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Las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy buscan la aprobación en el Congreso de una ley de biocombustibles que, entre sus puntos más importantes, pretende llevar el corte obligatorio de las naftas del 12% al 15% con bioetanol de maíz y azúcar.

Entre los siete proyectos presentados, el de la senadora Patricia Bullrich, cuenta con el consenso tanto de las provincias como de las industrias maicera y sucroalcoholera. Ésta última está integrada por una veintena de ingenios, de los cuales 14 están ubicados en Tucumán y los restantes en Jujuy y Salta.

El pedido de estas provincias llega en momentos donde el oficialismo necesita el apoyo de los legisladores de estas provincias para la aprobación de leyes clave, como Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros.

En marzo, como medida para atenuar el impacto del aumento internacional del precio de los combustibles, el Gobierno nacional habilitó la posibilidad de que las petroleras puedan incorporar hasta 15% de bioetanol en la mezcla.

En la apertura de la II Cumbre de Bioetanol en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el vicegobernador de la provincia, Miguel Ángel Acevedo, afirmó que confía en la aprobación del proyecto: “No estamos pidiendo ningún privilegio, tenemos la caña, la industria, industriales capacitados para generar energía renovable”.

“Necesitamos inversiones y para eso queremos seguridad jurídica. No se puede hacer algo por unos meses, al arbitrio de las petroleras, sino de reglas claras y apoyamos esta iniciativa en el senado, porque significa desarrollo y crecimiento. Queremos que ese federalismo del que tanto hablamos y asimetrías que se dan con el norte, se vayan achicando”, añadió.

“Confiamos en que Tucumán y el Norte tienen la capacidad para llevar adelante la transición energética. Tenemos biomasa y bioetanol y queremos ser claros: estamos pidiendo del 12% al 15%, mientras en Brasil están al borde del 35% obligatorio”.

Por su parte, ministro de economía tucumano, Daniel Abad, sostuvo que los estados provinciales de Tucumán, Jujuy, Salta, con el azúcar y Córdoba y Entre Ríos con el maíz, han llegado a un acuerdo. El desafío solamente se materializa con inversiones. No dudamos que la ley será promulgada después de su aprobación”.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó que además del aumento del corte con bioetanol de las naftas, el proyecto de ley cómo tiene que funcionar el mercado y la transparencia de los precios. Esa ley será fundamental para la actividad de las provincias, que tendrá que ver con el futuro porque necesitamos más desarrollo, trabajo y para nuestros ingenios, donde hoy es muy importante el biocombustible”.

Según Sadir, “este negocio tendrá una nueva normativa y tenemos que pelear por la mejor normativa para toda la liga”.

La capacidad de producción total de bioetanol actual es de aproximadamente 1.450.000 m3/año, mientras la demanda anual en Argentina ronda los 1,2 millones de m3/año, lo que deja una capacidad ociosa del 25%.

El aumento del porcentaje de corte permitiría reducir las importaciones de nafta, que en 2025 alcanzaron los 500 millones de dólares.

El nuevo marco regulatorio para la industria de los biocombustibles establece algunos cambios con respecto a la ley actual. En el caso de biodiésel, el corte obligatorio del 7,5% actual al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley.

En el caso del bioetanol para el corte de las naftas, el corte obligatorio ascenderá del 12% al 15%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula $ 1,4 billones recaudados del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) para mejorar el sistema vial que no ejecuta. Mientras viola la ley que le da una asignación específica a este monto, el Gobierno privatiza los caminos para que se aumenten y creen nuevos peajes con el pretexto de bachear los pozos. De este modo, los argentinos abonarán dos veces por el arreglo de las rutas: una con los tributos y otra cuando paguen en las barreras a las empresas que se adueñaron de los caminos.

Tras una revelación de PERFIL sobre el desfalco de los fondos del ICL, el vocero presidencial, Adrián Ravier, no supo qué responder por el dinero. Se limitó a comentar que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”. Ya fueron licitados 9.000 kilómetros de corredores considerados estratégicos por donde circula el 80% del tránsito del país. Hay otros 6.000 kilómetros en proceso de licitación.

