Tag: Martín Llaryora

  • PJ cordobés cierra filas y Llaryora consagra la unidad con una única interna provincial

    PJ cordobés cierra filas y Llaryora consagra la unidad con una única interna provincial

    El peronismo cordobés llega a su proceso de renovación de autoridades con un dato político central: prácticamente no habrá internas. El gobernador Martín Llaryora encabezó durante meses una tarea de construcción de consensos que culminó en listas de unidad en casi la totalidad de los circuitos que integran el Partido Justicialista provincial. La excepción es Río Ceballos, donde el 3 de mayo se enfrentarán dos listas.

    El proceso, que incluyó elecciones internas en cada circuito y la confección de listas congresales provinciales y nacionales, concluyó con un acuerdo que el propio partido calificó como “consenso absoluto” en la mayoría de los distritos.

    “Sirve como una base de sustentación para lograr la unidad y lograr listas de consenso y evitar internas en la elección del año que viene, del 2027, en cada circuito, y por supuesto apoyando la lista de nuestro gobernador a nivel provincial”, explicó Facundo Torres -el arquitecto de esta renovación sin mayores dolores de cabeza-.

    Un trabajo que arrancó antes del verano

    La estrategia no fue improvisada. El dirigente de Alta Gracia, presidente del PJ cordobés, relató que el operativo político comenzó en 2024 y se profundizó desde el 1° de febrero de este año. “Fuimos a uno o dos departamentos por semana con los referentes territoriales, con los intendentes, con las autoridades partidarias, tratando de pregonar esto que finalmente se consolidó”, explicó Torres.

    Desde el inicio, el objetivo declarado fue evitar disputas que pudieran debilitar al partido de cara a las elecciones de 2027. Con ese propósito, Torres trabajó junto a la secretaria del partido, Romina Montemartini, los apoderados Ramiro Sánchez y Matías Altamira, y el legislador Abraham Gallo.

    Hubo un equipo desde el partido que trabajó y que de alguna manera logró esto que para nosotros era importante”, señaló Torres, que subrayó que el mérito no fue individual.

    Llaryora, conducción por cuatro años

    La renovación de autoridades tiene como eje central la conducción de Llaryora al frente del partido por los próximos cuatro años. Aunque el gobernador tenía la opción de prorrogar los mandatos partidarios vigentes, optó por convocar a elecciones internas. La decisión, según Torres, fue “un acierto”.

    “Esto fue una decisión del gobernador, pero me parece que fue un acierto llevar adelante este proceso”, afirmó el presidente del partido. La intención es proyectar al PJ cordobés hacia 2027 con una estructura ordenada, sin fracturas internas visibles y con Llaryora consolidado como referencia política a nivel provincial.

    Además de la unidad, el proceso deja otra marca: el relevo generacional. Torres señaló que en muchos circuitos quienes hoy ocupan los lugares de conducción —intendentes, funcionarios provinciales, autoridades partidarias— pertenecen a una generación distinta a la que dominaba la estructura hace algunos años. “Esto no quiere decir que no haya dentro de la estructura dirigentes importantes que aún siguen vigentes”, aclaró Torres, pero reconoció que el partido busca “dar el lugar a lo nuevo”.

    Según el presidente del PJ, ese recambio se irá expresando también en la discusión de candidaturas para las intendencias en 2027. Con las autoridades partidarias renovadas y las listas congresales acordadas, el PJ cordobés entra en una etapa de consolidación interna. El desafío que sigue es trasladar esa unidad al armado de candidaturas para las elecciones municipales y legislativas del año próximo, donde el partido buscará proyectar el liderazgo de Llaryora más allá de la gestión provincial.

  • Llaryora dispuso refuerzo para instituciones de discapacidad: ‘Provincias y municipios no pueden reemplazarlo todo’

    Llaryora dispuso refuerzo para instituciones de discapacidad: ‘Provincias y municipios no pueden reemplazarlo todo’

    El gobernador Martín Llaryora otorgó un refuerzo económico de 450 millones de pesos a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, que atraviesan dificultades financieras en el marco de la emergencia del sector, agravadas por la falta de pagos de distintos programas nacionales.

