La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) afirmó que amplió la superficie que propone exceptuar del pago por uso propio de semillas en un intento por acercar posiciones con las entidades rurales en la discusión por una nueva legislación. La entidad presentó esa decisión como una muestra de flexibilidad, aunque no precisó cuántas hectáreas comprende ni cuál sería el nuevo límite de la excepción.
“Como muestra concreta de su compromiso con la construcción de consensos, ASA revisó y amplió la superficie contemplada dentro del régimen de excepción al pago por uso propio respecto de su propuesta original, reconociendo las diferentes realidades productivas y realizando un esfuerzo para acercar posiciones”, sostuvo en un comunicado.
La entidad presidida por Ricardo Fernández Pancelli señaló que la industria “ha demostrado vocación de diálogo, flexibilidad y voluntad de construir acuerdos”. En particular, reconoció la necesidad de contemplar un régimen de excepción que tenga en cuenta las distintas situaciones productivas y permita que “aquellos productores que lo requieran continúen accediendo a genética de calidad”.
El anuncio se inscribe en una negociación en la que ruralistas y semilleros coincidieron en utilizar los deciles del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para definir quiénes quedarían exceptuados. El método divide a los productores, ordenados por superficie, en diez grupos con aproximadamente la misma cantidad de integrantes. La diferencia estaba en dónde establecer el límite: la producción proponía exceptuar desde el cuarto decil y la industria, desde el séptimo.
En números redondos, las entidades rurales buscaban que no pagara el 70% de los productores, mientras que la industria proponía exceptuar al 40%. Esa distancia de 30 puntos porcentuales en cantidad de agricultores era menor cuando se observaba la superficie que trabajaban. En soja, el planteo de los productores comprendía aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, el 17% de la superficie, mientras que el de los semilleros alcanzaba unas 665.000 hectáreas, cerca del 5%. En trigo, las cifras eran de 1,25 millones de hectáreas, el 21%, frente a unas 376.000 hectáreas, el 6%, respectivamente.
Un cuadro utilizado para la discusión también muestra que, si quedara exceptuada la mitad de los productores, la superficie fuera del pago sería de aproximadamente el 7% en soja y el 10% en trigo. Así, el otro 50% de los agricultores concentra alrededor del 93% y del 90% del área de cada cultivo.
Para ASA, el acercamiento debe permitir construir “un sistema equilibrado y sostenible, capaz de compatibilizar el reconocimiento de la propiedad intelectual con las necesidades de los productores”. La entidad vinculó la actualización de la legislación con la posibilidad de atraer inversiones y acelerar el desarrollo de nuevas variedades. Consideró “fundamental avanzar hacia un marco normativo con reglas claras, previsibles y equilibradas, que fortalezcan la innovación y promuevan nuevas inversiones en investigación y desarrollo”.
La asociación destacó que el mejoramiento genético permite ampliar las alternativas disponibles, incrementar los rendimientos y mejorar la adaptación de los cultivos a distintos ambientes. Para sostener esos desarrollos, subrayó la importancia de contar con “condiciones que reconozcan adecuadamente la propiedad intelectual y generen incentivos sostenibles para invertir”.
También sostuvo que el debate debe apuntar a ampliar el valor generado por la actividad. Según expresó, “el objetivo no debe limitarse a distribuir de otra manera el valor que actualmente genera el sector, sino a crear las condiciones necesarias para generar mucho más valor”.
En esa línea, afirmó que un entorno favorable a la innovación permitiría ampliar la oferta de variedades, atraer nuevos desarrolladores e incrementar la competencia, “acercando más y mejores herramientas a los productores argentinos”.
Otro de los puntos que mantiene diferencias en la negociación es durante cuánto tiempo se cobraría por el uso propio. Según la explicación sobre las posiciones discutidas, las entidades rurales expresaron su disposición a aceptar un pago por tres años en los principales cultivos desde la compra de la semilla, mientras que los obtentores, especialmente las empresas biotecnológicas multinacionales, sostienen una posición de 20 años vinculada con la defensa de sus patentes.
ASA insistió en los efectos que atribuye a una reforma sobre la inversión y la competitividad. “Un marco normativo moderno y previsible puede convertirse en una herramienta decisiva para impulsar inversiones en mejoramiento genético, acelerar la llegada de variedades con mayor potencial y fortalecer la competitividad del agro argentino”, señaló.
Como referencia, mencionó a Brasil, donde destacó avances en la incorporación de tecnologías y en la ampliación de la oferta genética. Para la entidad, esa experiencia muestra la oportunidad que tiene la Argentina de fortalecer su capacidad para atraer inversiones y competir en la región. “El principal beneficiario de este proceso debe ser el productor argentino, que podrá acceder a una oferta más amplia de genética, mejores rendimientos y nuevas herramientas para producir de manera más eficiente y sostenible”, expresó.
Por otro lado, ASA afirmó que el diálogo permitió “identificar intereses compartidos, acercar posiciones y construir una base sobre la cual continuar avanzando”. Planteó que el desafío es transformar esos avances en reglas que permitan proyectar inversiones a largo plazo y concluyó: “Fortalecer la innovación no es un objetivo exclusivo de la industria semillera, sino una oportunidad de crecimiento para todo el agro argentino”.
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