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  • Tolosa Paz citó a De la Sota y Schiaretti como modelo para reconstruir el peronismo

    Tolosa Paz citó a De la Sota y Schiaretti como modelo para reconstruir el peronismo

    Victoria Tolosa Paz volvió a poner a Córdoba en el centro de su diagnóstico sobre el futuro del peronismo. En el programa Odisea, de LN+, la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) recuperó la figura del exgobernador José Manuel de la Sota como referencia ineludible para pensar una salida electoral al ciclo que hoy encabeza La Libertad Avanza, y ubicó a Juan Schiaretti como protagonista de esa experiencia.

    La dirigente recordó que De la Sota logró gobernar Córdoba recién en su tercer intento, después de un recorrido que incluyó su paso como embajador argentino en Brasil. Para Tolosa Paz, ese antecedente resume el tipo de construcción política que el justicialismo necesita retomar: una que abandone las etiquetas ideológicas y ofrezca garantías de gestión antes que consignas.

    “Para poder ser nuevamente mayoría en una provincia adversa al peronismo, José Manuel de la Sota no preguntaba de dónde venía cada uno, sino que pedía un compromiso claro sobre hacia dónde iban a ir juntos“, relató la diputada, en referencia a una cita que el propio de la Sota atribuía a Juan Domingo Perón. Con esa frase, Tolosa Paz buscó trasladar al presente un método que, según describió, permitió al peronismo cordobés ampliarse más allá de su núcleo duro y sostenerse en el poder durante casi dos décadas y media.

    Esa síntesis, a la que definió como “orden fiscal con orden social” es, para la legisladora bonaerense, la clave que separa a los gobiernos que logran estabilidad económica sin costo político de los que fracasan en el intento. Citó en ese punto el trabajo de los economistas Martín Rapetti y Pablo Gerchunoff para sostener que la historia argentina reciente muestra un péndulo entre administraciones que priorizan el equilibrio macroeconómico y descuidan la contención social, y otras que hacen lo inverso y terminan por deteriorar las cuentas públicas.

    Una apuesta que ya venía de meses atrás

    El elogio a de la Sota y Schiaretti no es un dato aislado en el discurso reciente de Tolosa Paz. En abril, en una entrevista en Punto a Punto Radio, la diputada ya había planteado que “no hay Argentina posible sin Córdoba” y había pedido dejar de lado las categorías partidarias para sentar en una misma mesa a dirigentes peronistas, socialistas y provincialistas.

    En esa oportunidad, se refirió tanto al gobernador Martín Llaryora como al propio Schiaretti -históricamente esquivo a cualquier acercamiento con el kirchnerismo- como dirigentes con capacidad de proyección nacional.

    En la charla con el periodista Carlos Pagni, la legisladora reforzó esa idea con una definición más amplia sobre el rol productivo del centro del país: “No hay proyecto de Argentina sin Córdoba, sin Entre Ríos, sin Santa Fe y sin Mendoza. Ese centro de la Argentina no es una escala en el camino a la salida: es en el centro productivo e industrial donde está la salida”, sostuvo, en lo que funcionó como una extensión directa del homenaje al esquema que supo construir de la Sota.

    Crítica a la falta de conducción y a Milei

    El repaso por la experiencia cordobesa se dio en el marco de una entrevista más extensa, en la que Tolosa Paz volvió a insistir en que el peronismo atraviesa una crisis de liderazgo. “La conducción no se hereda ni se declama. El peronismo necesita una conducción vertical, con un liderazgo claro, y hoy hay tantos liderazgos como peronismos”, planteó, en alusión a la dispersión de referencias entre gobernadores como Axel Kicillof, Ricardo Quintela o Sergio Zilotto.

    También fue autocrítica con el balance del Frente de Todos, al que responsabilizó por el desorden político y económico que, según su lectura, allanó el camino para el ascenso de Javier Milei.

  • Advierten que “El Niño” ya está presente y alertaron que lo peor se manifestará desde la primavera al verano

    Advierten que “El Niño” ya está presente y alertaron que lo peor se manifestará desde la primavera al verano

    La ciudad de Paraná fue sede de un nuevo encuentro de autoridades por el Plan Nacional de Coordinación Federal ENOS 2026-2027. Estuvo presidido por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y contó con representantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Defensa Civil de Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se sumaron referentes del Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Salud, Agricultura, fuerzas federales y Fuerzas Armadas.

