La Unicameral de Córdoba aprobó una ley que faculta al Ministerio de Cooperativas Mutuales y Vivienda, a cargo del ministro Brandán, a trabajar en articulación con municipios y cooperativas para generar lotes con servicios destinados a familias de clase media que no acceden al mercado inmobiliario tradicional. Impulsada por el oficialismo, la norma pretende dar respuesta a un déficit habitacional que, según el propio gobierno, supera las 230.000 familias en la provincia.
La sanción desató de inmediato un cruce en la Legislatura. Sectores de la oposición la calificaron de inconstitucional y la compararon con modelos de intervención estatal que, a su entender, ponen en riesgo el derecho a la propiedad privada.
Qué dice la ley y cómo la defiende el oficialismo
El legislador oficialista Matías Chamorro aclaró que la norma no habilita al ministerio a expropiar lotes a discreción. Según explicó, la autonomía municipal sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y el desarrollo urbano se mantiene intacta.
“Lo que se aprobó anoche reivindica y consolida la autonomía municipal”, señaló Chamorro. Añadió que, cuando un municipio dispone de tierra propia, la provincia acompaña con infraestructura básica; y sólo en caso contrario la provincia podría intervenir mediante una expropiación, “que lo indique el intendente, no a gusto y placer de lo que diga el ministerio de Cooperativas“.
El legislador también puntualizó a qué sector está dirigida la política: familias con ingresos pero por debajo de los umbrales del mercado privado. “El desarrollismo está dirigido a una franja de la sociedad que tiene de 40.000 dólares para arriba para poder acceder a su terreno”, afirmó. Según Chamorro, las cooperativas, por su naturaleza sin fines de lucro y su lógica de ayuda mutua, permitirían reducir ese piso para “la clase media que hoy es la más golpeada en este país”.
El gobernador había anunciado el 1 de febrero, en su discurso inaugural ante la Legislatura, una primera etapa de 10.000 lotes. El Ministerio de Cooperativas realiza un relevamiento junto a municipios y cooperativas para determinar la disponibilidad territorial y establecer prioridades por localidad.
La oposición: “Es una ley chavista”
Hernández Maqueda rechazó la norma con dureza. Para el legislador opositor, la norma delega en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo, y lo hace de forma genérica, sin individualizar los bienes a expropiar tal como exige la Constitución.
“Es una ley inconstitucional, es una ley nula de nulidad absoluta insanable. Va a generar una crisis del sistema jurídico de la propiedad privada tremenda”, sostuvo. Y añadió una caracterización más contundente: “Esto es directamente soviético chavista lo que han hecho. La ley votada ayer es una ley chavista”.
El legislador advirtió que la norma deja un margen de discrecionalidad peligroso al no fijar criterios objetivos para identificar los bienes expropiables ni las condiciones para hacerlo. “Es la destrucción total y absoluta de la noción de propiedad privada. Hoy todos los bienes de los cordobeses están a merced de lo que quiere hacer el señor ministro de Cooperativas“, afirmó.
Además de las objeciones jurídicas, Hernández Maqueda planteó reparos políticos y sociales: aseguró que la falta de criterios objetivos para asignar lotes facilita el uso partidario de la vivienda.
“No creemos que esta política va a dar verdadera satisfacción, sino que va a terminar en más clientelismo y además se presta para la corrupción porque no hay criterios objetivos”, aseguró. También advirtió sobre el costo fiscal de las expropiaciones: el Estado tendría que pagar indemnizaciones con fondos públicos y afrontar demandas que, en su opinión, podrían prolongarse décadas.
Dos visiones sobre el rol del Estado en la vivienda
El intercambio entre ambos legisladores evidencia una diferencia de fondo respecto del papel del Estado en la política habitacional.
Chamorro defiende la intervención pública ante una falla del mercado. “Vale porque el mercado no está dando las soluciones que necesitamos”, dijo, y recordó que a nivel nacional tampoco fluyen los créditos hipotecarios.
Hernández Maqueda, en cambio, sostuvo una postura liberal clara: “Desde una posición liberal, el mercado de la vivienda tiene que estar precisamente en manos del mercado y no en manos del Estado”, afirmó.
Qué sigue
El oficialismo continúa con el relevamiento territorial para decidir dónde se ubicarán los primeros 10.000 lotes comprometidos por el gobernador. El proceso involucra a municipios y cooperativas de toda la provincia, con criterios que se ajustarán según la capacidad de cada localidad.
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