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El titular del Pentágono y secretario de Guerra, Pete Hegseth, expresó este sábado que Estados Unidos posee la capacidad de reanudar las actividades militares contra el régimen de Irán si fuera necesario, en alusión a una posible caída de las negociaciones por la paz en Medio Oriente entre Washington y Teherán.

“Nuestra capacidad para reanudar las operaciones, si fuera necesario, es más que suficiente. Nuestras reservas son más que adecuadas para ello, tanto allí como en todo el mundo, gracias al equilibrio que mantenemos entre municiones de alta calidad y en abundancia. Por lo tanto, estamos en una muy buena posición”, aseguró el funcionario durante el foro de seguridad y defensa Diálogo de Shangri-La en Singapur.

Hegseth reveló que dialogó el sábado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones mediadas por Pakistán para la paz y enalteció la paciencia del mandatario: “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente; quería que les reiterara la paciencia que tiene para asegurar que, con Estados Unidos emprendiendo este tipo de esfuerzo histórico, cualquier acuerdo (con Irán) será bueno. Excelente”.

En ese sentido, recordó un encuentro de días atrás con las máximas autoridades del país: “Estábamos en una reunión de gabinete hace apenas un par de días, y el presidente (Trump) dijo ’oye, será un gran acuerdo, y si Irán no quiere hacer un gran acuerdo que garantice que no obtengan un arma nuclear pueden tratar con el tipo a mi izquierda’. Esa fue la única vez que me han acusado de estar en la izquierda”.

Durante su intervención, el jefe del Pentágono remarcó que Washington mantiene su atención en la región Asia-Pacífico pese a la situación con Irán. “Podemos hacer dos cosas a la vez. Estamos impulsando nuestra base industrial de defensa para fabricar 2, 3 o 4 veces más municiones muy pronto, para garantizar que todos nuestros planes (operativos) estén debidamente financiados en todo el mundo”, detalló.

Las declaraciones del secretario siguieron a una reunión en la Sala de Crisis en la Casa Blanca que se extendió por cerca de dos horas. Un alto funcionario de la administración republicana, citado por The New York Times bajo condición de anonimato, señaló que el presidente no adoptó una decisión sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto.

El Gobierno de Estados Unidos considera que se encuentra cerca de alcanzar un trato, aunque persisten cuestiones pendientes. Previo a la reunión, el presidente expresó a través de Truth Social que cualquier acuerdo para prorrogar el alto el fuego en Medio Oriente exigiría la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el compromiso del régimen de no desarrollar armas nucleares y la autorización para que Estados Unidos retire el uranio enriquecido del país persa.

Teherán rechazó de forma reiterada estas condiciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló el viernes en una entrevista telefónica con medios estatales que las conversaciones actuales tienen un alcance limitado y no incluyen “la cuestión nuclear”.

Desde Washington, un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN y AFP remarcó que Trump solo firmará un acuerdo de paz con Irán si cumple con todas sus condiciones. “La reunión en la Sala de Crisis ha concluido y duró aproximadamente dos horas. El presidente Trump solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos y satisfaga sus líneas rojas”, afirmó el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. “Irán jamás podrá poseer un arma nuclear”, sumó.

En paralelo, los funcionarios pakistaníes sostuvieron un encuentro el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la capital estadounidense, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

El resumen difundido por la cancillería precisó que Rubio reconoció los esfuerzos diplomáticos y de mediación realizados por los enviados de Islamabad durante la reunión.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, manifestó su confianza en que los esfuerzos continuos y sinceros de Pakistán en favor de la paz y la estabilidad regional y global, con el respaldo de países aliados, generarán resultados positivos. La reunión tuvo lugar en un contexto en el que Islamabad actúa como mediador entre Washington y Teherán. En los últimos días, altos funcionarios pakistaníes también realizaron visitas a Irán.

Estados Unidos sigue con sus operaciones en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) advirtió el viernes que llevará a cabo operaciones militares cerca del estrecho de Ormuz y que responderá con ataques en legítima defensa contra buques que detecte colocando minas.

A su vez, CENTCOM comunicó que al 29 de mayo sus fuerzas lograron desviar 115 buques comerciales como parte del bloqueo marítimo impuesto a los puertos iraníes. Estas operaciones en el mar Arábigo comenzaron el 13 de abril y afectan a embarcaciones que entran y salen de los puertos de Irán, en cumplimiento de una proclamación presidencial de Donald Trump.