Por esto, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al ministro de Economía, junto al director de Vialidad Nacional y al titular del Banco Nación. Están acusados ante el Juzgado Federal 2 de La Plata de malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

De acuerdo con cálculos privados, mantener anualmente un kilómetro puede costar entre US$ 15 mil y US$ 40 mil, mientras que reconstruirlo totalmente puede llegar a elevarse a entre US$ 1,3 millones y US$ 3,5 millones. El deterioro de los caminos en estos tres años de desinversiones aumenta exponencialmente los costos, a pesar de que el dinero se encontraba a disposición en el fideicomiso vial. Si se tiene en cuenta que hoy circulan por Argentina 128 millones de toneladas y que las proyecciones para 2035 acercan el pesaje a 194 millones de toneladas queda en evidencia que la decisión de no arreglar ni construir nuevos caminos perjudica también al desarrollo de las actividades económicas.

“Caputo no cumple con lo que manda la ley. La plata se la queda y las rutas están en estado de abandono. Es un desfalco”, denunció ante PERFIL el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. “Se cobra vidas, se encarece la economía. Acabamos de tener no menos de 4 mil camiones frenados en las altas cumbres en Mendoza por problemas de falta de mantenimiento. Condena a la Argentina a no tener un sistema de conectividad que necesitamos. Está poniendo en riesgo cosas que funcionan bien como Vaca Muerta. Son entre 800 y mil camiones diarios los que van de Entre Ríos con arena y usan esas rutas que están en absoluto abandono”, explicó el funcionario que sigue de cerca el tema con sus equipos técnicos del Instituto Argentina Grande.

La legisladora Marcela Pagano, del bloque Coherencia, detalló que el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés porque sus aliados recibieron plata a cambio. “Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. De dónde manoteó el dinero Javier Milei? De la caja que surge del impuesto al combustible. Por ley esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. Los repartió a los que les votaban las leyes usando como cajero al Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo (el cuevero de baja monta)”, acusó en redes sociales.

En el marco de la Comisión de Obras Públicas realizada en Diputados, la legisladora nacional Marina Salzmann recordó que a principios de mes presentó un pedido de informe por la utilización del impuesto a los combustibles líquidos que todavía no tuvo tratamiento, y que junto a otros diputados impulsó una petición de interpelación pública al ministro Caputo para que explique el destino de esos recursos, no ante el bloque sino ante el conjunto de los argentinos.

La legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti esgrimió que “la plata sí está, pero no se usa para lo que está destinada”. Detalló que, según una estimación realizada a partir de la recaudación del ICL, “en la Provincia de Buenos Aires se podrían haber construido 6.720 kilómetros de rutas, frente a los 4.672 kilómetros de rutas nacionales que tiene el territorio bonaerense”. “Milei y Caputo ponen en riesgo la vida de la gente para mantener el espejismo fiscal del Gobierno”, fustigó.

“En mis 55 años, jamás la vi en el estado lamentable en el que se encuentra hoy en día la ruta 228”, afirmó el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate. Sobre la Ruta 3 señaló que “vemos permanentemente cómo se va deteriorando año tras año”. “Los lugares donde más se producen accidentes en Tres Arroyos es donde nuestros vecinos tienen que cruzar las rutas”, agregó, al sumar que el municipio incluso ofreció hacerse cargo de tareas de bacheo, pero que todavía no cuenta con la autorización de Vialidad Nacional para avanzar.

El Gobierno afronta la recta final del año con múltiples desafíos. En primer lugar, debe mostrar que la economía crece y tiene impacto en los bolsillos de las clases medias y bajas, en donde habita el núcleo duro del votante de La Libertad Avanza. A esa meta, se le agrega la sanción de proyectos que se encuentran en estado pendiente y que su armado territorial tenga volumen suficiente para ayudar a que el presidente Javier Milei, quien volvió a hablar de su modelo económico, sea reelecto.

