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  • Entre Ríos: un intendente debió pagar un bono alimentario para completar los sueldos municipales

    Entre Ríos: un intendente debió pagar un bono alimentario para completar los sueldos municipales

    El intendente de la localidad entrerriana de Sauce de Luna, Alcides Alderete (PJ), decidió reemplazar un bono no remunerativo de $ 30.000, el cual se abonaba como complemento salarial a los empleados municipales, por un “bono alimentario” de $ 50.000, en medio de problemas de liquidez en las arcas de la municipalidad.

    El sueldo no se toca, tampoco parte del sueldo se transforma en mercadería, sino que se entregará un bono extraordinario de 50 mil pesos”, explicó Alderete en declaraciones a Radio Integración de Federal.

    Según publicó el portal Entre Ríos Ahora, el jefe comunal precisó que el salario de los empleados “no sufrió modificaciones”. De esta manera, Alderete reemplazó un bono no remunerativo de $ 30.000 que pagaba como complemento de los salarios por una especie de “ticket canasta” de $ 50.000.

    “Después de idas y vueltas con el sindicato en paritarias, les conté de la situación, que estábamos muy ajustados, y les aclaré que ese bono era para el mes de febrero, por lo que les propuse para marzo juntar ese valor con otro de $ 20 mil”, puntualizó.

    Al justificar su decisión, el intendente argumentó: “No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en lo que es la coparticipación y en los ATN para las provincias y los municipios. Nada de eso se está dando. Es un bono en comestibles para palear la situación actual, siempre con la ilusión de que esta situación actual mejore”.

    “Nosotros siempre le damos prioridad a los empleados en el cobro de sueldos, acompañando siempre con aumentos que van acorde a la inflación, y esto no es un recorte, no es un ajuste, sino una manera concreta de ayudar a nuestros trabajadores, que hoy no la están pasando bien, como no la pasamos bien los entrerrianos, los argentinos”, subrayó.

    El bono, que los trabajadores pueden canjearlo por alimentos en comercios de Sauce de Luna, alcanza de momento a 165 empleados, según explicó el intendente al portal entrerriano, quienes son personal contratado que dictan talleres de capacitaciones laboral, deporte y cultura.

    Alderete sostuvo que el municipio tiene 60 empleados de planta permanente, con un gasto salarial de $48 millones. Además, 58 jornalizados, que demandan $38 millones; 14 con contratos de servicios y que suponen una erogación de $7 millones; y 35 contratos de obra, con un costo de $12 millones. A eso, se suman los sueldos del Ejecutivo, $10 millones; y del Concejo Deliberante, $7 millones.

    “No llegamos a pagar todos, y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, graficó el intendente, quien aclaró que en su gestión “no hay un desfase económico” ni un “sobregasto en ningún área”.

    Alderete solicitó asistencia financiera al gobierno de Entre Ríos y aguarda una respuesta que “sea positiva”

    En diálogo con Radio Plaza, el jefe comunal indicó que el municipio depende en gran medida de los fondos de coparticipación, ya que recaudación propia es baja. “He visto también que se han reunido en Colón intendentes vecinalistas por el mismo tema, y he hablado con otros intendentes de Juntos que están también preocupados porque los municipios chicos hemos sido muy afectados con esta caída de fondos“, puntualizó.

    Consultado por la recaudación de Sauce de Luna, el intendente graficó: “Imagínese que lo que recauda mi municipio es alrededor del valor de 2000 litros de gasoil. Y eso no alcanza para cubrir los servicios esenciales, con eso le digo todo”.

    En ese marco, Alderete confirmó que solicitó asistencia financiera al gobierno de Entre Ríos, comandado por Rogelio Frigerio, y aseguró que aguarda una respuesta que “sea positiva”.

    “El gobernador ha entendido que está difícil para los municipios chicos y que Sauce de Luna no es una excepción. Hay varios municipios más, no solo los justicialistas, los que tenemos problemas”, sentenció.

  • Municipio de Sauce de Luna: pagaron sueldos con tickets para comida

    Municipio de Sauce de Luna: pagaron sueldos con tickets para comida

    La Intendencia de Sauce de Luna, en la provincia de Entre Ríos, tuvo que pagar parte de los sueldos municipales con un vale alimentario. Ante la falta de liquidez, el método de pago a los empleados tuvo que ser sustituido.

    En una investigación realizada por La Nación, el intendente peronista Alcides Alderete confirmó que, por la falta de fondos en la caja municipal, entregó un ticket canasta de $50.000. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, dijo al medio.

    El intendente del pueblo entrerriano había aumentado los sueldos municipales en un 300%, justificando que estaban muy bajos y que, cuando asumió, la localidad era “la Franja de Gaza”.

    “Esta es una ciudad muy pobre, no hay actividad privada. El que no trabaja en el colegio, la policía o el hospital es empleado municipal. No hay salida laboral”, explicó el intendente.

    Sauce de Luna recibe alrededor de $167 millones por mes, entre coparticipación nacional y provincial. Según el mandatario, con esa suma paga los salarios de 60 empleados, 58 jornalizados y otros trabajadores contratados, además de la obra social, la caja jubilatoria y los seguros de riesgo de trabajo.

    A esto se suma que, según reconoció Alderete, el municipio tiene cuentas embargadas por juicios pendientes heredados de gestiones anteriores, lo que agrava la crisis financiera.

