Dos productores agropecuarios de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, presentaron un amparo judicial contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, porque, según señalaron, no recibieron respuesta a un pedido de información sobre las obras hidráulicas y los fondos destinados a prevenir inundaciones. El reclamo está relacionado con el Plan de Gestión del Riesgo Climático anunciado por el gobierno de Axel Kicillof, que incluye inversiones para hacer frente a fenómenos climáticos extremos, como El Niño. El amparo fue presentado el 22 de octubre ante la Receptoría General de Expedientes de Trenque Lauquen. Los productores, que tienen campos en Carlos Casares y cuya identidad pidieron no revelar, buscan que la Justicia obligue al gobierno provincial a informar qué obras están previstas, cuáles se hicieron, cuánto dinero se destinó y qué trabajos siguen pendientes. Ante una consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense señalaron que van a “contestar el pedido de informes a la brevedad”.
Todo comenzó el 22 de julio pasado, cuando los productores presentaron un pedido de información pública ante esa cartera provincial. Allí solicitaron detalles sobre las obras previstas en la cuenca del río Salado, especialmente en la subregión A3, una zona que tiene problemas de acumulación de agua e inundaciones.
Según señalaron en el amparo, “el Ministerio no contestó el pedido, no puso documentación a disposición, no comunicó prórroga, no derivó formalmente la solicitud a otra autoridad, no invocó excepción legal y no informó la inexistencia de documentación”. Los productores explicaron que el plazo legal de 30 días hábiles para responder venció el 3 de septiembre y que, ante la falta de respuesta, decidieron recurrir a la Justicia.
Uno de los principales puntos del pedido es conocer cómo se utilizará el dinero anunciado por el gobierno bonaerense para prevenir inundaciones. En agosto pasado, Kicillof presentó un plan provincial con una inversión anunciada de más de $2,3 billones, que incluye obras hidráulicas, sistemas para controlar las lluvias y los niveles de agua, y medidas para actuar ante posibles emergencias. Los productores quieren saber si ese plan fue aprobado oficialmente, qué organismos están a cargo y qué estudios se hicieron para decidir dónde se necesitan las obras.
También piden que se aclare si el dinero anunciado ya estaba previsto en el presupuesto provincial de 2026 o si proviene de nuevos fondos, créditos o préstamos internacionales. En particular, quieren conocer cuánto dinero se destinó a cada obra, cuánto se pagó hasta ahora, qué empresas fueron contratadas y qué trabajos están terminados, cuáles comenzaron y cuáles todavía no se hicieron.
Para eso, solicitaron que el Ministerio entregue documentos oficiales, contratos, comprobantes de pago e informes que permitan comprobar el avance de las obras. “Solicitamos expresamente que no se brinde una respuesta meramente genérica, narrativa, incompleta o de remisión imprecisa a páginas web, sino información documental concreta, verificable, trazable y vinculada a expedientes, partidas, obras, contratos, pagos y responsables determinados”, expresaron.
El reclamo incluye distintas obras hidráulicas en la cuenca del río Salado. Entre ellas están los trabajos en el arroyo Saladillo y el canal troncal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este, las obras en la laguna Municipal de Bragado y el canal República de Italia-Mercante-Jauretche. También detalles sobre el canal al sur de la ruta nacional 5, el sistema Belloq-Cadret-La Sofía, la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas y los controles sobre canales construidos sin autorización.
El pedido también alcanza a las obras realizadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, especialmente las relacionadas con caminos rurales inundados, alcantarillas, canales, puentes y trabajos para facilitar la salida del agua de los campos.
Además, quieren saber qué medidas tomó el Ministerio durante 2025 y 2026 ante las inundaciones, los problemas para circular por los caminos rurales y las dificultades que tuvieron algunos productores para llegar a sus establecimientos. En la presentación judicial los productores explicaron que necesitan esa información para conocer qué trabajos están previstos en la zona donde tienen sus campos y qué medidas se tomaron para reducir el riesgo de nuevas inundaciones.
“Cada día de demora impide saber si el plan fue formalmente aprobado, qué diagnóstico lo sustenta, qué obras alcanzan a la Subregión A3 y a Carlos Casares, qué recursos fueron asignados, quién los administra, cuál es el avance físico y financiero y qué medidas se adoptaron frente a los riesgos hídricos identificados”, sostuvieron. También advirtieron que recibir la información demasiado tarde podría hacer que pierda parte de su utilidad, porque las obras y las medidas de prevención están relacionadas con las lluvias previstas para los próximos meses.
“La información recibida después de ejecutadas las partidas, celebradas las contrataciones, vencidas las etapas de obra o atravesado el período preventivo pierde parte sustancial de su utilidad para el control, la participación y la adopción de decisiones informadas”, señalaron.
Los productores aclararon que no le están pidiendo a la Justicia que determine si las obras son suficientes o si las decisiones del gobierno provincial son correctas. Lo que buscan es que el Ministerio responda y entregue los documentos solicitados. “Esta acción persigue exclusivamente el cese del silencio estatal y la efectividad del derecho autónomo de acceso a información pública”, explicaron.
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