Ante el primer propósito, hay por lo menos un plazo: el mes de noviembre. Según pudo reconstruir PERFIL de parte de un miembro del Gabinete, en el oficialismo creen que en dicho periodo del año los datos del INDEC reflejarán mayor consumo, inflación a la baja y menor tasa de desempleo.

La certeza, según este funcionario, parte del propio jefe de Estado. El economista en su última reunión de gabinete adelantó que habrá “muy buenas noticias en el plano económico”, precisamente en el epílogo de 2026. Por lo cual, de acuerdo a la estimación del líder libertario, el oficialismo arribará al crucial año electoral de la mejor manera. Listo para la reelección.

De todos modos, son cada vez más las voces de la primera línea de La Libertad Avanza que advierten que la situación “de la gente” es mala. Que todavía falta. “Sacamos leyes, hicimos muchas cosas, pero el trabajador todavía está complicado”, resume un funcionario acerca del panorama que “se ve en la calle”. Son palabras que corren en la misma dirección que aquellas que emitió la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el viernes. “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, lanzó sin pruritos la legisladora.

Milei es consciente del estado de conversación interna y externa, principalmente, que el escenario genera. Por eso luce obligado a aclarar que la situación está controlada y el rumbo es innegociable. “La frase que dice que la gente no llega a fin de mes fue planteada por un encuestachanta. El año pasado decían que el 80% de los argentinos llegan a fin de mes. Es un insulto al ser humano esa frase, no tiene sentido”, planteó el jefe del Poder Ejecutivo en declaraciones radiales que realizó el sábado por la tarde.

Y expresó: “Cuando se mira el consumo, está en máximos históricos. Cuando se mira el PIB, está en máximos históricos. Me niego a creer que los argentinos sean tan tontos para que se crean estas mentiras”.

“La economía siempre cayó en términos per cápita”, mencionó Milei, en los gobiernos anteriores, el de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. “Cayó más del 10%, eso quiere decir que en los salarios reales esa gente nos estaba reventando. ¿Qué quiere? ¿Que haga magia? Magia no se puede hacer. Los que le prometieron magia los volvieron más pobres”, fue otra de sus frases.

En la Casa Rosada, cuando se pregunta por este tema, tratan de alinear el discurso presidencial con las críticas internas que consideran sensatas, aunque con un argumento: falta que todavía impacten en la microeconomía las desregulaciones y reformas que impulsó LLA. La fe está colocada en Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Súper RIGI (que fue aprobado el 24 de junio en la Cámara de Diputados y espera debate en el Senado) y que la reforma laboral mejore las posibilidades de contratación de personal en los próximos meses. ¿La inflación? En absoluto descenso, de acuerdo a las previsiones de Balcarce 50.

Otro eje que figura en el radar de LLA es la motorización de su agenda parlamentaria, que considera fundamental que avance en estos meses. Tras la derrota que tuvo en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el oficialismo creen que hay margen para para aprobar cinco proyectos en Diputados a partir de este miércoles. Se refieren a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el texto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

Paralelamente, el partido de color violeta comenzó a fortalecer los armados territoriales en cada provincia. La idea, de acuerdo a fuentes al tanto de las conversaciones, es trabajar en el incremento de la cantidad de afiliados en cada distrito, que los locales llamados “casas de la libertad” tengan cada vez más actividades (con el respaldo de funcionarios nacionales brindando charlas) y que cada referente trabaje como si fuese el candidato a gobernador de LLA en 2027. Porque, explican, las alianzas electorales en cada provincia se establecerán sobre el filo de inscripciones, tal como sucedió en 2025.

Los entendimientos en estado sólido son los que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, suscribió con los mandatarios de Chaco, Mendoza y Entre Ríos. En torno al resto, todo abierto a negociación. Pero si las charlas no avanzan, LLA estará dispuesto a competir con lista propia y pura en cada distrito.

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El líder libertario habló sobre su relación con Mauricio Macri

En las declaraciones que ofreció, el jefe del Poder Ejecutivo se refirió al acercamiento de su gobierno con el PRO de Mauricio Macri. Dijo que hay afecto con el ex presidente y que las puertas están de la Quinta de Olivos para comer milanesas están abiertas.

