En medio del proceso de privatización de la empresa de aguas AySA, un grupo de diputados y senadores del peronismo denunciaron ante la fiscalía anticorrupción al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, y otros por “graves irregularidades” y “tasaciones secretas”.
La denuncia fue presentada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el órgano especializado del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar irregularidades administrativas y delitos de corrupción, por los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano.
Todo ellos integran la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, según remarcan en la denuncia, no pudo ejercer su función de controlar que la empresa sea vendida por su valor real y de la misma manera tampoco es informada sobre el proceso relativo a otras empresas públicas que el gobierno de Javier Milei busca privatizar.
Responsabilizan por ello a Chaher, aunque la solicitud de investigación presentada ante la PIA alcanza también al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
¿Qué dice la denuncia de los legisladores ante la privatización de AySA?
La denuncia se presentó horas antes de la apertura de ofertas por el 90% de las acciones de AySA que poseía el Estado. Este jueves se confirmó que pasarán a manos del consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor -vinculada al empresario Mauricio Filiberti- que presentó la propuesta más alta con u$s 349 millones.
Los diputados y senadores decidieron hacer su presentación ante la PIA porque entienden que una denuncia penal en sede judicial podría ser “cajoneada”, según comentó una fuente de la bancada de senadores de Unión por la Patria a iProfesional, mientras que la llamada fiscalía anticorrupción está obligada a intervnir y pronunciarse.
En el escrito advirtieron que el Poder Ejecutivo “armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente, cambió el método de valuación y declaró secreto el resultado”. Al respecto, subrayaron que “con ese circuito, se está vendiendo AySA”.
Los legisladores señalaron que de esta manera se desplazó al Tribunal de Tasaciones, organismo encargado de valuar los bienes del Estado, y se convirtió en secreto el precio de las empresas públicas que el Gobierno quiere privatizar, entre las cuales también están Enarsa, Intercargo, Trenes Argentinos y Belgrano Cargas. Todo ello, sin informar tampoco a la Comisión Bicameral del Congreso, según subrayaron.
“Ninguna norma de rango legal autoriza a mantener en secreto la tasación de una empresa pública en venta. Todas las normas aplicables exigen lo contrario”, remarcaron los diputados y senadores de UP en otro tramo de su denuncia.
En ese sentido, señalaron que la Ley 23.696 de Reforma del Estado en su artículo 14 “establece que la Comisión Bicameral debe ser informada permanentemente y ‘a su requerimiento’ de toda circunstancia relacionada con las privatizaciones, con la documentación correspondiente”. Y agregaron: “Esto es básico y Chaer desconoce lo básico”.
Los legisladores nacionales Guillermo Michel y Adán Bahl solicitaron al canciller Pablo Quirno información actualizada sobre la apertura del mercado estadounidense para los cítricos argentinos y reclamaron que la negociación bilateral genere oportunidades para la producción y el empleo.
“La apertura comercial tiene que funcionar en ambas direcciones. Si Argentina cumple compromisos y facilita el ingreso de productos estadounidenses, nuestros productores también deben poder vender en ese mercado. Una buena relación con Estados Unidos debe servir para generar exportaciones y trabajo argentino”, plantearon Michel y Bahl.
Según estimaciones sectoriales citadas por los legisladores, la apertura permitiría exportar aproximadamente 20.000 toneladas anuales de cítricos por un valor superior a los 20 millones de dólares.
“Detrás de esas exportaciones hay productores que pueden ampliar sus ventas y trabajadores de la cosecha, el empaque y el transporte que dependen de esa actividad. Abrir mercados es darles una oportunidad concreta de crecer”, señalaron.
Michel y Bahl explicaron que los cítricos argentinos ingresarían al mercado estadounidense en contraestación, por lo que, según sostuvieron, su acceso no implicaría una competencia directa con la producción local.
Además, indicaron que Argentina avanzó en compromisos de la negociación bilateral vinculados con propiedad intelectual, importación de vehículos y líneas de producción usadas, mientras continúa pendiente el acceso efectivo de los cítricos al mercado estadounidense.
“Los compromisos deben cumplirse de ambos lados. La relación entre nuestros países necesita resultados que también lleguen a quienes producen acá”, afirmaron.