    Durante la apertura, el mandatario destacó la importancia de anticiparse a los eventos climáticos. De la misma manera, valoró la planificación conjunta entre Nación, las provincias y los municipios. En ese sentido, remarcó que la coordinación permite fortalecer las capacidades de respuesta. De ese modo, es posible proteger a la población y reducir el impacto sobre los sectores productivos ante situaciones de emergencia, aseveró.

    Por su parte, Santiago Hardie, titular de la AFE, señaló al finalizar el encuentro que la región “ya está transitando el fenómeno de El Niño”. “Está sucediendo. Hay que tomar las prevenciones necesarias, hay que cuidarse y respetar las indicaciones de las autoridades”, consignó el funcionario nacional.

    Este efecto climático surge a partir del calentamiento del Pacífico ecuatorial, que altera el clima global. En Sudamérica se manifiesta con lluvias e inundaciones. Su aparición es irregular. Puede producirse en lapsos de 2 a 7 años o, con mayor frecuencia, entre 3 y 5.

    No solo afecta a las poblaciones humanas, sino también a los cultivos y a la ganadería de toda la región. El exceso de agua puede perjudicar algunas plantaciones. Y las inundaciones obligarán a sacar el ganado vacuno que engorda en las islas del Delta.

    Entre Río - Cumbre por El NIño

    El funcionario advirtió luego que el período más complicado “será a partir de la primavera y hasta fines del verano”.

    La Nación y las provincias del Litoral y del NEA, que suelen ser las más afectadas por “El Niño”, vienen coordinando tareas desde hace tiempo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó uno en Resistencia semanas atrás. El encuentro en Paraná fue el cuarto. El objetivo, explicó Hardie, es “coordinar y anticipar escenarios, en forma conjunta con las provincias, para poder dar una mejor respuesta”.

    Con ese fin, “lo primero es tener una idea más clara de cómo va evolucionando el fenómeno. Y que esta situación nos encuentre coordinados y articulados, con una lógica de comando unificado para poder, a partir de la anticipación de los escenarios, dar una respuesta más eficiente”.

    Esta conjunción de esfuerzos entre el Estado federal, las provincias y los municipios permitirá que cada estamento “sepa lo que le toca hacer frente a una emergencia y quién dirige la respuesta”, explicó el titular de la AFE.

    Luego, remarcó que toda la cuenca del Río de la Plata sufrirá el impacto del fenómeno. El área abarca no solo el tramo frente a Buenos Aires, sino también los afluentes que lo forman. Entre ellos se cuentan los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay como principales y el Bermejo y el Pilcomayo (secundarios).

    Entre puntos geográficos que, por antecedentes, podrían ser los más complejos, mencionó las localidades de Concordia (Entre Ríos) y San Luis del Palmar (Corrientes) y los bajos submeridionales en Santa Fe.

    Un campo agrícola seco y agrietado ocupa el primer plano, mientras una nube de tormenta oscura con lluvia intensa domina el cielo distante.

    Hardie, junto al subdirector Ejecutivo de la AFE, Ignacio Cabello, fue el encargado de presentar el Plan de Coordinación Federal 2026-2027. Esta es la estrategia que desarrolló el Gobierno argentino para generar una articulación operativa que permita mitigar los efectos de “El Niño”.

    Durante la jornada también se pudieron conocer las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional del Agua. El director del SMN, Pedro Di Nezio, expuso sobre las características del fenómeno y los avances científicos alcanzados en las últimas décadas para mejorar la anticipación climática. Los equipos técnicos del organismo presentaron proyecciones sobre el impacto potencial en la región. Además, se abordaron recomendaciones para el sector agropecuario y protocolos de salud y respuesta sanitaria ante contingencias.

    Finalmente, las provincias participantes expusieron sus situaciones particulares y capacidades operativas. La instancia permitió avanzar en una estrategia común de prevención y respuesta.

