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  • El PJ encontró en la defensa a Lula da Silva y la visita de Georgieva un nuevo eje para un acuerdo interno

    El PJ encontró en la defensa a Lula da Silva y la visita de Georgieva un nuevo eje para un acuerdo interno

    A las distintas tribus del peronismo les cuesta mucho llegar a acuerdos que demuestren la voluntad de caminar juntos rumbo a 2027. Ni siquiera la oposición a Javier Milei los une en su totalidad. Pero cada tanto aparecen temas externos que sacuden la agenda política y provocan una reacción inmediata en el armado opositor.

    En los últimos dos días, después de las críticas del Presidente a Luiz Inácio Lula da Silva y la visita a la Argentina de Kristalina Georgieva, el peronismo se unió en un discurso público unificado. Con los mismos matices y con el mismo ímpetu.

    Las distintas tribus justicialistas apuntaron contra el jefe de Estado luego de llamar a su par de Brasil “ladrón” y “presidario”, y que apuntara contra su gobierno al decir que en el país vecino se sufre “el riesgo Lula”, como en Argentina está “el riesgo Kuka”, y al pedirle al candidato Flávio Bolsonaro que pare “la basura socialista”.

    “La Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional. Milei no representa el sentir del pueblo argentino. Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina. La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones”, sostuvo Axel Kicillof.

    Lula Da Silva y Sergio Massa Frente Renovador

    El Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, se pronunció en el mismo sentido. Aseguraron que de la relación con Brasil dependen miles de Pymes, industrias y empleos argentinos y advirtieron de la gravedad de causar un conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.

    Remarcaron que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión; y cuestionaron que el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.

    “Trabajador metalúrgico, líder sindical, valiente contra la dictadura, mejor presidente de la historia de su país, se sobrepuso a tres derrotas electorales hasta llegar al gobierno, víctima del lawfare, amigo de Argentina, compañero de Néstor y Cristina. Como a ella, lo secuestraron, pero salió libre y volvió a ser presidente”, escribió la diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza.

    El sanjuanino Sergio Uñac planteó que a “los argentinos no les sirven las peleas ni las faltas de respeto hacia un país hermano como Brasil, y nuestro principal socio comercial” y sostuvo que “la política exterior debe ser seria, inteligente y responsable” .“Insultar a un aliado estratégico para el desarrollo de nuestras economías regionales y el trabajo de miles de argentinos es absolutamente irresponsable”, precisó.

    Primer plano de Máximo Kirchner, hombre con barba, sonriendo con una campera azul, y una bandera de Argentina en el fondo

    “Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como Lula, es una torpeza atacar a su presidente”, explicó el entrerriano Guillermo Michel, que es parte del PJ Federal.

    En esa misma línea argumental, agregó: “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina: a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos que Argentina vende al mundo. La Argentina, la industria argentina y el trabajo argentino están por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno en nuestro país”.

    En coincidencia con el sector mayoritario del peronismo nacional también estuvo la cordobesa Natalia de la Sota. “La inaceptable seguidilla de insultos de Javier Milei contra el presidente democrático de la nación hermana de Brasil es una conducta irresponsable que no representa al pueblo argentino. Milei convirtió la violencia verbal y la descalificación en una forma de hacer política. Ataca al adversario, degrada el debate democrático y reemplaza la seriedad institucional por la provocación permanente”, afirmó.

    Hubo una unidad de criterio y de argumentos muy marcada en las distintas vertientes del peronismo. Una unidad que también se vio reflejada en los cuestionamientos a la llegada de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la Argentina.

    Adán Bahl y Guillermo Michel

    “No deja de llamar la atención que sea la primera vez que en 8 años el FMI hace pie de esta manera en el país. Socarronamente, podríamos decir que vino a inventariar las garantías de pago desde donde se va a cobrar el FMI, la visita a Vaca Muerta”, explicó Máximo Kirchner en una entrevista con C5N.

    El líder de La Cámpora sostuvo también que la visita de Georgieva “viene a fortalecer o a dar una sensación de certezas y seguridad que la economía argentina ya no puede explicar por sí misma” y avisó: “Lo que vimos los argentinos y las argentinas hoy es la llegada de quien realmente a pesar de no conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, gobierna el país”.

    Kirchner presentó ayer un proyecto de ley que busca recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo con el objetivo de que ninguna operación de crédito se decida por decreto. Propone distinguir con claridad lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente), según explicaron en el camporismo. Es decir, que haya una diferencia formal entre lo obtenido como parte del préstamo y lo que llegó como parte de un acuerdo político con el gobierno de Mauricio Macri.

    Esa es una propuesta que, tiempo atrás, también había hecho el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, quien subrayó la necesidad de que el peronismo tenga un acuerdo sólido sobre ese tema porque es fundamental abarcarlo en el caso de que les toque ser gobierno.

    No creo que la señora Kristalina Georgieva traiga algo nuevo para la Argentina, el FMI nunca lo trajo”, sostuvo el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sobre la visita de la titular del organismo internacional. Y agregó: “Desde el año ’56 que Argentina ingresa al FMI, en el marco de la revolución fusiladora y hasta el día de hoy, el FMI nunca trajo nada bueno para la Argentina”,

    Es decir, que existen coincidencias entre distintos sectores respecto a cómo plantear la negociación por el pago de la deuda y la postura de un eventual gobierno peronista frente al Fondo. Un puñado de coincidencias en el medio de un mar de diferencias.

  • Terreno complicado Inocencia Fiscal II: el Gobierno busca avanzar con su reforma tributaria pero hay dudas en sus aliados

    Terreno complicado Inocencia Fiscal II: el Gobierno busca avanzar con su reforma tributaria pero hay dudas en sus aliados

    El Gobierno presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II y busca avanzar con una nueva reforma tributaria a partir de agosto, aunque la iniciativa ya genera dudas entre sus aliados y un fuerte rechazo de la oposición.

    La propuesta se suma a otras reformas impulsadas por el Ministerio de Economía, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el Súper RIGI, además de los proyectos diseñados por el Ministerio de Desregulación, entre ellos la Ley Hojarasca y la iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.