Por ese motivo, solicitaron a Cancillería precisiones sobre los requisitos pendientes, las gestiones necesarias y los plazos previstos para concretar la apertura.
“Los productores necesitan saber qué falta y en qué plazos se puede resolver. Abrir mercados exige negociar, cumplir las condiciones y conseguir que la apertura se concrete. Ese es el resultado que le pedimos al Gobierno y que estamos dispuestos a acompañar”, expresaron.
El impacto para Entre Ríos
Los legisladores destacaron la importancia que tendría la apertura del mercado estadounidense para la actividad citrícola de Entre Ríos.
“La citricultura sostiene trabajo y actividad en nuestra provincia. Acceder al mercado estadounidense permitiría ampliar las exportaciones y dar mejores perspectivas a las familias que viven de esta producción. Queremos que la relación con el mundo se traduzca en oportunidades para los entrerrianos y todos los argentinos”, señalaron.
“La apertura comercial tiene que abrir mercados para el trabajo argentino”, concluyó Michel.
La Justicia Federal dio curso a una acción de amparo presentada contra el Estado nacional con el objetivo de que se restablezca el financiamiento destinado al mantenimiento y las obras de la red vial nacional en Entre Ríos. Ese financiamiento provenía, principalmente, de una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Según la presentación judicial, los recursos fueron desviados de ese destino.
Con la apertura formal de la causa, el Gobierno deberá responder a los requerimientos del juzgado y presentar la información solicitada sobre la administración de los recursos del fideicomiso vial.
La resolución judicial no implica todavía un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, pero abre el proceso para analizar si los fondos generados por el impuesto a los combustibles fueron utilizados conforme a su finalidad específica y si corresponde ordenar medidas para reactivar las obras y tareas de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.
La presentación fue impulsada por los dirigentes peronistas y legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes reclaman que el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad cumplan con la asignación correspondiente.
El eje de la demanda está vinculado con los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (Sisvial), financiado principalmente a través de una porción del impuesto a los combustibles líquidos. Según los demandantes, esos fondos tienen asignación específica para la construcción, conservación y mantenimiento de rutas, pero habrían sido desviados de ese fin.
Michel sostuvo que una parte significativa de los recursos recaudados no se utilizó para infraestructura vial. “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros, bonos, títulos y acciones, en lugar de aplicarse a obras viales”, afirmó.
Según el dirigente, más de 1,5 billones de pesos que debían destinarse a obras de infraestructura terminaron orientados a otros fines fiscales.
El reclamo cobra especial relevancia por la importancia estratégica que tienen las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos para el transporte de cargas, el turismo y la conexión regional.
Entre las principales arterias se encuentran las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174. A estas se suman otras trazas de relevancia regional, como las rutas nacionales 130, 131, 136 y la A015, vinculadas a corredores productivos, pasos internacionales y accesos estratégicos.
El reclamo fue presentado por legisladores peronistas y apunta al Gobierno y a Vialidad Nacional. Denuncian que recursos del impuesto a los combustibles no fueron destinados a obras viales.
La Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo presentado para reclamar al Gobierno la transferencia a Entre Ríos de fondos destinados al mantenimiento y la ejecución de obras en rutas nacionales. La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay y apunta contra el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad.
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El juez federal de Victoria, Federico Martin, dio curso a la causa 12957/2026, caratulada “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”, y ordenó notificar a los organismos demandados. Además, solicitó informes al Gobierno nacional sobre la administración y el destino de los recursos vinculados con la infraestructura vial.
El planteo judicial se centra en los fondos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), financiado a través del impuesto a los combustibles líquidos y administrado mediante el fideicomiso creado por el Decreto 976/01. Los demandantes sostienen que esos recursos tienen como destino específico el financiamiento de obras y el mantenimiento de la red vial.
La denuncia por el destino de los fondos
Según explicó Guillermo Michel, una parte del impuesto que pagan los conductores al cargar combustible debería ingresar a un fondo destinado a la infraestructura vial. El legislador cuestionó que esos recursos hayan sido derivados hacia instrumentos financieros en lugar de utilizarse para obras.
“Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”, sostuvo Michel.
