El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula $ 1,4 billones recaudados del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) para mejorar el sistema vial que no ejecuta. Mientras viola la ley que le da una asignación específica a este monto, el Gobierno privatiza los caminos para que se aumenten y creen nuevos peajes con el pretexto de bachear los pozos. De este modo, los argentinos abonarán dos veces por el arreglo de las rutas: una con los tributos y otra cuando paguen en las barreras a las empresas que se adueñaron de los caminos.
Tras una revelación de PERFIL sobre el desfalco de los fondos del ICL, el vocero presidencial, Adrián Ravier, no supo qué responder por el dinero. Se limitó a comentar que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”. Ya fueron licitados 9.000 kilómetros de corredores considerados estratégicos por donde circula el 80% del tránsito del país. Hay otros 6.000 kilómetros en proceso de licitación.
Por esto, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al ministro de Economía, junto al director de Vialidad Nacional y al titular del Banco Nación. Están acusados ante el Juzgado Federal 2 de La Plata de malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
De acuerdo con cálculos privados, mantener anualmente un kilómetro puede costar entre US$ 15 mil y US$ 40 mil, mientras que reconstruirlo totalmente puede llegar a elevarse a entre US$ 1,3 millones y US$ 3,5 millones. El deterioro de los caminos en estos tres años de desinversiones aumenta exponencialmente los costos, a pesar de que el dinero se encontraba a disposición en el fideicomiso vial. Si se tiene en cuenta que hoy circulan por Argentina 128 millones de toneladas y que las proyecciones para 2035 acercan el pesaje a 194 millones de toneladas queda en evidencia que la decisión de no arreglar ni construir nuevos caminos perjudica también al desarrollo de las actividades económicas.
“Caputo no cumple con lo que manda la ley. La plata se la queda y las rutas están en estado de abandono. Es un desfalco”, denunció ante PERFIL el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. “Se cobra vidas, se encarece la economía. Acabamos de tener no menos de 4 mil camiones frenados en las altas cumbres en Mendoza por problemas de falta de mantenimiento. Condena a la Argentina a no tener un sistema de conectividad que necesitamos. Está poniendo en riesgo cosas que funcionan bien como Vaca Muerta. Son entre 800 y mil camiones diarios los que van de Entre Ríos con arena y usan esas rutas que están en absoluto abandono”, explicó el funcionario que sigue de cerca el tema con sus equipos técnicos del Instituto Argentina Grande.
La legisladora Marcela Pagano, del bloque Coherencia, detalló que el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés porque sus aliados recibieron plata a cambio. “Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. De dónde manoteó el dinero Javier Milei? De la caja que surge del impuesto al combustible. Por ley esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. Los repartió a los que les votaban las leyes usando como cajero al Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo (el cuevero de baja monta)”, acusó en redes sociales.
En el marco de la Comisión de Obras Públicas realizada en Diputados, la legisladora nacional Marina Salzmann recordó que a principios de mes presentó un pedido de informe por la utilización del impuesto a los combustibles líquidos que todavía no tuvo tratamiento, y que junto a otros diputados impulsó una petición de interpelación pública al ministro Caputo para que explique el destino de esos recursos, no ante el bloque sino ante el conjunto de los argentinos.
La legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti esgrimió que “la plata sí está, pero no se usa para lo que está destinada”. Detalló que, según una estimación realizada a partir de la recaudación del ICL, “en la Provincia de Buenos Aires se podrían haber construido 6.720 kilómetros de rutas, frente a los 4.672 kilómetros de rutas nacionales que tiene el territorio bonaerense”. “Milei y Caputo ponen en riesgo la vida de la gente para mantener el espejismo fiscal del Gobierno”, fustigó.
“En mis 55 años, jamás la vi en el estado lamentable en el que se encuentra hoy en día la ruta 228”, afirmó el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate. Sobre la Ruta 3 señaló que “vemos permanentemente cómo se va deteriorando año tras año”. “Los lugares donde más se producen accidentes en Tres Arroyos es donde nuestros vecinos tienen que cruzar las rutas”, agregó, al sumar que el municipio incluso ofreció hacerse cargo de tareas de bacheo, pero que todavía no cuenta con la autorización de Vialidad Nacional para avanzar.
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