La Libertad Avanza quería remover los términos “Memoria, Verdad y Justicia” y “dictadura cívico-militar”. La Cámara alta le dio ingreso al pliego de Carlos Mahiques y al de Lucila Crexell. También se aprobaron tres convenios internacionales, incluida una regulación a la pesca ilegal.
Para evitar una parálisis legislativa, el Senado convocó a una sesión protocolar que proyectaba oficializar acuerdos internacionales y pliegos diplomáticos sin mayores antagonismos. Tal fue así que se aprobaron de forma unánime. Sin embargo, el marco de señalamientos que sufre el oficialismo por causas judiciales y el uso de fondos públicos terminó siendo utilizado por la oposición para llevar al recinto las acusaciones que fueron noticia las últimas semanas. Además, se coló en el temario un proyecto de declaración por el 50° aniversario del último Golpe de Estado, que logró avanzar.
Antes de la votación de los pliegos, el bonaerense Wado de Pedro pidió votar sobre tablas una declaración en donde se reafirme el compromiso por el Nunca Más y los valores democráticos. El presidente del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, planteó que faltaba acuerdo -porque no existió debate previo- para la fundamentación, por lo que la bancada justicialista aceptó retirar la fundamentación para sancionar exclusivamente la declaración.
El apoyo radical se enunció tras ese último cambio y se sumó el respaldo de Provincias Unidas por parte del correntino Carlos Espínola. Sin embargo, apareció la primera reticencia por parte del PRO, cuyo presidente de bloque -el misionero Martín Goerling– alegó que nunca le habían enviado el proyecto. Aún así, luego acompañó con su voto. A eso se añadió la intervención de La Libertad Avanza que terminaría por trabar la declaración: el entrerriano Joaquín Benegas Lynch señaló que no acompañaría un texto que no contemple el “terrorismo guerrillero”.
Finalmente, Patricia Bullrich leyó la propuesta oficialista: implicaba reemplazar los términos “Memoria, Verdad y Justicia” por los de “defensa del orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y la democracia republicana”; y remover la definición “dio inicio a la última dictadura cívico-militar” por “interrumpió el sistema democrático en la República Argentina, condenando cualquier tipo de violencias y reafirma el consenso democrático plasmado en el concepto del Nunca Más”.
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El texto presentado por Wado de Pedro indica que el Senado declara “su compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la República Argentina”. Finalmente, con la abstención de La Libertad Avanza, fue aprobada por 49 votos a favor y 20 abstenciones (3 ausentes). Luis Juez fue el único libertario que acompañó. Victoria Villarruel se retiró del recinto minutos antes de la votación.
La estafa $LIBRA se metió en el Senado
En el inicio de la sesión, y tras un homenaje al exsenador fallecido Antonio Rodas, sobrevinieron diez pedidos de cuestiones de privilegio por parte del bloque justicialista. En ese lapso, el chubutense Carlos Linares pidió la renuncia de Manuel Adorni (“si no puede explicar ciertas cosas, la medida correcta es dejar el cargo”); el chaqueño Jorge Capitanich apuntó contra Javier Milei por involucrar a la Argentina en el conflicto en Medio Oriente; mientras que el rionegrino Martín Soria detalló las novedades de la causa $LIBRA.
“A la falta de tribunas políticas parece que esto se está convirtiendo en una especie de acto frente al Gobierno”, intervino la porteña Patricia Bullrich, que pidió la palabra después de las críticas peronistas. En sus minutos, la senadora pidió que “traten de ser más prudentes al atacar a otros” y consideró que las acusaciones por la causa $LIBRA se relacionan a que “no les gusta los tiempos” del fiscal Eduardo Taiano. Cerró ese tramo el formoseño José Mayans, reiterando que senadores radicales, libertarios y de provincias aliadas están “violando el reglamento” por conformar más de seis comisiones en detrimento de la participación justicialista.
Sesión en el Senado aprobó pliegos
Uno de los pliegos que avanzó fue el de la neuquina Lucila Crexell como embajadora de Canadá. La exsenadora fue señalada en la misma sesión por la riojana Florencia López, quien insistió en las acusaciones contra Crexell por su cambio de postura en la votación de la ley Bases, en el 2024. El procedimiento especial para estos casos implica que haya una sesión que autorice el tratamiento del listado de nombramientos para luego ser dictaminado en la Comisión de Acuerdos.
También ingresó el pliego de Carlos Mahiques para prorrogar por cinco años su gestión como juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Como cumplió 75 años, el padre del flamante ministro de Justicia alcanzó el límite de edad para ejercer el cargo, pero el Presidente de la Nación cuenta con la facultad de habilitarle una postergación del mandato. Es por eso que su pliego ingresó con la firma de Javier Milei.
Victoria Villarruel Sesión Senado
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Otra de las aprobaciones fueron una sucesión de ascensos al rango inmediatamente superior a miembros de las Fuerzas Armadas, como al brigadier mayor Javier Valverde, al vicealmirante Marcelo Alejandro Delanovare, al vicealmirante Juan Carlos Romay y al general de división Oscar Santiago Zarich. También se avanzó en el ascenso de 38 miembros de la Fuerza Aérea Argentina, a 66 del Ejército Argentino y a 74 de la Armada Argentina. En consonancia, se avaló la designación de Eduardo Rodolfo Montanat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
El último tema de la agenda avanzó por unanimidad con tres convenios internacionales: dos con Austria y Francia con similares características, para eliminar la doble imposición en impuestos sobre la renta y el patrimonio, y para prevenir la evasión y la elusión fiscal. El restante se vincula al acuerdo de Roma de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esto implica controles más estrictos sobre las aguas y en los puertos, con obligaciones protocolares a los buques extranjeros pesqueros.