El dirigente afirmó además que más de $1,5 billones que deberían haberse destinado a infraestructura vial fueron utilizados para sostener el resultado fiscal del Gobierno. La acusación forma parte de los argumentos presentados ante la Justicia y deberá ser analizada en el marco del proceso iniciado.
Las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos
El reclamo alcanza a la red de rutas nacionales que atraviesa la provincia. Entre las principales se encuentra la Ruta Nacional 12, que ingresa desde el complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa localidades como Gualeguay, Nogoyá y Paraná y continúa hacia el norte provincial.
También se encuentra la Ruta Nacional 14, conocida como la Ruta del Mercosur, que recorre el este entrerriano desde Ceibas hasta el límite con Corrientes y conecta ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.
La Ruta Nacional 18 une Paraná con la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, mientras que la Ruta Nacional 127 conecta el centro-norte provincial con Corrientes. A ellas se suman la Ruta 135, vinculada con el Puente Internacional General Artigas; la Ruta 174, que integra el enlace Rosario-Victoria; y otros corredores nacionales como las rutas 130, 131, 136 y A015.
Con la apertura del trámite judicial, el Gobierno nacional y los organismos involucrados deberán responder los requerimientos formulados por el juez. La causa busca determinar el destino de los fondos y si corresponde ordenar la reactivación del financiamiento y mantenimiento de la infraestructura vial en Entre Ríos.
El Senado aprobó esta tarde cambios al proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y, por ende, la iniciativa regresa en segunda revisión a Diputados, que sólo podrá aceptar la totalidad de lo avalado por la Cámara alta o, en todo caso, insistir con la versión original, votada el mes pasado. La institución monetaria tendrá un único objetivo: defender el valor de la moneda.
Dentro del puñado de modificaciones se destaca la eliminación de los dos tercios de ambas Cámaras para remover autoridades -muy cuestionada-, que ahora pasaría a ser por mayoría absoluta -la mitad más uno del total del Cuerpo- y sólo por el Senado. Mismo caso para validar el pliego de candidatos que envíe el Ejecutivo, que en la actualidad es por mayoría simple.
La palabra final queda en manos de Diputados, que tendrá un desafío en caso de ir por la versión original: la votación en general llegó a los 2/3 -46 a favor y 22 en contra-, así como gran parte de los artículos en la particular, y se precisaría allí esa misma contundencia para dejar en pie lo de agosto último.
Además de su finalidad central, el texto en cuestión apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.
Quien adelantó los cambios en el recinto -anticipados ayer por medios acreditados en la Cámara alta- fue el legislador libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (Capital Federal). Seguido a ello, aseguró que el proyecto “no se trata de un capricho”, sino de “evidencias concretas de una tragedia” que, según sus dichos, ocurrió desde 2003, con “20 años de saqueo institucional que le costó al país el equivalente al 85% del PBI”. En ese sentido, apuntó a “reservas líquidas actualizadas por USD 116.000 millones”.
Monteverde tampoco olvidó “las letras intransferibles para sustituir reservas por ‘pagadioses’, cuyos autores sabían tenían valor cero”. Luego, habló de “una emisión exógena, pura y dura para financiar al Tesoro que nos costó USD 299.000 millones” y una “emisión endógena que creó un dispositivo de esterilización de lo que se emitía y se ocultaba y postergaba”. Y agregó: “Se emitía por una ventanilla y se tomaba por otra con una tasa de interés, con bancos comerciales que se convirtieron en ‘pasamanos’ de lujo y ganaban fortunas con lo que pagaba el Banco Central. Transformaron el ahorro de argentinos en plata para los políticos”.
“Creemos que están dadas condiciones para que vuelva a Diputados. Las reformas son insuficientes, incongruentes y, verdaderamente, pueden generar más perjuicios que beneficios. Estas reformas hay que hacerlas de forma estructural”, manifestó el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Su espacio apoyó la cuestión de la mayoría absoluta para la remoción y activación de autoridades. En tanto, los ahora peleados con el cristinismo de Convicción Federal fueron por el medio -sin éxito- a través de Guillermo Andrada (Catamarca), con un guiño en general y observaciones en particular. No olvidó, como era esperable, un pedido que no fue contemplado para que sumar sillas en el directorio a favor de un “federalismo” utilizado según el tema en danza.
