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La familia de Jorge Rafael Videla, quien años más tarde encabezaría la última dictadura militar en Argentina, proyectaba hacia el barrio una imagen de orden y normalidad: un hogar unido, un padre absorbido por el trabajo y una madre dedicada por completo a la casa y a la crianza de sus hijos, “todos muy buenos chicos”. Sin embargo, en ese mismo entorno había un elemento que emergía en todos los recuerdos: Alejandro Eugenio, uno de los hijos, y su discapacidad, una realidad que atravesó la vida familiar y que, según coincidían los vecinos, “los tenía muy atados”.

Alejandro, nacido en octubre de 1951, fue diagnosticado desde muy pequeño con una combinación de oligofrenia profunda —término clínico de la época para referirse a una discapacidad intelectual severa— y cuadros epilépticos. Sin duda, la llegada de su tercer hijo alteró la narrativa de perfección que la familia construía hacia afuera.

De hecho, a los pocos meses de vida se hicieron visibles los retrasos en su desarrollo psicomotriz, y con el tiempo quedó establecido que nunca alcanzaría autonomía básica. Según registros posteriores, su edad mental se mantuvo cercana a la de un niño pequeño de cinco años, pese a su crecimiento físico.

Una versión sostiene que la discapacidad de Alejandro podría haberse originado en una intervención quirúrgica de su madre Alicia Raquel Hartridge mientras estaba embarazada. A comienzos de 1950, los anestésicos contenían gases cuyo efecto sobre el desarrollo fetal no estaba estudiado, y se ha planteado que pudo afectar el cerebro en gestación.

A lo largo de los años, la familia intentó gestionar la situación en el ámbito privado. En la casa de Hurlingham se acondicionó una habitación especial con paredes acolchonadas para evitar que el niño se lastimara durante las crisis convulsivas o episodios de agitación, un recurso extremo que reflejaba tanto la falta de tratamientos adecuados en la Argentina de los años setenta como el carácter reservado con el que se abordaba el tema.

En 1956, en el marco de una misión oficial en Estados Unidos, Videla llevó a su hijo a estudios con especialistas, donde las evaluaciones médicas concluyeron que padecía una condición neurológica grave y rara, sin tratamiento eficaz. Según relató él mismo: “Allí nos deshauciaron respecto al chico. Nos dijeron que las cepas del cerebro no se habrían desarrollado y ya no lo harían. Nos sugirieron que había que internarlo en un lugar donde se ocuparan”.

Antes de su traslado a una institución de mayor escala, Alejandro permaneció en una casa de catequesis en Morón, un espacio más contenido y familiar que los grandes hospitales psiquiátricos de la época. Su cuidado cotidiano quedó a cargo de dos religiosas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, integrantes de la congregación de las Misiones Extranjeras, quienes asumieron una labor que combinaba asistencia, contención y acompañamiento.

A lo largo de los años, Videla visitaba periódicamente a su hijo en la casa de catequesis, en ocasiones llevándolo brevemente al hogar familiar. Sin embargo, esa cercanía no evitó un destino trágico: en 1977, durante la dictadura, Alice Domon y Léonie Duquet fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en el centro clandestino de la ESMA.

La vida en la Colonia Montes de Oca

En la década de 1960, el deterioro del cuadro clínico de Alejandro hizo insostenible su permanencia en un entorno semi-doméstico, y se decidió trasladarlo a una institución de encierro permanente. A esa altura, el destino fue la Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca”, en Torres, partido de Luján, uno de los principales establecimientos psiquiátricos del país, que ocupaba más de 400 hectáreas y funcionaba en la práctica como un “país dentro de un país”, un regimiento de aislamiento para aquello que la sociedad no lograba integrar, según Gabriel Fraticola, exjefe de pabellón.

Sin más, Alejandro fue internado en el Pabellón 7, destinado a diagnósticos de “oligofrenia profunda”, una condición que lo hacía dependiente y que, en la mentalidad de la época, era percibida como una mácula en el linaje. No estaba postrado, pero no reconocía a sus padres y, según vecinos, se movía “como un animalito o una plantita”.

Al adentrarse en la estancia, se podía percibir su realidad interna. El psiquiatra explicó que en estos cuadros “lo intelectual es lo primero que se barre“, provocando que el paciente “pierda la capacidad de manejar los objetos como corresponde”, de modo que, por ejemplo, un folleto deja de ser un objeto de lectura y se transforma en un juguete o en alimento, ya que el sujeto “pasa a la esfera instintiva, primitiva, la sexual, la desinhibida, la sin filtro“.

Desde la perspectiva de Ricardo Antonowicz, exjefe de salud mental del Hospital Borda, esta forma de habitar el mundo se define por una relación frágil con la palabra y el entorno social. Para él, el paciente es alguien que “flota entre dos discursos” y que “no puede fijarse en un discurso en forma completa, sino que queda desarmado”. Esta falta de anclaje sólido en el lenguaje hace que la vivencia del discapacitado sea singular y muchas veces incomprendida por una medicina que, según el psiquiatra, suele ver al paciente como un “sujeto anónimo”.

Es más, a la desconexión intelectual se sumaba la inestabilidad física provocada por la epilepsia, que convertía el propio cuerpo en un territorio imprevisible. Fraticola describe que estos pacientes no avisaban antes de una crisis, sino que “venían caminando y se desplomaban”, una vulnerabilidad que obligaba a muchos a vivir con cascos de protección.

Sin embargo, en ese microcosmos, Alejandro compartía su destino con otros internos que sufrían el abandono total, mientras su padre mantenía una presencia marcada por la rigidez. A partir de los relatos institucionales recogidos por Fraticola, Videla “venía con su custodia, lo veía y dejaba lo que necesitaba, pero jamás pidió prerrogativas para el hijo“.

A pesar de esta aparente falta de privilegios, la identidad del visitante alteraba la atmósfera del pabellón. El personal, consciente de quién era el hombre que cruzaba los jardines de la Colonia, operaba bajo una presión silenciosa: “frente a esta situación, prestaban más atención, tampoco querían exponerse a un tiro en la oreja“.

Un final en las sombras

La muerte de Alejandro Eugenio Videla en junio de 1971, a los 19 años, ocurrió mientras su padre ocupaba el cargo de General de Brigada y era director del Colegio Militar de la Nación, una de las posiciones más destacadas dentro de la estructura castrense. La causa oficial fue un paro cardíaco, consecuencia del deterioro físico progresivo asociado a años de oligofrenia profunda y crisis epilépticas no controladas.

Alicia Hartridge reaccionó con una agresividad teológica que sorprendía: describía a su hijo como un “ángel” que Dios le había “regalado” durante 19 años y acusaba a la prensa de pretender “deshacer la familia”. Esta retórica de la “familia atacada” le permitía eludir cualquier responsabilidad moral por el abandono en el que vivió su hijo.

De manera paralela, la interpretación que Jorge Rafael Videla hacía de la condición de Alejandro estaba profundamente marcada por su integrismo católico. Según los periodistas Seoane y Muleiro, en “El Dictador”, veía la discapacidad de su hijo como una “prueba de Dios” destinada a templar su espíritu y exigirle un sacrificio constante.

Por alguna razón, este estoicismo religioso le permitió conciliar su imagen de padre abnegado con la frialdad necesaria para gestionar un sistema represivo que, de forma irónica, utilizaba la desaparición y el ocultamiento como herramientas de control social, reproduciendo con otros lo que había aplicado con su propio hijo.

MV