La Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta de X perteneciente a Presidencia que atiende los cuestionamientos y consultas sobre la gestión del gobierno nacional, se pronunció sobre la inflación que golpea al país y resaltó observaciones acerca de la denominada “inflación mayorista”. “En febrero de 2026, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba de 0,979% mensual, perforando el 1% y comenzando con 0, como había predicho el Presidente Javier Milei. Los precios mayoristas son el mejor indicador para predecir lo que viene a futuro en minoristas, índice que aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios”, destacó el órgano digital.
A continuación la Oficina señaló: “Se trata de la menor variación mensual del índice de precios mayoristas desde mayo de 2025, cuando había registrado una baja del 0,3%, y confirma el proceso de desinflación que está en marcha. Este resultado es consecuencia directa de un programa económico sólido basado en orden fiscal, disciplina monetaria y fin de la emisión para financiar al Tesoro”. Junto con el mensaje, la cuenta compartió una imagen que reafirma el mensaje y aclaró que las cifras fueron confirmadas por el ministerio de Economía de la Nación.
La inflación mayorista es un concepto técnico que expresa la variación de precios en las etapas previas a la venta al consumidor final: refleja cuánto cambian los valores a los que productores e importadores intercambian bienes o venden a intermediarios, antes de que esos productos lleguen a las góndolas y a los hogares. En otras palabras, sigue la evolución de precios a lo largo de la cadena de producción, sin incorporar el margen minorista ni muchos servicios, por lo que funciona como indicador adelantado de las presiones inflacionarias en la economía.
Técnicamente, se calcula a través de índices como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) del INDEC, que registran la evolución de los bienes nacionales e importados, respectivamente. En el país, tras años de inflación crónica, los datos oficiales muestran que la inflación mayorista alcanzó algunas de sus tasas más bajas, incluso con episodios puntuales de deflación mensual, como en mayo de 2025, cuando el índice cayó 0,3% por primera vez en mucho tiempo. Ese retroceso forma parte del proceso de desaceleración de precios que el Gobierno ha impulsado mediante ajustes fiscales, restricción monetaria, flotación del tipo de cambio y recortes significativos de subsidios.
Según los especialistas, la baja de la inflación mayorista en Argentina se explica principalmente por tres factores económicos interrelacionados. La contracción de la demanda agregada, refiriéndose a tasas de interés elevadas, control del gasto público y menores subsidios, redujo la cantidad de dinero en circulación y el consumo, lo que limitó la capacidad de las empresas para trasladar aumentos de costos a precios. En segundo lugar, los ajustes de precios relativos como la eliminación de distorsiones cambiarias y subsidios. Por último, la estabilidad cambiaria como política de flotación monetaria.
Por otra parte, la relación entre los distintos indicadores de inflación se volvió objeto de discusión en Argentina, especialmente tras la controversia sobre la forma de medir el IPC oficial. El Gobierno informó que la inflación mensual en enero de 2026 fue del 2,9% y que la interanual se ubicó alrededor del 33,1%, cifras que se presentaron como prueba de desaceleración. No obstante, varias consultoras privadas estimaron que el aumento real de precios podría estar ligeramente por encima de los datos oficiales: en febrero de 2026 algunas proyectaron una inflación mensual de hasta 3%, con mayores presiones en alimentos y servicios.
Aún más, estudios privados prestigiosos, difundidos por sindicatos, académicos y economistas independientes, sostienen que la inflación “real” —si se actualizaran la canasta de bienes y las ponderaciones de consumo con datos recientes— sería significativamente más alta que la oficial. Por ejemplo, una reconstrucción con ponderadores actualizados muestra que, en varios meses, la inflación real habría estado entre 10 y casi 40 puntos porcentuales por encima del IPC oficial, resultado atribuible al uso de una encuesta de gastos de hogares antigua y a ponderaciones que ya no reflejan la estructura del consumo actual.
Esa discusión metodológica se transformó en escándalo político y técnico a comienzos de este año. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia en febrero tras más de seis años al frente del organismo, en un contexto de tensiones por la implementación de una nueva metodología para medir la inflación. Lavagna había impulsado un indicador con ponderadores y encuestas más recientes que incorporaban mejor el peso actual de servicios como electricidad, gas e Internet en el gasto familiar, pero el Gobierno decidió posponer indefinidamente la adopción de ese nuevo cálculo, argumentando que debía esperar a una consolidación de la desaceleración inflacionaria.
La renuncia derivó en acusaciones de manipulación de datos estadísticos por parte de sectores críticos, que sostienen que la postergación y el uso de metodologías antiguas permiten subestimar la inflación real, con consecuencias políticas y económicas, incluidas repercusiones en salarios, jubilaciones y contratos indexados. Por su parte, la administración mileista negó cualquier interferencia política y describió la salida de Lavagna como parte de una transición técnica, aunque la controversia reavivó recuerdos de disputas pasadas sobre la credibilidad de los datos oficiales.
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