La iniciativa impulsada desde Balcarce 50 da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Por caso, el peronista entrerriano Adán Bahl insistió con sostener el tema trabajo.
Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se modernizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.
Desde La Libertad Avanza no olvidaron la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre 2019 y 2023. “Triplicaron la emisión monetaria”, lanzó la pastora evangélica Nadia Márquez (Neuquén), vedada en su provincia para cargos locales para ser candidata por la Ficha Limpia vigente en aquel distrito, tras una probation hace más de 10 años. “La fiestita siempre alguien la paga”, añadió, y recordó el DNU del ex presidente Néstor Kirchner para puentear al Congreso para cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.
Otras críticas se escucharon en el recinto, como la de la peronista riojana Florencia López, quien expresó que “el artículo 13 de esta reforma plantea la inembargabilidad de las reservas” y “la modificación del 33 habilita al Banco Central a ponerlas en garantía”. “Esto es gravísimo”, sumó. No tardó en responder el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), que se pegó a Márquez y señaló sobre el primer kirchnerismo: “Le pagamos la deuda al FMI al 4% de tasa natural, con dinero obtenido de Venezuela al 16% anual. Que alguien me explique si no es usura”.
La primera fue Flavia Royón (Primero los Salteños) que, al igual que el ex kirchnerista Andrada, comprometió el aval general y objetó cuatro puntos. Uno de ellos, adujo, es el “riesgo” de no poner “ni techo ni piso a los encajes”. En la votación en particular de un artículo, el oficialismo aceptó una de las alternativas ofrecidas por la ex referente del Gobierno anterior en el área de energía.
Distinto el caso el del PRO: su jefe, Martín Goerling (Misiones), que habló de un “gran paso” para “blindar” a la entidad tras “antecedentes de desastres, con uso y manipulación que generó el peor de los impuestos: la inflación”. El macrista resaltó tres ítems: fin del Banco Central “como cajero automático del Estado”; adiós a la “contabilidad mágica” de utilidades, a través de devaluaciones; y el mandato único como factor clave.
Hacia la inflación fue también el líder de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). “Es el impuesto más injusto y cobarde, que afecta a quienes menos tienen”, advirtió. No obstante, evaluó que “el equilibrio fiscal sin crecimiento tampoco es bueno”, ya que “es como la paz de los cementerios”, y que si bien “no hay justicia social sin moneda estable, tampoco hay equilibrio si un pueblo no llega a fin de mes”.
El jefe kirchnerista, José Mayans (Formosa), no dejó pasar las menciones del inicio del debate de Monteverde, y respondió: “En diciembre de 2023, la deuda general externa era de USD 370.000 millones. Hoy, es de USD 484.000 millones, más de USD 110.000 millones en 1000 días de gobierno”.
La última palabra quedó en la presidenta del interbloque de LLA, la porteña Patricia Bullrich. “Un Banco Central fuerte y que cuide la moneda implica cuánto le rinde el sueldo a una persona, qué puede comprar un jubilado y cómo ahorra una familia para sus planes futuros”, reflexionó.
“Sabemos que hay momentos en los que hay que hacer reglas pétreas, tras una inflación -que dejó el kirchnerismo- de 211,4%”, mencionó. Y reforzó: “Había un ‘curro’ con el dólar y los precios cambiaban cada dos minutos. Hoy necesitamos que deje de ser la caja que financió absolutamente a gobiernos que pedían plata sin fondos. Por eso estamos tratando esta ley”.
La Cámara de Senadores convirtió en ley por 44 votos a favor y 23 en contra el proyecto denominado de “inocencia fiscal II” que tiene como objetivo facilitar el acceso de los contribuyentes al régimen simplificado de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Apunta también a que se reconozcan tenencias en divisas no declaradas anteriormente.
La norma elimina el tope actual de 1.000 millones de pesos de ingresos anuales y de 10.000 millones de patrimonio para poder acceder al régimen simplificado.
En otra de sus cláusulas limita la discrecionalidad del ARCA en la impugnación de declaraciones de los contribuyentes. Las observaciones sólo serán válidas sobre diferencias “significativas” en las presentaciones.