    Un municipio debió entregar tickets para comida para poder completar los sueldos 20260410

    Según se supo, en una reunión gremial días atrás, ya había adelantado que la coparticipación venía baja. Además, reclamó que el 94% de la población no paga el impuesto municipal. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, reiteró.

    En ese contexto, propuso que el bono no remunerativo de $30.000, que se pagaba junto al sueldo, fuera reemplazado este mes por un vale alimentario de $50.000. “Es un paliativo; tengo la esperanza de que mejore el mes que viene”, explicó.

    Alderete afirmó que hubo “muy buena recepción” de las autoridades provinciales, especialmente del gobernador de Rogelio Frigerio, con quien dijo tener buen diálogo y “buena voluntad”.

    “No es culpa del gobernador; el Presidente no responde a las necesidades de la gente”, cuestionó Alderete, en referencia a la política económica de Javier Milei.

    RG


  • La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas

    La Justicia Federal dio curso a una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF y ordenó las primeras pruebas

    Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas, Chile (Reuters/Joel Estay/Archivo)

    El juez federal Hernán Viri ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de una presentación civil contra el gobierno uruguayo y la multinacional HIF. La demanda se sustentó en un factor formal y otro material. Señaló que el país vecino no cumplió con la normativa del río Uruguay, un recurso compartido. Y apuntó contra el eventual daño ambiental que provocaría la planta que se instalaría al norte de Paysandú, frente a la costa de Entre Ríos.

    La acción judicial fue promovida por legisladores nacionales justicialistas. Se trata de los diputados Guillermo Michel y Laura Marclay y el senador Adán Bahl.

    La decisión de Viri se conoció este viernes. Casi en paralelo, el intendente de Paysandú había filtrado la posibilidad de que HIF reubique la planta.

    Ese es el reclamo principal de las autoridades entrerrianas. Coinciden en ese punto el intendente de Colón, José Luis Walser, y el gobernador Rogelio Frigerio. El argumento que ponen sobre la mesa es que la localización original está frente al principal balneario de la ciudad, que vive del turismo.

    En la demanda civil que promovieron los legisladores del PJ figura también que, con el desarrollo de esta planta, el país vecino violó el Tratado del río Uruguay. El curso de agua es un recurso compartido. Por lo tanto, el acuerdo fijó que cualquier acción de un Estado que lo afecte debe ser comunicado antes al otro. Este paso no se habría registrado. De ser así, Uruguay también estaría violando el fallo de la Corte de La Haya en el “caso Botnia”.

    El órgano judicial internacional había sentenciado que el Estado oriental violó el Tratado cuando autorizó la instalación de la pastera en Fray Bentos sin la comunicación previa a la Argentina.

    Qué medidas ordenó la Justicia

    Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

    El magistrado requirió una serie de informes a las autoridades de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU). Este organismo binacional se encarga de hacer cumplir el acuerdo sobre el recurso compartido.

    También solicitó información, vía exhorto, a organismos estatales de Montevideo. Entre ellos, el Ministerio de Ambiente, el de Educación y el Banco Central.

    Por otro lado, dispuso que se contrate a un perito biólogo de oficio. Su tarea será expedirse sobre los puntos de pericia que sugirieron los denunciantes en el escrito de inicio.

    A la CARU, Viri le pidió que informe si las autoridades uruguayas le comunicaron el proyecto de planta y si la empresa le presentó el estudio de impacto ambiental.

    Los pedidos a Montevideo abarcan la fecha de presentación y la solicitud de autorización ambiental previa de HIF y también el estudio ambiental previo. Además, el magistrado requirió información sobre la realización de audiencias públicas en el proceso de evaluación del impacto de la planta.

    Por otro lado, el juez federal solicitó al Registro Nacional de Comercio datos de la empresa. Entre ellos: dirección legal, legajo societario y composición tanto de HIF Global como de sus subsidiarias. En ese orden, pidió al Banco Central de Uruguay que notifique quienes son los beneficiarios finales de la firma.

    “Es fundamental para la defensa de las costas”

    Adán Bahl y Guillermo Michel

    A través de un posteo en su cuenta de X, el diputado Michel remarcó: “La Justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que la normativa que surge de la Ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso”.

    “Entendemos que la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir medidas que solicitamos”, remató.

  • Revés judicial para la planta de hidrógeno verde en Uruguay: ordenan pruebas por una posible violación de tratados

    Revés judicial para la planta de hidrógeno verde en Uruguay: ordenan pruebas por una posible violación de tratados

    En lo que representa un golpe para los planes uruguayos de avanzar con la construcción de una planta de hidrógeno verde para producir metanol frente a las costas de Entre Ríos, la justicia federal de la provincia argentina hizo lugar a la demanda de un grupo de legisladores de la oposición, que pedían medidas de prueba a nivel preventivo.

    La presentación ante la justicia argentina fue realizada por los diputados peronistas Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay, junto al senador Adán Humberto Bahl. El grupo demandó al Estado uruguayo y a una empresa privada (HIF Uruguay) para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a Colón (Entre Ríos).

    Los tres sostuvieron en su presentación que el proyecto podría generar un daño ambiental grave e irreversible en el río Uruguay, y que no se habrían cumplido normas internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay, regido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además, pusieron como antecedente el conflicto entre Uruguay y la Argentina por la instalación de la pastera finlandesa Botnia/UPM en el país vecino.

