En un año preelectoral que ya perfila la disputa rumbo a 2027, el arco opositor volvió a poner sobre la mesa una agenda incómoda para el peronismo que gobierna la provincia. El telón de fondo es doble: el clima reformista nacional impulsado por Javier Milei y un ciclo de casi tres décadas del PJ obligado a revalidar poder en un escenario más competitivo.
Con una batería de proyectos para modificar el Código Electoral Provincial, fuerzas que van desde el vecinalismo hasta la UCR, el PRO y el liberalismo libertario intentan instalar la necesidad de una reforma al reflotar su reclamo por “la cancha inclinada” y las ventajas estructurales del oficialismo.
El disparador más potente es el proyecto insignia de Encuentro Vecinal (EV), que volvió a poner en agenda una queja histórica: la fecha fija. Con su iniciativa, Gerardo Grosso subió la apuesta al proponer unificar los comicios provinciales con los nacionales y fijarlos el cuarto domingo de octubre.
El cambio resulta una bomba para el PJ: implica quitarle al gobierno —hoy en manos de Martín Llaryora— la facultad de desdoblar y elegir la fecha de votación, una herramienta clave que históricamente permitió ordenar la competencia según su conveniencia.
La discusión no es nueva, pero cobró otra dimensión tras la modificación impulsada por el PJ en noviembre de 2023, que amplió la discrecionalidad del Ejecutivo al habilitar una ventana de hasta nueve meses para convocar a elecciones. Lejos de un esquema de previsibilidad como el nacional, ese cambio consolidó —según la oposición— un modelo donde el calendario se volvió una pieza clave de la estrategia política.
En ese punto, Grosso fue contundente: “Es jugar con desventaja”, afirmó, y reclamó “reglas claras para que todos los que quieren participar sepan cuándo y se preparen con tiempo”. La crítica apunta a la “ingeniería electoral” del poder, una práctica extendida pero que en Córdoba se volvió una marca del oficialismo.
El proyecto vecinalista no se limita a la fecha fija. También propone acotar la campaña —con una ventana de 45 días y restricciones a la publicidad en medios y redes—, prohibir el uso de publicidad oficial con fines proselitistas, establecer debates obligatorios entre candidatos a gobernador y endurecer sanciones ante incumplimientos.
Reglas claras y costo electoral
La lógica del vecinalismo, compartida con otras fuerzas opositoras, se funda en “reglas claras”: ordenar el proceso, reducir la discrecionalidad y transparentar la competencia. “No estamos de campaña todo el tiempo”, planteó el opositor al cuestionar una dinámica donde la frontera entre gestión y proselitismo se diluye. Incluso advirtió sobre el impacto institucional de votar con demasiada anticipación: un gobierno podría quedar “ocho meses sabiendo que no va a continuar”, con riesgo de “descalabro” en la transición.
A ese planteo se suma el costo electoral, una variable que juega fuerte en el actual contexto de crisis. Desde el partido vecinalista advierten que el desdoblamiento generó en 2023 un sobrecosto del 62%. Los últimos comicios provinciales demandaron cerca de $23.000 millones.
En ese marco, sostienen que la unificación con Nación permitiría ahorrar en logística y evitar que los ciudadanos tengan que concurrir a votar en múltiples ocasiones. La idea conecta con una demanda social más amplia: eficiencia del gasto público y simplificación del calendario electoral.
Eliminar la “trampa”
En paralelo, otro eje de la ofensiva opositora se centra en el diseño de la Boleta Única de Sufragio (BUS), uno de los pilares del sistema cordobés. Oscar Saliba (UCR) impulsa un cambio quirúrgico, pero de alto impacto: eliminar el tramo de “voto lista completa”, una vieja “trampa” de origen, según los opositores, que tiene sello del dirigente histórico del PJ “El Mingui” Carbonetti.
Según sus argumentos y la experiencia en la práctica, ese casillero genera confusión y favorece el arrastre de las listas encabezadas por candidatos más competitivos. “Se presta a confusión” y no es “sano para el sistema”, remarcó el boina blanca, al defender que el elector deba elegir “tramo por tramo”.
La crítica no es solo técnica: pone en cuestión un mecanismo que, según el arco opositor, distorsiona la voluntad del votante. “Yo perdí varios votos con eso”, graficó Saliba, un dirigente territorial del sur-sur cordobés, al advertir que en elecciones ajustadas esos errores pueden resultar decisivos.
El planteo es compartido por otros sectores. La legisladora amarilla Patricia Botta también propone eliminar ese tramo y advierte que la ubicación del casillero, junto a la foto del candidato a gobernador, puede inducir al error. “Marcar cada casillero da la opción de votar diferente sin que anulen su boleta”, declaró.
En la misma línea, la deloredista Alejandra Ferrero consideró que la boleta actual “muchas veces se presta a confusión” y valoró el debate como una oportunidad para mejorar la transparencia del sistema. Asimismo, la radical expresó su apoyo al proyecto vecinalista. “Da previsibilidad y seguridad jurídica”, dijo, y remarcó: “Es una barbaridad que nos hagan votar en fechas distintas con el gasto millonario que eso implica”.
Más cambios
Se suman otras iniciativas que amplían la discusión: propuestas como las de Gregorio Hernández Maqueda para incorporar debates obligatorios, la derogación de la “Ley Riutort” (que establece el cupo femenino), reglas sobre financiamiento y la neutralidad de la publicidad oficial, junto a proyectos sobre reelecciones comunales (del legislador Mauricio Jaimes) y accesibilidad para personas con discapacidad (de Inés Contrera). En conjunto, configuran un paquete que, aunque diverso, converge en un punto: cuestionar las reglas que ordenaron la competencia política en Córdoba durante casi 30 años de hegemonía peronista.
“Es un abuso de poder claro”, fustigó Hernández Maqueda, apuntando sus dardos al oficialismo en la definición del calendario electoral. La frase condensa el eje discursivo de la oposición: la necesidad de equilibrar la cancha. En un contexto donde el PJ se encamina a cumplir tres décadas en el poder, la discusión sobre la reforma electoral deja de ser sólo técnica y se vuelve —en su esencia— política. No se trata sólo de cómo se vota, sino de bajo qué condiciones se compite. Es el reclamo histórico de la oposición.
Con este paquete de iniciativas, la oposición busca instalar la necesidad de cambios para redefinir las reglas del sistema local en medio del clima reformista de Milei. Y en ese terreno, el PJ no hará nada que sume un factor de riesgo para la reelección de LLaryora. La fuerte pulseada ya empezó y tiene como horizonte 2027.