Las nuevas medidas incluidas en el proyecto se proponen movilizar las divisas que permanecen todavía fuera del sistema, a pesar de los últimos blanqueos aprobados por el Congreso. Al respecto, al anunciar su envío al parlamento el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró que “tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.
El miembro informante del proyecto, el senador Bruno Olivera Lucero (LLA-San Juan) coincidió con el funcionario en que el propósito de la nueva norma era que “la plata escondida deje de ser plata muerta”. Opinó que el monto de moneda norteamericana fuera de sistema ronda los 170 mil millones de dólares. “Traer una parte al sistema bancario -afirmó- es una luz para la economía”.
De todas maneras, la norma mantiene límites para acceder al régimen simplificado. No pueden hacerlo grandes contribuyentes, altos funcionarios, diputados, senadores y jueces.
Se modifica también la legislación vigente en caso de diferencias entre el monto a pagar declarado por el contribuyente y el que establece el ARCA. Para que el contribuyente pierda el beneficio la discrepancia deberá ser significativa, es decir, del 15% del monto total a pagar por el impuesto. Esa discrepancia deberá ser además mayor a 5 millones de pesos.
Otra reforma consiste en que se invierte el cargo de la prueba: el que acusa, en este caso, el Estado, debe aportar la prueba correspondiente. La carga de la prueba le corresponde a Arca que no puede investigar sobre meras presunciones.
Por último, para poder ser utiiizados, los ahorros blanqueados deben haber ingresado al circuito económico por canales legales como los de los bancos. La fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre 2027.
Rechazaron el proyecto por el peronismo Jorge Capitanich, Adán Bahl y José Mayans. Este último sostuvo que a partir de su sanción desaparecería el delito de evasión y lo llamó “ley Adorni”. Aseguró que había sido pensado para beneficiar al ex jefe de Gabinete que estaba esperando la finalización del trámite parlamentario para presentar su declaración jurada ante la Justicia. También sostuvo que era una ley en beneficio de “narcotraficantes” y de “las mafias”.
El proyecto aumenta el corte de bioetanol y biodiésel, sector cuya tensión interna trabó la aprobación durante meses. En la sesión, ya convirtió en ley el régimen de Inocencia Fiscal II.
El Gobierno retomó la iniciativa en la sesión de este jueves, en donde se sancionó el régimen de Inocencia Fiscal IIy sumó tres nuevos nombramientos de jueces, el pasaje de responsabilidades penales a la Justicia porteña y la aprobación de pliegos diplomáticos. La mirada de los aliados provinciales quedó puesta en el último proyecto del temario: la reforma de la ley 27.640 de biocombustibles, que amplía los cortes de bioetanol y biodiésel.
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Habría tensión por el inicio del tratamiento del proyecto, que fue abonada por la fallida sesión de la semana pasada y la postergación del tema en la jornada, que quedó al final del temario. Incluso el gobernador salteño Gustavo Sáenz estuvo este jueves en el Palacio Legislativo después de declarar que “la paciencia se va acabando” con el oficialismo. Una de sus representantes en el Senado, Flavia Royón, es una de las principales impulsoras de la propuesta en la Cámara alta. La redacción, que ya contenía aportes de bloques aliados provincialistas, sufrió cambios hasta el miércoles por la noche hasta su versión final.
Las provincias norteñas presionaron por la aprobación de la iniciativa por la influencia que tiene la industria del bioetanol en la región. La principal traba, que fue irreconciliable incluso en sesión, fue la interna entre los sectores productores de biodiésel, dada la afección que provocará en las pymes industriales la llegada de grandes productoras de granos que cuentan con la posibilidad de administrar todo el circuito de elaboración y comercialización del biocombustible.
Los representantes de los distritos en donde hay mayor presencia de pymes industriales de biodiésel, como La Pampa, San Luis y Buenos Aires, fueron los principales detractores de la ley. Este medio conoció también un contacto de la Secretaría de Energía al bloque libertario con la meta de que dilaten el tratamiento, dado que tanto consultoras privadas como cuadros técnicos de YPF aseguran que provocará un aumento del precio del combustible hasta un 3% el próximo año.