    Entonces, la protesta ambiental de los entrerrianos implicó extendidos cortes de puentes entre Gualeguaychú y Fray Bentos (donde se instalaron las plantas de pasta de celulosa), escaló a los fallecidos presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, y derivó en un costoso juicio para ambos Estados en los tribunales de La Haya.

    “La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No sólo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó parte de las medidas que solicitamos”, dijo Michel.

    Entretanto, el gobernador Rogelio Frigerio, advertido de los embates de la oposición en Entre Ríos y de la negativa del presidente uruguayo Yamandú Orsi, buscó negociar con las autoridades uruguayas la relocalización de la planta, que implicaría una inversión de 5.300 millones de dólares. Un proyecto de escala histórica, pero que, para los vecinos de Colón —que viven del turismo— representaría la instalación de un complejo industrial con chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que esté a unos 3 o 4 kilómetros de la costa, mientras que el gobierno entrerriano pide que se ubique a 30.

    A lo largo de 2025 y este año, Frigerio habló con Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin, para enfriar el conflicto en puerta. A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no descartó un posible traslado de la planta: “La relocalización responde a encontrar, entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa, un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones que las propuestas por el proyecto”, dijo. Sostuvo que eso era viable y aseguró que “se trabaja para concretarlo”.

    Tanto el gobierno de Orsi como la multinacional HIF Global acordaron la semana pasada prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos.

    ¿Qué resolvió el juez federal de Entre Ríos, Hernán S. Viri?

    En principio, aceptó parcialmente un pedido clave de los demandantes: producir “prueba anticipada”. Es decir, autorizó a recolectar pruebas ahora, antes de que avance el juicio, porque podrían perderse o volverse difíciles de conseguir más adelante.

    Las pruebas que ordenó incluyen pedidos de información a organismos uruguayos (ambientales, regulatorios y bancarios), requerimientos a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la realización de un peritaje ambiental con un biólogo y una inspección judicial en el lugar. Pero no aceptó, por ahora, la prueba testimonial, porque no consideró que hubiera urgencia.

    Como los demandados están en Uruguay y eso puede demorar el proceso, el juez decidió que intervenga la Defensoría Pública para garantizar el derecho de defensa mientras tanto.

  • Encuesta. Gobernadores con imagen positiva: quiénes lideran y quiénes están en el fondo del ranking de abril

    Encuesta. Gobernadores con imagen positiva: quiénes lideran y quiénes están en el fondo del ranking de abril

    En esta noticia

    En un escenario político marcado por la reconfiguración del poder territorial y la consolidación de liderazgos provinciales, la imagen de los gobernadores vuelve a convertirse en un indicador clave para medir el humor social fuera del Área Metropolitana.

    Mientras el Gobierno nacional concentra la agenda económica, las gestiones locales aparecen cada vez más expuestas al juicio directo de sus propios electorados.

    Las administraciones provinciales atraviesan un período atravesado por restricciones fiscales, demandas sociales persistentes y una creciente autonomía política frente al poder central.

    En ese contexto, la valoración pública de los mandatarios subnacionales funciona como un termómetro anticipado del clima político hacia los próximos ciclos electorales.

    En la tradicional encuesta de imagen de la consultora DC, correspondiente a abril de 2026, se evaluó la percepción ciudadana sobre gobernadores y principales intendentes del país.

    El estudio vuelve a mostrar fuertes diferencias regionales y confirma que el liderazgo territorial continúa fragmentado, con niveles de aprobación moderados y sin figuras con hegemonía nacional clara.

    La brecha entre los mejor y peor posicionados supera los 13 puntos porcentuales, lo que habla de realidades muy distintas dentro de un mismo país federal.

    El top ocho

    El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabeza el ranking interprovincial de imagen positiva de abril con el 55,8% de aprobación entre sus co-provincianos, superando levemente al mes anterior cuando había registrado el 55,3%.

    Su consistencia en los primeros lugares del ranking lo consolida como uno de los mandatarios más sólidos del país, en una provincia que históricamente ha sabido construir liderazgos propios con alto arraigo territorial y cierta autonomía respecto de los grandes bloques nacionales.

    En segundo lugar se ubica Claudio Poggi, gobernador de San Luis, con el 55,3% de imagen positiva, aunque con una caída respecto de su marca de marzo, cuando había alcanzado el 58,5%. A pesar del retroceso, Poggi sostiene su lugar en el podio y confirma que la provincia cuyana mantiene niveles de aprobación elevados para su conducción.

    Completa el top tres Gustavo Sáenz, de Salta, con el 55,1%, una cifra que también representa una mejora frente al 53,2% de la medición anterior, lo que lo posiciona como uno de los gobernadores con tendencia más favorable del período.

    El segundo pelotón

    Detrás del podio, pero igualmente bien evaluados, aparecen Osvaldo Jaldo en Tucumán con el 54,9%, Ignacio Torres en Chubut con el 54,2%, y Rolando Figueroa en Neuquén con el 54,0%. Tanto Figueroa como Torres muestran mejoras respecto de marzo. Marcelo Orrego en San Juan, con el 53,8%, y Martín Llaryora en Córdoba, con el 53,1%, cierran el grupo de los ocho mejor posicionados.

