Privatización de AySA: legisladores denuncian a funcionarios y buscan trabar adjudicación

En medio del proceso de privatización de la empresa de aguas AySA, un grupo de diputados y senadores del peronismo denunciaron ante la fiscalía anticorrupción al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, y otros por “graves irregularidades” y “tasaciones secretas”.

La denuncia fue presentada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el órgano especializado del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar irregularidades administrativas y delitos de corrupción, por los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano.

Todo ellos integran la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, según remarcan en la denuncia, no pudo ejercer su función de controlar que la empresa sea vendida por su valor real y de la misma manera tampoco es informada sobre el proceso relativo a otras empresas públicas que el gobierno de Javier Milei busca privatizar.

Responsabilizan por ello a Chaher, aunque la solicitud de investigación presentada ante la PIA alcanza también al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

¿Qué dice la denuncia de los legisladores ante la privatización de AySA?

La denuncia se presentó horas antes de la apertura de ofertas por el 90% de las acciones de AySA que poseía el Estado. Este jueves se confirmó que pasarán a manos del consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor -vinculada al empresario Mauricio Filiberti- que presentó la propuesta más alta con u$s 349 millones.

Los diputados y senadores decidieron hacer su presentación ante la PIA porque entienden que una denuncia penal en sede judicial podría ser “cajoneada”, según comentó una fuente de la bancada de senadores de Unión por la Patria a iProfesional, mientras que la llamada fiscalía anticorrupción está obligada a intervnir y pronunciarse.

En el escrito advirtieron que el Poder Ejecutivo “armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente, cambió el método de valuación y declaró secreto el resultado”. Al respecto, subrayaron que “con ese circuito, se está vendiendo AySA”.

Los legisladores señalaron que de esta manera se desplazó al Tribunal de Tasaciones, organismo encargado de valuar los bienes del Estado, y se convirtió en secreto el precio de las empresas públicas que el Gobierno quiere privatizar, entre las cuales también están Enarsa, Intercargo, Trenes Argentinos y Belgrano Cargas. Todo ello, sin informar tampoco a la Comisión Bicameral del Congreso, según subrayaron.

“Ninguna norma de rango legal autoriza a mantener en secreto la tasación de una empresa pública en venta. Todas las normas aplicables exigen lo contrario”, remarcaron los diputados y senadores de UP en otro tramo de su denuncia.

En ese sentido, señalaron que la Ley 23.696 de Reforma del Estado en su artículo 14 “establece que la Comisión Bicameral debe ser informada permanentemente y ‘a su requerimiento’ de toda circunstancia relacionada con las privatizaciones, con la documentación correspondiente”. Y agregaron: “Esto es básico y Chaer desconoce lo básico”.

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