    Refuerzo económico

    “Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis”, explicó el mandatario en una reunión de la que participó la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero.

    16-04-2026 Llaryora refuerzo instituciones discapacidad

    Además, remarcó que la crítica situación del sector se debe al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y a la falta de los pagos nacionales comprometidos, entre ellos la reciente interrupción de envíos para prestaciones de PAMI.

    Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios”, advirtió Llaryora.

    El gobernador recalcó la “necesidad urgente” de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad. “A través de la solidaridad de todos los cordobeses, estamos agilizando este fondo para llevarles un tiempo de tranquilidad, pero las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente”, agregó el mandatario.

    “Verdadero descuartizamiento de la salud pública”

    Liliana Montero apuntó a las implicancias del desfinanciamiento nacional: “Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos”.

    “Por lo tanto vamos a activar este auxilio financiero y reactivar un complemento para la alimentación, algo que ya implementamos el año pasado, destinado a aquellas entidades que ofrecen servicios de doble jornada”, prosiguió la funcionaria.

    Crisis

    Algunas instituciones, como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, tienen más de 100 personas a cargo y dejaron de percibir los aportes de PAMI o del programa de cobertura social Incluir Salud, informó un comunicado oficial.

    “Todas las entidades participantes vienen recibiendo el acompañamiento de la Provincia y trabajan, desde hace más de dos años, en emprendimientos laborales, de capacitación y de autonomía en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos”, señala el documento de la Provincia.

  • Gobierno busca cerrar la paritaria y propone un 40% anual para docentes, define la UEPC

    Gobierno busca cerrar la paritaria y propone un 40% anual para docentes, define la UEPC

    Tras una jornada marcada por tensiones internas en el sindicato y por negociaciones en la Secretaría de Trabajo, el gobierno de Martín Llaryora formalizó una nueva oferta salarial a la UEPC con un piso del 40% anual garantizado no atado a la recaudación.

    La propuesta fue entregada en el Centro Cívico por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi a la conducción del gremio que encabeza Roberto Cristalli.

    Según el esquema oficial, el incremento regiría hasta el 31 de enero del próximo año y, al ser acumulativo, podría escalar hasta cerca del 45% anual.

    Cómo impacta en los salarios

    Con los haberes de abril:

    • Docentes de grado: +$224.500 (23,3%)
    • 30 horas cátedra: +$248.796 (18,8%)
    • Cargos directivos: +$304.601 (15,9%)

    El diseño ratifica una decisión política del Ejecutivo: priorizar a los salarios más bajos, especialmente los de quienes cumplen hasta 22 horas cátedra.

    Además, si se aprueba la oferta, se liquidarán retroactivos de febrero y marzo:

    • Maestro/a: $426.300
    • Más de 30 horas: $541.800
    • Jerárquicos: $506.300

    A partir de mayo, el esquema contempla aumentos del 2% mensual, remunerativos y acumulativos, sin atarse ni a la inflación ni a la recaudación.

    Fonid: la Provincia cubre el vacío nacional

    El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), discontinuado por el gobierno de Javier Milei, seguirá siendo financiado por la Provincia.

    Según la propuesta, aumentará un 92% en el año: pasará de $67.000 a $128.000 en enero.

    Paros y descuentos: zona gris

    El esquema abre además una negociación paralela sobre los días de paro:

    • 19 de marzo: no se descontaría
    • 2 y 18 de marzo: ya descontados, quedarían sujetos a revisión

    Una opción que se analiza es devolver parte de esos descuentos en cuotas.

    La definición, en manos de la asamblea

    La UEPC ya puso en marcha su cronograma interno:

    • Miércoles: asambleas informativas por departamento
    • Jueves: asambleas escolares
    • Viernes: plenarios departamentales
    • Lunes: asamblea provincial definitoria

    En el Gobierno aseguran que se trata del “máximo esfuerzo financiero” posible y remarcan que no hay otra provincia con un piso salarial garantizado de ese nivel.