    El pelotón del medio: aprobaciones ajustadas y tendencias mixtas

    En la franja intermedia del ranking aparecen figuras con evaluaciones más moderadas y, en varios casos, con caídas respecto de la medición previa. Raúl Jalíl en Catamarca y Maximiliano Pullaro en Santa Fe registran el 52,4% y el 51,8% respectivamente, con el santafesino mostrando una leve recuperación.

    Juan Pablo Valdes en Corrientes alcanza el 51,1% con una tendencia al alza, mientras que Sergio Ziliotto en La Pampa obtiene el 50,9%, también mejorando levemente respecto de marzo.

    La zona de mayor tensión del pelotón medio la protagoniza Alfredo Cornejo en Mendoza, que cae al 49,0% desde el 51,1% de marzo, quedando muy cerca del umbral crítico del 50%.

    Por su parte, Carlos Sadir en Jujuy es el gobernador que registra la caída más pronunciada del mes: baja 4,3 puntos porcentuales hasta el 48,1%, pasando a tener más imagen negativa que positiva, con el 49,5% de evaluación desfavorable. Una señal de alerta para una provincia que viene atravesando tensiones sociales y políticas de diversa índole.

    Gildo Insfrán en Formosa y Leandro Zdero en Chaco completan esta franja con el 47,5% y el 47,4% respectivamente, ambos con más imagen negativa que positiva.

    Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Claudio Vidal en Santa Cruz se ubican en torno al 50,4%-50,7%, en una zona de equilibrio frágil donde cualquier acontecimiento de la coyuntura provincial puede mover la aguja en uno u otro sentido de manera significativa.

    En el fondo de la tabla

    El último tramo del ranking agrupa a los mandatarios con mayores dificultades de imagen.

    Gustavo Melella en Tierra del Fuego es una excepción en este grupo: con el 45,9% sube 2,4 puntos respecto de marzo, siendo el gobernador con mayor crecimiento del mes, aunque aún sin lograr cruzar hacia terreno positivo neto.

    Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se ubica en el puesto 22 con el 45,5% de imagen positiva, una décima menos que en marzo, y con el 49,8% de evaluación negativa.

    En los últimos puestos aparecen Alberto Weretilneck en Río Negro con el 43,0%, en caída desde el 43,8% de marzo, y Ricardo Quintela en La Rioja, que cierra el ranking en el puesto 24 con el 42,8%, bajando desde el 46,2% previo.

    El riojano acumula el 52,9% de imagen negativa, la más alta de todos los gobernadores relevados, y el 35,5% de imagen “muy mala”, un guarismo que habla de un rechazo activo y consolidado entre sus propios ciudadanos, más allá de la mera indiferencia.

    Intendentes: Jofré primero, Raúl Jorge último

    En el capítulo de los intendentes federales, los resultados muestran un patrón similar: los municipios del norte y del centro del país concentran las mejores evaluaciones. Jorge Jofré, intendente de la capital formoseña, lidera el ranking con el 60,4% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Leonardo Stelatto en Posadas con el 60,2%, y Gustavo Sastre en Puerto Madryn con el 58,6%.

    Los tres referentes municipales mejor posicionados gobiernan ciudades de provincias que también exhiben buenos números a nivel provincial, lo que sugiere que hay una sinergia positiva entre la gestión local y la provincial en esos territorios.

    En el extremo opuesto, los intendentes peor evaluados son Raúl Jorge en San Salvador de Jujuy con apenas el 35,9%, Julio Alak en La Plata con el 36,0%, y Roy Nikisch en Resistencia con el 36,3%.

    Cabe destacar que el mayor crecimiento mensual en el rubro intendentes lo protagonizó Gustavo Saadi en San Fernando del Valle de Catamarca, con una suba de 3,2 puntos porcentuales, mientras que Daniel Passerini en la capital cordobesa sufrió la caída más pronunciada del mes, con una baja de 4,5 puntos que lo llevó al 44,1% de imagen positiva.

    Ficha técnica

    Población objetivo: Población general mayor de 18 años

    Ámbito: 23 provincias de Argentina + CABA

    Cuotas: Sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria

    Afijación: Uniforme

    Técnica de recolección: CB CAWI Research (online)

    Instrumento: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa

    Muestra provincial: 24.603 casos totales (promedio de 892 a 1.179 casos por provincia)

    Error de muestreo provincial: +/- 2,9 a 3,3%

    Muestra municipal: 14.741 casos totales (promedio de 545 a 690 casos por municipio)

    Error de muestreo municipal: +/- 3,7 a 4,1%

    Trabajo de campo: 1 al 4 de abril de 2026

    Procedimiento de muestreo: Estratificado por distritos provinciales y municipales

  • De socios a adversarios: cómo se gestó el distanciamiento político entre Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot

    De socios a adversarios: cómo se gestó el distanciamiento político entre Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot

    Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot

    Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot venían de ser el ala “dialoguista” de Cambiemos. Fueron quienes, tras la victoria en 2017, quisieron agrandar la alianza. En ese momento, chocaron con la negativa de Marcos Peña.

    Hace cinco años estaban en el mismo barco. El proyecto giraba en torno a un desarrollo territorial propio de cada uno. El D’Artagnan de estos tres mosqueteros era el ex lilito Adrián Pérez.

    Las piezas debían sumarse al rompecabezas del esquema presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. El entonces jefe de Gobierno porteño parecía tener el camino pavimentado hacia la presidencia. Pero pasaron cosas.