    La primera reacción de los bloques aliados resultó cauta. El PRO decidió esperar hasta la próxima semana para fijar una posición, mientras que el radicalismo informó que sus diputados todavía analizan el proyecto.

    También surgieron reparos entre los sectores provinciales que acompañan al oficialismo. Una de las principales objeciones apunta a que la iniciativa no excluye a funcionarios públicos y a sus familiares directos.

    Qué propone Inocencia Fiscal II

    El proyecto permite que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas ante diferencias o inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen simplificado.

    Además, quienes regularicen su situación podrán conservar los beneficios del sistema. La iniciativa también propone eliminar los topes vinculados con las diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

    El organismo recaudador solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas.

    La propuesta también incorpora una presunción de exactitud para determinados contribuyentes, que contarían con mayores garantías frente a eventuales fiscalizaciones.

    El proyecto establece, además, un tratamiento especial para los fondos hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado ajustes en el Impuesto a las Ganancias o el IVA y adhieran al régimen simplificado.

    El rechazo de la oposición

    La oposición ya expresó su rechazo al proyecto. El diputado bonaerense Pablo Juliano cuestionó que la iniciativa mantenga la posibilidad de que funcionarios y familiares directos queden alcanzados por el régimen.

    “¿Creen que el Gobierno recapacitó? No. La Inocencia Fiscal 2 sigue abierta para ellos”, sostuvo.

    El santafesino Esteban Paulón también criticó la propuesta y afirmó que apunta a generar “más impunidad y menos transparencia”. En ese sentido, sostuvo que la ley “no puede ser un salvavidas para los poderosos”.

    Dentro del peronismo, Agustín Rossi calificó el proyecto como “vergonzoso” y sostuvo que beneficia a funcionarios y políticos. “Otra ley hecha a medida”, afirmó.

    El entrerriano Guillermo Michel, por su parte, cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa y afirmó que el Estado no puede renunciar a sus facultades de fiscalización.

    En el Senado, la bonaerense Juliana Di Tullio presentó una propuesta para derogar artículos del Régimen de Inocencia Fiscal vinculados con las garantías fiscales y penales para los contribuyentes y las restricciones a las inspecciones de períodos ya aceptados por el fisco.

    El proyecto de Inocencia Fiscal II deberá ahora atravesar el debate legislativo, en un escenario en el que el Gobierno todavía busca conocer el nivel de respaldo que tendrá entre sus aliados y los bloques provinciales.

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  • Primeras repercusiones de Inocencia Fiscal II en el Congreso: duda de aliados y rechazo opositor

    Primeras repercusiones de Inocencia Fiscal II en el Congreso: duda de aliados y rechazo opositor

    El proyecto se anotó en la lista de prioridades del Ejecutivo para el segundo semestre legislativo. Resquemores entre los bloques por la inclusión de funcionarios a la posibilidad de blanqueo.

    Aún desconociendo el escenario que sobrevendrá tras el receso legislativo, por las posturas de sus aliados en la construcción de alternativas electorales, el Gobierno continúa anunciado proyectos a tratar desde agosto y esta semana presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II, una renovación más profunda del régimen tributario que aprobó en el Congreso junto al Presupuesto 2026, en diciembre pasado.

    La iniciativa se anota junto a otras reformas impulsadas por el Ministerio de Economía, como la reforma de la carta orgánica del BCRA o el Súper RIGI, y los proyectos que diseñó el Ministerio de Desregulación, como la ley Hojarasca y la de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada“.

    La primera recepción de los aliados fue cauta al respecto de la ley. El PRO evitará pronunciarse hasta la próxima semana, mientras que el radicalismo le expresó a Ámbito que están “estudiando el proyecto conjuntamente todos los diputados de nuestro bloque”. Desde los aliados provinciales, donde crece el malestar por la imposición sistemática de propuestas inconsultas, llegó la primera definición: “Hay malestar por la no exclusión de funcionarios familiares directos”.

    Luis Caputo y María Ibarzábal Murphy presentaron el proyecto de Inocencia Fiscal II.

    Luis Caputo y María Ibarzábal Murphy presentaron el proyecto de Inocencia Fiscal II.

    Captura de pantalla

    Rechazo opositor a Inocencia Fiscal II

    Las voces más antagonistas de Provincias Unidas ya mostraron su rechazo a la propuesta del Gobierno. El bonaerense Pablo Juliano, quien recordó que “la primera ‘Inocencia Fiscal’ la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el Gobierno recapacitó? No. La ‘Inocencia Fiscal 2’ sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”.

    Así también se posicionó el santafesino Esteban Paulón, quien en sus redes sociales calificó que la intención apunta “más impunidad y menos transparencia”: “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”. El diputado también recordó su proyecto que busca modificar el artículo 38 de la ley 27.799 del Régimen de Inocencia Fiscal para excluir de este régimen a funcionarios de todos los poderes del Estado y sus familiares directos desde 2 años antes de ingresar a la función pública.

    Dentro del peronismo, la primera reacción fue la del santafesino Agustín Rossi, quien calificó al intento como “vergonzoso” porque “beneficia a funcionarios y políticos”. “No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, dijo en sus redes sociales y remató: “Otra ley hecha a medida”.

    Entrevistado en Gelatina, el entrerriano Guillermo Michel consideró que al proyecto no “lo hicieron los funcionarios públicos, sino los estudios de abogados” y sostuvo que “es inconstitucional” porque “el Estado no puede renunciar a su facultad de fiscalización”. En sintonía, desde el Senado la bonaerense Juliana Di Tullio elevó una propuesta para derogar los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la ley 27.799 del Régimen de Inocencia Fiscal, que ofrecen garantías fiscales y penales de los contribuyentes ante sus declaraciones juradas simplicadas y restringe las inspecciones de períodos ya aceptados por el fisco.

    La oposición busca frenar un nuevo intento tributario libertario.

    La oposición busca frenar un nuevo intento tributario libertario.

