La emergencia ante El Niño expone claramente, una vez más, cómo se priorizan los recursos económicos en la Argentina, en particular los presupuestos públicos, en relación a los aportes tributarios del campo y lo que vuelve para que el motor productivo (y financiero) siga funcionando.
Vayamos al grano. Sigue primando la idea de que el campo tiene fondos y se le puede seguir sacando. Pasa con el “robo de las retenciones”, definición política (de toda la sociedad, porque evidentemente los que toman las decisiones tienen aval “popular”) que lleva décadas atravesando gobiernos variopintos.
Y ahora, a partir de la conciencia bienvenida de que faltan obras hídricas para enfrentar el desafío del cambio climático, que empieza a mostrar una primavera mucho más lluviosa que lo habitual, no surgió una solución mejor que “desvestir un santo, para vestir a otro”…
La Legislatura bonaerense convirtió en ley un poyecto impulsada por el senador Sergio Vargas, que faculta de forma extraordinaria —y durante un plazo de 180 días— a los 135 municipios de la provincia a utilizar los fondos coparticipados provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para obras de drenaje pluvial, dragado e infraestructura hídrica.
Todas las entidades gremiales del campo salieron inmediatamente a criticar la medida. Carbap, la representación regional de CRA, tomó la iniciativa y consideró que “resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos. Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose”.
Advirtieron que “antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto. Si las obras hidráulicas necesitan más recursos, deben buscarse otras fuentes de financiamiento. No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial, para producir y vivir en el interior”.
En el mismo sentido, la Sociedad Rural Argentina subrayó que “el punto central del reclamo sectorial radica en la afectación de los recursos específicos, que pone en riesgo el transporte de cosechas, el tránsito de hacienda, la llegada a las escuelas rurales y el acceso a los centros de salud. Permitir el desvío de las partidas del Inmobiliario Rural, que por ley deben ir dirigidas al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, significa institucionalizar un desfinanciamiento en el momento de mayor vulnerabilidad productiva.
Federación Agraria Argentina se pronunció en el mismo sentido de rechazo, porque los caminos rurales “atraviesan una situación de deterioro alarmante y requieren más recursos para su recuperación y conservación”. Y destacaron: “Esta medida no se consultó con ninguna entidad agropecuaria ni pasó un debate en comisiones permitiendo la voz de los actores de la producción. Los problemas estructurales de la provincia requieren respuestas planificadas, consensuadas y sostenibles”.
Coninagro rechazó la idea pero ante la eventual promulgación propuso de “modo constructivo, que las obras financiadas se limiten al ámbito rural y guarden relación directa con la conservación de la red vial rural, la reposición al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales de los recursos que se utilicen, la rendición pública de cuentas, municipio por municipio, del destino dado a esos fondos y la participación de los productores y de sus cooperativas en la definición de las obras, a través de las comisiones viales locales”.
Asimismo, propusieron “que las obras hídricas cuenten con un fondo específico y recursos propios, como corresponde a una política de Estado y no a una medida de emergencia financiada con dinero ajeno a ese fin”.
Y concluyeron: “Las cooperativas están dispuestas a sentarse con cada intendente para definir qué obras hacen falta y dónde. La participación de quienes integran una comunidad en las decisiones que la afectan es la esencia del cooperativismo. Queremos obras y caminos transitables. No aceptamos que se nos obligue a elegir entre una cosa y la otra”.
La Región Centro reclama un plan de infraestructura
En ese contexto, hubo un fuerte “puñetazo en la mesa” de la opinión pública por parte de los tres gobernadores de la Región Centro, que reunidos en Paraná, plantearon la necesidad de un plan de infraestructura que devuelva dólares al campo y la cadena de industrias, servicios y comercios asociados.
Concretamente, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) hicieron frente común y reclamaron que las nuevas divisas de la energía y la minería deben reinvertirse en rutas, puertos y energía barata para el sector agroproductivo.
Enfatizaron sobre la necesidad de que la Argentina ponga en marcha un plan integral de infraestructura logística y abrieron el debate sobre el destino estratégico que se le dará a las divisas que ingresarán al país en los próximos años mediante el desarrollo energético y minero.
