El relevamiento apunta que el impuesto a los combustibles pasó de representar el 8,9% (noviembre 2023) del precio de la nafta súper en el surtidor al 18,6% (julio 2026).
Otro informe -en este caso de la consultora Galois- analiza cuánto dinero adicional habrían recibido las provincias y CABA entre enero y julio de 2026 si una parte del Impuesto a los Combustibles que actualmente se destina a fondos de infraestructura y transporte se hubiera repartido mediante el régimen de coparticipación federal.
El estudio trabaja sobre el dato de que $1 billón de pesos recaudados por el tributo a las naftas, que debían ir al Sistema Vial Integrado, conocido como Sis-Vial, fueron asignados a inversiones financieras, como parte de una estrategia para sostener el superávit fiscal. De hecho, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a esta versión.
“No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van”, dijo al Diario de La Pampa, al tiempo que aclaró que el resto es dispuesto por el Ministerio de Economía como “parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja”.
El episodio derivó en una denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py por parte de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación, Fabián Wasserman.
También acudieron a tribunales por el mismo tema los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano, quienes no solo incluyeron a Caputo y a Wasserman en la presentación, sino también al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; y al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy
Según la consultora Galois, si los recursos actualmente afectados a infraestructura y transporte se distribuyeran por coparticipación, las provincias y CABA habrían obtenido $784.290 millones más durante los primeros siete meses de 2026. Cabe recordar que en 2025, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño presentaron un proyecto de ley conjunto con el objetivo de distribuir el impuesto a los combustibles bajo un esquema coparticipable.
El informe sostiene que los distritos más beneficiados serían: Buenos Aires. $166.359 millones; Santa Fe: $67.704 millones; Córdoba, $67.266 millones, Chaco: $37.792 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; y Tucumán: $36.041 millones.
Los reclamos de las provincias
Más allá del plano estrictamente económico, el debate tiene ecos políticos. Este martes, Axel Kicillof desempolvó un discurso suyo del verano pasado. “Cada vez que alguien carga nafta, paga un impuesto nacional. Del impuesto nacional, por ley, hay una parte que se debe destinar al mantenimiento y ampliación de la red vial argentina a todo el país: se lo roban. Lo cobran, no lo ponen ahí y después dicen ‘tenemos superávit’”, decía en la ocasión el mandatario.
Ahora, Kicillof volvió a la carga y aseguró que esos fondos están “en la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar”. Comentó, además, que “es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de los intereses y las necesidades del pueblo”.
Por su parte, el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, también se refirió a la cuestión y apuntó contra la administración de Javier Milei. El funcionario provincial indicó que el impuesto a los combustibles tiene una asignación específica y denunció que “no está llegando todo lo que tiene que llegar”. “Nación lo utiliza para su equilibrio, pero esto tiene asignación específica. No se debería hacer eso. Estamos poniendo todos los argentinos para cosas específicas, escritas y bien pensadas, y los recursos no están llegando”, dijo a El Tribuno.
Desde la vecina Tucumán también cargaron las tintas sobre la Casa Rosada. El ministro de Obras y Servicios Públicos local, Marcelo Nazur, dijo que lo ocurre con el impuesto a las naftas “no es una novedad” y advirtió por el deterioro de las rutas. Acto seguido, dijo a LG Play que “por cada litro de combustible que pagamos hay un destino específico que se debe cumplir y eso lo tiene que tener claro el Gobierno nacional: la plata debe ir invertida de acuerdo a las leyes que tenemos vigentes. Hay que hacer cumplir las leyes”.
Un paso más allá fue la diputada Marcela Pagano, quien acusó al Gobierno de utilizar los fondos del impuesto a los combustibles a cambio de votos en el Congreso. Pagano compartió en sus redes sociales una publicación con los supuestos pagos a las provincias a cambio de respaldar proyectos del oficialismo.
Como contó Ámbito, la situación de las rutas volvió a ganar centralidad entre los gobernadores en las últimas semanas. Mlei habilitó traspasos y San Luis, Santa Fe y San Juan ya recibieron concesiones por parte del Gobierno. Río Negro, en tanto, reclama que les den el control de la 151 y de la 22 y alertan que Nación dilata el trámite adrede.
Recientemente, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, ordenó al Estado Nacional la inmediata y urgente reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en la provincia de Santa Fe, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.
En paralelo, una jueza de Salta pidió a los organismos de seguridad, entre ellos la Policía provincial, un informe detallado sobre los siniestros viales ocurridos en los aproximadamente 200 kilómetros de la Ruta Nacional 34 comprendidos entre Urundel y Salvador Mazza, haciendo caso a un amparo presentado en 2025 por el entonces senador nacional Sergio Leavy, quien apuntó en su planteo contra la Dirección Nacional de Vialidad.
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