    El electorado de 2023 optó por posiciones extremas y no por la moderación que representaba Larreta. Con Javier Milei presidente, el escenario político se reconfiguró en torno a su figura. Juntos por el Cambio implosionó y el PRO se desgajó.

    El proceso 2023 – 2025 arrastró a Frigerio, Massot y Monzó por distintos caminos. El primero, ganó la gobernación de Entre Ríos con un armado propio. El segundo, quedó como ladero de Miguel Pichetto en un bloque heterogéneo en Diputados. El tercero, se alejó de los flashes.

    Dónde se ubica Frigerio hoy

    Javier Milei y Rogelio Frigerio en Entre Ríos

    El mandatario entrerriano se posicionó dentro de la oposición colaborativa con el gobierno nacional. Sus diputados y senadores acompañaron casi todos los proyectos de la Casa Rosada en el Congreso. El año pasado, logró conformar un frente entre su espacio y La Libertad Avanza para las legislativas. El armado cosechó más del 50% de los votos y relegó al PJ a una de sus peores elecciones.

    Para reforzar su acercamiento al proyecto libertario, Frigerio sacó al diputado Francisco Morchio de la bancada de Pichetto y lo reencuadró dentro de LLA. “El objetivo fue evitar que el kirchnerismo obtuviera la primera minoría. Por eso, Morchio se pasó a las filas libertarias. Así, el oficialismo pudo obtener ese preciado lugar”, explicó en su momento a Infobae una persona de llegada directa al gobernador.

    El arribo de Diego Santilli al ministerio del Interior se festejó en Entre Ríos. El funcionario tiene relación personal con Frigerio. El vínculo es tal que eligió la provincia para su primera salida.

    En el horizonte está la posibilidad de reeditar el acuerdo electoral. Frigerio buscará un segundo mandato el año próximo. Cuando en 2023 derrotó al peronismo luego de 20 años, lo hizo por un margen estrecho. No le sobró nada. Ese final ajustado tuvo una causa central: los votos de derecha y centroderecha que optaron por LLA. El mandatario prefiere no encontrarse de nuevo con esa piedra.

    El factor tiempo es fundamental. La oposición descuenta un adelantamiento de las elecciones. Existen sospechas de que se eliminarán las primarias. Por eso el justicialismo baraja la posibilidad de una interna propia hacia octubre o noviembre de este año.

    Cómo impacta el reacomodamiento

    (Infobae en Vivo)

    No es cómodo para el gobernador de Entre Ríos que Pichetto haya peregrinado a San José 1111 a encontrarse con Cristina Kirchner. Tampoco que Monzó y Massot se reunieran con Axel Kicillof. Había charlas en privado, pero ahora todo se hizo a la luz del sol.

    Una persona que trajina 24/7 junto al mandatario provincial le dijo a este medio: “Frigerio no ve un acercamiento de Monzó y Massot con Kicillof porque ellos siempre fueron de dialogar con todos”. Infobae, insistió:

    – ¿Están seguros de eso?

    – Rogelio no ha hablado con ellos en estos días.

    Pichetto dice querer armar un frente anti Milei para el año próximo. Busca editar el modelo de Lula en Brasil. Pero no tiene un “Lula”. Su tarea, entonces, es hacer una tortilla de papa sin huevo, sin el elemento que aglutine, que amalgame.

    En el peronismo barruntan que la meta es más pedestre. Poner más jugadores en la línea de largada, tengan o no chances de competir. Así se agranda la ronda. Y se evita que, en el tramo final, un acuerdo cupular entre CFK y Kicillof deje a los demás fuera de todo.

  • Bonos alimentarios, recortes y alerta por el aguinaldo: la caída de fondos suma presión a los intendentes

    Bonos alimentarios, recortes y alerta por el aguinaldo: la caída de fondos suma presión a los intendentes

    La merma de fondos coparticipables a las provincias y la caída de la recaudación tienen su correlato en los municipios, donde el escenario es cada vez más delicado. De norte a sur del país, los intendentes advierten por el impacto en el territorio en cuestiones como transporte, empleo y pagos de salarios, mientras comienza a asomar en el horizonte el medio aguinaldo de junio.

    La semana pasada, una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en Paraná dejó como saldo un duro pliego de reclamos a Nación y una advertencia por elevación a los gobernadores. Los alcaldes denunciaron “asfixia financiera crítica” por parte de la Casa Rosada, reclamaron distribuir el impuesto a los combustibles y aseguraron que sus gestiones “sostienen lo que Nación abandona”, dando cuenta del repliegue del Estado en distintas competencias.

    El diagnóstico fue compartido por jefes comunales de toda la Argentina, indistintamente de sus banderías políticas. Casi en paralelo a la cumbre, Sauce de Luna, un pequeño distrito de Entre Ríos, fue noticia, cuando su jefe comunal, Alcides Alderete, anticipó que pagará parte de los sueldos de la función pública con bonos alimentarios.

    “No llegamos a pagar todos y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, justificó Alderete en declaraciones radiales. Explicó, además, el alto nivel de dependencia de su terruño a la coparticipación provincial, que aún así no alcanza para abonar los salarios.

    Desde una alcaldía detallaron a Ámbito que “los municipios más chicos son lo que tienen más problemas, porque dependen mucho de la coparticipación. No tienen una gran recaudación propia por pago de tasas, lo que los hace depender casi exclusivamente de las provincias”. No fue el único caso en Entre Ríos. A mediados de marzo, la comuna La Providencia anunció un shutdown a la estadounidense y dejó de prestar servicios públicos por una semana.