Pullaro sostuvo durante su exposición que “la Región Centro debe ocupar un rol protagónico en la discusión económica nacional”. Y proyectó que, en un plazo de cuatro años, el sector energético generará la misma cantidad de divisas que actualmente aporta el sector agropecuario.
Asimismo, estimó que en seis años la minería alcanzará un nivel de ingreso de dólares equivalente al de la producción del campo.
Ante ese escenario, planteó que “la discusión central de la política económica debe focalizarse en el uso de esos recursos para el desarrollo de infraestructura, la mejora de las rutas, la optimización de los puertos y aeropuertos, y el acceso a gas natural más económico para producir”.
Pullaro advirtió que el debate nacional no puede limitarse a utilizar las divisas exclusivamente para el cierre de la balanza comercial o la contención macroeconómica. En ese sentido, afirmó que “la salida para el crecimiento del país reside en el fortalecimiento del sistema productivo y en la unidad política de las tres provincias”.
“El futuro y el mundo ponen a la Argentina en otro lugar”, señaló el gobernador santafesino, subrayando que el objetivo de la integración regional es consolidar un modelo de gestión enfocado en el desarrollo y en la generación de empleo, de modo que el país adopte el perfil productivo característico de la Región Centro.
Competitividad agroindustrial
Por su parte, Llaryora definió a la Región Centro como un punto de referencia en materia de competitividad a partir de la articulación entre el sector público y el sector privado.
Manifestó que las administraciones provinciales de la región comparten el principio de que la gestión pública debe orientarse a la creación de puestos de trabajo y al sostenimiento de la capacidad agroindustrial.
El mandatario cordobés destacó el aporte continuo de las provincias del interior para el sostenimiento de la economía nacional y remarcó la urgencia de diseñar un plan logístico que contemple las necesidades reales de los productores y de la industria exportadora.
Llaryora sostuvo que, una vez que la macroeconomía logre su estabilización, el gobierno nacional debe impulsar de manera prioritaria una agenda productiva basada en obras de infraestructura y en la defensa de la industria.
Señaló que la Región Centro cuenta con las condiciones técnicas y productivas para operar como una potencia alimentaria a nivel global, pero advirtió que ese potencial requiere de una red vial adecuada, conexiones de transporte eficientes y políticas públicas de incentivo para el agregado de valor en origen.
En esa misma línea, Frigerio enfatizó que las tres provincias tienen una estrategia común vinculada al desarrollo del sector privado, al que definió como el principal generador de riqueza y empleo competitivo.
Planteó la necesidad de profundizar el proceso de integración mediante la cooperación gubernamental y la transformación de los límites provinciales en plataformas de desarrollo para la apertura de nuevos mercados.
Asimismo, propuso vincular directamente a las economías regionales con los polos energéticos y mineros en expansión para fortalecer el tejido productivo y crear puestos de trabajo de calidad.
Las jornadas contaron además con la participación de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone, junto a legisladores y autoridades provinciales.
La actividad oficial incluyó el desarrollo de paneles técnicos sobre infraestructura, logística, aplicación de inteligencia artificial en los procesos productivos y el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral de la región.
Logística y debate tecnológico
Durante los bloques de discusión técnica, representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, del sistema portuario y de organismos de cooperación internacional analizaron el estado de los corredores viales y los pasos bioceánicos.
Los expositores coincidieron con los mandatarios en que la reducción de los costos logísticos resulta indispensable para mantener la competitividad de las exportaciones primarias e industriales.
Se remarcó que las inversiones en el dragado de las vías navegables y el mantenimiento de las redes viales secundarias y principales constituyen la base necesaria para aprovechar las oportunidades del comercio exterior.
El programa académico incluyó también paneles dedicados a la innovación y la digitalización del sector productivo, con la participación de especialistas de Argentina y Brasil.
Se debatieron las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la maquinaria agrícola, el seguimiento de procesos industriales y la optimización de las cadenas de suministros.
Asimismo, representantes de los ministerios de Trabajo de Entre Ríos y Santa Fe analizaron la transformación de las competencias laborales requeridas por las empresas del interior y los desafíos en materia de capacitación frente a los cambios tecnológicos.
Al cierre de la jornada, las delegaciones provinciales ratificaron el compromiso de sostener una agenda de trabajo unificada ante los organismos nacionales e internacionales.
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