El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este jueves al mediodía a los gobernadores de la Región Centro para avanzar en un esquema de refinanciación de deudas por el costo de la energía eléctrica, en el marco de las negociaciones que el Gobierno lleva adelante para destrabar el proyecto de Zonas Frías y Zonas Cálidas en el Senado.
Del encuentro, que comenzó a las 12:00 y duró poco menos de dos horas, participaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martin Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tres de las provincias más involucradas en la discusión.
Puntualmente, además de la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica, que era un asunto que les preocupaba a los invitados, “El Colo” también conversó con ellos sobre proyectos relacionados con la red vial.
Además, la reunión se dio en un contexto de fuerte acercamiento que el ministro coordinador viene teniendo con diferentes aliados y referentes de la oposición “dialoguista”, que comenzó cuando asumió en su nuevo cargo.
En este caso, Santilli estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete de Interior, Gustavo Coria, que colabora en la relación con los gobernadores, mientras que Llaryora llegó junto a su jefe de Gabinete, Manuel Calvo.
La discusión por Zonas Frías y Zonas Cálidas combina dos frentes: el impacto que tendría el recorte de subsidios al gas en provincias del centro del país y la necesidad de ordenar pasivos con CAMMESA antes de que el sistema entre en una cesación de pagos masiva.
Tanto Entre Ríos, como Santa Fe y Córdoba quedarían afectadas por esa medida que impulsa el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y que implicaría para los usuarios residenciales subas de entre 40% y 100% en las boletas domiciliarias, también en el sur del país.
Frente a ese escenario, los gobernadores buscan amortiguar el traslado a los hogares con planes de pago financiados y con herramientas para regularizar deudas del sistema eléctrico.
Uno de los puntos centrales de la negociación es la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. El proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados también prevé un mecanismo de compensación cruzada para que las distribuidoras cancelen total o parcialmente sus obligaciones con CAMMESA mediante créditos reconocidos por años de tarifas congeladas.
La lógica del esquema es que el Estado reconozca los ingresos que las distribuidoras dejaron de percibir durante el congelamiento tarifario, cuando no se aplicaron los ajustes previstos en los contratos de concesión. A cambio, las empresas deberían renunciar a cualquier reclamo judicial o administrativo vinculado con ese congelamiento histórico.
En ese tramo del debate, Entre Ríos se sumó al reclamo por planes de refinanciación locales, porque la deuda eléctrica con CAMMESA y el peso de los costos mayoristas presionan sobre distribuidoras provinciales como ENERSA.
Durante el tratamiento en Diputados se incorporó un párrafo que extiende ese beneficio a distribuidoras provinciales. Esa modificación ya le permitió, por ejemplo, a Corrientes empezar a discutir la condonación de una deuda de $60.000 millones que la DPEC arrastra desde 2019, cuando la provincia dejó de pagarle a CAMMESA en reclamo por regalías de Yacyretá y Salto Grande.
El Gobierno intenta reordenar apoyos en el Senado, después de que Santilli y Caputo alcanzaran un principio de acuerdo con gobernadores del Norte para que sus provincias queden por fuera del régimen de Zonas Frías a cambio de crear, por resolución, un subsidio específico para las Zonas Cálidas.
Ese esquema busca asistir a esa región, que atraviesa calor extremo y ve disparado el consumo eléctrico durante el verano. El entendimiento, de todos modos, abrió tensiones dentro del oficialismo en la Cámara alta.
Una de las resistencias relevantes en esa negociación es la del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien considera que su provincia resultaría perjudicada por el fin del régimen de Zonas Frías.
En paralelo, sobre la mesa también quedó el traspaso de rutas nacionales a las provincias. La propuesta forma parte de la estrategia de la Nación frente al freno total de la obra pública y apunta a que los distritos asuman la reparación y el mantenimiento de las calzadas; ya se firmaron convenios con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro.
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