Sin embargo, de las negociaciones políticas él no se encarga. “De la política se hace cargo Karina, depende de ella”, aseveró. En la misma línea, sostuvo que siempre está dispeusto a “recibir a personas de bien. Las puertas para el presidente Macri siempre están abiertas”.

Al momento de ser consultado sobre la “campaña anti-Argentina”, el Jefe de Estado acusó a Brasil, México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de haberla confeccionado.

“Se usó toda una parafernalia para crear una ‘campaña anti-Argentina’ con los socios del socialismo del siglo XXI. Esa campaña estuvo impulsada básicamente por Brasil, que vive interfiriendo en los procesos electorales de toda la región”, comenzó argumentando.

“México, que también es parte de ese movimiento siniestro; el Partido Demócrata de los Estados Unidos y básicamente el PSOE. Ellos fueron los motores propulsores de la ‘campaña anti-Argentina’, donde el foco final era atacar a nuestro gobierno, por ser un gobierno liberal que cumple las promesas que hizo y está dando resultado”.

A su vez, Milei dijo que Fernando Cerimedo, exasesor del mandatario y que actualmente está bajo prisión preventiva en Bolivia por tentativa de femicidio a su pareja, “no forma parte del espacio” desde 2023, por lo que “es parte de todo el mismo entramado” y señaló que podría ser parte de una operación mediática que incluye a la diputada Marcela Pagano, su pareja Franco Bindi, el expresidente boliviano Evo Morales y el “castrochavismo”.

Asimismo habló sobre el exdiputado libertario José Luis Espert, quien es investigado por presunto lavado de dinero relacionado con Federico “Fred” Machado, acusado y condenado por la Justicia de Estados Unidos.

El Presidente sostuvo que se trata de “operaciones” en contra del “profe Espert” y lo calificó como un “soldado de hierro desde la primera parte del Gobierno”.

“Sería un motivo de gran felicidad que pueda limpiar su nombre de las mentiras a las que fue sometido desde la política, parte de la Justicia y algunos medios de comunicación, que hacen denuncias y después los dueños de medios extorsionan para conseguir dinero,”, aseveró.

Argentina todavía no está técnicamente en recesión. Para que exista una definición formal deben acumularse dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Con los datos de junio del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el Indec, se especula con que el segundo trimestre pudo haber retrocedido frente al primero. La Universidad de San Andrés calcula una baja de 0,78%. El dato oficial del PBI para abril-junio se conocerá el 17 de septiembre.

El dato positivo es que en junio el EMAE creció 0,8% respecto de mayo. Si esa tendencia continúa durante julio y septiembre, el tercer trimestre podría mostrar una recuperación frente al segundo y romper la secuencia negativa. De ese modo, Javier Milei podría terminar 2026 sin una recesión técnica y con una economía creciendo entre 2,5% y 3%. Los libertarios tendrán motivos para festejar.

Pero esa será sólo una parte de la fotografía. El 2026 puede quedar registrado como el año en que el modelo oficial mostró con mayor claridad sus ganadores y perdedores: una economía real que crece en determinados sectores, mientras una parte importante del aparato productivo no encuentra todavía un lugar rentable en el nuevo escenario.

La discusión sobre si hay o no recesión depende, en buena medida, de qué economía se mire. Los números agregados todavía no permiten afirmar que exista una recesión consolidada, pero detrás del PBI aparece una industria orientada al mercado interno que atraviesa una situación mucho más complicada.

El PBI había crecido 0,7% en términos desestacionalizados durante el primer trimestre de 2026 y 2,3% interanual. Para el segundo trimestre, las estimaciones privadas anticiparon una contracción de entre 0,5% y 1% frente al trimestre anterior. Equilibra calculó -0,8%, EcoGo -0,6% e Invecq -0,6%. Sólo Orlando Ferreres estimó una expansión trimestral, de 1,1%.

