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  • Más de 10 millones de familias con problemas habitacionales en Argentina; estudio redefine el déficit al sumar inquilinos

    Más de 10 millones de familias con problemas habitacionales en Argentina; estudio redefine el déficit al sumar inquilinos

    Un reciente informe de la organización Tejido Urbano, elaborado a partir del procesamiento estadístico del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), ofrece una radiografía crítica de las condiciones de vida en el país. Según la investigación, de los 14,6 millones de hogares urbanos censados, 10,7 millones presentan algún tipo de problemática habitacional: es decir, el 73% de las familias argentinas vive en viviendas con deficiencias materiales, carencia de servicios, hacinamiento o inseguridad en la tenencia.

    El estudio plantea una visión ampliada del déficit habitacional que incorpora no solo las carencias materiales tradicionales, sino también la ausencia de escrituras y la dificultad de acceso a la propiedad que enfrentan los inquilinos. “En este trabajo se cuantifica un amplio conjunto de problemáticas para luego calcular la cantidad de hogares que están afectados por cada caso, y la superposición de problemas que pueden darse”, explica el documento técnico.

    La necesidad de nuevas viviendas por condiciones críticas

    El primer gran bloque identificado por Tejido Urbano reúne a los hogares que necesitan una vivienda adicional: 1.021.798 familias, lo que equivale al 9,6% del déficit total. Esta categoría comprende tres situaciones de extrema precariedad que, en la mayoría de los casos, obligan a una mudanza o a cambios estructurales profundos.

    La situación más extendida en este segmento son las viviendas irrecuperables, que afectan a más de 510.000 hogares: ranchos, casillas o piezas en inquilinatos que carecen de condiciones mínimas de habitabilidad y no pueden repararse mediante refacciones aisladas. El hacinamiento crítico —definido como hogares donde conviven más de tres personas por cuarto— alcanza a 372.000 familias. Además, más de 230.000 hogares comparten la misma vivienda con otra familia, lo que deteriora la privacidad y la salud de sus integrantes.

    El informe subraya que “los hogares que tienen estas problemáticas son los que tienen los niveles más bajos de ingreso”. En particular, el 84% de las familias que comparten vivienda y el 79% de las que habitan estructuras irrecuperables pertenecen a los estratos sociales más vulnerables.

    Déficit en viviendas existentes: servicios y papeles

    La mayor parte del problema habitacional en Argentina no es la ausencia de techo, sino las deficiencias de las construcciones existentes. Este segundo grupo, llamado “necesidades en viviendas existentes”, incluye a 7,4 millones de hogares, casi el 70% de las familias con problemas habitacionales.

    Dentro de ese conjunto, la carencia más masiva es la falta de servicios de red (agua potable y cloacas), que afecta a 5 millones de hogares. La investigación destaca el fuerte impacto de esta situación en la salud pública y la calidad de vida. Asimismo, 4,7 millones de familias enfrentan irregularidad dominial. “Las condiciones de regularidad en el dominio de las viviendas determinan el nivel de seguridad ante desalojos y abusos”, señala el texto.

    Un punto relevante es que, a diferencia de las viviendas irrecuperables, en este grupo hay una alta superposición de problemas: la mayoría de los hogares con materiales deficientes (como pisos de tierra o techos precarios) también carecen de servicios y de escrituras. Sin embargo, el estudio aclara que muchas de estas viviendas son “recuperables” mediante mejoras sencillas en pisos y techos, siempre que se garanticen simultáneamente la infraestructura de red y la seguridad jurídica.

    El desafío de la integración en los barrios populares

    Otra dimensión transversal es la localización de las viviendas en entornos deficitarios. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) citado en el informe, en Argentina hay 1,2 millones de familias viviendo en villas, asentamientos o conjuntos habitacionales degradados.

    En estos casos la solución excede la escala individual de la vivienda y demanda una “integración urbana concreta”: obras de espacio público, vialidad, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental. El informe advierte que los procesos de mejora barrial que no concluyen con la escrituración de los lotes “suelen reproducir los males que afectaban al barrio degradado”. En villas de alta densidad, donde el trazado no permite un mínimo de calidad urbana, incluso podrían ser necesarias relocalizaciones de viviendas.

    Inquilinos: el nuevo perfil del déficit habitacional

    Por último, el estudio incorpora a un sector que tradicionalmente no se contabilizaba como parte del déficit: los hogares inquilinos que, aun residiendo en construcciones adecuadas, no pueden acceder a la propiedad. Este grupo suma 2,3 millones de hogares y representa el 21% de las problemáticas habitacionales del país.

    “Alquilar puede ser una opción elegida, pero la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad y resguardo del patrimonio familiar”, afirma la investigación. Este segmento muestra rasgos sociales distintos a los anteriores: el 36% son personas que viven solas, con un nivel educativo por encima de la media y ubicadas mayoritariamente en zonas céntricas.