    Mariano Fuchila

    Los puntos clave del proyecto de Inocencia Fiscal II

    • Rectificación de las declaraciones juradas: los contribuyentes podrán corregir diferencias o inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen simplificado.
    • Conservación de los beneficios: quienes regularicen su situación podrán mantener las ventajas contempladas por el sistema.
    • Eliminación de topes: el proyecto propone quitar los límites actualmente vigentes vinculados con las diferencias detectadas por ARCA.
    • Mayores exigencias para ARCA: el organismo solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas.
    • Presunción de exactitud: los contribuyentes alcanzados por este principio tendrán mayores garantías frente a posibles fiscalizaciones del organismo recaudador.
    • Tratamiento especial para los fondos: hasta el 31 de diciembre de 2027, el dinero utilizado por quienes estén alcanzados por la presunción de exactitud conservará las condiciones previstas por la normativa.
    • Exención de multas: la iniciativa contempla que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado (IVA) y adhieran al régimen simplificado.

    Proyecto completo de Inocencia Fiscal II

    Por Fernando Brovelli.-

  • La justicia laboral dictó un fallo favorable a una pyme que sufrió un bloqueo sindical y despidió 35 empleados

    La justicia laboral dictó un fallo favorable a una pyme que sufrió un bloqueo sindical y despidió 35 empleados

    La pyme FADEMI, ubicada en Larroque, un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes, atravesó un extenso y virulento conflicto laboral que comenzó en junio de 2024 e incluyó medidas de fuerza, bloqueos contra sus instalaciones y hasta amenazas mafiosas con un paquete de balas que le dejaron a su dueña en su casa.

    Ahora, la justicia laboral acaba de revocar un fallo que en enero del año pasado le había ordenado a FADEMI reincorporar a 35 trabajadores que participaron del bloqueo, por lo que quedaron en firme esas cesantías.

    La resolución del juez Julio Armando Grisolía, a cargo Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictada el 17 de este mes, se convirtió en otro capítulo de una verdadera pesadilla que sufrió esta pyme familiar que fabrica baterías para vehículos desde que, en junio de 2024, el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según argumentó la empresa, era imposible de pagar.

    La pyme FADEMI fabrica baterías para vehículos y está en Larroque, un pueblo de Entre Ríos

    Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados habían recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector estaba desde hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.

    Como informó Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “Pero en Larroque no hay”, les respondió el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.

    Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.

    Amenaza contra la dueña de la empresa FADEMI

    La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio de 2024, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.

    Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. La protesta llevó a que muchos clientes cancelaran sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas. La empresa entró en una situación dramática. Su flujo de fondos estuvo cortado y no podía cumplir con las obligaciones con sus proveedores.

    El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI que incluyeron desde pintadas en el frente de una de sus casas hasta las bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.

    Sticker de un sindicalista contra empresarios de FADEMI

    Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías. El 20 de enero de 2025, finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos por haber participado de una huelga.

    Aun así, el conflicto se tiñó nuevamente de violencia: en enero de 2025 apareció ante la casa de la dueña de la pyme un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia FADEMI”. Fue un claro mensaje intimidatorio que se complementó con otro hecho grave, ya que en esos días a los empleados les llegó por WhatsApp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de FADEMI, como si hubieran sido degollados.

    Tras la inmediata denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay y la sorpresa llegó cuando los responsables de haber dejado el paquete con balas fueron identificados rápidamente porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: se descubrió que eran dos empleados de la pyme que viven en Larroque y habían participado de las protestas en la empresa.

    sindicato Químico y Petroquímico

    En el video se ve cómo uno de ellos se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los empleados va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del sindicato instalada ante la entrada de FADEMI.

    Ambos, Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, permanecieron dos meses en prisión, luego quedaron libres porque les morigeraron la prisión preventiva, pero, de todas formas, quedaron imputados en la causa por coacciones agravadas y la primera audiencia del juicio oral será en octubre próximo.

    El abogado de FADEMI es Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde vienen logrando fallos judiciales clave en favor de las pymes que son bloqueadas y condenas contra los responsables de esas protestas.

  • Edgardo Kueider sumó otra complicación judicial en Paraguay

    Edgardo Kueider sumó otra complicación judicial en Paraguay

    El juez de Garantías Humberto Otazú dictó la prisión preventiva domiciliaria para Kueider y su pareja, Iara Guinsel. La medida se tomó en una audiencia realizada en el contexto de la investigación por lavado de activos. Ambos están acusados de haber ingresado a Paraguay dinero de origen ilícito y de intentar blanquearlo a través de operaciones inmobiliarias.

    La decisión del magistrado se basó en que ninguno de los dos tiene arraigo en el vecino país, por ser extranjeros. En la misma resolución, Otazú dictaminó que no pueden cruzar la frontera sin autorización de su Juzgado.

    Sobre Kueider pesan tres resoluciones judiciales que ordenan el arresto domiciliario. Algunas incluyen el uso de tobillera.

    La primera también fue dictada por el juez Otazú. Fue durante la etapa de investigación de la causa por tentativa de contrabando. Este proceso llegó a juicio. El exlegislador entrerriano recibió dos años de prisión condicional. El Tribunal especializado en delitos económicos que lo condenó, ordenó la continuidad de la medida.

    La segunda se la impuso Rolando Duarte, el magistrado que tiene el juicio de extradición. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había pedido que se lo envíe a la Argentina donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía de Paraguay dio luz verde, pero pidió que antes Kueider ajuste cuentas con la Justicia guaraní.

    La tercera fue la impuesta por Otazú en la causa por lavado. También solicitó a la defensa que ofrezca fianza para ambos acusados. En paralelo, el magistrado dispuso la libertad de los otros dos imputados paraguayos en la causa. Se trata de Amado Andrés Torales Benegas y de José Fernando Cousirat. Ellos aparecen como titulares de Golsur SA. A través de la firma se habrían realizado las compras de inmuebles. Las sospechas es que ambos serían testaferros.

    El defensor de Kueider y Guinsel, Carlos Arévalo, había pedido libertad ambulatoria. El letrado justificó la solicitud en el sometimiento a las disposiciones judiciales que han demostrado. Ambos fueron detenidos el 4 de junio de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad que vincula con Brasil. En una mochila tenían 200 mil dólares que intentaron pasar sin declarar.

    Kueider y su pareja están alojados en un departamento ubicado en Luque, una ciudad situada a 11 km de Asunción. Es la tercera residencia que ocupan para cumplir con el arresto domiciliario.