Aún así, La Libertad Avanza -bloque autor del proyecto- mostró flexibilidad para incorporar cambios para este sector, lo que incluyó un esquema escalonado de reducción del cupo reservado para empresas no integradas, que va del 7,5% al 4% hasta el 1° de enero 2036. Además, en la última redacción se conceptualizaron concretamente a las compañías integradas y no integradas, estableciendo restricciones a todas las firmas que forman parte de un grupo económico, que pasarían a competir dentro del segmento abierto.
Bullrich y Royón, dos de las personas detrás del proyecto de biocombustibles.
Senado
Debate por biocombustibles en el Senado
En el inicio del debate, Flavia Royón remarcó que la ley apunta a “potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior” y consideró que el sector “hoy necesita reglas nuevas para que le permitan crecer, incorporar tecnología y alcanzar una nueva escala. Este dictamen, además, es resultado de un proceso largo de construcción legislativa, largo y amplio”. “Buscamos compatibilizar y dar previsibilidad a las cadenas existentes, pero con competencia dentro de cada cupo entre empresas”, agregó.
El peronismo apoyó con condiciones al proyecto y el chaqueño Jorge Capitanich fue un ejemplo de esta postura. Después de considerar que la legislación es ambigua para el ingreso de importaciones, opinó que “organiza con fecha de vencimiento el desmantelamiento progresivo de empresas no integradas que no puedan sobrevivir con esta regulación. Nos parece bien mejorar, pero no nos parece bien dejar de defender a las empresas con lo que hay defender: cupo, corte, plazo y regulación adecuada, para que los grandes no se terminen fagocitando a los más pequeños”. El entrerriano Adán Bahl criticó que se cambió una ley que tiene cinco años, generando falta de previsibilidad con los que ingresaron al negocio de biocombustibles en el 2021.
Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles
El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI.
La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, junto con el titular de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde.
La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta 2036 un cupo del 4% de las no integradas.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes.
El Hotel Savoy de Buenos Aires fue escenario de un homenaje al exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, que reunió a importantes referentes nacionales de la oposición y dirigentes de distintos sectores.
Al pocos días de cumplirse ocho años del trágico accidente en la autovía Córdoba-Río Cuarto que le costó la vida a José Manuel de la Sota, este martes se realizó un homenaje a la memoria del tres veces gobernador. El mismo contó con la presencia de Sergio Massa, Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Jorge Brito, Martín Redrado y enviados directos de Axel Kicillof.
El homenaje, organizado por la columnista de Diario Popular e hija mayor, Candelaria de la Sota, funcionó también como el relanzamiento de Puentes, el ciclo televisivo que su padre se encontraba grabando justo antes de morir en septiembre de 2018.
“Han pasado ocho años de su partida y muchos de los problemas que él anticipó, en el mundo del trabajo y la producción, o la irrupción de la Inteligencia Artificial, están más vigentes que nunca”, dijo Candelaria de la Sota ante unas 300 personas en el hotel Savoy del barrio porteño de Congreso.
“Estamos convencidos de que un país con justicia social, donde todos puedan trabajar, estudiar y progresar, es posible”, agregó.
La consigna fue recordar al exgobernador José Manuel de la Sota, en el mes que se cumplen ocho años del fallecimiento del ex mandatario. La particularidad del encuentro fue la ausencia de Natalia, la diputada nacional y también hija del exmandatario.
“Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados. Después el resto se verá”, afirmó Massa en declaraciones a Radio 10 desde el homenaje, consultado acerca de la potencialidad de una confluencia en las elecciones presidenciales de 2027 de los distintos sectores del peronismo representados en el acto, algunos enfrentados abiertamente desde hace años.
Entre los presentes se encontraban Jorge Fontevecchia, director de Perfil, los sindicalistas Luis Barrionuevo y Dante Camaño, así como los ex embajadores Diego Guelar, Jorge Asís, Juan Pablo Lohle y Ricardo Alfonsín. Además, Raquel “Kelly” Olmos, Cecilia Moreau, Guillermo Michel y Adán Bahl, diputados nacionales, así como el senador por el Frente Cívico de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, asistieron también.