    La pelota ahora está del lado del gremio. Y, como suele pasar en Córdoba, no todo se define en los números. También pesa —y mucho— la interna.

  • Crisis del PAMI: Rossi pide renuncia en Córdoba y Vigo exige respuestas al Ejecutivo de Milei

    Crisis del PAMI: Rossi pide renuncia en Córdoba y Vigo exige respuestas al Ejecutivo de Milei

    A través de un proyecto de declaración que ingresó en las últimas horas a la Unicameral, el legislador radical Dante Rossi (Construyendo Córdoba) propone que el pleno legislativo, de forma orgánica, solicite la renuncia del titular del PAMI en la provincia, frente a un organismo que, denunció, exhibe “crueldad e insensibilidad” ante la situación de los jubilados. En el orden nacional, la senadora Alejandra Vigo pidió explicaciones por la gravísima situación” de afiliados de PAMI ante el corte de la atención médica, en sintonía con el reclamo del gobernador Martín Llaryora.

    La iniciativa de Rossi se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del servicio que reciben los adultos mayores en territorio mediterráneo. Según planteó el radical, el PAMI Córdoba “está al borde del colapso”, con demoras de hasta cuatro meses para acceder a turnos médicos y con casos en los que, aun obteniéndolos, los afiliados no logran ser atendidos por cupos agotados. El alfonsisnista graficó la situación con el caso reciente de una jubilada con una fractura que, desde el viernes, no consigue atención.

    Asimismo, advirtió sobre un cuadro estructural crítico que incluye recortes de fondos, deudas millonarias con farmacias y clínicas privadas, falta de vacunas y escasez de medicamentos. A esto se suma un paro de 72 horas de los médicos de cabecera, que comenzó este lunes en reclamo por los bajos honorarios que perciben.

    Frente a este escenario, el radical anti-Milei cuestionó con dureza la actitud de las autoridades del organismo en Córdoba, a quienes acusó de no dar explicaciones ni asumir la gravedad de la crisis. “La situación se agrava por la crueldad de quienes deberían dar respuestas y no lo hacen”, sostuvo, al tiempo que señaló como “un contrasentido” que el sitio oficial del PAMI promocione el lema “PAMI escucha y responde”, mientras —según afirmó— ocurre exactamente lo contrario en la práctica.

    De hecho, el parlamentario radical remarcó que no se trata de un problema ajeno a la provincia ni de una discusión exclusivamente nacional. “Son miles de jubilados cordobeses los que están desamparados”, advirtió, y vinculó la situación con lo que definió como un “gobierno nacional cruel e insensible”.

    No obstante, Rossi también introdujo una crítica al rumbo económico. Si bien reconoció la importancia del equilibrio fiscal, advirtió que “no puede sostenerse sobre el sufrimiento de los jubilados ni sobre el colapso del sistema de salud”. En esa línea, cuestionó que existan recursos para reducir impuestos a grandes capitales, impulsar blanqueos o beneficiar a inversores, mientras —según planteó— no se garantiza la atención sanitaria de los adultos mayores.

    Pero, sobre todo, el legislador puso el foco en la responsabilidad directa de la conducción local del PAMI. Afirmó que el titular del organismo “no da la cara, no atiende ni explica lo que está pasando”, y lo acusó de permanecer pasivo frente al padecimiento de miles de afiliados.

    Con este argumento, Rossi concluyó que la permanencia del funcionario es “inadmisible” y reclamó su renuncia, al considerar que su gestión vulnera el derecho a la salud de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

    Reclamo en el Senado

    Por su parte, la senadora nacional Alejandra Vigo trasladó la preocupación al ámbito del Congreso. La dirigente peronista presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo libertario brinde explicaciones urgentes sobre la “gravísima situación” que atraviesan los afiliados del PAMI ante el corte de prestaciones médicas.

