El gobernador Martín Llaryora otorgó un refuerzo económico de 450 millones de pesos a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, que atraviesan dificultades financieras en el marco de la emergencia del sector, agravadas por la falta de pagos de distintos programas nacionales.
Refuerzo económico
“Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis”, explicó el mandatario en una reunión de la que participó la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero.
Además, remarcó que la crítica situación del sector se debe al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y a la falta de los pagos nacionales comprometidos, entre ellos la reciente interrupción de envíos para prestaciones de PAMI.
“Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios”, advirtió Llaryora.
El gobernador recalcó la “necesidad urgente” de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad. “A través de la solidaridad de todos los cordobeses, estamos agilizando este fondo para llevarles un tiempo de tranquilidad, pero las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente”, agregó el mandatario.
“Verdadero descuartizamiento de la salud pública”
Liliana Montero apuntó a las implicancias del desfinanciamiento nacional: “Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos”.
“Por lo tanto vamos a activar este auxilio financiero y reactivar un complemento para la alimentación, algo que ya implementamos el año pasado, destinado a aquellas entidades que ofrecen servicios de doble jornada”, prosiguió la funcionaria.
Crisis
Algunas instituciones, como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, tienen más de 100 personas a cargo y dejaron de percibir los aportes de PAMI o del programa de cobertura social Incluir Salud, informó un comunicado oficial.
“Todas las entidades participantes vienen recibiendo el acompañamiento de la Provincia y trabajan, desde hace más de dos años, en emprendimientos laborales, de capacitación y de autonomía en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos”, señala el documento de la Provincia.
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