José Manuel de la Sota (1949-2018) fue una figura importante del peronismo. Gobernó Córdoba en tres períodos (1999-2007 y 2011-2015), fue diputado, senador y embajador en Brasil. Su muerte, a los 68 años, impactó en la política provincial y nacional. El homenaje de este martes, más allá de las diferencias internas del peronismo, volvió a poner en el centro su figura y la vigencia de muchas de sus ideas
El próximo 15 de septiembre se cumplirán ocho años del fallecimiento del ex gobernador de Córdoba y referente histórico del peronismo, José Manuel de la Sota. A modo de homenaje, con el fin de recordar sus políticas económicas, sus ideas sobre la generación de trabajo y sus pensamientos para el futuro de la sociedad, se convocó a empresarios, emprendedores, profesionales, dirigentes políticos, funcionarios, representantes de gobiernos provinciales y municipales, referentes educativos y universitarios, y organizaciones sociales. La encargada de liderar el acto -llamado “Tomar la posta”- fue Candelaria de la Sota, periodista y una de sus hijas.
En un salón del hotel Savoy, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Candelaria presentó extractos de un documental que había protagonizado su padre antes de fallecer. Se llama “Puentes” y esperan que esté disponible en el corto plazo. En este proyecto el político trató un tema central: el trabajo, su “obsesión”, según describió su propia hija. Alrededor de ello, habló sobre la producción de empleo y los desafíos que generaría la tecnología. Además, en el evento resaltaron su iniciativa hacia un país que trabaje en conjunto y unido para mejorar.
“A mí me parece que lo más urgente es la falta de trabajo, la falta de la creación de puestos de trabajo, el temor que tiene la gente. Yo te diría que hay dos dimensiones: el trabajo que tiene mucha gente no le alcanza para vivir y, por otro lado, hay mucha gente sin trabajo o sin ese segundo trabajo que creen que le alcanzaría para vivir”, reconoció Candelaria en diálogo con Infobae, sobre lo que más le preocupa para tratar en la actualidad, en base a las ideas de su padre. Durante la presentación, incluso, destacó una frase que repetía su papá: “Generar y dar trabajo”.
Para la primera parte del homenaje, Candelaria entrevistó a Federico Zapatada, un politólogo con una relación cercana a José Manuel. Lo que destacaron fue su característica de “renovador” como político. “Lo fue en la década de los 80, los 90, los 2000 y lo sería ahora”, destacó Zapatada. Además, se encargó de remarcar su “olfato” para los cambios en la sociedad, junto a la capacidad para poder acompañarlos con políticas.
Luego se sumó un tercer orador: Martín Redrado, economista y ex presidente del Banco Central de la República Argentina. Mediante un video, destacó la visión económica de José Manuel, basándose principalmente en la reducción de impuestos. De hecho, destacó la baja de un 30% de los impuestos en Córdoba durante uno de sus mandatos.
A continuación, pasaron a uno de los temas que más resaltó por su visión futurista: el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. En el extracto del documental, grabado hace ocho años, De la Sota se preguntaba si esto no era el “fin del trabajo”. La respuesta la dieron Candelaria y su segundo entrevistado, Santiago Siri -tecnólogo, emprendedor y divulgado-.
Se planteó la situación como una nueva revolución industrial, que no tenía que tomar desprevenido al país. Que había que estar preparados, sobre todo en la fuerza laboral. “Es la revolución industrial más grande que nos ha tocado vivir”, sentenció Candelaria.
Si bien destacaron que los trabajos siempre han sufrido cambios, lo importante con la IA será determinar cuántos empleos nuevos habrá y cuántos dejarán de existir, apuntaron en el evento. Además, remarcaron que la inteligencia artificial genera un aumento de productividad, pero que “la pregunta es si ese aumento de productividad va a generar un aumento de riqueza para la gente”.
Respecto a esto, Candelaria resaltó otra frase que utilizaba su padre: “El futuro no viene, al futuro hay que ir”. La hija, más allá de la emoción del recuerdo, destacó la capacidad que tenía su padre de estar “diez pasos más adelante”. “Me quedo con ese José Manuel tan visionario. No sé cómo hacía él, pero tenía un tiempo, una pausa, un silencio para pensar esos temas de manera global”, dijo en diálogo con Infobae.
“Nosotros hoy necesitamos dirigentes que puedan ver diez pasos más adelante, que entiendan lo que pasa hoy, pero con una mirada de largo plazo que les permita visualizar lo que podría pasar en el mundo”, cerró.