    A diferencia de los sectores de menores ingresos, los inquilinos evidencian una “demanda latente” de mecanismos de financiamiento. El informe concluye que para este grupo es fundamental el acceso a créditos hipotecarios que superen la barrera del ahorro previo, dado que han demostrado alta voluntad de pago y bajos índices de morosidad histórica cuando las condiciones de préstamo son favorables.

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  • Córdoba aprueba nueva ley de loteos: busca ampliar vivienda social y enfrenta la etiqueta ‘chavista’

    Córdoba aprueba nueva ley de loteos: busca ampliar vivienda social y enfrenta la etiqueta ‘chavista’

    La Unicameral de Córdoba aprobó una ley que faculta al Ministerio de Cooperativas Mutuales y Vivienda, a cargo del ministro Brandán, a trabajar en articulación con municipios y cooperativas para generar lotes con servicios destinados a familias de clase media que no acceden al mercado inmobiliario tradicional. Impulsada por el oficialismo, la norma pretende dar respuesta a un déficit habitacional que, según el propio gobierno, supera las 230.000 familias en la provincia.

    La sanción desató de inmediato un cruce en la Legislatura. Sectores de la oposición la calificaron de inconstitucional y la compararon con modelos de intervención estatal que, a su entender, ponen en riesgo el derecho a la propiedad privada.

    Qué dice la ley y cómo la defiende el oficialismo

    El legislador oficialista Matías Chamorro aclaró que la norma no habilita al ministerio a expropiar lotes a discreción. Según explicó, la autonomía municipal sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y el desarrollo urbano se mantiene intacta.

    Lotes sociales en Córdoba

    “Lo que se aprobó anoche reivindica y consolida la autonomía municipal”, señaló Chamorro. Añadió que, cuando un municipio dispone de tierra propia, la provincia acompaña con infraestructura básica; y sólo en caso contrario la provincia podría intervenir mediante una expropiación, “que lo indique el intendente, no a gusto y placer de lo que diga el ministerio de Cooperativas“.

    El legislador también puntualizó a qué sector está dirigida la política: familias con ingresos pero por debajo de los umbrales del mercado privado. “El desarrollismo está dirigido a una franja de la sociedad que tiene de 40.000 dólares para arriba para poder acceder a su terreno”, afirmó. Según Chamorro, las cooperativas, por su naturaleza sin fines de lucro y su lógica de ayuda mutua, permitirían reducir ese piso para “la clase media que hoy es la más golpeada en este país”.

    El gobernador había anunciado el 1 de febrero, en su discurso inaugural ante la Legislatura, una primera etapa de 10.000 lotes. El Ministerio de Cooperativas realiza un relevamiento junto a municipios y cooperativas para determinar la disponibilidad territorial y establecer prioridades por localidad.

    La oposición: “Es una ley chavista”

    Hernández Maqueda rechazó la norma con dureza. Para el legislador opositor, la norma delega en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo, y lo hace de forma genérica, sin individualizar los bienes a expropiar tal como exige la Constitución.

    Viviendas sociales en Córdoba

    “Es una ley inconstitucional, es una ley nula de nulidad absoluta insanable. Va a generar una crisis del sistema jurídico de la propiedad privada tremenda”, sostuvo. Y añadió una caracterización más contundente: “Esto es directamente soviético chavista lo que han hecho. La ley votada ayer es una ley chavista”.

    El legislador advirtió que la norma deja un margen de discrecionalidad peligroso al no fijar criterios objetivos para identificar los bienes expropiables ni las condiciones para hacerlo. “Es la destrucción total y absoluta de la noción de propiedad privada. Hoy todos los bienes de los cordobeses están a merced de lo que quiere hacer el señor ministro de Cooperativas“, afirmó.

    Además de las objeciones jurídicas, Hernández Maqueda planteó reparos políticos y sociales: aseguró que la falta de criterios objetivos para asignar lotes facilita el uso partidario de la vivienda.

    “No creemos que esta política va a dar verdadera satisfacción, sino que va a terminar en más clientelismo y además se presta para la corrupción porque no hay criterios objetivos”, aseguró. También advirtió sobre el costo fiscal de las expropiaciones: el Estado tendría que pagar indemnizaciones con fondos públicos y afrontar demandas que, en su opinión, podrían prolongarse décadas.

    Dos visiones sobre el rol del Estado en la vivienda

    El intercambio entre ambos legisladores evidencia una diferencia de fondo respecto del papel del Estado en la política habitacional.

    Chamorro defiende la intervención pública ante una falla del mercado. “Vale porque el mercado no está dando las soluciones que necesitamos”, dijo, y recordó que a nivel nacional tampoco fluyen los créditos hipotecarios.

    Hernández Maqueda, en cambio, sostuvo una postura liberal clara: “Desde una posición liberal, el mercado de la vivienda tiene que estar precisamente en manos del mercado y no en manos del Estado”, afirmó.

    Qué sigue

    El oficialismo continúa con el relevamiento territorial para decidir dónde se ubicarán los primeros 10.000 lotes comprometidos por el gobernador. El proceso involucra a municipios y cooperativas de toda la provincia, con criterios que se ajustarán según la capacidad de cada localidad.