    En junio, la Justicia del Paraguay imputó a Kueider y a Guinsel por el delito de lavado de dinero. Rodrigo Estigarribia, juez penal de Garantías del país vecino, dictó también el embargo de seis departamentos. El magistrado entiende que el exlegislador los adquirió con dinero que presume de origen ilícito.

    Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.

    Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.

    Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, tiene dos dormitorios y dos baños. Se suman cinco con una habitación y un sanitario. Dos en el sexto (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”.

    La Justicia decretó la prohibición de innovar y contratar sobre estas unidades.

    “Las agentes fiscales intervinientes solicitan la medida en la necesidad de asegurar, salvaguardar y/o garantizar la reparación del presumible perjuicio ocasionado”, marcó el juez Rodrigo Estigarríbia en su resolución, fechada el miércoles 24 de junio.

    Luego, puntualizó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.

    “La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”, añadió.

  • Paro docente en Entre Ríos y arranque de paritarias en Santa Fe: dos caras de la negociación salarial en el Litoral

    Paro docente en Entre Ríos y arranque de paritarias en Santa Fe: dos caras de la negociación salarial en el Litoral

    Luego del receso invernal los gremios docentes entrerrianos retomaron las medidas de fuerza con un paro de 24 horas, mientras en Santa Fe la discusión paritaria apenas comienza a perfilarse sin oferta salarial sobre la mesa. Dos gremios rechazaron la decisión del gobierno de Rogelio Frigerio de otorgar un aumento salarial por decreto. Un gremio docente santafesino estimó una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

    En Entre Ríos, la tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes estalló apenas terminó el receso invernal. Los gremios Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica) realizaron este lunes 20 un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un aumento salarial por decreto, luego de que ambas organizaciones rechazaran la propuesta presentada en la mesa paritaria.

    La oferta oficial, anunciada por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, contemplaba un incremento del 7% en dos tramos: 3% con los haberes de julio y 4% en septiembre, con actualización de la base de cálculo. Además, elevaba el salario mínimo docente a $ 850.000 desde julio y aumentaba entre el 20% y 28% los conceptos de FOPID y Conectividad según la carga horaria.

    Desde Agmer, el sindicato más representativo de la provincia, calificaron la oferta como “absolutamente insuficiente” y denunciaron que el Gobierno “clausuró los canales de diálogo genuinos” al optar por la vía unilateral del decreto. Según el gremio, se trata de la tercera vez que el Ejecutivo hace fracasar la paritaria de esta manera.

    El paro tuvo un 85% de adhesión según los datos de Agmer, que destacaron el “masivo acatamiento” como expresión del “malestar de las y los docentes de nuestra provincia, que soportan uno de los salarios más bajos del país, en un contexto de crisis económica, ajuste y empobrecimiento”. El Gobierno provincial presentó una lectura distinta porque según sus informes oficiales, el 75% del plantel docente se presentó a trabajar y las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas. AMET, por su parte, se sumó al paro reclamando un salario “justo y acorde” a las tareas que desempeñan los docentes de escuelas técnicas y exigiendo condiciones de trabajo “dignas y respetuosas”.

    El miércoles 1 de julio, Agmer y AMET ya coincidieron en un paro provincial de 24 horas con movilización a la capital entrerriana, en el marco de un plan de lucha que, según los propios gremios, tuvo una adhesión del 80%. Ese día, los sindicatos docentes participaron de una movilización junto a la Multisectorial de Gremios Estatales. Los manifestantes exigieron “la inmediata reapertura de la discusión paritaria” y dejaron en claro “el no rotundo al intento de reforma del sistema previsional”, que fue aprobado la semana pasada por el Senado entrerriano, como lo informó Ambito.

    Desde los gremios

    El secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, fue uno de los dirigentes que más claridad aportó sobre la posición gremial. En diálogo con medios locales, explicó que la decisión de parar responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. “Hemos tenido una oferta salarial que no reconoce la desactualización que tenemos respecto de los índices inflacionarios, ni tampoco las pérdidas acumuladas de años anteriores”, afirmó el dirigente.

    Según el referente, desde AMET estiman que los salarios docentes se encuentran entre un 14% y un 15% por debajo de la evolución de los precios y que con el último dato de inflación la pérdida salarial podría acercarse al 16%. “Esa pérdida corresponde hasta junio. Todavía no tenemos la actualización más reciente, pero con el último dato de inflación seguramente estaremos cerca del 16%”, señaló. Cuestionó además que los índices oficiales no reflejen el impacto real sobre el bolsillo de los trabajadores. “El consumo de los docentes está vinculado a la canasta básica y hoy el sueldo inicial representa aproximadamente el 50% de la canasta básica alimentaria”, aseguró.

    Pese a la medida de fuerza, AMET dejó una puerta abierta al diálogo con la gestión de Rogelio Frigerio. “Esperamos que el gobierno tenga la capacidad de reiniciar el diálogo y acercarse a lo que estamos solicitando para los docentes”. El gremio recordó que integra el frente gremial docente y que las futuras decisiones se tomarán de manera conjunta con las demás organizaciones sindicales.

    Con el paro del 20 de julio, Agmer acumula siete medidas de fuerza provinciales en lo que va del ciclo lectivo 2026. Y además de los reclamos salariales, este gremio denunció la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina, así como el déficit de personal en los comedores escolares, donde los alumnos reciben “viandas frías que carecen del valor nutricional”.

    Santa Fe: paritarias sin oferta

    Mientras en Entre Ríos el conflicto escaló, en Santa Fe la discusión paritaria recién comenzó a tomar forma. El pasado jueves 17 de julio, el gobierno provincial retomó las negociaciones con los gremios docentes AMSAFE y SADOP, y los estatales de ATE y UPCN, en una jornada que concluyó sin oferta salarial concreta y con un cuarto intermedio hasta el martes 21.

    La reunión con la administración central tuvo un tono constructivo. El ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que existieron “coincidencias” respecto de los mecanismos utilizados durante el primer semestre. Desde UPCN, su secretario general Jorge Molina destacó que los incrementos mínimos garantizados permitieron que numerosos trabajadores obtuvieran aumentos superiores a la inflación.