(Con información de Reuters)

La economía argentina atraviesa una fase de estabilización en sus principales indicadores macroeconómicos, con los indicadores de actividad en niveles históricos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, estas cifras no logran traducirse en una mejora tangible para el empleo asalariado formal privado ni en un repunte de los salarios reales, que continúan estancados frente al deterioro del poder adquisitivo y la dualidad que exhiben los distintos sectores.

El mercado laboral formal muestra señales de fatiga a pesar del entorno macroeconómico estable. Las actividades vinculadas al comercio exterior impulsan el crecimiento, mientras los sectores orientados al mercado interno presentan rezagos en la generación de empleo y en la recuperación de los ingresos. Las cifras del empleo privado formal y los salarios reflejan una desconexión entre los avances del sector exportador y la realidad de la mayoría de los trabajadores registrados.

El estancamiento del empleo formal privado se combina con una recuperación parcial y transitoria de los salarios durante 2025, seguida de una nueva caída en el inicio de 2026. La dinámica salarial evidenció una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación en los últimos siete meses, lo que limita la capacidad de consumo de los hogares y restringe la posibilidad de una recuperación amplia de la demanda interna.

El escenario se completa con una estructura productiva dual: sectores como la energía, la minería y los servicios financieros muestran resultados positivos, pero su peso en la creación de empleo formal privado es menor que el de otros como industria, construcción o comercio interior, que exhiben un comportamiento más errático.

Dualidad productiva

Según un análisis de Fundación Mediterránea-Ieral, mientras crecen los segmentos vinculados a la exportación, la mayoría de los sectores ligados al consumo interno enfrentan salarios reales debilitados, menor capacidad de consumo y una reactivación intermitente de la actividad económica.

El documento, elaborado por la economista Laura Caullo, detalla que los rubros más dinámicos en materia exportadora y de inversión representan solo el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado, lo que impide que la bonanza del frente externo se cristalice de manera automática en el empleo o en los ingresos de los hogares.

El economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, describió que la actividad económica fuera de los sectores primarios, como la construcción, la industria y el comercio, está estancada desde febrero del año pasado.

Estos sectores, que concentran la mayor parte del empleo privado formal, no lograban despegar, y dentro de los segmentos ganadores como la energía, algunos subsectores incluso experimentaron caída de la ocupación privada formal por la destrucción de puestos en los yacimientos de petróleo convencional, que quedan al margen del boom de Vaca Muerta.

Para los próximos meses, el analista anticipó que el escenario del empleo y el crecimiento sería similar al actual, y que no se espera un repunte significativo del empleo privado formal. “En el mejor de los casos puede haber una pequeña recuperación del salario real algunos meses, pero cuesta ver que se recupere el consumo agregado, producto de que a su vez las familias tienen una caída del ingreso disponible. Esto hace que después de pagar gastos fijos, por más que se recupere un poco el ingreso, no puedan dedicarlo al consumo”, apuntó.

En cuanto a la evolución de la dinámica laboral, un reporte elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), indicó que en febrero de 2026, tras nueve meses consecutivos de caída, el empleo formal aumentó en 8 mil puestos respecto del mes anterior.

Sin embargo, el nivel total de empleo asalariado formal continuó por debajo de los valores del año previo, con una pérdida de 106 mil puestos frente a febrero de 2025 y de 290 mil puestos respecto de noviembre de 2023. En paralelo, durante ese período hubo un crecimiento de puestos de trabajo informales y de “menor calidad”.

Industria y comercio lideraron la pérdida de empleo desde septiembre de 2025, acompañando la contracción del nivel de actividad sectorial. El sector minero mostró una variación mensual positiva tras 19 meses de caídas, aunque la comparación interanual siguió arrojando un saldo negativo. La construcción, tras una leve recuperación a fines de 2025, no registró cambios en febrero de 2026. El informe destacó que las empresas pequeñas redujeron empleo, las grandes lo aumentaron y las medianas no mostraron variación.

Salarios estancados

La evolución de los ingresos tampoco es homogénea: tras una caída interanual del 14% real en 2024, los salarios del sector privado registrado recuperaron parte de su poder adquisitivo y lograron mejoras superiores al 12% interanual hacia mediados de 2025, aunque esa tendencia positiva se revirtió y volvió a terreno negativo a comienzos de 2026, con una caída de 2,3%, según Caullo.

