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El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el monto más bajo desde el 30 de junio.

El tipo de cambio oficial redujo así a solo 27 pesos o 1,9% el ascenso en lo que va de 2026. El Banco Central fijo el techo de sus bandas cambiarias en los $1.822,74, límite que dejó al dólar mayorista a 340,74 pesos o 23% de margen de alza dentro de los objetivos oficiales. Además, se trata la brecha más amplia desde el 18 de junio último.

El dólar al público cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue exhibió un rebote de diez pesos o 0,7%, a $1.520 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.

En cuanto a la reciente baja del dólar mayorista, el economista Gustavo Ber consideró que se trata de “un recomodamiento que fue bienvenido ya que ayudaría a que el BCRA pueda prolongar las compras -aún en un período de menor estacionalidad de la oferta- y que no se profundice la apreciación. Adicionalmente, en la medida que dicho proceso resulte gradual y ordenado no generaría un traslado significativo en la inflación, una estrategia pilar para el Gobierno y que viene mostrando una desaceleración”.

“Detrás de esa estabilidad cambiaria siguieron apareciendo señales de una mayor oferta oficial de cobertura. Si bien los últimos datos monetarios sugieren que la intervención del BCRA en instrumentos dólar linked se moderó el 2 y 3 de julio, el volumen operado permaneció en niveles elevados y el interés abierto de futuros de dólar volvió a expandirse con fuerza”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

En el mercado de dólar futuro predominaron los precios con leve baja en un rango de 0,1% a 0,4%, con un monto operado que no destacó, equivalente a cerca de USD 800 millones en el día. El contrato más negociado, con vencimiento a fin de mes, restó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.493 pesos.

En futuros, “el interés abierto total ya asciende a USD 3.879 millones, muy por encima de los USD 2.790 millones registrados a fines de mayo, cuando el BCRA exhibía su menor posición short en futuros de los últimos 16 meses -último dato oficial-. Si asumimos que alrededor del 80% del incremento del interés abierto desde entonces responde a intervención oficial, la posición vendida del BCRA habría aumentado en torno a USD 960 millones”, estimó Portfolio Personal.

El Banco Central compró USD 140 millones en el mercado de cambios la semana pasada. De este modo, registra un saldo comprador acumulado de USD 11.456 millones en el año y las reservas internacionales brutas llegan a 48.722 millones de dólares.

Al respecto, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, “La contracción respondió principalmente a los giros por más de USD 2.500 millones destinados a los tenedores de bonos Globales, sumado a una devaluación contable de los activos que componen el respaldo del organismo. A pesar de la magnitud de los compromisos cancelados, el impacto final sobre el balance de la entidad fue sustancialmente menor al esperado”.

“Esto se debió a una estrategia de compensación financiera: el Gobierno nacional oficializó el ingreso de USD3.200 millones provenientes de entidades multilaterales de crédito. Estos recursos frescos, articulados por el Ministerio de Economía para el segundo tramo del año, sirvieron de amortiguador frente a los vencimientos”, agregó Morales.

El analista Salvador Di Stefano recordó “la Argentina llevo adelante el pago de los bonos de la deuda soberana, renovó las deudas con garantías de bonos para el año 2028, y se financio con el Banco Mundial y el BID, donde consiguió garantías para préstamos con bancos a largo plazo y con años de gracia”.

El presidente Javier Milei envió al Senado seis nuevos pliegos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal y dio un nuevo paso en la política de designación de magistrados que el Gobierno puso en marcha con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al proceso de selección, entre las postulaciones sobresalen las de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, uno de los tribunales de mayor relevancia institucional del país.

Además de Bertuzzi y Yadarola, el Poder Ejecutivo remitió los pliegos de Valeria Alejandra Rico para desempeñarse como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal; Santiago Juan Schiopetto y Ramiro Velasco para ocupar dos vacantes como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6; y Sergio Buitrago para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal.

Los expedientes ingresarán ahora al circuito parlamentario previsto por la Constitución. Deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado y, posteriormente, obtener el voto favorable de la Cámara alta para que el Presidente pueda concretar las designaciones.

La postulación de Bertuzzi y Yadarola concentró la mayor atención por el tribunal al que fueron destinados. La Cámara Federal porteña constituye la instancia que revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py y tiene intervención en algunas de las investigaciones más sensibles del país. Por sus salas pasan apelaciones vinculadas con causas de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, delitos económicos, crimen organizado y otros expedientes de alto impacto político e institucional.

