Hay momentos en la vida de un gobierno en los que la concentración de poder enceguece. Le ocurrió a Cristina Fernández de Kirchner en 2011, tras ser reelecta con el 54% de los votos. “Vamos por todo” resumió aquella embriaguez de poder, tan dañina para el país y para la propia expresidenta, hoy cumpliendo una condena por corrupción. A Mauricio Macri le pasó algo semejante después del buen desempeño en las elecciones de medio término de octubre de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Y ahora lo mismo le sucede a Javier Milei tras el resonante triunfo electoral de octubre pasado. Es evidente que tanta concentración de poder obnubila aquí y en el mundo, y puede resultar peligrosa si no se acompaña de juicio y contexto adecuados.
Este es un momento de contrastes para el Gobierno: por un lado acaba de lograr otra victoria parlamentaria importante con la media sanción del proyecto de Ley de Glaciares, que se suma a los otros logros legislativos cosechados durante el verano; por el otro, el caso de Manuel Adorni se complica y se enreda con aristas y personajes casi novelescos. A esta altura, la decisión más prudente que debería tomar el jefe de Gabinete es apartarse del Gobierno. Basta leer las redes sociales —hasta aquí bastión de La Libertad Avanza— para comprobar la creciente decepción que el episodio provoca en una parte de su base ideológica y cultural. El comportamiento del Presidente, de su hermana Karina y del núcleo duro que lo rodea remite a lo propio de la casta. Hay que recordarle a Milei que los funcionarios son fusibles: el único irreemplazable es él y, probablemente para él, su hermana.
Durante la semana ocurrió algo que hubiera resultado impensado al inicio de la gestión: la entrevista que Milei concedió a Antonio Aracre y Ramiro Castiñeiras en el programa Economistas, que se emite por la Televisión Pública. Todos recuerdan que el Presidente había condenado la actividad de los medios públicos y había puesto al Banco Central con destino de extinción. Nada de eso ocurrió. Pero el problema no es la existencia de esos medios, sino su independencia: los medios públicos cumplen una función cuando dejan de lado la militancia y adoptan perfiles plurales e independientes. Lamentablemente no fue el caso. Como en ocasiones anteriores, la supuesta “entrevista” fue extremadamente concesiva y terminó siendo un vehículo para las descalificaciones del jefe a sus críticos y para repetir promesas de mejoras que se van postergando. Recordó a los famosos “brotes verdes” y al célebre “segundo semestre” de bonanza que Macri anunció sin que llegara. Como es habitual, volvió a atacar a la prensa asegurando que “el 95% de los periodistas son delincuentes”. Uno de los pasajes más criticados —incluso por parte de sus propios seguidores— fue su forma retorcida e infantil de evaluar el caso de los funcionarios que tomaron créditos en el Banco Nación: “Los créditos se tomaron a la tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada”, sentenció. Desde lo técnico o legal puede sostenerse, pero no es aconsejable desde un enfoque ético o moral; para la gente común no resulta tan sencillo tramitarlo. Fue entonces cuando ensayó una explicación desde la moral libertaria: “Nosotros hemos definido nuestros valores morales; la pregunta es: ¿haber tomado ese crédito mató gente?; ¿violentó el derecho a la vida? ¿Acaso terminó con la libertad de alguien? Ustedes se pueden reunir libremente”, les dijo a sus interlocutores. Resulta triste ver a una persona inteligente justificar de manera tan enrevesada algo que podría haberse resuelto de otra forma. Así, el Presidente se expuso a un desgaste autoinfligido que fue tema en las redes sociales durante días.
El Adornigate trajo esta semana la aparición de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Más allá del personaje pintoresco que encarnó Adriana Nechevenko, sus declaraciones públicas no solo no ayudaron a Adorni, sino que lo complicaron, al punto de abrir la puerta a eventuales sanciones contra su matrícula. Dijo no tener obligación de averiguar el origen del dinero utilizado en esas operaciones, cuando la Resolución 242/23 exige a cada escribano solicitar una declaración jurada del comprador sobre el origen de los fondos destinados a la operación correspondiente. Además, el jefe de Gabinete es una persona políticamente expuesta, lo que implica que, por su poder, está en posición de realizar actos de corrupción. Un error de principiante que no resiste el menor análisis.
Lejos del juego de la política —o como víctima de él—, el PAMI vuelve a estar en crisis. El atraso en el pago de prestaciones a las farmacias supera los dos meses y pone en jaque a uno de los actores centrales del sistema de salud. Desde hace tiempo los farmacéuticos hacen malabares para reponer medicamentos. También hay demoras en la entrega de fármacos oncológicos y clínicas y sanatorios han empezado a suspender prestaciones. El problema no es estrictamente de la obra social de los jubilados: desde allí sostienen —con razón— que el Ministerio de economía no transfiere los fondos suficientes. Estamos ante un gobierno que, con criterio, considera el equilibrio fiscal innegociable; pero cuando los números no cierran, debería priorizar mejor las asignaciones para que no sea el ciudadano común quien pague las consecuencias.
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