A la vez, el sector público exhibe una trayectoria aún más retrasada, con una caída de hasta el 27% interanual del salario real, que acumuló una pérdida del 23% entre marzo de 2023 y marzo de 2026, potenciada por el ajuste del gasto fiscal que implementó el oficialismo para alcanzar el superávit, mientras que en el sector privado formal la merma fue del 7 por ciento.

En este contexto, el economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, dijo a Infobae: “La combinación de estancamiento en los sectores vinculados a la demanda interna -que concentran la mayor parte del empleo formal- y una inflación todavía elevada hizo que el salario real del sector privado registrado acumule siete meses consecutivos de caída, con una pérdida acumulada del 4,8% con respecto a agosto del año pasado“.

Estimaciones de Estudios Económicos del Banco Provincia calculan que los sueldos privados formales perdieron 1,3% de poder de compra en el tercer mes del año, último dato disponible en el Indec.

“En los últimos doce meses, la caída acumuló 3,9% y respecto del promedio de 2023, el deterioro fue de 5,7% (y de 8% respecto de la media 2020-2023)”, agregaron desde el organismo bonaerense. Y subrayaron: “Una particularidad de este proceso de desaceleración de la inflación es que no trajo una mejora del salario real, sino que, por el contrario, se dio en simultáneo con una caída. En 2023, el poder adquisitivo creció en 6 de 12 meses. Entre 2025 y marzo de 2026, cayó en 10 sobre 15”.

El director de Analytica, Claudio Caprarulo, advirtió que las remuneraciones privadas formales “acumularon siete meses consecutivos a la baja y es la peor racha desde que asumió La Libertad Avanza”.

Caprarulo concluyó: “En el primer trimestre el promedio de salarios subió en línea con lo que coordinó el Gobierno, 1,9%, mientras la inflación promedió 3,1%. Difícil ver algo muy diferente en abril y mayo. Entre la inercia y el precio de la energía, la posibilidad de perforar sostenidamente el 2% de inflación mensual se alejó aún más. ¿Cambiará la pauta paritaria? El nivel de actividad tiene un techo bajo hasta que los salarios no levanten”.

La corrupción es el abuso de poder, cargo o confianza para obtener un beneficio privado, generalmente económico, en detrimento del interés público o de terceros. Se manifiesta en distintos ámbitos —político, judicial, empresarial, policial— y adopta múltiples formas: soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o extorsión. Organismos internacionales como Transparencia Internacional la definen como “el abuso del poder encomendado para beneficio propio”, una formulación que abarca tanto al sector público como al privado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, reveló que Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua, integran el quinteto de países más corruptos del mundo. En el otro extremo, Dinamarca, Finlandia y Singapur, ocupan el podio de los menos corruptos.

Para llegar a esa exitosa meta, desde el Estado, se aplicaron estrictas fórmulas de controles preventivos como:

Mapeo de riesgos en cada área de la administración pública para identificar zonas vulnerables antes de que ocurran actos corruptos.

Códigos de conducta obligatorios para funcionarios y miembros del gobierno.

Declaraciones patrimoniales periódicas y verificables de todos los servidores públicos.

Sistemas de cumplimiento anticorrupción (compliance) exigidos también a empresas que contraten con el Estado.

Auditorías externas e independientes a partidos políticos y sus fundaciones cuando reciben financiamiento público.

Control en la contratación pública:

• Plataformas digitales de contratación con inteligencia artificial para detectar irregularidades.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

<b>Control financiero y patrimonial;</b>

• Confiscación preventiva o administrativa de bienes vinculados a actividades corruptas, incluso sin condena firme previa.
• Fortalecimiento de las oficinas de recuperación de activos con más recursos humanos y presupuesto.
• Monitoreo de flujos financieros sospechosos a través de unidades de inteligencia económica.

<b>Control judicial y penal:</b>

• Creación de fiscalías anticorrupción especializadas con mayor capacidad investigativa.
• Unidades judiciales especializadas en delitos contra la administración pública.
• Endurecimiento de penas y ampliación de plazos de prescripción para que los casos no queden impunes.
• Procedimientos judiciales más ágiles para casos que involucren funcionarios públicos.

