El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica luego de que se confirmara que su esposa, Bettina Angeletti, viajó junto a él en el avión presidencial ARG-01 rumbo a Nueva York, donde el Gobierno participa de Argentina Week 2026, un evento orientado a atraer inversiones para el país. La noticia reavivó cuestionamientos políticos y jurídicos sobre el uso de aeronaves públicas y sobre el alcance de la normativa que el propio Gobierno impulsó el año pasado para regularlas.
Las críticas se intensificaron tras difundirse imágenes que mostraban a Angeletti integrando la comitiva oficial. La estadía en Nueva York incluyó reuniones con empresarios y fondos de inversión, y la delegación se alojó en un hotel de lujo cuyas tarifas, según trascendió, alcanzan los $5,3 millones por noche.
Consultado sobre el episodio, Adorni defendió la decisión y afirmó que no hubo irregularidades. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, explicó en declaraciones al canal A24. Según contó, su esposa en un principio tenía previsto viajar por sus propios medios a la ciudad estadounidense, pero el itinerario cambió cuando la comitiva oficial debió extender el trayecto hacia Miami. “La invitamos porque no había otra forma. Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, sostuvo.
El episodio, sin embargo, quedó rápidamente vinculado al Decreto 712/2024, firmado por el presidente Javier Milei en agosto del año pasado, que buscó ordenar el uso de las aeronaves del Estado y establecer límites claros sobre su utilización.
El artículo 1° del decreto fija el principio central: las aeronaves públicas “no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público”. La norma también prohíbe expresamente su utilización en actividades que puedan ser consideradas propias de una aeronave privada.
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