  • ¿Quiénes son los empresarios que se quedaron con casi 4.000 kilómetros de rutas por 20 años?

    ¿Quiénes son los empresarios que se quedaron con casi 4.000 kilómetros de rutas por 20 años?

    El Gobierno completó la primera Red Federal de Concesiones con la adjudicación de los últimos ocho corredores viales. Esta tercera etapa abarca casi 4.000 kilómetros y eleva a cerca de 9.000 kilómetros el total de rutas entregadas para su administración, mantenimiento y explotación privada durante los próximos 20 años.

    Entre los ganadores aparecen apellidos históricos de la obra pública, firmas vinculadas con antiguos y actuales funcionarios, un grupo de origen financiero y constructoras regionales. La licitación se definió por la menor tarifa de peaje ofertada para un automóvil cada 100 kilómetros, expresada sin IVA y a valores de julio de 2025.

    El tramo Centro, el más extenso, quedó para la unión integrada por AFEMA, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta. Comprende 681,92 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 en Santa Fe y Córdoba, incluida la autopista Rosario-Córdoba. El consorcio presentó la tarifa más baja de esta etapa: $ 1.399 sin IVA. Guido Mogetta es la empresa fundada por el padre del exsecretario de Transporte de Javier Milei, Franco Mogetta.

    José Cartellone Construcciones Civiles se quedó con el tramo Centro Norte: 536,43 kilómetros de la ruta 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero, por una tarifa de $ 2.175 sin IVA. Es uno de los apellidos tradicionales de la obra pública argentina, involucrada en la causa Cuadernos y con más de un siglo de trayectoria en rutas, represas, energía y saneamiento.

    El desembarco más novedoso es el de IEB Construcciones, que junto con Trading MRG ganó el tramo Mesopotámico. Son 276,11 kilómetros de las rutas 12 y 18 en Entre Ríos, entre Paraná y Concepción del Uruguay, con una tarifa de $3.564,99 sin IVA, la más elevada de la etapa. La firma nació tras la compra que en 2024 realizó el grupo financiero Invertir En Bolsa (IEB) de la constructora Dycasa.

    Autovía Construcciones y Servicios, VAPEU y Guigivan administrarán el tramo Noroeste, de 596,52 kilómetros, sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero con un peaje cotizado a $2.285 sin IVA. Autovía había ganado el tramo Oriental de la Etapa I, que comprende otros 682 kilómetros de las rutas 12 y 14 y sus conexiones con Brasil y Uruguay.

    El tramo Litoral fue adjudicado a JCR y Néstor Julio Guerechet, que ofrecieron una tarifa de $2.876,04 sin IVA para operar 546,74 kilómetros de las rutas 12 y 16 en Corrientes y Chaco. JCR fue creada por Juan Carlos Relats y llegó a formar un conglomerado con intereses en obra pública, hoteles, casinos, petróleo y actividad agropecuaria.

    Carlos E. Enriquez y HORMI se adjudicaron el tramo Noreste, compuesto por 456,22 kilómetros de las rutas 12 y 105 entre Corrientes y Misiones, incluido el corredor que conduce hacia Puerto Iguazú..

    José Eleuterio Pitón, Rovial y Obring ganaron el tramo Chaco-Santa Fe, de 497,18 kilómetros sobre la ruta nacional 11, con una tarifa de $3.520 sin IVA. Las tres constructoras ya integran, junto con Edeca y Pietroboni, el consorcio que obtuvo el tramo Conexión de la Etapa I, correspondiente al puente Rosario-Victoria.

    Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur se quedaron con el tramo Cuyo, que comprende 329,09 kilómetros de la ruta 7 en Mendoza, desde Desaguadero hasta Puente del Inca y la conexión con Chile.

    Con esta resolución, el Gobierno cerró la primera red de concesiones: 16 tramos distribuidos en cuatro etapas y cerca de 9.000 kilómetros que pasarán de la estatal Corredores Viales a concesionarios privados.