<b>Control sobre denunciantes (</b><i><b>whistleblowers</b></i><b>):</b>

• Canales internos de denuncia obligatorios en empresas y organismos públicos.
• Garantías de confidencialidad, protección y asistencia legal para quien denuncia.
• Extensión de la protección a quienes reportan directamente ante fiscales, policía o jueces.

<b>Control de transparencia y rendición de cuentas</b>

• Publicación periódica de informes de gestión por parte de todas las entidades del Estado.
• Libre acceso ciudadano a la información pública.
• Campañas de formación e integridad para empleados públicos y para la sociedad en general.
• Encuestas de percepción para medir el avance de las políticas anticorrupción.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

La Argentina está embarcada desde Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, en llegar a ese grado de excelencia. Es una de las razones abrió una convocatoria para la presentación de trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La prevención de la corrupción será uno de los items centrales.

La propuesta está dirigida a especialistas, académicos, funcionarios y profesionales interesados en compartir investigaciones, experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora de la gestión pública.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de junio para presentar un resumen preliminar de sus trabajos. Los trabajos seleccionados serán expuestas durante el congreso, que reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y contará con la participación de más de 1.000 asistentes.

Un debate abierto

La transparencia y la integridad en la gestión pública, la prevención de la corrupción, el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la gestión de riesgos y la evaluación de políticas públicas formarán parte de la agenda de debate.

Detrás de esos temas subyace una discusión cada vez más presente en las administraciones públicas de todo el mundo: cómo construir sistemas de control capaces de detectar problemas antes de que se transformen en crisis.

Durante años, la tarea de los organismos de auditoría estuvo asociada principalmente a la revisión posterior de actos administrativos, contrataciones o programas estatales. Sin embargo, la creciente complejidad de la gestión pública y el avance de las tecnologías de información impulsaron nuevos enfoques orientados a la prevención.

La idea es sencilla: no esperar a que aparezca un problema para intervenir. En lugar de limitarse a verificar lo ocurrido una vez finalizada una política pública, los organismos de control buscan cada vez más desarrollar herramientas que permitan identificar riesgos, monitorear objetivos y generar alertas tempranas cuando los resultados comienzan a desviarse de las metas previstas.

La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones o inconsistencias permite fortalecer los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones estatales.

La SIGEN es el organismo encargado de ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y distintos entes estatales, a través de auditorías, evaluaciones y acciones de seguimiento destinadas a verificar el cumplimiento de procedimientos, normas y objetivos de gestión.

Pero la actividad de control no se limita a la detección de irregularidades. En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, comenzó a ganar relevancia una visión que incorpora también el acompañamiento técnico a los organismos públicos para mejorar procesos, fortalecer mecanismos de prevención y optimizar la utilización de recursos. La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.

La relevancia de estas discusiones quedó expuesta en distintos episodios recientes que pusieron el foco sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión más eficaces y oportunos. En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad para detectar señales de alerta durante la ejecución de una política pública puede resultar tan importante como la auditoría posterior de sus resultados.

“La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.”

El Congreso buscará precisamente reunir experiencias nacionales e internacionales que permitan intercambiar conocimientos sobre estos desafíos. La participación de representantes de distintos países apunta a mostrar cómo evolucionan los sistemas de control en un escenario atravesado por la digitalización de los procesos administrativos, la demanda de mayor transparencia y la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas.

La convocatoria para la presentación de trabajos preliminares –también mencionados abstracts– permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones para participar, junto con los requisitos para la presentación de trabajos, se encuentran disponibles en www.sigen.gob.ar/congreso.

Europa experimenta una transformación estructural impulsada por la participación digital de su población envejecida, cambio que redefine el acceso a servicios públicos, el perfil del consumo digital y las pautas del desarrollo económico, según detalla un estudio de Frontiers in Public Health en veintinueve países europeos. El avance tecnológico y el envejecimiento demográfico replantean la forma en que las personas mayores interactúan con la economía.

La mayor integración digital de los adultos entre 55 y 74 años en Europa muestra una relación directa con indicadores económicos. La aplicación de tecnologías digitales en actividades productivas, particularmente en comercio electrónico y formación continua, se vincula con el aumento del PIB per cápita, mientras que el uso principal de redes sociales o la búsqueda de información sanitaria en internet suelen asociarse con menores niveles de desarrollo. Por tanto, el impacto económico depende más del objetivo de la interacción digital que de la simple frecuencia del uso.

