A las 15.34 del miércoles 5, un mensaje de Whatsapp que llegó a los periodistas acreditados en el Congreso y a otros que tienen diálogo directo con voceros y legisladores confirmó que toda estrategia del Gobierno por aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada completa había naufragado.
Un comunicado desde el Senado sinceraba que el denominado G44, el grupo de legisladores que integraban La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques pequeños en la Cámara baja, se había desarmado, por lo menos para tratar el capítulo 3 de la ley, el denominado de “tierras”, corazón del texto oficialista que tenía que votarse un día después.
Ese mismo jueves, sin consenso para aprobarlo, los libertarios también tuvieron que bajar los cambios a la Ley de Manejo del Fuego y apenas quedaron adentro, con media sanción y rumbo a Diputados, las iniciativas que ponen un límite a las expropiaciones y aceleran los desalojos. Un 50% del ideal, o menos, según el optimismo de quien se consulte sobre el tema.
“Es la ley que se pudo sacar, mutilada, pero al menos pudo salir”, blanquean fuentes legislativas del mileísmo que todavía lamentan los dos meses de idas y vueltas sobre la continuidad de Manuel Adorni en los que, aseguran, el proyecto se hubiera aprobado completo, sin tener que estar penando como ahora.
El rearmado del peronismo massista
Tal vez explica eso que un sector de La Libertad Avanza, el más rosquero, no le adjudique toda la responsabilidad a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación al que Karina Milei apunta por la caída en desgracia del proyecto y por no haber advertido el conflicto con los prácticos en los puertos.
“No sólo los ve Federico estos temas, pasan por varias instancias antes”, explican fuentes legislativas, que aseguran que antes de llegar al Congreso fueron vistos por Karina Milei, por Santiago Caputo y, en el fino, por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, blanco de críticas también por estos días.
En el oficialismo están convencidos de que alguien más jugó fuerte en las negociaciones con los gobernadores la semana pasada. El apuntado no es nuevo y su influencia tampoco.
La novedad es que Sergio Massa decidió reaparecer y patear el tablero entablando charlas con mandatarios que venían votando alineados con el Gobierno y que, en un caso bien marketinero en tiempos de conversaciones acaloradas sobre Malvinas, como el debate sobre qué porcentaje de las tierras está bien extranjerizar, se abrieron de la estrategia libertaria y dejaron solo a Milei.
Foto: Federico López Claro.
No parece casual que bloques hasta ahora amigos del Gobierno como el tucumano Independencia (Beatriz Ávila), La Neuquinidad (Julieta Corroza), Provincias Unidas (Alejandra Vigo), Primero los Salteños (Flavia Royón) y Moveré Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano) hayan votado en contra el jueves en una votación general que terminó por un ajustado 37 a 33 a favor de una ley clueca y que hubiera sido 37-35 si habrían habilitado a votar por Zoom a la peronista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama, que iban a expresarse en contra del texto.
Tanto el miércoles como el jueves hubo llamados del massismo -o del propio Massa, dicen algunos- para pedir su rechazo a la ley. De los seis votos anteriores, la mayoría responden a gobernadores de buen diálogo con la Rosada, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Sáenz.
En el caso de Vigo, es parte del cordobesismo de Juan Schiaretti que hoy representa a nivel local Martín Llaryora. Los santacruceños, por su parte, dieron la nota votando en contra después de que estallara una crisis con Joaquín Benegas Lynch, el senador ultralibertario que los definió, a ellos y también a otros legisladores provinciales como “tibios del medio”.
Del grupo de aliados peronistas del Gobierno habría que ir bajando también a Convicción Federal, que encarnan Carolina Moisés, de Jujuy, Guillermo Andrada, de Catamarca, y Sandra Mendoza, de Tucumán. En esos tres casos también juegan un rol importante Sáenz, Jalil y Jaldo. Los tres habrían bajado la orden de no aprobar el proyecto de propiedad privada.
En el oficialismo hay quienes adjudican también a contactos previos con Massa las frases del mismo miércoles de senadores ultrakirchneristas como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes dijeron estar “hinchado las pelotas” y “podrida”, de la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
Qué puede avanzar y qué se puede caer
Apenas una semana pasó de la entrevista de Patricia Bullrich con Clarín en la que planteaba la idea de máxima del Gobierno de sesionar todas las semanas en el Senado durante agosto y septiembre. La experiencia de la primera semana del mes hace difícil imaginar que así sea.
En la Cámara alta las expectativas ahora se centran en poder sacar adelante la Ley Hojarasca, que ya tiene media sanción en Diputados y que tendría consenso generalizado entre la mayoría de los bloques aliados.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado.Foto: Federico López Claro.
Esta semana también tienen que tratarse pliegos de jueces, un caballito de batalla del cual el Gobierno se jactó el martes pasado: se enviaron en total 203 pliegos de magistrados para cubrir vacantes urgentes en el Poder Judicial. El ministro Juan Bautista Mahiques definió la cifra como un “récord” histórico.
Para más adelante quedarán proyectos que tiene que tratar primero Diputados, como por ejemplo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, determinante para Milei. Lo que piden en el Senado es que lo que venga no mezcle “peras con bananas” como paso en proyectos recientes.
Por eso le ven pocas posibilidades de avanzar así como están a la ley de sociedades, especialmente al capítulo que permite crear empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados humanos en su funcionamiento ordinario, y a la que apuntaba a desregular la actividad de librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, anunciada en julio y promovida por el ministro más cuestionado por el mileísmo: el coloso -o ex- Federico Sturzenegger.
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