    El escenario con los docentes fue distinto. El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, rechazó de plano el diagnóstico oficial: “Nos preocupa muchísimo empezar un debate con una diferencia en la caracterización de la etapa”. El gremio estima una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

    Además del aspecto económico, AMSAFE planteó otros reclamos: la eliminación del aporte solidario para jubilados, la revisión del sistema de presentismo y la incorporación de una cláusula de actualización automática. SADOP, por su parte, insistió en la necesidad de abrir mesas técnicas para debatir temas laborales como el control del ausentismo y los criterios para acceder a la bonificación por capacitación. Ambos gremios coincidieron en exigir que la paritaria “vuelva a ser un espacio de negociación efectiva y no una instancia donde el Gobierno presente una oferta sin margen”.

    El Gobierno santafesino defendió su posición con datos, al señalar la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, que en la negociación anterior se exhibieron recibos de sueldo para “despejar afirmaciones falsas” y señaló que el salario del cargo testigo pasó de poco más de 1 millón de pesos en febrero a superar los 1,3 millones, lo que representa un incremento del 30%. “Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia”, advirtió.

    El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que la próxima oferta -que podría concretarse esta semana- contemplará incrementos para el segundo semestre y destacó que durante los primeros seis meses del año todos los meses registraron actualizaciones salariales. El ministro de Educación, José Goity, vinculó la negociación con una gestión “basada en evidencia y evaluaciones objetivas”.

  • Massa va por el m² de la gente, Kicillof acelera su construcción y Máximo obligado a salir

    Massa va por el m² de la gente, Kicillof acelera su construcción y Máximo obligado a salir

    Termina el mundial de fútbol y en Unión por la Patria se termina también la tregua del sofá para ahora ser sus dirigentes quienes salgan a la cancha a buscar el partido contra La Libertad Avanza. Sergio Massa ordena hablarle a los bolsillos y no a la política, Axel Kicillof acelera la construcción nacional con la vista puesta en el calendario y Máximo Kirchner se ve obligado a saltar el alambrado bonaerense. Tres velocidades para una disputa que tiene en la mira convertirse en oposición al gobierno de Javier Milei.

    Massa sigue el plan: no rompe el silencio público pero se mueve. Recibe, escucha, junta. No adelanta si va a ser candidato, no descarta nada, no confirma nada. La pregunta de si quiere una oportunidad más queda flotando en cada reunión de Avenida Libertador, sin que él la responda.

    Pero el silencio del tigrense es activo. Terminado el mundial dio una orden clara a los propios: dejar la política de lado y tomar la agenda del metro cuadrado. Hablarle a la gente de sus problemas, no meterse en la interna peronista que ya tiene demasiado dirigentes adentro.

    La lista de temas que bajó es un inventario del malestar cotidiano. Desde “el quilombo de lo que cuesta un litro de nafta hasta el quilombo del endeudamiento”. Sigue: desde los despidos hasta la multiplicación de quienes tienen que salir juntar un sueldo con las apps de transporte. Desde las tasas de interés que ahogan a las pymes hasta las convocatorias de acreedores que se acumulan.

    Los legisladores que responden al Frente Renovador tendrán la tarea de instalar esa agenda en el Congreso. Construir una alternativa desde un problema concreto y, al mismo tiempo, sumar voluntades de otros espacios que hoy están alejados. Esto lo hizo ya el diputado entrerriano, Guillermo Michel. Presentó un proyecto para el que consiguió firmas dentro de su bloque pero también de Encuentro Federal, impulsando un programa de créditos de hasta un millón y medio de pesos para “el desendeudamiento de las familias argentinas”.

    En La Plata el mundial fue apenas un paréntesis. Axel Kicillof acelera lo que ya venía haciendo: una construcción de escala nacional que excede el territorio bonaerense. Cerca suyo aclaran que el envión que tomarán tiene más que ver con el calendario electoral que con el fútbol.

    La búsqueda es un clamor popular, no una construcción de despacho. “Nosotros no buscamos tener un candidato en cada provincia, buscamos construir la necesidad de cambiar al gobierno nacional”, repiten los kicillofistas. No se trata de armar mesas político-partidarias en cada distrito sino de mostrarse para instalarse como la alternativa a Javier Milei.

    El gobernador tiene sobre la mesa invitaciones para recorrer Mendoza, Catamarca, La Pampa, Misiones, Jujuy y Santiago del Estero. Habla con distintos jefes provinciales que son aliados del gobierno libertario. Le piden que espere a que resuelvan las contiendas en sus provincias para tomar una posición en la pelea nacional. Pero Kicillof sabe que, al mismo tiempo, negocian con la Casa Rosada.

    Esa doble mesa —diálogo con el peronismo por un lado, gestos con Milei por el otro— es la que más incógnitas genera hacia futuro. No sólo a Kicillof. También Massa habla con ellos y entiende que ningún gobernador va a jugarse antes de tiempo contra una Casa Rosada que maneja la caja que apenas abre cuando huele lealtad. El tigrense admite que los jefes territoriales recién pueden jugar con ellos cuando vean en sus provincias que Milei ya no tiene ninguna posibilidad. Y para eso falta un poco más.

    El otro que dejó de mirar solo el territorio bonaerense es Máximo Kirchner. Estuvo en Santa Fe, en Entre Ríos y en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la provincia participó de encuentros en Lezama y en Carmen de Areco. Y tiene sobre la mesa una invitación para agosto a La Rioja, del gobernador Ricardo Quintela, para un acto por “el obispo de los pobres” Enrique Angelelli, beatificado por el Papa Francisco. Todavía no confirmó.

    Máximo se mueve, recorre y “habla con todos los que quieren escucharlo”, explican a su alrededor. Pero en su entorno frenan cualquier lectura apresurada: “Eso no sé si lo convierte en candidato”, aclaran. Mientras tanto Cristina Kirchner sigue el formato que le impone la justicia: las visitas políticas tienen que ser autorizadas con anticipación. Uno de los ejemplos por fuera de la tribu K es uno de sus principales aliados, Sergio Massa.

    CFK Habla por teléfono con todos los que puede. Su influencia sigue operando por canales que no son la agenda pública. La condena obligó a la familia a cambiar de roles: Ella con un perfil bajo y su hijo recorriendo el país para llegar lo mejor posicionado a la discusión interna que tendrán más adelante.