La explicación aparece al observar qué sectores están creciendo. En el primer trimestre, el agro avanzó 18,1% interanual, la minería 12,3%, la pesca 27,5% y la intermediación financiera 7,5%. Las exportaciones aumentaron 9,8%. En sentido contrario, la industria manufacturera cayó 1,7%, el comercio 0,3% y la inversión se desplomó 11,6%.

La Argentina tiene así una economía a dos velocidades. De un lado están el agro, Vaca Muerta, la minería, las exportaciones y las finanzas. Del otro, la industria, los textiles, el comercio, la construcción y numerosas pymes que dependen del consumo interno.

Los cierres y ajustes empresarios de 2026 son la expresión más visible de esa segunda economía. El caso emblemático es FATE, que en febrero cerró su histórica planta de San Fernando después de más de ocho décadas de actividad y desvinculó a unos 920 trabajadores. La empresa argumentó que las condiciones del mercado habían vuelto inviable la continuidad industrial.

En el sector textil, la lista es todavía más extensa. Mazalosa cerró su planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja, que había sido inaugurada en diciembre de 2022 y producía para Portsaid, Desiderata y System. La decisión afectó a unos 20 trabajadores y fue atribuida a la caída del consumo.

También está el caso de Indumentaria Catamarca. La planta había surgido en 2020 con la participación de marcas como Jazmín Chebar, Billabong, Grisino, Gepetto y Azzaro para recuperar la antigua fábrica 12 de Octubre. Llegó a emplear a unas 150 personas, pero terminará agosto con apenas 20. La empresa atribuyó la situación a la caída de las ventas, el stock acumulado, el aumento de costos y la competencia importada.

Rever Pass tampoco cerró, pero entró en concurso preventivo. IGT33 SA, la sociedad que opera Rever Pass y Be Rebel, presentó el pedido en junio y la Justicia abrió formalmente el concurso el 14 de julio. El pasivo supera los $7.000 millones. La firma tiene más de 100 trabajadores y una red de locales en shoppings.

A estos casos se suman Adient, que cerró su planta de Pueblo Esther, Santa Fe, y comenzó a importar desde Brasil los asientos que antes fabricaba localmente; Leval, que cerró su planta de San Nicolás y despidió a 52 trabajadores; y Granja Tres Arroyos, que suspendió por tiempo indeterminado la actividad de una planta en Entre Ríos, con unos 950 puestos en riesgo.

La situación textil ofrece otro indicador contundente. Según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas, en doce meses desaparecieron 330 establecimientos vinculados al sector y se perdieron 15.468 empleos formales. Desde diciembre de 2023, la cadena acumula una pérdida de 25.683 puestos y unos 383 establecimientos menos.

Por eso, afirmar que “no hay recesión” es correcto desde una definición estrictamente estadística, al menos hasta conocer el dato oficial del segundo trimestre. Pero puede resultar engañoso si se interpreta que la economía funciona normalmente. No lo hace. Hay sectores que crecen con fuerza mientras otros reducen plantas, despiden trabajadores, acumulan stock, pierden ventas o directamente dejan de producir.

La clave está en qué sostiene el número general. La economía argentina está cada vez más orientada hacia las exportaciones y los sectores intensivos en recursos naturales. El agro, Vaca Muerta, la minería y algunas actividades financieras generan crecimiento, dólares e inversión, pero requieren relativamente menos trabajadores que la industria, el comercio y la construcción.

La paradoja es evidente: el PBI puede evitar una recesión mientras desaparecen empresas de la economía real. Fate, Mazalosa, Indumentaria Catamarca, Rever Pass, Adient, Leval y la crisis de Granja Tres Arroyos no contradicen necesariamente el crecimiento estadístico. Muestran algo diferente: que la economía argentina está creciendo de manera selectiva, mientras una parte importante del aparato productivo todavía no encuentra un modelo rentable para competir con apertura comercial, menor consumo interno y costos locales elevados.

La pregunta, entonces, no es solamente si Argentina está o no en recesión. Es qué sectores están creciendo y cuáles están pagando el costo de esa transformación. Y allí la sensación de recesión es bastante más concreta que la que puede reflejar el número agregado del PBI.