  • Bullrich busca consenso con ministros provinciales para destrabar la reforma de la ley de Salud Mental

    Bullrich busca consenso con ministros provinciales para destrabar la reforma de la ley de Salud Mental

    La presidenta del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con ministros provinciales de salud y funcionarios nacionales para poder alcanzar un consenso sobre el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como puntos centrales la autorización de  las internaciones “involuntarias” y la  incorporación a las adicciones a las drogas como una enfermedad de salud mental.

    Bullrich junto a la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, se reunió por Zoom con los ministros de salud de la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos; Santa Fe; Mendoza; Corrientes; Chubut; Chaco y Jujuy.

    Indicaron que este martes a la mañana mantendrá encuentros con los ministros de salud de Salta; Santa Cruz; Río Negro; Tucumán; San Juan; San Luis; Neuquén y Misiones y a la tarde con los ministros de Buenos Aires,  Tierra del Fuego; Formosa; Santiago del Estero; La Pampa; Córdoba; Catamarca y de La Rioja.

    Bullrich destacó la necesidad de actualizar una ley que presenta “dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves”, ya que “la salud mental no puede seguir esperando”.

    Sostuvo que el objetivo de la reforma es “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminan en tragedias”.

    El Gobierno envió el 18 de abril el proyecto al Senado y tras dos reuniones informativas, realizadas el 28 de abril y el 12 de mayo, aún no se pudo alcanzar un acuerdo político entre todos los bloques, que están proponiendo diversos cambios al proyecto del Gobierno.

    En ese contexto, Bullrich llevó a cabo este lunes reuniones con los responsables de los ministerios de Salud para intentar destrabar el proyecto de reforma de salud mental.

    PROPUESTAS DE REFORMA

    Entre los cambios que se analiza establecer que en los casos de internación involuntaria se deberán requerir la firma de dos profesionales, de los cuales uno debe ser médico y en lo posible psiquiatra, en lugar de fijar  que solo lo podía hacer un psiquiatra como se establecía en el proyecto del Gobierno.

    Se mantendría que solo se podrán concretar las internaciones involuntarias  “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”  y en los casos excepcionales se ampliará el plazo de 48 horas para especificar los motivos de la decisión a la justicia.

    Otro punto que se podría agregar es establecer un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación y tener una notificación con anticipación al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso.

    También se evalúa incorporar un  artículo específico referido a consumo problemático de sustancias de menores donde se establecerá que deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil.

    Otro punto que se analiza es mantener la prohibición de  la creación de manicomios y la internación crónica por problemática de salud mental y se eliminan los artículos referidos a la ley 26.827 sobre Comité de Tortura.

  • Senado. Bullrich busca consenso en ministros provinciales para avanzar con cambios a la ley de Salud Mental

    Senado. Bullrich busca consenso en ministros provinciales para avanzar con cambios a la ley de Salud Mental

    Con el objetivo de acelerar la firma del dictamen de comisión del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), encabezó este lunes el primero de una serie de reuniones con ministros de salud de las provincias, nucleados en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

    El acercamiento con los funcionarios busca destrabar y agilizar el consenso parlamentario para un proyecto que ha generado un importante debate y gran expectativa en el ámbito sanitario nacional.

    En el encuentro de esta tarde también participó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien se sumó al encuentro virtual en el que tomaron parte con los jefes de las carteras sanitarias de la Capital Federal, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

    La ronda de consultas continuará este martes por la mañana con representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones.

    Ese mismo martes, por la tarde, Bullrich terminará la búsqueda de puntos de acuerdo para modificar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con los ministros de Salud de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

    La reforma de la ley de Salud Mental fue girada por el gobierno de Javier Milei a mediados de abril último y ya fue debatido, con la presencia de una gran cantidad de expositores, en dos reuniones de un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General por el que desfilaron más de 70 especialistas y profesionales invitados a dar su punto de vista sobre la iniciativa.

    En la últimas semanas, el proyecto continuó debatiéndose al nivel de asesores y senadores en la búsqueda de una redacción que consiguiera el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas con representación en el Senado.

    A partir de esa discusión fueron incorporándose modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo, hasta que se alcanzó un borrador de dictamen, que es el texto que el oficialismo busca terminar de acordar con los ministros de salud provinciales.