    Ninguno de los tres dice en voz alta que es candidato. Corren a velocidades distintas pero terminado el mundial todos entienden que el cronómetro contra Milei empieza a correr. Y Para esta pelea final, por ahora, se mueven por separado.

  • El Senado de Entre Ríos aprobó la reforma previsional de Rogelio Frigerio con votos peronistas

    El Senado de Entre Ríos aprobó la reforma previsional de Rogelio Frigerio con votos peronistas

    El Senado de la provincia de Entre Ríos aprobó la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, en un plenario marcado por la tensión política, las protestas callejeras y solo unas horas del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra. El proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” obtuvo la media sanción por 10 votos afirmativos contra 7 negativos, tras un debate que se extendió por varias horas en medio de un clima enrarecido pro protestas.

    La aprobación fue posible por el apoyo de dos senadoras del peronismo que rompieron filas con la oposición para acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El voto nominal replicó el mismo resultado: 10 a 7 en cada caso, lo que consolidó una victoria legislativa que el oficialismo festejó como un paso clave para garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio provincial, se argumentó.

    Las legisladoras que votaron a favor fueron Gladys Domínguez (Peronismo Federal) y Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y defendieron públicamente su posición en el debate. Domínguez advirtió sobre los costos de no encarar la reforma, al aseverar que “el verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener”. Y agregó: “La peor injusticia sería no hacer nada porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse”.

    Aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario. “Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado”, señaló. Los cambios incorporados incluyen la reducción del período de cálculo del haber inicial de 20 a 15 años, el mantenimiento de la edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para municipios: 1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí.

    Miranda no solo confirmó su voto a favor, sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó a su conducción. Responsabilizó al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. “Teníamos gobierno nacional, gobierno provincial y mayoría en ambas Cámaras”, recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución.

    Aunque consideró la reforma como “un comienzo” insuficiente, la legisladora defendió que “alguien se tiene que animar” a tomar decisiones difíciles. El momento más crítico fue cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. “Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad pero cuando el norte toma otra decisión es traición”, planteó.

    Su diagnóstico sobre el justicialismo entrerriano fue lapidario: lo describió como “un partido acéfalo” durante los últimos ocho años. “Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar”, disparó, en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.

    El PJ activa el Tribunal de Disciplina

    El peronismo entrerriano no perdonó a las senadoras y el bloque de diputados de Más para Entre Ríos repudió y activó el Tribunal de Disciplina del PJ para evaluar sanciones contra ambas. La decisión fue calificada por sus propios compañeros de bloque como un voto “a título personal”, desconectado de la postura que el Congreso Provincial del Partido Justicialista había fijado con claridad: oponerse a la iniciativa.

    El comunicado del bloque fue directo: “Cada legislador o legisladora deberá asumir la responsabilidad política e institucional de la decisión que tomó. Porque detrás de cada voto hay miles de docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y familias entrerrianas cuyo futuro previsional se verá afectado por esta reforma”. El PJ aclaró que nunca se negó al debate y que presentó un proyecto alternativo que proponía garantizar la sustentabilidad de la Caja sin tocar derechos adquiridos.

    Las sanciones posibles van desde un apercibimiento hasta la expulsión del partido, según la Carta Orgánica del PJ. El resultado definirá no solo el futuro político de las dos senadoras, sino también el nivel real de cohesión que el peronismo entrerriano puede sostener de cara a los próximos desafíos electorales.

    Protestas en la calle

    Mientras los legisladores debatieron en el recinto, sindicatos y organizaciones sociales protestaron en las inmediaciones de Casa de Gobierno en rechazo a la reforma. Las movilizaciones multisectoriales denunciaron que la iniciativa afecta los derechos de los trabajadores y jubilados, aunque el gobierno provincial sostiene que es indispensable para evitar el colapso de la caja previsional.

    Con la media sanción en el Senado, el proyecto será enviado en los próximos días a la Cámara de Diputados, en donde se prevé una votación reñida. El oficialismo deberá negociar voto a voto para asegurar los apoyos necesarios, ya que la oposición peronista adelantó que buscará sanciones internas contra legisladores que apoyen la reforma. La incertidumbre sobre el resultado final mantiene en vilo a los sectores involucrados.

    El paralelo con Santa Fe

    El escenario entrerriano contrasta con el de la vecina provincia de Santa Fe, en donde la reforma previsional aprobada en 2024 enfrenta un capítulo judicial decisivo, fruto de cuestionamientos a varios artículos. El gobierno de Maximiliano Pullaro elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la recusación de cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, a quienes acusa de tener un interés directo o indirecto en el fallo que resolverán en las próximas semanas.

    Pullaro argumentó que “en la Caja de Jubilaciones de la provincia tenemos déficit fiscal que no tiene por qué ser pagado por el sector privado”. El gobernador sostuvo que la reforma busca “terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y que se creían que tenían coronita, que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra provincia”. Según sus propias palabras, “no está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima, no es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado”.

    Pullaro enfatizó que “el que más gana, más va a pagar” y que “a la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, fundamentalmente los que menos ganan, no tienen casi ninguna modificación con este proyecto de ley”. La Caja de Jubilaciones de Santa Fe arrastra un déficit estructural histórico que supera los $800 mil millones acumulados, una de las cajas que no fueron transferidas a las AFJP y a las que el Estado nacional debe compensar.

    La recusación se fundamenta en que varios jueces del máximo tribunal santafesino se encuentran alcanzados -de modo actual o inminente- por el régimen previsional que está bajo análisis. Entre ellos se mencionan Rubén Weder, que ya estaba jubilado cuando fue designado y deberá volver a ese régimen, y Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, que tienen iniciados sus trámites de jubilación y se retirarán a fin de año.

    El gobierno santafesino advirtió que, si la Corte provincial falla con magistrados que no debían intervenir, el resultado podría verse cuestionado. La mayoría de las causas que judicializaron la ley fueron presentadas por exmagistrados y camaristas que solicitan la inconstitucionalidad de la cuota solidaria y el tope de jubilaciones, fijado en 20 haberes mínimos (unos $12.600.000).