    Así las cosas, el gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes a la liga de intendentes del PJ, quienes le acercaron un pliego de reclamos por fondos. Distribución de los Aportes del Tesoro Nacional a los Municipios de acuerdo a la fórmula de coparticipación; otorgamiento equitativo de Aportes No Reintegrables a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad y otorgamiento equitativo de Adelantos de Coparticipación a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad, independientemente de su pertenencia política, son algunos de los puntos planteados.

    Frigerio intendentes

    La crisis golpea a los municipios y presiona a intendentes

    La sangría no es exclusiva del litoral. El presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, expresó su inquietud por el derrumbe de la coparticipación y la afectación de toda la provincia.

    “Hace siete meses que viene cayendo la coparticipación. Hoy muchos están pagando sueldos con la coparticipación y con lo poco que recaudan ayudan en lo social”, afirmó a Radio Salta, al tiempo que advirtió por el precio de las naftas: “Hoy el combustible es uno de los gastos más importantes que tenemos para poder garantizar los servicios”.

    A la caída de los giros y la parálisis de la obra pública, se suma otro problema: la morosidad y el nivel de endeudamiento de las familias, que no solo preocupa a empresas y bancos, sino también a los alcaldes. “Ante la falta de plata, lo primero que dejás de pagar son los tributos que no generan cortes de servicios. El agua, por ejemplo, que es un derecho universal; o la recolección de basura. El recolector va a seguir pasando. Esa es la preocupación hacia los próximos meses”, comentaron desde una municipalidad.

    “Somos gobiernos de proximidad, no nos podemos correr de nuestras prestaciones básicas. El Gobierno se empeña en la guerra por las tasas municipales, y es hábil en eso, pero la presión fiscal es entre el 80% y el 90% nacional y provincial”, completaron.

    Intendentes COFEIN

    Atentos al escenario, el Ente de Municipios y Comunas de Córdoba -que nuclea a jefes radicales de la provincia- presentó un pedido de audiencia con el gobernador Martín Llaryora, ante la “creciente preocupación por la falta de comunicación entre la mesa ejecutiva del Ente, la mesa Provincia-Municipios y los distintos ministerios del Gobierno provincial”.

    El texto, que lleva la firma del intendente de Almafuerte y presidente del espacio, Rubén Dagum, advierte que el contexto actual que atraviesa nuestro país “impacta de lleno en las gestiones locales, y los municipios y comunas no somos ajenos a esta realidad. En este escenario resulta indispensable fortalecer los canales de diálogo institucional”. Los alcaldes, además, remarcaron que la coparticipación a sus terruños cayó más del 20% en los últimos meses.

    La situación se repite también en la provincia de Buenos Aires, con foco en el conurbano, área siempre sensible a los vaivenes económicos. El intendente de Morón, Lucas Ghi, admitió al canal Net que percibe un momento de “implosión social”, en referencia a situaciones que tienen que ver con violencia familiar, desborde por angustia, depresión, consumo de fármacos, de distintas sustancias, permitidas o no permitidas, y peleas intrafamiliares, comunitarias.

    Se está dando como una situación de crispación al interior de cada seno familiar que todos los días nos encontramos con escenas muy complejas”, evaluó sobre el deterioro del tejido social. En un encuentro reciente, Axel Kicillof recibió a 60 intendentes de distintos partidos políticos y les prometió coparticipar los fondos que logre recuperar por las diversas demandas que le inició al Gobierno nacional.

    El extremo austral del país no permanece ajeno a tales dificultades. Esta semana, trabajadores municipales de Ushuaia se movilizaron en reclamo de “respeto a la autonomía municipal”, una marcha que tuvo como trasfondo la pelea por fondos con el gobernador Gustavo Melella y que fue respaldada públicamente por el alcalde Walter Vuoto, quien rompió la alianza con el mandatario.

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    “Basta de retener los fondos de Ushuaia. La Provincia nos debe más de 12.000 millones de pesos. Plata que ya llegó de Nación. ¿Dónde está esa plata? La respuesta es clara: se la gastaron. La usaron irresponsablemente”, denunció el jefe comunal en duros términos, al tiempo que aseguró que en el municipio hay “atrasos en salarios, problemas en el transporte y un sistema de salud que necesita respuestas urgentes”. Pidió, además, por una “ley de goteo”, con transferencia automática y sin discrecionalidad”.

    Las alarmas que llegan desde todo el país no pasaron desapercibidas en la Casa Rosada, que este lunes oficializó adelantos por coparticipación federal por $400 mil millones para 12 provincias en un intento por auxiliar a los mandatarios -principalmente dialoguistas- ante una coyuntura delicada, que incluye cierre de empresas y caídas del consumo y de la recaudación, entre otros ítems. Fue, además, un guiño para los gobernadores en la antesala del debate en Diputados por las modificaciones a la ley de Glaciares.

  • La planta de Paysandú no impactará en la costa entrerriana, según el informe de impacto ambiental de la empresa

    La planta de Paysandú no impactará en la costa entrerriana, según el informe de impacto ambiental de la empresa

    Estudio ambiental planta de hidrógeno de Paysandú

    El montaje y puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Paysandú no traerá consecuencias negativas a Colón y al resto de las ciudades costeras argentinas, de acuerdo a una de las conclusiones que arroja el estudio de impacto ambiental de la empresa HIF, desarrolladora del proyecto. El dato fue confirmado a Infobae por una fuente con acceso directo al escrito.