    Asimismo, la legisladora impulsó un proyecto de declaración en el que expresa su “profunda preocupación” por el recorte de fondos y la falta de pago a prestadores del organismo, una situación que —según advirtió— está dejando sin cobertura a adultos mayores en todo el país y, especialmente, en Córdoba.

    Frente a este escenario, Vigo reclamó precisiones sobre las medidas que adoptará la administración nacional para garantizar la continuidad de la atención y regularizar los pagos adeudados. De igual modo, puso el foco en el impacto directo que la crisis tiene sobre uno de los sectores más vulnerables, al advertir que la interrupción de servicios compromete tratamientos y agrava el estado de salud de miles de jubilados.

    Con este argumento, la senadora del PJ cordobés se sumó a las críticas hacia la gestión del organismo que hoy tuvo como protagonista central al gobernador Martín Llaryora y reforzó la presión política para que el Gobierno de Javier Milei dé respuestas ante una situación que, tanto en la provincia como a nivel país, escala en tensión y reclamos.

  • Oposición impulsa reforma electoral para desafiar la hegemonía del PJ en Córdoba

    Oposición impulsa reforma electoral para desafiar la hegemonía del PJ en Córdoba

    En un año preelectoral que ya perfila la disputa rumbo a 2027, el arco opositor volvió a poner sobre la mesa una agenda incómoda para el peronismo que gobierna la provincia. El telón de fondo es doble: el clima reformista nacional impulsado por Javier Milei y un ciclo de casi tres décadas del PJ obligado a revalidar poder en un escenario más competitivo.

    Con una batería de proyectos para modificar el Código Electoral Provincial, fuerzas que van desde el vecinalismo hasta la UCR, el PRO y el liberalismo libertario intentan instalar la necesidad de una reforma al reflotar su reclamo por “la cancha inclinada” y las ventajas estructurales del oficialismo.

    El disparador más potente es el proyecto insignia de Encuentro Vecinal (EV), que volvió a poner en agenda una queja histórica: la fecha fija. Con su iniciativa, Gerardo Grosso subió la apuesta al proponer unificar los comicios provinciales con los nacionales y fijarlos el cuarto domingo de octubre.

    El cambio resulta una bomba para el PJ: implica quitarle al gobierno —hoy en manos de Martín Llaryora— la facultad de desdoblar y elegir la fecha de votación, una herramienta clave que históricamente permitió ordenar la competencia según su conveniencia.

    La discusión no es nueva, pero cobró otra dimensión tras la modificación impulsada por el PJ en noviembre de 2023, que amplió la discrecionalidad del Ejecutivo al habilitar una ventana de hasta nueve meses para convocar a elecciones. Lejos de un esquema de previsibilidad como el nacional, ese cambio consolidó —según la oposición— un modelo donde el calendario se volvió una pieza clave de la estrategia política.

    En ese punto, Grosso fue contundente: “Es jugar con desventaja”, afirmó, y reclamó “reglas claras para que todos los que quieren participar sepan cuándo y se preparen con tiempo”. La crítica apunta a la “ingeniería electoral” del poder, una práctica extendida pero que en Córdoba se volvió una marca del oficialismo.

    El proyecto vecinalista no se limita a la fecha fija. También propone acotar la campaña —con una ventana de 45 días y restricciones a la publicidad en medios y redes—, prohibir el uso de publicidad oficial con fines proselitistas, establecer debates obligatorios entre candidatos a gobernador y endurecer sanciones ante incumplimientos.

    Reglas claras y costo electoral

    La lógica del vecinalismo, compartida con otras fuerzas opositoras, se funda en “reglas claras”: ordenar el proceso, reducir la discrecionalidad y transparentar la competencia. “No estamos de campaña todo el tiempo”, planteó el opositor al cuestionar una dinámica donde la frontera entre gestión y proselitismo se diluye. Incluso advirtió sobre el impacto institucional de votar con demasiada anticipación: un gobierno podría quedar “ocho meses sabiendo que no va a continuar”, con riesgo de “descalabro” en la transición.