Los pliegos para la Sala I de la Cámara Federal porteña

La Sala I, en particular, es uno de los órganos más observados del sistema judicial. Sus decisiones pueden confirmar, revocar o modificar resoluciones adoptadas por los jueces federales de instrucción y, en muchos casos, terminan definiendo el rumbo de investigaciones que involucran a ex funcionarios, empresarios y organizaciones criminales.

El nombre de Bertuzzi tiene, además, una historia conocida dentro de la Justicia Federal. El magistrado integra actualmente la Cámara Federal luego de haber sido trasladado durante la administración de Mauricio Macri desde un Tribunal Oral Federal. Ese esquema de traslados fue posteriormente revisado por la Corte Suprema, que sostuvo que esos cargos debían cubrirse mediante el procedimiento constitucional de designación, con una nueva propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado.

Con el envío de su pliego, el Gobierno decidió respaldar la continuidad de Bertuzzi en ese tribunal, esta vez a través del mecanismo previsto por la Constitución Nacional.

En el caso de Yadarola, su nombre ya había aparecido entre los candidatos mejor posicionados luego de que el Consejo de la Magistratura concluyera el concurso destinado a cubrir una de las vacantes de la Sala I. Juez en lo Penal Económico, integra desde hace años el fuero especializado en delitos tributarios, aduaneros y financieros y fue incluido por el Presidente entre los postulantes elegidos para cubrir ese tribunal.

Las postulaciones conocidas este lunes forman parte de una política que la administración libertaria comenzó a desarrollar tras la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia y que tiene como objetivo acelerar la cobertura de las numerosas vacantes existentes en el Poder Judicial.

Desde entonces, el Ministerio puso en marcha una estrategia basada en tres ejes: trabajar junto al Consejo de la Magistratura para acelerar los concursos, negociar con el Senado el tratamiento de los pliegos y avanzar con la designación inmediata de aquellos candidatos que ya obtuvieron el acuerdo de la Cámara alta.

Ese esquema permitió incrementar el ritmo de nombramientos durante los últimos meses. El Ejecutivo remitió sucesivos paquetes de pliegos para juzgados, cámaras federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías de distintos puntos del país, mientras que decenas de jueces, fiscales y defensores oficiales ya fueron designados mediante decreto presidencial luego de recibir el aval del Senado.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia envió alrededor de 170 pliegos al Congreso y logró avanzar con decenas de nombramientos efectivos. El objetivo político que manejan en la Casa Rosada es alcanzar cerca de 300 designaciones antes del final del mandato presidencial, una cifra que, de concretarse, convertiría a Milei en el presidente con mayor cantidad de nombramientos judiciales entre las últimas tres administraciones nacionales.

En paralelo, el Gobierno también impulsó cambios en el procedimiento de selección de magistrados mediante un decreto que modificó algunos aspectos del sistema de evaluación de candidatos, reformulando distintas etapas del proceso de selección para agilizar la cobertura de vacantes.

La nueva tanda de seis pliegos se conoce mientras el Senado continúa negociando el tratamiento de otros expedientes judiciales. La Cámara alta ya aprobó una primera serie de postulaciones y tiene pendiente el debate de nuevos candidatos que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Entre ellos figura el juez Víctor Pesino, cuya situación es seguida de cerca por el oficialismo debido a que cumplirá 75 años este mes y, si no obtiene el acuerdo del Senado antes de alcanzar el límite constitucional de edad, deberá abandonar el cargo. Esa circunstancia aceleró las conversaciones entre el Ministerio de Justicia y distintos bloques parlamentarios para intentar sostener el ritmo de tratamiento de los pliegos durante las próximas semanas.

En ese escenario, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Senado se transformó en una pieza central de la política judicial del Gobierno. La administración de Milei necesita reunir las mayorías especiales previstas por la Constitución para completar las designaciones y, por esa razón, mantiene una negociación permanente con distintos bloques legislativos para asegurar los votos necesarios en cada sesión.

Fuentes oficiales sostienen que la intención es mantener un flujo constante de envíos de pliegos a medida que el Consejo de la Magistratura finalice nuevos concursos y eleve las ternas correspondientes al Poder Ejecutivo.