    El documento incluye un modelo 3D de la planta y de su visual desde la costa argentina. Según ese esquema, “no habría afectación al paisaje”. El escrito se presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.

    El dossier completo, que consta de unas 2.800 fojas, será hecho público en las próximas semanas. Luego, se abrirá un período de estudio y análisis por parte de la cartera de Ambiente uruguaya. Este esquema incluye una ronda de consultas públicas sobre el emprendimiento. El proceso podría extenderse entre 6 y 8 meses. El lapso comenzó a correr el 13 de marzo, cuando la empresa presentó el informe.

    Recién entonces, y si el Ministerio de Ambiente da luz verde, podría comenzar la obra civil del proyecto. La inversión rondará los USD 5,8 mil millones. La producción final de e-combustibles ya fue preubicada en otros países. El complejo se ubicará al norte de Paysandú, a la vera del río Uruguay.

    Estudio ambiental planta de hidrógeno de Paysandú

    La planta se desarrollará en cuatro etapas o “trenes de producción”, avanzando de manera gradual. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de USD 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año. En el proceso productivo reciclará 900.000 toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos.

    Hasta ahora, HIF cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de la planta. Es un primer paso. El segundo es el más complejo.

    La empresa, controlada por capitales chilenos, mantendrá la línea de responder los requerimientos del Estado uruguayo. Y no intervendrá en la disputa que, hasta ahora, mantienen Argentina y el país vecino.

    En rigor, el proyecto de Paysandú fue hecho por el Estado uruguayo. HIF es solo la firma que ganó la licitación. El proceso se inició durante la gestión de Luis Lacalle Pou, del partido Blanco. La actual administración del Frente Amplio heredó el esquema en marcha.

    Qué pasará con los planteos argentinos

    El Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina cuestionan el lugar de emplazamiento original. Esto provocaría un impacto visual que afectaría en forma directa al turismo, la principal industria de la región.

    La inversión total de la planta de hidrógeno verde HIF en Paysandú supera los USD 5.385 millones y reciclará 900.000 toneladas de CO₂ anualmente. (REUTERS/Joel Estay)

    Ante este escenario, las autoridades del país vecino exigieron a la empresa que, en el estudio ambiental, incluyeran a Colón y sus alrededores dentro de la zona de impacto. ()

    “Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, planteó como condición el Ministerio de Ambiente.

    La respuesta a la que habría arribado la empresa al realizar las mediciones es que no el impacto visual sobre los balnearios no se produciría. Tampoco se registraría un efecto ambiental en el río.

    Ahora la cuestión pasa por lo formal. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Un tratado de 1960 estableció que cualquier acción de uno de los dos Estados que lo afecte debe ser notificada y consultada con el otro. Hasta el momento, no hay elementos para constatar que este paso se haya dado.

    Un problema de esta naturaleza estuvo detrás del conflicto por Botnia a principios de siglo. Argentina denunció a Uruguay por incumplimiento del acuerdo. La Corte de La Haya le dio la razón a nuestro país. Pero entendió además que la instalación de la pastera no violaba normas de protección ambiental.

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que la posibilidad de una nueva demanda internacional está dentro de la estrategia. Pero una intervención del presidente uruguayo Yamandú Orsi calmó las aguas.

    Cómo marcha la causa penal en Entre Ríos

    En paralelo, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó con la demanda por contaminación. La denuncia fue promovida por la fiscal Josefina Minatta. El juez Hernán Viri la recepcionó y decidió tomar las riendas de la investigación. Por eso, encargó una serie de informes que Fiscalía pidió.

    El magistrado le solicitó saber si se observaron los procedimientos de consulta del acuerdo binacional. El organismo encargado de esto es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Viri la emplazó a que haga llegar esta respuesta a su despacho en un plazo perentorio.

    Además, le pidió a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos que le haga llegar estudios o evaluaciones sobre la influencia de la planta en la actividad turística de Colón y la zona.

    Por otro lado, también involucró a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En concreto, le solicitó un estudio de impacto ambiental sobre la costa argentina de la instalación de HIF en Paysandú.

    Asimismo, requirió información por vía diplomática al Estado uruguayo. Esto incluye la que es de acceso público y la que tiene carácter reservado o confidencial. El pedido de Viri alcanza datos técnicos como tipo y cantidades de producción, personal y fecha de inicio de actividad. Además, la identificación de los responsables de HIF.

    Uno de los puntos más conflictivos del exhorto es la solicitud para acceder a una copia íntegra del memorándum que el Gobierno uruguayo y la empresa firmaron en diciembre. Se trata de la hoja de ruta del proyecto. Viri quiere conocer la letra oficial y también “aquella información que revista carácter reservado o confidencial, en la medida en que su ordenamiento jurídico interno lo permita”.

  • Renunció el ministro de Hacienda de Corrientes en plena polémica por descuentos salariales a docentes

    Renunció el ministro de Hacienda de Corrientes en plena polémica por descuentos salariales a docentes

    Marcelo Rivas Piasentini dejó el cargo por pedido del gobernador Juan Pablo Valdés. Ocurre luego de que los trabajadores de la educación denunciaran quitas de hasta $800 mil en sus sueldos.