    Entre las modificaciones realizadas hasta el momento figuran medidas de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, así como la definición de un “piso federal obligatorio” de derechos que ningún distrito podrá perforar.

    Asimismo, se adoptan formalmente las denominadas Reglas Nelson Mandela como lineamientos esenciales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad en el ámbito de las políticas públicas de salud mental.

    Otro de los cambios acordados es la delimitación de las adicciones dentro de la salud mental, precisando de forma directa la relación entre este ámbito y el consumo problemático de sustancias, el cual pasa a formar parte de los tratamientos formales.

    En este sentido, se reflota el concepto de “padecimiento” dentro del marco legal y se incorpora la figura de las directivas anticipadas dentro de la Ley de Derechos del Paciente, permitiendo que cualquier persona exprese su consentimiento o rechazo a tratamientos por adelantado.

    En lo que respecta a la modalidad de abordaje, el proyecto determina que los equipos interdisciplinarios se conformarán atendiendo a la disponibilidad de recursos humanos específicos de cada jurisdicción. Además, se reconoce la consulta por canales virtuales como una herramienta válida para ampliar la cobertura territorial y asegurar el acceso a la atención en zonas remotas.

    En cuanto al régimen de internaciones, se impulsan importantes modificaciones, como la exigencia de la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno obligatoriamente debe ser médico, preferentemente psiquiatra. Esto regirá tanto para internaciones voluntarias como involuntarias, limitando estas últimas a situaciones de riesgo grave de daño para sí mismo o para terceros.

    Para las internaciones excepcionales, se prevé la intervención asincrónica del médico psiquiatra en un plazo de 48 horas y se agrega la exigencia de un “Plan de Egreso” desde el mismo momento del diagnóstico. Al respecto, se fijan límites temporales a las internaciones prolongadas que superen los 180 días corridos y se exige notificar el alta con anticipación razonable a los parientes o representantes legales.

    El tratamiento de la niñez y adolescencia tendrá un artículo enfocado en el consumo problemático de sustancias en menores de edad. Los tratamientos serán guiados por equipos con formación infanto-juvenil y en dispositivos físicamente separados de los adultos. Se dispone, además, la coordinación entre las provincias y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

    Por último, el proyecto ratifica la prohibición absoluta de crear nuevos manicomios o de sostener internaciones crónicas bajo el modelo asilar, apostando en su lugar por habilitaciones de establecimientos especializados respetuosos de la dignidad del paciente.

  • Salud mental: libertarios modifican el texto original y Bullrich busca convencer a ministros provinciales

    Salud mental: libertarios modifican el texto original y Bullrich busca convencer a ministros provinciales

    La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, ya tiene en la mira un proyecto del Gobierno que, a diferencia de otros, podría traer novedades. Es el de salud mental: tras ser resistido al inicio por el kirchnerismo y observado en algunos distritos, la porteña se reunió hoy -y continuará mañana- con los ministros provinciales del área para sondear las opiniones en todo el país y anunciar los cambios que se le aplicaron al articulado original, con el fin de sumar la mayor cantidad de voluntades.

    El proyecto es analizado por las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta. Algunos de sus representantes participaron junto a Bullrich y el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, en cónclaves realizados hoy por zoom con los titulares de dicha cartera de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

    Los tres libertarios continuarán mañana con los ministros de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones, mientras que por la tarde será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja. Todos están nucleados en el Consejo Federal de Salud (COFESA). A fines de julio pasado, Infobae publicó el primer semáforo que utilizó el Gobierno para saber los puntos con consenso y los más complicados de negociar.

    Para la sección de derechos y garantías se incorporarían acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria. A partir de ese piso, cada provincia podría subir la vara. También habría mejores precisiones en cuanto a consumo de sustancias y en los diagnósticos, junto con la restitución del concepto de “padecimiento”. En tanto, se detalló la modalidad de “teleconsulta” como herramienta para ampliar la cobertura territorial, así como la integración del equipo “interdisciplinario” y el consentimiento o rechazo de tratamientos por adelantado.