    A ese planteo se suma el costo electoral, una variable que juega fuerte en el actual contexto de crisis. Desde el partido vecinalista advierten que el desdoblamiento generó en 2023 un sobrecosto del 62%. Los últimos comicios provinciales demandaron cerca de $23.000 millones.

    En ese marco, sostienen que la unificación con Nación permitiría ahorrar en logística y evitar que los ciudadanos tengan que concurrir a votar en múltiples ocasiones. La idea conecta con una demanda social más amplia: eficiencia del gasto público y simplificación del calendario electoral.

    Eliminar la “trampa”

    En paralelo, otro eje de la ofensiva opositora se centra en el diseño de la Boleta Única de Sufragio (BUS), uno de los pilares del sistema cordobés. Oscar Saliba (UCR) impulsa un cambio quirúrgico, pero de alto impacto: eliminar el tramo de “voto lista completa”, una vieja “trampa” de origen, según los opositores, que tiene sello del dirigente histórico del PJ “El Mingui” Carbonetti.

    Según sus argumentos y la experiencia en la práctica, ese casillero genera confusión y favorece el arrastre de las listas encabezadas por candidatos más competitivos. “Se presta a confusión” y no es “sano para el sistema”, remarcó el boina blanca, al defender que el elector deba elegir “tramo por tramo”.

    La crítica no es solo técnica: pone en cuestión un mecanismo que, según el arco opositor, distorsiona la voluntad del votante. “Yo perdí varios votos con eso”, graficó Saliba, un dirigente territorial del sur-sur cordobés, al advertir que en elecciones ajustadas esos errores pueden resultar decisivos.

    El planteo es compartido por otros sectores. La legisladora amarilla Patricia Botta también propone eliminar ese tramo y advierte que la ubicación del casillero, junto a la foto del candidato a gobernador, puede inducir al error. “Marcar cada casillero da la opción de votar diferente sin que anulen su boleta”, declaró.

    En la misma línea, la deloredista Alejandra Ferrero consideró que la boleta actual “muchas veces se presta a confusión” y valoró el debate como una oportunidad para mejorar la transparencia del sistema. Asimismo, la radical expresó su apoyo al proyecto vecinalista. “Da previsibilidad y seguridad jurídica”, dijo, y remarcó: “Es una barbaridad que nos hagan votar en fechas distintas con el gasto millonario que eso implica”.

    Más cambios

    Se suman otras iniciativas que amplían la discusión: propuestas como las de Gregorio Hernández Maqueda para incorporar debates obligatorios, la derogación de la “Ley Riutort” (que establece el cupo femenino), reglas sobre financiamiento y la neutralidad de la publicidad oficial, junto a proyectos sobre reelecciones comunales (del legislador Mauricio Jaimes) y accesibilidad para personas con discapacidad (de Inés Contrera). En conjunto, configuran un paquete que, aunque diverso, converge en un punto: cuestionar las reglas que ordenaron la competencia política en Córdoba durante casi 30 años de hegemonía peronista.

    “Es un abuso de poder claro”, fustigó Hernández Maqueda, apuntando sus dardos al oficialismo en la definición del calendario electoral. La frase condensa el eje discursivo de la oposición: la necesidad de equilibrar la cancha. En un contexto donde el PJ se encamina a cumplir tres décadas en el poder, la discusión sobre la reforma electoral deja de ser sólo técnica y se vuelve —en su esencia— política. No se trata sólo de cómo se vota, sino de bajo qué condiciones se compite. Es el reclamo histórico de la oposición.

    Con este paquete de iniciativas, la oposición busca instalar la necesidad de cambios para redefinir las reglas del sistema local en medio del clima reformista de Milei. Y en ese terreno, el PJ no hará nada que sume un factor de riesgo para la reelección de LLaryora. La fuerte pulseada ya empezó y tiene como horizonte 2027.