    El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, renunció en las últimas horas en medio de una polémica por descuentos salariales a docentes. El paso al costado del ahora exfuncionario había sido solicitado por el gobernador Juan Pablo Valdés, de la Unión Cívica Radical (UCR).

    La causa de su eyección fue la afectación de los ingresos de los trabajadores de la educación, quienes sufrieron descuentos salariales por plegarse al paro nacional del pasado 2 de marzo. Los recortes, denunciaron los gremios, fueron de hasta $800.000.

    Al respecto, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) había denunciado “descuentos sangrientos” en los haberes de los trabajadores docentes que alcanzan “porcentajes que ni siquiera la Justicia cuando tiene embargo lo hace”, al señalar quitas de entre el 40% y el 60% de los ingresos.

    “Lo que hoy nos quitaron fue el monto que muchos profesores y maestros destinan a pagar sus cuentas, sostener las actividades de sus hijos, a comprar la comida que alimenta a sus familias, a cubrir medicamentos y necesidades básicas”, advirtieron.

    Embed – ACDP | Gremio docente on Instagram: “”

    Asimismo, el sindicato señaló que “cada peso descontado es un golpe directo a la dignidad de quienes, con esfuerzo y vocación, sostienen la educación pública”.

    Posteriormente, el gobernador Valdés, quien asumió el mando de manos su hermano Gustavo en diciembre, explicó que se trató de una falla.

    “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo (vinculados al presentismo) que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro y realizaremos una revisión completa del decreto”, señaló. Tras ello, el mandatario le pidió la renuncia al titular de Hacienda.

    Rivas Piasentini había llegado a la administración correntina en 2018, durante la gestión de Gustavo Valdés. En diciembre, al asumir el nuevo titular del Ejecutivo, había jurado nuevamente en su cargo de ministro de Hacienda y Finanzas.

    El puesto vacante será ocupado por Héctor Grachot, actual subsecretario de Finanzas de la provincia y número dos en el palacio que condujo el funcionario saliente.

    Corrientes, la más beneficiada por los ATN

    Semanas atrás, el Gobierno nacional reactivó los giros a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solamente entre el 19 y el 20 de marzo, Nación repartió $47.000 millones entre 11 distritos, todos aliados o dialoguistas.

    ATN

    En ese marco, Corrientes fue la más beneficiada, con $8.000 millones. La siguieron en el podio Mendoza ($7.000 millones) y Entre Ríos ($6.000 millones), dos jurisdicciones donde sus mandatarios, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, trabaron alianzas electorales con La Libertad Avanza.

    Según consignó la consultora Politikon Chaco, el resto del dinero se distribuyó de la siguiente manera:

    • Misiones con $ 5.500 millones;
    • San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno;
    • Salta con $ 3.500 millones;
    • Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso
    • Jujuy y Neuquén con $ 2.000 millones cada una.

  • Fondos ATN: Corrientes es la provincia que más dinero recibió del Gobierno de Milei

    Fondos ATN: Corrientes es la provincia que más dinero recibió del Gobierno de Milei

    La sintonía política entre el gobernador Juan Pablo Valdés y el presidente Javier Milei se tradujo en un fuerte flujo de recursos para las arcas provinciales. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, Corrientes se posicionó como la jurisdicción más beneficiada por el reciente reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recibiendo montos significativamente superiores a los de otros distritos.

    En una maniobra de apenas dos días (19 y 20 de marzo), el Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos discrecionales y repartió un total de $47.000 millones. De ese monto, Corrientes embolsó $8.000 millones el pasado jueves, una cifra que coincide con el respaldo clave que los legisladores correntinos brindaron a las reformas oficialistas en el Congreso de la Nación.

    El podio de los “amigables”

    El informe destaca que el dinero fue dirigido exclusivamente a provincias cuyos mandatarios mantienen una relación colaborativa con la Casa Rosada. Detrás de Corrientes, se ubicaron:

    • Mendoza (Alfredo Cornejo): $7.000 millones.

    • Entre Ríos (Rogelio Frigerio): $6.000 millones.

    • Misiones: $5.500 millones.

    • Chaco y San Juan: $4.000 millones cada una.

    Llamativamente, distritos con perfiles opositores o que han mantenido ruidos públicos con la gestión libertaria —como Córdoba— quedaron fuera de este esquema de distribución inmediata.

    Corrientes: récord en el primer trimestre

    La provincia de Corrientes no solo lideró el reparto de marzo, sino que encabeza el acumulado anual de 2026. En lo que va del primer trimestre, el distrito gobernado por Valdés ya recibió un total de $14.000 millones ($3.000 millones en enero, otros $3.000 millones en febrero y los $8.000 millones de marzo).

    En segundo lugar del acumulado anual aparece Misiones con $9.500 millones y Salta en tercer puesto con $7.500 millones.

    Crecimiento real sobre 2025

    Los datos de Politikon Chaco revelan un cambio de tendencia en el uso de los ATN. Los $47.000 millones distribuidos en las últimas 48 horas superan en un 129% (en términos reales) a lo girado en febrero.

    Si se compara el primer trimestre de 2026 contra el mismo periodo del 2025, el monto total desembolsado ($74.000 millones) representa una suba del 29% real interanual.

    Este incremento marca una clara estrategia del Ejecutivo nacional: utilizar los fondos del Tesoro para aceitar las relaciones con los gobernadores que garantizan la gobernabilidad legislativa.