    Senadores - Casa Rosada - Manuel Adorni - Mario Lugones

    Para la internación, se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser médico. A modo preferencial, un psiquiatra. En cuanto a internación involuntaria, la misma tendrá luz verde ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros. Para las excepcionales, se admite la intervención asincrónica del psiquiatra en un plazo ampliado a 48 horas. También, se añade en el plan un límite de 180 días corridos -o acumulados en dos años por repetición de internaciones- y se regula el alta con notificación anticipada a familiares o representantes legales.

    En otro tramo del borrador se reformulan los derechos de los familiares a recibir información y orientación: se establece un deber de cuidado con definición precisa de “pariente” y se garantiza un respaldo estatal para quienes carecen de red familiar. Luego del alta, se prevén hasta seis meses de tratamiento ambulatorio con seguimiento judicial cada 30 días, de carácter obligatorio.

    Sobre poblaciones específicas y controles, el texto incorpora un artículo dedicado a niños y adolescentes con consumo problemático de sustancias, que incluye equipos especializados. Por otra parte, se prohíbe de forma expresa la creación de manicomios y la internación crónica; y se regulan las inspecciones con protocolos de dignidad y confidencialidad.

    Este medio contó, semanas atrás, que LLA escaneó la potencial voluntad de acompañamiento unánime -cambios mediante-, en un tema que suele ser delicado, para que la ley pase a Diputados con el mayor apoyo posible. Tras algunos contactos con el kirchnerismo, el oficialismo entendió que no había acuerdo cercano y ahora busca un guiño total de sus aliados. No obstante, Bullrich y Lugones se ocupan por estas horas se resumir a todos los ministros de salud provinciales las modificaciones realizadas como último paso antes de ir por la firma de un dictamen.

  • El Gobierno adjudicó 8 tramos de rutas 
nacionales por un plazo de 20 años

    El Gobierno adjudicó 8 tramos de rutas nacionales por un plazo de 20 años

    El Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones – Etapa III.

    El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

    Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

    En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

    Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

    1. Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
    2. Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
    3. Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
    4. Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
    5. Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
    6. Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
    7. Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520
    8. Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

    La Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta presentada por el consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Además, se desestimaron ofertas de peso, entre las que se destaca la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los ocho tramos de la licitación.

    Asimismo, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, los cuales limitan la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse individualmente para fomentar la competencia.

    Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.

    El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

    Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.

  • Ocho tramos Se completó la adjudicación de 3.920 km de rutas por peaje: los consorcios ganadores

    Ocho tramos Se completó la adjudicación de 3.920 km de rutas por peaje: los consorcios ganadores

    El Ministerio de Economía dio a conocer los consorcios a los que se adjudicaron las obras de mantenimiento por peaje de los ocho tramos que integran la tercera y última etapa de la Red Federal de Concesiones, con lo que completó la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

    Los adjudicatarios de los tramos  Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que en total suman 3.920,21 kilómetros, están detallados en la resolución 1379/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.

    Las adjudicaciones de los tres tramos de la Red Federal de Concesiones se realizan en el marco de la política del presidente Javier Milei de transferir al sector privado la realización de la mayor parte de las obras que con anterioridad llevaba a cabo el Estado.

    Seguridad vial y costos logísticos

    Asimismo, tienen lugar en medio de varios reclamos de provincias, transportistas y entidades de defensa del usuario sobre el estado de las rutas nacionales, que presentan un nivel de deterioro con consecuencias tanto en la seguridad vial como en los costos logísticos de las empresas, en un país donde dos tercios del total de las mercaderías se traslada por medio de camiones.

    La culminación del proceso licitatorio había sido anunciada el viernes 21 de agosto en sendos posteos por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes destacaron respectivamente que representa “más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos” y que de esa manera “queda completa la transferencia al sector privado de la red troncal de rutas nacionales, un paso imprescindible para la producción y la seguridad vial”.

    Los tramos adjudicados

    Los tramos fueron licitados para la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”, de acuerdo con lo indicado en el primer artículo de la resolución.

    Los recorridos atraviesan once provincias: Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.  