Este fenómeno se refleja especialmente en la capacidad de los adultos mayores de acceder y aprovechar recursos digitales, lo que contribuye tanto a la economía como a la eficiencia de los servicios públicos. El estudio —basado en datos entre 2011 y 2024— indica que actividades orientadas a la transacción, como la compra en línea, y a la formación, como los cursos digitales, permiten a los países maximizar los beneficios económicos asociados a la digitalización de una sociedad envejecida.

Impacto de las actividades digitales en la economía

Frontiers in Public Health señala que no todas las actividades digitales producen efectos equivalentes sobre la prosperidad nacional. Los resultados muestran que un porcentaje mayor de adultos mayores involucrados en compras por internet impulsa el PIB y la Renta Nacional Bruta per cápita. En el análisis de regresión, la compra en línea presenta el coeficiente más alto (0,770), consolidándose como el principal motor de la madurez digital a nivel nacional.

De igual modo, la participación en cursos digitales se asocia positivamente con el crecimiento económico, con un coeficiente de 0,447 para el PIB per cápita. Estos datos sugieren que los países donde los adultos mayores acceden a formación digital y plataformas educativas tienen ventajas en modernización y prosperidad. La investigación resalta que la mera frecuencia de uso de internet, sin considerar el objetivo, aporta poco valor explicativo comparado con las actividades transaccionales o formativas.

Por otra parte, la búsqueda de información sanitaria y la participación activa en redes sociales muestran asociaciones negativas con el PIB. El coeficiente para búsqueda de salud en línea es −0,461, y para redes sociales, −0,221. Esto sugiere que, en contextos donde la digitalización no se orienta a la productividad, el efecto puede ser neutro o incluso desfavorable para la economía.

Cambio en los servicios públicos y el consumo

El envejecimiento de la población redefine el diseño de los servicios públicos y modifica las tendencias de consumo digital en la región. Según Frontiers in Public Health, la llamada “economía asociada al envejecimiento” implica no solo desafíos fiscales, sino también oportunidades para el mercado y la innovación. La adopción de sistemas como la administración electrónica y la telemedicina agiliza los trámites y promueve la autonomía de los mayores.

El informe destaca que la variabilidad en habilidades digitales y el acceso a infraestructura profundizan una brecha digital de múltiples causas. Esta va desde la desigualdad en la banda ancha hasta aspectos como la confianza, la seguridad y la adaptabilidad de las plataformas. Los Estados que han logrado desarrollar mercados digitales estables y un mayor capital humano digital transforman el envejecimiento en un factor de progreso económico, impulsando una participación activa en servicios digitales.

Desafíos y recomendaciones para la inclusión digital y económica

El estudio identifica dos desafíos. Por un lado, la inclusión digital debe superar el simple acceso a internet y enfocarse en competencias productivas, como la formación continua y el comercio electrónico. Por otro, persisten barreras de habilidades entre los mayores, lo que exige programas de capacitación adaptados y un diseño accesible en los servicios digitales.

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para desarrollar entornos digitales inclusivos, mejorar la protección al consumidor en el contexto virtual y fomentar la confianza en la administración electrónica.

El informe precisa que “el principal determinante económico es la utilización de tecnologías digitales para transacciones y aprendizaje, no el simple acceso a internet”, de modo que las políticas públicas deben priorizar iniciativas orientadas a estas actividades.

A pesar del sólido vínculo entre digitalización y desarrollo económico en adultos mayores, el análisis aclara que se trata de correlaciones a nivel de país, no de relaciones causales individuales. Factores estructurales, como los casos de Luxemburgo, Irlanda o Noruega, explican desviaciones en el modelo, y las crisis macroeconómicas recientes afectan la precisión de las previsiones en periodos de alto impacto.

El estudio publicado por Frontiers in Public Health concluye que solo la inclusión digital orientada a actividades productivas, como el comercio electrónico y la formación continua, contribuye a los beneficios económicos tangibles en las sociedades europeas envejecidas. La expansión del acceso a internet sin un propósito definido tiene un efecto limitado sobre la prosperidad nacional.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, compartió en Infobae en Vivo un diagnóstico sobre el momento que atraviesa el sector manufacturero: apoyó el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero con una advertencia clara sobre los costos de la transición. La industria, dijo, está en un período de ajuste sin que los motores que deberían reemplazar al modelo anterior hayan encendido todavía.

