Argentino y número de serie. Fue el primero de más de 300 fusiles FAL y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2 —salidas de las plantas de Fabricaciones Militares— que formaron parte de incautaciones en los morros cariocas entre 1993 y 2001. Desde 1987, ya habían aparecido en poder del hampa brasileño más de un centenar de pistolas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas.
La causa del Batallón 603 estuvo paralizada durante catorce años en el juzgado del juez Marcelo Bailaque, hoy imputado con prisión preventiva en tres causas y bajo investigación del Consejo de la Magistratura por haber favorecido presuntamente al narco Esteban Alvarado. Fue el fiscal federal Javier Arzubi Calvo quien encontró el expediente cerrado en cajones que nadie abría, y lo reactivó. La defensa de los imputados militares intentó sostener que los hechos prescribieron. El tribunal federal rechazó el planteo.