  • Llaryora confirmó bono escolar de $125 mil para trabajadores estatales

    Llaryora confirmó bono escolar de $125 mil para trabajadores estatales

    El gobernador de Córdoba Martín Llaryora anunció que se abonará un bono de ayuda de 125 mil pesos por cada hijo en edad escolar para los estatales provinciales.

    El bono, que no fue comunicado oficialmente, se pagará este sábado 7 de marzo, según publicó “Comercio y Justicia”.

    Bono de ayuda escolar para empleados públicos provinciales

    La medida trascendió de forma sorpresiva mediante un breve comunicado remitido a los correos electrónicos de cada uno de los agentes públicos provinciales.

    Además, se produce en el marco de la paritaria con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que anunció un paro de 24 horas para el próximo miércoles 11 de marzo, si no se alcanza un acuerdo antes, tras haber rechazado la propuesta salarial de la Provincia.

    SEP

    El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) emitió el jueves por la noche un comunicado en el que reclama “aumentar las asignaciones familiares ya“.

    “Por ayuda escolar se pagó $17.362 por hijo en la liquidación de febrero, para los agentes con sueldo bruto menor a $2.297.176. En el caso de discapacidad, el monto es el mismo, pero sin tope de remuneración”, indica el documento.

    Y luego agregó: “Gracias al reclamo y gestión del SEP frente a los descuentos excesivos del Banco de Córdoba, se informa que el próximo *sábado 7 de marzo* se realizará el pago de la asignación escolar correspondiente a la suma de $125.000. Lo cobran los mismos agentes y por la misma cantidad de hijos que cobraron en febrero”.

    Además el gremio confirmó que “se ha solicitado al Gobierno Provincial que no se efectúen descuentos sobre dicha asignación, y se reitera el reclamo por los descuentos arbitrarios aplicados por el Banco de la Provincia de Córdoba, tanto en asignaciones de cuota alimentaria, o discapacidad, los cuales afectan significativamente el poder adquisitivo de los agentes afectados”.

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  • Gvozdenovich denuncia intromisión del Gobierno de Llaryora para promover una ‘tercera vía’ en la interna UCR

    Gvozdenovich denuncia intromisión del Gobierno de Llaryora para promover una ‘tercera vía’ en la interna UCR

    El jefe de la bancada boina blanca en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, cuyo nombre suena con fuerza para conducir el partido en el caso de que no haya una prórroga de mandatos, denunció la injerencia del Gobierno provincial en la interna de la UCR cordobesa y señaló directamente al Ministerio de Gobierno, que conduce Manuel Calvo, y a áreas vinculadas con la vicegobernadora Myrian Prunotto.

    Según sostuvo el parlamentario aliado a Rodrigo de Loredo, funcionarios provinciales estarían contactando a intendentes radicales para influir en el proceso interno del partido centenario. Todo indica que el Comité Provincia convocará para el 7 de junio a internas con el fin de elegir las nuevas autoridades partidarias. La oposición al exdiputado nacional reclama internas, mientras que el poder deloredista prefiere la prórroga, aunque no le esquiva a los comicios internos para no repetir los errores de las legislativas del año pasado.

    “Están llamando desde la Secretaría del Ministerio de Gobierno, desde áreas de la Legislatura y de la Defensoría del Pueblo. Primero llaman a los intendentes para decirles que vayan a un acto y que apoyen a la llamada ‘Tercera Vía’, que es la vía que quiere generar el peronismo metido dentro del partido”, denunció.

    El parlamentario y dirigente territorial del sudeste cordobés apuntó de lleno contra Calvo y Prunotto, pero, a su vez, disparó munición gruesa sobre los radicales Luis Quiroga y Dante Rossi. Este alineamiento opositor a De Loredo promueve al intendente de Mina Clavero como candidato a presidente del partido.

    Contragolpe

    El dirigente radical que mantiene diálogo directo con De Loredo cuestionó la jugada del PJ en el poder, que busca profundizar la división interna de la UCR, y anticipó que impulsará una denuncia judicial.