    El detalle de los adjudicados en el primer orden de mérito (ante eventuales desistimientos, la resolución también precisa los ubicados en segundo término) son los siguientes:

    •  Tramo Centro (rutas 9, 19 y 34; 681,92 km en Santa Fe y Córdoba): Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A, ofertó $1.399.
    • Tramo Centro Norte (ruta 34; 536,43 km en Santiago del Estero y Santa Fe): José Cartellone Construcciones Civiles S.A., ofertó $2.175.
    • Tramo Mespotámico (rutas 18 y 12; 276,11 km en Entre Ríos): IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U, ofertó $3.564,99.
    • Tramo Noroeste (rutas 9, 34, 66 1V66 y AO16; 596,52 km en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero): Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., ofertó $2.285.
    • Tramo Litoral (rutas 12 y 16; 546,74 km en Chaco y Corrientes): JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., ofertó $2.876,04.
    • Tramo Noreste (rutas 12 y 105; 456,22 km en Misiones y Corrientes): Carlos E. Enriquez S.A. – Hormi S.A., ofertó $2.950.
    • Tramo Chaco-Santa Fe (ruta 11; 497,18 km en las dos provincias): José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., ofertó $3.520.
    • Tramo Cuyo (ruta 7; 329,09 en Mendoza): Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., ofertó $3.090,2462.

    Todas las ofertas son sin IVA y por un plazo de 20 años.

    En un comunicado, Economía recordó que “este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional”.

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  • El Gobierno privatiza las rutas y se queda con el impuesto a los combustibles

    El Gobierno privatiza las rutas y se queda con el impuesto a los combustibles

    El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

    Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

    En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

    Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

    • Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
    • Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
    • Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
    • Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
    • Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
    • Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
    • Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $3.520
    • Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

    La ley que Caputo ignora

    El ICL tiene una afectación específica establecida por normativa: un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales a través de Vialidad Nacional. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Economía retiene esos fondos sin ejecutarlos en obra pública vial. Ya acumula $ 1,4 billones inmovilizados. El desvío no es una omisión administrativa: es una política deliberada que consolida el superávit fiscal con dinero que legalmente no le pertenece al Tesoro.

    Cuando se lo consultó por esta situación, el vocero presidencial Adrián Ravier no cuestionó la retención sino que la justificó: sostuvo que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”. La declaración equivale a reconocer que el Gobierno optó por reemplazar la inversión pública garantizada por ley con concesiones privadas que los propios usuarios solventarán a través de peajes.

    Las consecuencias de la desinversión trascienden los siniestros viales. Si se considera que hoy circulan por la red nacional 128 millones de toneladas de carga y que las proyecciones para 2035 estiman un volumen de 194 millones de toneladas, el deterioro de la infraestructura vial implica un costo creciente sobre toda la cadena productiva: encarece el transporte, frena la competitividad y compromete el abastecimiento de insumos críticos para sectores que el propio Gobierno exhibe como motor del crecimiento. La retención del ICL no es solo una irregularidad legal: es un ajuste que recae sobre la infraestructura común para sostener un superávit que la propia deuda externa hace insostenible.


  • El Gobierno adjudicó ocho corredores viales de casi 4.000 kms y avanza con la concesión de rutas nacionales por 20 años

    El Gobierno adjudicó ocho corredores viales de casi 4.000 kms y avanza con la concesión de rutas nacionales por 20 años

    El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales a operadores privados por un plazo de 20 años, como parte de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. La decisión quedó establecida en la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La norma lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había anticipado la adjudicación la semana pasada. Según detalló el funcionario, esta etapa comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en ocho corredores y con inversión privada.

    Privatización de rutas: el Gobierno adjudicó ocho corredores viales por 20 años

    El sector privado realizará la operación y el mantenimiento de las trazas viales sin erogaciones del Estado Nacional“, sostuvo el Gobierno al comunicar la adjudicación. Los trazados incluidos atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza. Los corredores fueron organizados en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

    La concesión contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de nuevas actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales. Todo se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

    En cuanto a las adjudicaciones, el Tramo Centro fue asignado a AFEMA S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., con una tarifa de $1.399 sin IVA. El Tramo Centro Norte quedó a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., por $2.175 sin IVA, mientras que el Tramo Mesopotámico fue adjudicado a IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., por $3.564,99 sin IVA.