  • Frigerio logró superar el escollo más difícil y se encamina a una reforma previsional que haga sostenible el sistema

    Frigerio logró superar el escollo más difícil y se encamina a una reforma previsional que haga sostenible el sistema

    El Senado de Entre Ríos aprobó el proyecto de reforma previsional que aumenta la edad jubilatoria y los aportes a fin de sostener el 82% móvil y mejorar la financiación para comenzar a controlar el déficit que tiene en jaque al Estado.

    Con la media sanción en Senadores de este miércoles, Rogelio Frigerio se aseguró uno de los triunfos políticos más importantes de lo que va de su gestión. Contribuyó a este objetivo el descalabro en el que se encuentra el peronismo entrerriano. A pesar de tener mayoría en la Cámara, dos de sus integrantes votaron con el oficialismo. Ahora, el proyecto irá a Diputados, donde Frigerio cuenta con un número más que suficiente, por lo que será un mero trámite.

    Concluida la etapa legislativa, la puja pasará al terreno judicial. El gobierno es consciente de que la futura norma será cuestionada en los estrados. Y que la propia judicatura, afectada por los nuevos parámetros, podría ser proclive a estos planteos.

    Entre Ríos es una de las provincias que no traspasó su caja a la Nación en los ‘90. Una cláusula constitucional impide hacerlo. Por esos años, el entonces gobernador peronista Mario Moine aceptó el pase de los servicios de educación y salud sin pedir compensación al Estado nacional. Se forjó así un mecanismo de déficit estructural que cada año consumía una tajada más importante del presupuesto provincial.

    El debate en el Senado fue conducido por la vicegobernadora Alicia Aluani. Al término de la sesión, expresó: “Toda reforma previsional genera debates legítimos. Por eso este proyecto fue enriquecido a través del diálogo de los legisladores con gremios, especialistas y distintos sectores de la sociedad. Respetamos las distintas posiciones, pero gobernar también implica asumir con responsabilidad las decisiones necesarias para proteger un bien colectivo y asegurar la continuidad del sistema previsional”.

    Javier Milei y Rogelio Frigerio en Entre Ríos

    “Nuestro objetivo es preservar un sistema que siga protegiendo derechos, tanto para quienes hoy son jubilados como para las próximas generaciones. Esta reforma busca fortalecer la Caja de Jubilaciones para garantizar un sistema solidario, previsible y sustentable”, agregó Aluani.

    La reforma que impulsó Frigerio intenta cambiar la tendencia. La meta en el horizonte es que el déficit llegue a cero. Pero para eso se necesitarán varios años. La discusión comenzó hace meses. En primer lugar, se presentó a la oposición y a los sindicatos estatales las líneas generales de lo que luego sería el proyecto.

    La intención era recibir aportes que enriquecieran el texto final. Sin embargo, y con la excepción de UPCN, los gremios estatales rechazaron los lineamientos. El PJ tomó la misma actitud.

    Cuando el Ejecutivo envió el articulado al Senado para su tratamiento, se abrió una nueva ronda de consultas. Pero la intransigencia se mantuvo a pesar de que el oficialismo aceptó varios cambios sustanciales. Entre ellos, que el aumento de la edad jubilatoria no llegue a los 68 años, sino que quede en 65 para hombres y 60 para mujeres, y que se tomen 15 años a fin de establecer el haber inicial de retiro y no 20 como era la idea original.

    En la elección del 2025, el PJ se había quedado con el control del Senado. Tenía 8 de las 17 bancas. Sin embargo, su implosión llevó a que una senadora, Gladys Domínguez (del departamento Feliciano), armara un bloque unipersonal y que otra legisladora, Nancy Miranda (Federal), rompiera de hecho con la conducción de la bancada. Ambas vienen votando con el oficialismo desde hace un tiempo.

    Rogelio Frigerio quiere que Entre Ríos se sume al RIGI

    En el debate, Miranda hizo autocrítica. Cuestionó al peronismo por no haber aportado una solución al problema previsional en los 20 años que gobernó con mayorías en la Legislatura. Su decisión de aprobar la reforma le valdrá la expulsión. Lo mismo ocurrirá con Domínguez. Es que el Congreso partidario había establecido esa sanción para quienes votaran con el oficialismo.

    A poco de concluir la sesión, el Partido Justicialista emitió un comunicado en el que expresó que convocará al Tribunal de Disciplina para analizar la conducta de las dos legisladoras.

    Dato curioso: Miranda había aprobado en comisión el dictamen en minoría del PJ aunque en el recinto dio el “sí” al del Ejecutivo.

    El proyecto fija la edad jubilatoria ordinaria en 65 años (varones) y 60 (mujeres). Se exigirá un mínimo de 35 años de aportes en regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

    Se prevé que, si la normativa nacional eleva esas edades, la provincia las actualizará automáticamente, bajo criterios de progresividad.

    Asimismo, se regulan jubilaciones especiales para docentes, personal de salud, penitenciarios y trabajadores en condiciones de discapacidad. Gozarán de edades de retiro reducidas y aportes mínimos de 20 a 25 años. En el caso de la docencia, podrán seguir jubilándose a los 57 (varones) y 53 (mujeres). Lo que se establece es la obligación de continuar realizando una contribución solidaria hasta alcanzar la edad ordinaria.

    Además, se fijan aportes personales y patronales extras del 3%. Las excepciones serán para salarios menores a tres millones de pesos.

    Por otro lado, se fijó que el déficit de la Caja de Jubilaciones deberá cubrirse en forma por el Estado provincial, municipios y comunas en la proporción que lo hubieran generado.

    El texto del Ejecutivo también contempla la declaración de emergencia previsional por dos años. Este plazo podrá ser ampliado por el Gobierno.

