La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), fijó para este lunes la difusión de la resolución sobre los planteos en torno al pedido de remisión a juicio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.
El juez de Garantías N°6, Mariano Budasoff, dará a conocer su decisión tras el pedido de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull para que envíe a juicio oral la investigación. El Ministerio Público Fiscal, la semana pasada, fundamentó el pedido de 5 años y 10 meses de cárcel para Sergio Urribarri, más una multa del 100 por ciento del monto injustificado en la pericia contable, es decir por más de 11 millones 546 mil pesos, más de 7 millones de dólares, y 16 mil 300 euros. Además, se le imponga inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un pedido similar realizaron los fiscales para el empresario paraguayo. Solicitaron 5 años de cárcel para Diego Armando Cardona Herrerros, más una multa por el 100 por ciento del monto injustificado, es decir por más de 8 millones pesos, 7 millones de dólares, y 14 mil 100 euros. Además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En la audiencia de la semana pasada se ventiló un detalle sobre los consumos que realizó Urribarri y miembros de su familia, a lo largo de sus dos mandatos al frente del Gobierno provincial. Viajes a París, Venecia, Cerdeña, Atenas, Madrid, Londres, Río de Janeiro, Natal, Cancún, Miami, New York; adquisición de vehículos; la compra de un departamento en Puerto Madero; un Rolex para la esposa; heladeras para las habitaciones en la Casa del Lago; una moto de agua; una “banana” o gomón; mejoras en la propiedad de calle Garat de Concordia; adquisición de esculturas en cristales de Murano (Venecia); compra de una propiedad en CABA; y cientos de gastos más que, según la pericia contable, ni Urribarri ni nadie de su familia pudo justificar en relación a los ingresos declarados.
Los fiscales refirieron a un mecanismo evidente, contado muchas veces por este medio: la utilización del empresario Cardona Hererros y su estructura empresarial para enmascarar la adquisición de bienes y servicios. Todo se realizó a través de la empresa Relevamientos Catastrales SA -contratista con el Gobierno de Entre Ríos-, su titular y algunos miembros ejecutivos de la misma.
Los abogados defensores, Miguel Cullen y José Raúl Velázquez, respondieron al planteo de los fiscales cuestionando los montos del supuesto enriquecimiento, el informe contable que se realizó con una profesional del Ministerio Público Fiscal y un contador de parte, reclamaron la realización de una pericia oficial con profesionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pidieron que se declare la nulidad del requerimiento de elevación a juicio del proceso, y criticaron los procesos de secuestro y análisis del frondoso material informático que compone la evidencia de la causa.
Este lunes, se conocerá la decisión del juez Budasoff sobre el conflicto.
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