Con las seis postulaciones remitidas este lunes, el Gobierno volvió a colocar el foco sobre uno de los tribunales con mayor influencia dentro del fuero federal y profundizó una estrategia que busca reducir el número de vacantes judiciales acumuladas durante los últimos años, mientras procura consolidar un ritmo sostenido de designaciones mediante acuerdos con el Senado.

En un contexto de pérdida de empleo formal y de necesidad de complementar ingresos, cada vez son más los argentinos que deben recurrir al trabajo en plataformas digitales. Esta modalidad “refugio” explica en gran medida por qué la desocupación no creció de manera significativa, pese a la caída de la actividad económica y las recurrentes crisis.

Según cálculos del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) a los que accedió Infobae, en 2020, con pandemia mediante, había alrededor de 100.000 repartidores y choferes en aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, Rappi y PedidosYa; mientras que en la actualidad la cifra supera el millón, lo que supone un incremento del 900%. Aclaran que se trata de estimaciones, ya que las empresas no publican datos oficiales y la condición de “autónomos” o informales dificulta conocer su cantidad exacta.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA sostiene que la principal transformación del mercado laboral durante los últimos años fue la recomposición del empleo hacia sectores de menor productividad y más desprotegidos.

Ello también se traduce en menores niveles de ingresos, particularmente entre los ocupados precarizados que se desempeñan en el sector microinformal.

En este sentido, en SiTraRepA señalaron que hay pedidos que se pagan desde $1.500 por entrega, por lo que la mayoría de los repartidores trabaja alrededor de 12 horas diarias para reunir un salario cercano a los $1.200.000, un monto que, remarcan, está por debajo de la línea de pobreza.

En cuanto al capítulo introducido para este segmento en la reforma laboral, Belén D’Ambrosio, secretaria general de la organización de base, opinó que la norma legaliza el “fraude” que implica considerarlos “trabajadores independientes”, ya que “existe una clara relación de dependencia en el plano económico, legal y técnico, teniendo en cuenta que dependemos del algoritmo para llevar adelante nuestras tareas”. Ese reconocimiento es importante “para acceder a los derechos laborales: una cobertura ART, un salario básico y un recibo de sueldo”, mencionó.

Otra problemática que observan es el aumento en la solicitud de préstamos a las plataformas, que conlleva extender dicha jornada para poder pagar las deudas. De acuerdo al informe de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) del BCRA, la cantidad de deudores que usan el dinero para invertirlo en herramientas de trabajo creció un 177% entre diciembre de 2023 e igual mes de 2024. El año pasado avanzó 122 por ciento.

La media del saldo de financiamiento a monotributistas que operan en estas plataformas se ubicó en alrededor de $900.000 al cierre de 2025. En el caso de los comercios, el monto puede ser hasta 7 veces superior.

El fenómeno, dicen en SiTraRepA, se relaciona con que muchos repartidores no tienen acceso al crédito bancario por estar en la informalidad.

El BCRA indicó: “En la economía gig (economía de plataformas), el capital reputacional, es decir, el desempeño del trabajador, contribuye a construir su scoring crediticio. Las calificaciones y reseñas lo legitiman y resuelven en alguna medida la asimetría informativa entre desconocidos”.

“A diferencia de un banco tradicional, no solo se analiza el historial de morosidad, sino métricas como antigüedad, tasa de aceptación de viajes y calificación de usuarios”, agregó.

Por otro lado, el sindicato denuncia “un asedio constante para que se endeuden”, particularmente a través de la fintech Gurpi, promocionada por las mismas apps y en la calle.

“Como ejemplo —ya que existen distintos tipos de préstamos—, para financiar la compra de una moto se exige una cuota de $70.000 semanales. Al anualizar ese esquema de pagos, la tasa alcanza el 700%“, relató el gremio y enfatizó que produce ”un ciclo de dependencia perpetua”.

D’Ambrosio señaló que la tasa en algunas plataformas puede ascender al 260% anual. “Las empresas utilizan un algoritmo que evalúa la productividad de cada usuario y determina el crédito disponible. Esta dinámica obliga a los trabajadores a esforzarse aún más para obtener mejores condiciones de financiamiento, lo que profundiza los niveles de autoexplotación”.

Aliado de LLA y cuyo voto fue decisivo para la sanción de la Ley Bases, fue sentenciado por tentativa de contrabando. Había sido detenido junto con su exsecretaria y actual pareja con más de $US 200 mil ocultos. Su pareja recibió la pena de un año y diez meses, también en suspenso.