  • El Mundial, Villarruel y las internas con Bullrich: cómo se gestó la derrota parlamentaria de LLA con la Ley de Tierras

    El Mundial, Villarruel y las internas con Bullrich: cómo se gestó la derrota parlamentaria de LLA con la Ley de Tierras

    Con dudas de quórum hasta último momento y en medio del clima eufórico por el pase de la Selección a la final del Mundial, el Senado realizó este jueves su última sesión antes del receso invernal y volvió a fracasar, por cuarta vez, en el intento de darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto al no lograr los votos para destrabar el capítulo más resistido del proyecto: la eliminación de los límites para que extranjeros compren tierras rurales. La moción se aprobó con 65 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

    El oficialismo logró reunir el quórum recién a las 12.25, con la presencia de La Libertad Avanza, el PRO, los radicales, los misioneros y las senadoras Julieta Corroza y Flavia Royón. Ese primer objetivo se cumplió sin mayores sobresaltos, pese a que horas antes trascendió que el dictamen había sufrido una nueva modificación, la número quince, cuando los aliados presionaron para incorporar un artículo que habilitara a las provincias a crear su propio régimen de venta de tierras a extranjeros, algo que el oficialismo no aceptó.

    El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había obtenido dictamen el 20 de mayo, pero desde entonces acumuló modificaciones sucesivas sin volver a pasar por comisión. Es la cuarta vez que naufraga en el recinto: la primera fue el 4 de junio, cuando el oficialismo lo retiró del temario; la segunda, el 11 de junio, cuando el escándalo de Manuel Adorni impidió abrir la sesión; la tercera, el 25 de junio, cuando directamente no hubo quórum.

    Esta vez, el borrador post dictamen que se manejaba establecía que las únicas restricciones para adquirir tierras rurales serían la prohibición para Estados extranjeros y para empresas con participación estatal foránea, salvo autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, un esquema que también regiría para zonas de frontera. En ese texto además había desaparecido la mención al “silencio administrativo positivo” que preveían versiones anteriores. Ni siquiera con esos cambios el oficialismo consiguió cerrar las voluntades necesarias.

    Sesion Senado 16072026

    El contexto, según coincidieron desde distintos bloques en declaraciones a PERFIL, también influyó. Por un lado, un proyecto resistido que sufre cambios hasta último momento y que genera dudas entre los senadores aliados. Pero, por el otro, la épica mundialista, con banderas hasta del seleccionado que logró la hazaña ayer sobre la causa Malvinas, envalentonó la argumentación opositora respecto de la soberanía argentina. Darle media sanción a un proyecto así de sensible en este momento ya puso en duda a muchos aliados sobre si darían o no quórum.

    Para colmo, la difusión de chats entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, donde la vicepresidenta le endilgaba “poner en venta el país” con esa ley después de la victoria ante Inglaterra, sentó otro precedente incómodo en la Cámara Alta. Desde el entorno de la titular del Senado acusaron a Bullrich de difundir los chats, pero del otro lado señalaron al entorno de la vice.

    Los pliegos que sí avanzaron: los jueces de las causas $LIBRA y Andis

    Mientras el capítulo de tierras naufragaba, el Senado sí dio ingreso formal a una treintena de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos se destacan los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el tribunal que revisa los fallos de primera instancia en las causas más sensibles para la administración libertaria, entre ellas ANDIS y $Libra, esta última con el propio Javier Milei y su hermana bajo investigación. Bertuzzi ya integra ese tribunal desde un traslado de 2018 dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri y ahora concursó formalmente el cargo; Yadarola, por su parte, es cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e integró en 2022 la comitiva que viajó a Lago Escondido junto a jueces, exfuncionarios porteños y empresarios de medios.

    Ese paquete de pliegos ahora deberá pasar por la etapa de impugnaciones y una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos antes de poder volver al recinto, algo que podría retomarse recién los días 4 y 5 de agosto, ya con el receso de por medio.

    Prórroga de cinco años para el juez que avaló la reforma laboral de Milei

    La sesión dejó, de todos modos, una serie de resultados concretos para el oficialismo. El más relevante fue la prórroga por cinco años del camarista Víctor Pesino, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y necesitaba el aval del Senado antes de esa fecha para no perder el cargo. Pesino había sido impugnado por la CGT por haber firmado el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral y la resolución que dispuso la intervención de la UOM; aun así, el pliego se aprobó con el rechazo del peronismo.

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    Juez Víctor Pesino

    También se aprobaron 26 ascensos diplomáticos de Cancillería por 67 votos a favor y ninguno en contra, aunque el senador Eduardo “Wado” de Pedro reclamó explicaciones sobre otros pliegos que quedaron afuera “de manera arbitraria”, algo que el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, negó vinculando la demora a atrasos “de hace muchos años”. Por unanimidad, con 67 votos, también se convirtió a San Miguel de Tucumán en Capital Simbólica de la República Argentina.

    Un recinto teñido de celeste y blanco y las críticas del peronismo

    El clima futbolero se coló en cada rincón de la sesión. Los senadores libertarios bajaron al recinto con una decena de camisetas de la Selección: algunos las colgaron en sus bancas, la salteña Emilia Orozco la lució puesta y el entrerriano Joaquín Benegas Lynch se sumó con una bufanda albiceleste. En la tanda de homenajes, el radical Flavio Fama pidió un aplauso para “un grupo de personas que están dando un ejemplo a los argentinos” y todo el recinto se puso de pie para ovacionar a los jugadores, en referencia al pase a la final contra España.

    Antes del cuarto intermedio, la oposición había dejado planteada su posición. El senador José Mayans cuestionó al oficialismo por “venir con la camiseta de la Argentina” mientras, a su juicio, “se está entregando la soberanía”, y agregó que “más del 60% de los argentinos no aprueba el gobierno de Milei”.

    Por fuera del recinto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió en redes que los senadores “no se dejen extorsionar” y “defiendan nuestra soberanía”, mientras que la UCR, a través de un comunicado de su conducción nacional, advirtió que el proyecto “compromete la soberanía nacional, el control de las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

    Para el 6 de agosto, cuando termine el receso invernal, el oficialismo ya anticipó que buscará sumar al temario la ley “Hojarasca”, que deroga normativas consideradas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados. La ley de propiedad privada, mientras tanto, arrastra ya quince versiones distintas y cuatro sesiones frustradas, en un antecedente que, según reconoce el propio oficialismo, empieza a desgastar la paciencia de los bloques dialoguistas que hasta ahora acompañaron al Gobierno en el Senado.

    JD/MSS