La intención de Candelaria apunta a tratar todos estos temas —trabajo, economía, inteligencia artificial, educación— en un nuevo programa de streaming que tendrá, llamado “Tomar la posta”. Además, invitó a diversas personalidades de la política, los medios y las empresas, entre otras, para que se animen a conversar también de estas preocupaciones y pensamientos que tenía el referente del peronismo.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba; Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia; Carlos Maqueda, Abogado y ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina; Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires; Germán Martínez, titular del Bloque de Diputados de Unión por la Patria; Sergio Massa, líder del Frente Renovador; Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; y Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, se encontraban entre los asistentes. También participaron los ex gobernadores Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Juan Manuel Urtubey de Salta y Felipe Solá de Buenos Aires.
Entre los presentes se encontraban Jorge Fontevecchia, director de Perfil, los sindicalistas Luis Barrionuevo y Dante Camaño, así como los ex embajadores Diego Guelar, Jorge Asís, Juan Pablo Lohle y Ricardo Alfonsín. Además, Raquel “Kelly” Olmos, Cecilia Moreau, Guillermo Michel y Adán Bahl, diputados nacionales, así como el senador por el Frente Cívico de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, asistieron también.
Luego la denuncia de Argentina por la cercanía de una planta de hidrógeno verde con Entre Ríos, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mandó reubicarla.
Según la Agencia Noticias Argentinas, esta disposición fue confirmada por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, junto a su colega argentino, Pablo Quirno, por pedido de Orsi. El funcionario de La Libertad Avanza está en Montevideo, donde participará de un encuentro de cancilleres del Mercosur.
Antes de su reunión con Quirno, Lubetkin señaló: “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”. Además, reveló que el canciller argentino, autoridades de Entre Ríos y de la ciudad de Colón le hicieron solicitudes de evitar “la contaminación visual” que generaría la planta de hidrógeno verde.
Yamandú Orsi
El mensaje del canciller Pablo Quirno
En su cuenta oficial de X, el canciller Pablo Quirno escribió: “El diálogo, la diplomacia y la voluntad de encontrar soluciones comunes volvieron a demostrar que son el mejor camino para resolver incluso los temas más sensibles entre nuestros países. Hoy podemos decir que este trabajo conjunto permitió llevar este proceso a buen puerto, con una decisión que contempla el bien común de Argentina y Uruguay”.
Y sumó: “Quiero agradecer muy especialmente al Gobierno de Uruguay, a su Presidente, Orsi Yamandu, y a su Canciller, Mario Lubetkin, por la disposición, la confianza y el espíritu constructivo con el que abordaron este tema. También al Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a los intendentes de las localidades involucradas y a todos los equipos técnicos y diplomáticos de ambos países que hicieron posible este resultado”.
Para luego remarcar: “Asimismo, destacamos especialmente la paciencia y la confianza de las comunidades de ambas orillas, que acompañaron este proceso confiando en nuestra capacidad de encontrar una solución conjunta”.
El canciller cerró su posteo escribiendo: “Aprendimos de nuestra historia para no repetir errores del pasado. Argentina y Uruguay demostramos que la confianza mutua, la buena fe y la voluntad de construir soluciones comunes son el camino para superar nuestras diferencias y fortalecer los profundos lazos que unen a nuestros pueblos”.
Pablo Quirno
Cómo era el proyecto
El proyecto HIF iba a instalarse a 3 kilómetros de la costa de Colón y a 15 de Paysandú. Contemplaba un parque de energía solar, un parque eólico y una planta en la que se producirían hasta 876.000 toneladas de metanol al año con hidrógeno verde.
Según la Agencia Noticias Argentinas, los trámites para obtener la autorización ambiental comenzaron el primer cuatrimestre del año 2024 en Uruguay y, a finales del año 2025, el plan logró la viabilidad ambiental de ubicación denominada VAL.
El 13 de marzo de este año, HIF presentó ante las autoridades del Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.
La denuncia que realizó Argentina
El pasado 12 de marzo, los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador nacional Adán Bahl, todos de Entre Ríos, presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios que está siendo tramitada en tribunales argentinos.
Rogelio Frigerio
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también habló al respecto en marzo pasado, afirmando: “No podemos permitir otra Botnia”. Y luego reveló: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”.