    Para el Tramo Noroeste, la oferta seleccionada correspondió a Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por $2.285 sin IVA. En el Tramo Litoral resultó ganadora la propuesta de JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., por $2.876,04 sin IVA, mientras que el Tramo Noreste fue adjudicado a Carlos E. Enriquez S.A. – Hormi S.A., por $2.950 sin IVA.

    El Tramo Chaco-Santa Fe quedó en manos de José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por $3.520 sin IVA. En tanto, el Tramo Cuyo fue otorgado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., por $3.090,2462 sin IVA. Todos los contratos tendrán una vigencia de 20 años.

    La resolución también detalló las propuestas que fueron consideradas inadmisibles y luego rechazadas. Entre ellas figuran las presentadas por Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste.

    También fueron desestimadas las ofertas de INMAC S.A. – Tecnoedil S.A. Constructora – Rowing S.A. para los tramos Centro Norte y Noreste. La UTE había reconocido, luego de la apertura de los sobres económicos, la existencia de errores en sus propuestas. La Comisión Evaluadora consideró que esa situación comprometía la seriedad e inalterabilidad de las ofertas económicas y recomendó su exclusión.

    Además, fueron rechazadas las presentaciones de CPC S.A. en los tramos en los que participó, junto con propuestas específicas de Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Guigivan S.R.L. y de José Cartellone para el Tramo Noreste.

    El proceso de privatización de los corredores viales comenzó con el Decreto 97/2025, dictado en febrero del año pasado, que autorizó la privatización total de Corredores Viales S.A. y habilitó al Ministerio de Economía a avanzar con las licitaciones. La primera etapa, correspondiente a la precalificación de los oferentes, fue aprobada en julio de 2026.

    De acuerdo con la resolución, el dictamen de evaluación de las ofertas económicas no recibió impugnaciones dentro de los plazos establecidos en los pliegos.

    Con la adjudicación de esta tercera etapa, el Gobierno sostiene que completó la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos estratégicos. Según había señalado Caputo, por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito nacional y la previsión oficial es que los 16 tramos estén “todos en obra” a partir de fines de septiembre.

    Los ocho corredores adjudicados

    La medida alcanza a ocho corredores: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Las concesiones tendrán una duración de 20 años.

    • Para el Tramo Centro, la concesión quedó en manos de AFEMA S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 más IVA.
    • El Tramo Centro Norte fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa de $2.175 más IVA.
    • En el Tramo Mesopotámico, el ganador fue IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99 más IVA.
    • El Tramo Noroeste quedó para Autovía Construcciones y Servicios S.A. – VAPEU S.R.L. – GUIGIVAN S.R.L., que ofertó $2.285 más IVA.
    • Para el Tramo Litoral, la adjudicación fue para JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $2.876,04 más IVA.
    • El Tramo Noreste será operado por Carlos E. Enriquez S.A. – HORMI S.A., que ofertó $2.950 más IVA.
    • En el Tramo Chaco-Santa Fe, la concesión quedó en manos de José Eleuterio Pitón S.A. – ROVIAL S.A. – OBRING S.A., con una tarifa de $3.520 más IVA.
    • Finalmente, el Tramo Cuyo fue adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – GREEN S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462 más IVA.

    El Gobierno busca ampliar el esquema a 9.000 kilómetros

    La Etapa III representa otro avance dentro de un programa más amplio: la Red Federal de Concesiones prevé incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, por las que circula aproximadamente el 80% del tránsito del país, según informó el Gobierno.

    El Ejecutivo también remarcó que el nuevo modelo no contará con subsidios del sector público. “El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público”, señaló el comunicado oficial, que planteó como objetivo abandonar “esquemas deficitarios” y avanzar hacia un sistema orientado a mejorar la calidad de la red vial.

    El control de los contratos quedará a cargo de Vialidad Nacional, que supervisará su cumplimiento bajo un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y niveles adecuados de servicio para los usuarios. La adjudicación de esta tercera etapa se suma a las anteriores licitaciones de la Red Federal de Concesiones y constituye uno de los principales pasos del Gobierno en su estrategia de reducir la participación directa del Estado en la operación y mantenimiento de la infraestructura vial.