En el debate por el presupuesto 2027 surge la oportunidad de volver a poner en discusión la carga tributaria que afronta el sector agropecuario, incluso quizás desde la estabilidad que representa la baja de la inflación y la recuperación de las reservas, dos avances elocuentes del Gobierno.
Porque, claro, quedan muchas asignaturas pendientes y la presión fiscal sobre la actividad agropecuaria, que es mayor a otros sectores de la economía, podría “soñar” con un alivio a partir del ingreso de divisas que se destacan por parte de la energía y la minería.
Por ahora sigue el “robo de las retenciones”, según denominó Javier Milei hace ya varios años. Y este jueves, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, contestó cortante la pregunta de Rodrigo Jorge, de Radio Mitre, en el AmCham Agribussines Forum. “Hay un cronograma de baja gradual. Punto”, dijo el funcionario, cuando el lúcido cronista radial lo consultó sobre esa inquietud vigente de los productores, actualizada con el triunfo de Nicolás Pino en la Sociedad Rural Argentina, quien pese a su cercanía con el Presidente fue enfático en pedir la eliminación de las retenciones.
“El 62% de la renta del campo se destina al pago de impuestos”, según el último Índice FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina). Del resultado económico de una hectárea agrícola, apenas el 8% queda como ganancia del productor. El Estado se queda con la mayor parte. La presión es mayor en trigo (cerca del 74%), luego continúa girasol (68%), soja (62%) y maíz (60%).
“El mayor impacto siguen siendo los impuestos no coparticipables, entre los que se destacan los derechos de exportación”, reflejó Antonela Semadini, economista de FADA quien expuso en una jornada informativa organizada por la Fundación Barbechando con legisladores nacionales de distintos bloques políticos.
En la reunión se destacaron Joaquín Benegas Llynch (LLA-Entre Ríos) el oficialista que preside la comisión de Agricultura en el Senado, y Martín Ardohaín (PRO-La Pampa), que encabeza el mismo espacio pero en Diputados. También participaron otros representativos legisladores como Luis Picat (LLA – Córdoba), Emamnuel Bianchetti (PRO – Misiones), Francisco Morchio (LLA – Entre Rios), Alejandra Torres (Provincias Unidas – Córdoba), Javier Sánchez Wrba (PRO – Buenos Aires), Silvana Schneider (UCR – Chaco) y Eduardo Falcone (MID – Buenos Aires).
El debate de la carga impositiva en el sector ocupó el lugar central de la actividad y el contador tributarista Mariano Echegaray expuso que “hay una gran porción del costo impositivo que no se calcula y permanece oculto”, como el saldo técnico del IVA, el saldo de libre disponibilidad y los costos de la gestión administrativa.
El saldo técnico del IVA se genera porque el agro, por sus propias características tasas diferenciales de IVA (21% sobre insumos contra 10,5% sobre la venta de granos), estacionalidad de la producción, financiamiento del capital de trabajo y altas inversiones en bienes de capital, acumula sistemáticamente más crédito fiscal que débito.
Según un relevamiento de CREA que el contador citó en la jornada, ese saldo promedia $36.500 por hectárea y en la agricultura extensiva representaría unos US$ 770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26: el equivalente al 7% de todo el gasto en implantación y desarrollo de cultivos de una campaña.
Además, el mecanismo para devolver ese saldo para las inversiones en bienes de capital perdió su capacidad real porque las partidas presupuestarias no se actualizaron: eran $15.000 millones en el 2019 -394 millones US$- y en el 2026 la actualización fue de $30.000 millones -21 millones USD-: se duplicó en pesos pero perdió más del 90% de su poder de compra en dólares.
Proyectado, por ejemplo, contra la inversión en maquinaria agrícola del primer semestre de 2026 ($1.381.300 millones), con lo asignado a la partida, “no se cubre ni un 20% de la totalidad de inmovilización de saldos de IVA”, advirtió Echegaray Ferrer.
A esto se suma el saldo de libre disponibilidad: cuando el productor vende, el comprador le retiene entre el 5% y el 8% del IVA según su “estado de riesgo fiscal” en el sistema SISA, y esa retención recién se reintegra, en el mejor de los casos, a los 75 días. La propuesta fue convertir el saldo técnico en un bono que el productor pueda usar como garantía de crédito, en lugar de mantenerlo congelado y sin uso durante años, en línea con lo que Héctor Huergo ha planteado en Clarín Rural, desde hace tantos años o más que cuando el Presidente empezó a reconocer el “heroísmo” chacarero.
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