La causa investigó una serie de maniobras relacionadas con contrataciones y publicidad oficial durante los dos períodos de Urribarri como gobernador, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. Según la investigación de la fiscal provincial anticorrupción Cecilia Goyeneche, el exmandatario direccionó contrataciones de publicidad estatal para fines particulares.
Uno de los principales puntos del expediente fue el supuesto beneficio obtenido por Aguilera, señalado como responsable de manejar un esquema de testaferros y cartelización para quedarse con fondos destinados a publicidad oficial en la vía pública. También se investigó el otorgamiento de pauta a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que la firma tuviera existencia real.
Otra de las acusaciones estuvo vinculada con las empresas Tep SRL y Next SRL, atribuidas a Aguilera, que durante cinco años se habrían quedado con el negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería. La causa fue conocida como la “causa de la vaca” o “de las imprentas”.
El expediente también incluyó la denominada megacausa del Sueño Entrerriano, vinculada con la difusión de una solicitada contra los fondos buitre, además de la instalación de un parador en Mar del Plata en 2015, que tuvo un costo de $14 millones de entonces.
También se investigó el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots durante la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014. Según la acusación, esas piezas aparentaban promocionar el encuentro internacional, pero tenían como objetivo impulsar la postulación presidencial de Urribarri para 2015.
Además de Urribarri, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación. Otros acusados recibieron penas menores de prisión en suspenso, mientras que el tribunal también absolvió a varios imputados. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó posteriormente los recursos de las defensas y el caso llegó a la Corte Suprema.
Urribarri, dirigente cercano al kirchnerismo, fue elegido gobernador de Entre Ríos en 2007 y reelecto en 2011. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue designado embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en mayo de 2022 luego de que se conociera la condena. La causa fue impulsada por Goyeneche, quien posteriormente fue removida de su cargo tras un jury por mal desempeño y luego repuesta por intervención de la Corte Suprema.
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