Este sábado, el Gobierno nacional remitió al Congreso una reforma de la Ley de Salud Mental y otra de la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.
Fuentes legislativas confirmaron la información a la Agencia Noticias Argentinas, y precisaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.
La estrategia se definió tras una reunión de la “mesa chica” en Casa Rosada, en la que participaron Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La opción de presentarlos por el Senado responde a la mayoría sólida que el oficialismo logró consolidar en esa cámara. Así, la Cámara alta funcionará como origen por si se introducen modificaciones durante el debate en Diputados.
Agenda parlamentaria y prioridades
Con el foco en la agenda legislativa, el oficialismo en el Congreso de la Nación busca recuperar la iniciativa política de cara al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, el Poder Ejecutivo evalúa impulsar nuevos proyectos y acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.
El plan del Gobierno contempla tratar el proyecto de Hojarasca el próximo martes en comisión, con la intención de llevarlo al recinto al día siguiente si el debate no presenta obstáculos.
En cuanto a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la discusión sigue abierta en el Senado, sin fecha definida para el dictamen. Las objeciones provienen de sectores de la oposición dialoguista, que cuestionan cambios incorporados tras la exposición del ministro Federico Sturzenegger en las comisiones.
Según los plazos reglamentarios, el oficialismo estima que el proyecto llegará al recinto ya en mayo, en un contexto marcado por negociaciones políticas y revisiones técnicas.
Qué es la Ley Hojarasca que impulsa el Gobierno de Javier Milei
El proyecto de ley conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el gobierno de Javier Milei y elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, plantea una revisión integral del marco normativo vigente con el objetivo de eliminar leyes consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. La iniciativa fue enviada al Congreso en 2024 como parte del programa de desregulación del Estado.
El núcleo del proyecto consiste en la derogación de entre 60 y 70 normas sancionadas a lo largo del siglo XX, muchas vinculadas a regulaciones que, según el Ejecutivo, quedaron desactualizadas ante cambios tecnológicos, económicos y sociales. Entre los fundamentos oficiales se alude a la necesidad de “limpiar” el sistema legal para reducir la burocracia y eliminar costos innecesarios para el Estado y los contribuyentes.
La propuesta también se apoya en un criterio conceptual: que todo aquello que no esté prohibido por la Constitución no requiere una ley específica. Bajo esa lógica, el Gobierno plantea que numerosas regulaciones vigentes generan trabas al desarrollo económico o limitan libertades individuales, por lo que su eliminación permitiría simplificar el funcionamiento del sistema jurídico.
Entre los ejemplos citados en el debate público figuran normas vinculadas a actividades o contextos superados —como regulaciones sobre enfermedades erradicadas o tecnologías en desuso—, lo que refuerza el argumento oficial de que se trata de legislación sin impacto real en la actualidad.
En términos técnicos, el proyecto contempla no solo derogaciones totales, sino también modificaciones parciales de otras leyes, en un intento por reordenar el entramado normativo vigente y avanzar en una reforma del Estado más amplia.
Qué es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno
El proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” también fue elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, y pretende reforzar las garantías jurídicas del derecho de propiedad en la Argentina. La iniciativa ingresó al Senado a fines de marzo de 2026 y forma parte del paquete de reformas estructurales orientadas a la desregulación económica.
El eje central del proyecto apunta a modificar el régimen de expropiaciones y limitar la capacidad del Estado para intervenir sobre bienes privados. En paralelo, propone ampliar las compensaciones a los propietarios en esos casos y establecer reglas más exigentes para avanzar sobre activos particulares, bajo el argumento oficial de otorgar mayor previsibilidad jurídica.
Otro punto clave es la agilización de los desalojos ante situaciones como falta de pago de alquileres u ocupaciones de inmuebles. El texto plantea procedimientos más rápidos y con menos requisitos judiciales, en línea con la intención del Ejecutivo de reducir tiempos y costos en conflictos de propiedad.
La iniciativa también introduce cambios en normativas vinculadas al uso del suelo y a la propiedad de tierras rurales. Entre ellas, se incluye la flexibilización de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Dentro del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los capítulos más sensibles es el referido a la modificación de la normativa sobre manejo del fuego. El texto propone cambios concretos a las restricciones vigentes para el uso de tierras afectadas por incendios.
En particular, la iniciativa busca eliminar limitaciones establecidas por la legislación actual que impiden cambiar el destino de terrenos incendiados durante largos períodos. Hasta ahora, la ley prohíbe modificar el uso del suelo —por ejemplo, para desarrollos inmobiliarios o productivos— durante décadas tras un incendio, con el fin de evitar prácticas especulativas.
El proyecto del Gobierno plantea suprimir esos plazos, que hoy alcanzan hasta 60 años en algunas zonas y 30 años en otras, lo que permitiría vender, subdividir o reconvertir esas tierras sin las restricciones actuales.
Desde el enfoque oficial, esta modificación busca “liberar” el uso productivo de los terrenos y evitar que las regulaciones funcionen como un obstáculo económico para los propietarios. En ese sentido, la reforma se inscribe dentro de una lógica más amplia de reducción de regulaciones sobre la propiedad privada.
En términos técnicos, implica alterar el régimen diseñado para desalentar incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria o agropecuaria. La discusión en el Congreso se centra, precisamente, en el impacto que podría tener esa flexibilización sobre el uso del suelo en las zonas afectadas por incendios.
NG / LT