    “No les bastó con haber intervenido para que el partido se judicialice (en alusión a la interna que protagonizó Ramón Mestre). Ahora quieren seguir dividiéndolo. Están usando teléfonos del Estado y recursos públicos para presionar a intendentes y boicotear un armado amplio de unidad”, afirmó en declaraciones a Perfil Córdoba.

    En su ofensiva contra el Panal, Gvozdenovich aseguró que varios jefes comunales le contaron que recibieron llamados y denunció presiones directas. “Tenemos intendentes que nos avisaron que los están llamando y apretando. Ya basta. Se colmó la paciencia”, lanzó.

    “Yo no lo voy a aceptar bajo ningún concepto y voy a ir a la Justicia a denunciarlos por peculado, por usar recursos del Estado para intervenir dentro de la Unión Cívica Radical”, remarcó el halcón boina blanca. En tono aún más duro, agregó: “Si se meten con la UCR, se meten conmigo”.

    Fuerte reproche

    Con la guardia en alto, Gvozdenovich redobló su crítica al reprocharle al Gobierno llaryorista de priorizar la política partidaria antes que la gestión. “En lugar de estar resolviendo los problemas gravísimos que tiene Córdoba después de 26 años de peronismo, lo único que hacen es meterse en la interna radical”, fustigó.

    En ese sentido, enumeró una serie de déficits de gestión: “Seguimos con graves problemas de inseguridad, con un sistema de salud en el interior que no funciona, escuelas que se caen a pedazos y problemas básicos como agua potable, gas o cloacas en muchas localidades”. “Que se pongan a trabajar en la gestión y que se dejen de joder con el radicalismo”, remató.

    Ante la consulta periodística, el titular del bloque opositor en la Unicameral también se refirió al escenario interno del partido y no descartó competir por la conducción de la UCR de Córdoba. “El radicalismo está mirando hacia adentro, reestructurándose y armando una escudería pensando en 2027. Queremos engordar el partido y hacerlo fuerte”, planteó.

    En ese contexto, confirmó el adelanto de Perfil Córdoba de aspirar a presidir el Comité Provincia si no se extienden los mandatos partidarios. “Si no hay prórroga, me anoto para presidir el partido. Tenemos una excelente relación con intendentes en todo el territorio. Los 60 municipios que ganó el radicalismo en 2023 fueron producto de un trabajo territorial coordinado”, afirmó el radical, y puso en valor el poder de fuego de la UCR con sus más de 160 intendentes y jefes comunales.

    En su mensaje dirigido a propios y extraños, y con fuerte proyección política con miras a 2027, el aliado de De Loredo aseveró: “Quiero un radicalismo fuerte y que haya intendentes radicales en los 427 municipios y comunas de Córdoba”.

  • Gobierno de Córdoba impulsa la ‘Ley Joaquín’ para reforzar la protección y asistencia a víctimas de delitos

    Gobierno de Córdoba impulsa la ‘Ley Joaquín’ para reforzar la protección y asistencia a víctimas de delitos

    El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, remitió a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que propone crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. La iniciativa, bautizada “Ley Joaquín”, pretende establecer estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación para quienes atraviesan un proceso penal.

    El proyecto busca ordenar y fortalecer la tutela de las víctimas dentro del sistema judicial. Según el texto, aunque el sistema penal prevé instancias de intervención para las víctimas, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización. Por eso la propuesta fija un piso de protección común para todas las víctimas en la provincia sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.

    Desde el primer contacto con el sistema de justicia se pretende garantizar derechos como el trato digno, la privacidad y la prevención de la revictimización. También se contempla el acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico —incluido gratuito y especializado cuando sea necesario—, y la posibilidad de participar en instancias clave del proceso.

    El régimen incluye asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita y continua, así como medidas de protección urgentes ante situaciones de riesgo o intimidación y mecanismos de reparación integral del daño, ya sea por la vía penal o la civil. Además, incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar con celeridad para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido.

    La iniciativa propone la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura. Este organismo estará integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas, y tendrá como función elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.

    Además, el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación mediante reasignaciones o previsiones específicas.