Por qué Lula no podrá usar la motosierra que necesita Brasil, según un economista cercano a Milei

El resultado electoral en Brasil volvió a poner en discusión el rumbo fiscal de la principal economía de América Latina. Tras imponerse en el balotaje, Lula da Silva enfrenta el desafío de sostener sus compromisos de gasto en un escenario de deuda creciente, tasas de interés elevadas y un margen presupuestario cada vez más acotado. Sin embargo, aplicar un ajuste similar al que llevó adelante Javier Milei en la Argentina no sería una tarea sencilla.

Esa es una de las principales conclusiones del análisis del economista Alberto Ades, quién hace poco participó de una reunión de Gabinete convocado por Milei. En sus redes sociales, Ades explicó por qué la estrategia de la motosierra encuentra obstáculos estructurales en Brasil. Según su diagnóstico, las diferencias entre ambos países no se limitan a las decisiones políticas: también responden a las reglas que determinan cómo se distribuye y ejecuta el gasto público.

“La diferencia con la Argentina no es solo institucional. Milei tuvo la nafta que da una crisis: con la hiperinflación en ciernes, cortar era la opción menos mala”, planteó Ades. En cambio, Brasil cuenta con mecanismos constitucionales y legales que protegen una parte sustancial de sus erogaciones y dificultan una reducción rápida del gasto.

Uno de los principales obstáculos para replicar el programa argentino es la composición del presupuesto brasileño. De acuerdo con las cifras citadas por Ades, cerca del 92% del gasto primario federal es obligatorio, lo que limita la capacidad del Poder Ejecutivo para reducir las erogaciones mediante decisiones administrativas.

El economista señala que las jubilaciones, que representan alrededor del 37% del gasto primario, están sujetas a reglas que impiden que sus haberes sean inferiores al salario mínimo. Una proporción importante de los beneficiarios percibe precisamente ese monto. Algo similar ocurre con el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), una asistencia destinada a adultos mayores y personas con discapacidad de bajos ingresos.

A eso se suman los pisos constitucionales de inversión en salud y educación, que están vinculados con la recaudación. Cuando los ingresos fiscales aumentan, también se incrementan los recursos mínimos que deben destinarse a esas áreas.

“En Brasil, recortar en serio exige reformar la Constitución, y eso obliga a decir qué se desindexa y a quién le toca”, advierte Ades.

La diferencia con la Argentina también pasa por el contexto económico. Según el análisis, Milei pudo avanzar durante 2024 con dos herramientas que no requerían una negociación legislativa para cada decisión: la reducción del gasto discrecional y la licuación de partidas mediante una inflación mensual de dos dígitos, que deterioró el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios públicos.

Brasil, en cambio, tiene una inflación de un dígito y una estructura presupuestaria con un alto nivel de indexación. Además, aunque enfrenta problemas fiscales y tasas elevadas, no atraviesa una crisis comparable a la que marcó el inicio del gobierno libertario.

Las decisiones de Lula que ampliaron el gasto

Para Ades, parte de las dificultades fiscales que enfrentará Lula en su próximo mandato también se explica por las decisiones adoptadas durante su gestión anterior.

En 2016, el gobierno de Michel Temer había incorporado un techo de gasto a la Constitución que limitaba el crecimiento real de las erogaciones federales. En 2023, Lula reemplazó ese esquema por un nuevo marco fiscal, que permite un crecimiento real del gasto de hasta el 2,5% anual, restableció la vinculación de los pisos de salud y educación con la recaudación y recuperó los aumentos reales del salario mínimo.

Según el economista Samuel Pessoa, citado por Ades, la reindexación del gasto agregó unos 520.000 millones de reales durante el tercer mandato de Lula.

El problema, sostiene el análisis, es que esas decisiones ampliaron compromisos presupuestarios difíciles de revertir sin una reforma de las reglas vigentes. Al mismo tiempo, el presidente construyó buena parte de su política económica sobre la continuidad de los programas sociales y la recuperación de los ingresos.