La inversión que aún no llega

Rappallini planteó que el orden fiscal y la baja de la inflación son pasos necesarios, pero no suficientes para que la actividad industrial se recupere. “El país de las inversiones todavía no llegó”, afirmó. “Todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por USD 80.000 millones, todavía no está impactando en la economía.”

Esa brecha entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances y en los puestos de trabajo es, según el titular de la UIA, el núcleo del problema actual. No se trata, aclaró, de una economía partida en dos, sino de una transición que genera tensiones muy concretas sobre sectores que no pueden esperar. “En esta transición, tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria”, señaló, y mencionó a la construcción como uno de los casos más críticos.

Rappallini reconoció que la entidad que conduce llevó esa preocupación directamente al gabinete económico. “Estuvimos estos días con el ministro Caputo y le planteamos la preocupación por el nivel de actividad”, indicó.

Quince años sin crecer

Para entender el presente, Rappallini apela a una perspectiva de largo plazo. La industria argentina no enfrenta solo un problema coyuntural, sino el resultado acumulado de más de una década de estancamiento. “La economía hace quince años que no crece”, afirmó. “A nivel industrial, por habitante, somos la mitad que Brasil”, agregó.

Para el referente de la industria, el rezago estructural se combina con un doble efecto que complica la recuperación: la diferencia de precios y de cantidades. Los consumidores ajustaron su demanda ante la caída del poder adquisitivo, y los industriales deben adaptarse a una nueva estructura de costos que todavía no terminó de acomodarse.

Sin embargo, Rappallini no ve ese horizonte como inalcanzable. “Cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener el nivel de consumo por lo menos de 2022”, estimó. Ese nivel, aclaró, no representa un pico histórico, pero sería una señal concreta de reactivación. “Volver a los niveles de 2022 no es una locura”, insistió.

Las distorsiones heredadas

Parte del diagnóstico de Rappallini apunta a explicar por qué la industria llegó a este punto de fragilidad. Durante años, señaló, el sector manufacturero fue protegido en los precios mientras se lo castigaba por otras vías. “El sector industrial tuvo 120% de inflación en un período en el que los servicios subieron 300%”, describió. “Mientras se protegía a la industria, al mismo tiempo duplicaban los impuestos y las empresas tenían mayores costos financieros.”

El resultado fue una economía que Rappallini define como “distorsionada”, donde la protección arancelaria encubría una pérdida sostenida de competitividad. Esa lógica, sostiene, terminó perjudicando al sector que decía defender. “Muchos defienden el industrialismo y es un error pensar que defendés la industria cuando estás subiendo los impuestos. Cuando perdés tu capacidad de competir globalmente, no estás ayudando a la industria.”

Lo que pide la UIA

La posición de la entidad no es de oposición al Gobierno, sino de interlocución activa. Rappallini es explícito al respecto: “A nivel general, el rumbo del Gobierno es correcto.” Apoya la baja de la inflación, la reducción de impuestos a las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Pero sostiene que la corrección de distorsiones no está siendo pareja.

“Estamos planteando que hay que nivelar la cancha”, resumió. El sector más golpeado, según su análisis, es el que emplea más mano de obra: la industria tradicional que compite con el exterior y cuyos precios no se fijan localmente. “El problema del transable es que los precios y calidades no se deciden internamente, sino a nivel global”, explicó.

Desde esa lectura, la UIA impulsa dos propuestas concretas. La primera es permitir tomar a cuenta del IVA los aportes patronales, como mecanismo para reducir costos laborales y formalizar empleo. La segunda es extender el régimen RIGI -pensado hasta ahora para sectores como la energía y la minería- a la industria manufacturera. “Queremos un RIGI industrial, para que el sector tradicional transable tenga el mismo régimen del RIGI y el super RIGI”, planteó.

La riqueza que no es solo commodities

Rappallini cerró su argumento con una reflexión sobre el modelo de país que, desde la UIA, consideran necesario discutir. La Argentina, dijo, no puede apostar todo su desarrollo a los recursos naturales. “La riqueza del país no es sólo la energía y la minería, es también el tejido empresario y el tener gente que sabe hacer cosas.”

Esa capacidad instalada, advirtió, se destruye si no se la defiende. “Lo que hace diferentes a los países es la capacidad de sus empresas”, afirmó. Y subrayó que el empresariado industrial está en condiciones de competir, si se le dan las reglas para hacerlo: “Hay un empresariado muy preparado que quiere competir.”