Las proyecciones fiscales incluidas en el proyecto de directrices presupuestarias de 2026 muestran la magnitud del desafío. Una vez descontadas las enmiendas parlamentarias y los pisos de salud y educación, el margen para el resto del gasto discrecional sería negativo en 10.900 millones de reales en 2027, 87.300 millones en 2028 y 154.200 millones en 2029.

Según Ades, el gobierno comenzará a enfrentar restricciones crecientes incluso para sostener los programas actuales, antes de incorporar nuevas promesas de campaña.

El economista también plantea que, por su composición y dinámica, el Congreso podría utilizar su poder para limitar el crecimiento del gasto y elevar el costo político y presupuestario de cada acuerdo con el gobierno, antes que imponer directamente un programa de ajuste.

Cuatro caminos para la política fiscal brasileña

El análisis identifica cuatro escenarios posibles para el próximo mandato de Lula.

El primero es una repetición de la estrategia aplicada desde 2023: modificar el marco fiscal cuando sea necesario, buscar mayores ingresos y negociar con el Congreso para sostener el gasto. Es la alternativa que Ades considera más probable, aunque no resolvería los problemas proyectados para 2028.

El segundo es un ajuste forzado por la falta de recursos. En ese caso, el gobierno tendría que negociar cambios en algunas de las reglas que protegen el gasto obligatorio, una salida que podría incluir parte de las medidas asociadas con el tesouraço —el “tijeretazo” que había propuesto Flávio Bolsonaro durante la campaña—.

El tercer escenario contempla que el Congreso impulse una reforma constitucional sin el apoyo de Lula, lo que abriría un conflicto institucional.

El cuarto es que el gobierno decida sostener el gasto, modifique o suspenda el marco fiscal y cubra el déficit con más deuda, una alternativa que podría deteriorar la confianza de los mercados.

Para Ades, el principal interrogante es si el gobierno reconocerá a tiempo que las cuentas no cierran con las reglas actuales o si esperará a que la falta de financiamiento lo obligue a actuar.

La presión de los mercados como detonante

Aunque las restricciones institucionales dificultan una motosierra al estilo argentino, Ades advierte que eso no elimina la posibilidad de un ajuste. En su análisis, la presión financiera podría terminar imponiendo decisiones que el gobierno no quiere tomar voluntariamente.

Una caída del real, un aumento de las tasas de interés de largo plazo y un deterioro sostenido de los activos brasileños podrían elevar el costo de financiar la deuda y reducir todavía más el margen fiscal.

El economista recuerda que algo similar ocurrió en 2015, cuando Dilma Rousseff recurrió a Joaquim Levy para impulsar un ajuste, y a fines de 2024, cuando el dólar superó los seis reales y el Congreso avanzó con un paquete fiscal que llevaba tiempo demorado.

También señala que una señal de moderación fiscal podría contribuir a contener las turbulencias. Entre las alternativas menciona la posibilidad de reducir el límite de crecimiento real del gasto del 2,5% al 1% anual, con un programa de implementación gradual.

En ese escenario, la designación de las autoridades económicas y la presentación de un presupuesto creíble serían señales relevantes para los inversores.

“Ajustar por decisión propia” o hacerlo por obligación

La conclusión de Ades es que Brasil enfrenta una combinación de restricciones constitucionales, compromisos sociales y dificultades políticas que vuelve inviable una réplica directa del programa de Milei, al menos bajo las condiciones actuales.

“La diferencia con la Argentina no es solo institucional. Milei tuvo la nafta que da una crisis: con la hiperinflación en ciernes, cortar era la opción menos mala. Brasil se protegió de ese tipo de crisis con indexaciones y pisos constitucionales, y esa misma protección es la que hoy le quita combustible al ajuste”, señaló.

Si las proyecciones presupuestarias se cumplen, el gobierno brasileño tendrá que negociar cambios en las reglas vigentes, conseguir más ingresos o enfrentar una mayor presión de los mercados.

Ades resumió: “Lula se burló de la motosierra prestada, pero puede terminar necesitándola”. Y cerró: “Para Lula, la cuenta es sencilla aunque amarga: ajustar por decisión propia en 2027 le saldría mucho más barato que hacerlo obligado en 2028”.