El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente inédito en Medio OrienteLa nueva ley sustituyó las condenas capitales vigentes por cadena perpetua con trabajos forzados agravados y dejó al país a la espera de la promulgación presidencial

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y aprobó una reforma que sustituyó ese castigo por cadena perpetua con trabajos forzados agravados para todos los delitos que hasta ahora podían ser sancionados con ejecución.

La reforma todavía debe pasar por el gabinete y luego llegar al presidente Joseph Aoun para su promulgación. El Gobierno ya había expresado respaldo a la iniciativa, un dato que fortaleció las perspectivas de aprobación definitiva una vez cumplidos esos pasos formales.

La decisión se aprobó este martes en una sesión legislativa que cerró una larga discusión sobre el lugar de la pena capital en el sistema penal libanés. Aunque el país no ejecutaba condenados desde enero de 2004, los tribunales continuaban emitiendo sentencias de muerte y la legislación mantenía vigente esa posibilidad para crímenes considerados de máxima gravedad.

La nueva ley eliminó esa sanción del marco legal y dispuso que las condenas ya dictadas fueran conmutadas. A partir de ahora, las personas que se encontraban bajo sentencia capital pasarán a cumplir prisión perpetua bajo el régimen fijado por la reforma, mientras que los futuros fallos por esos mismos delitos deberán ajustarse a la nueva escala penal.

Antes de este cambio, la pena de muerte podía aplicarse en casos de homicidio agravado, terrorismo con resultado de muerte, traición, espionaje y otros delitos vinculados con la seguridad del Estado. Con la modificación aprobada por la Cámara, el castigo máximo pasó a ser la reclusión de por vida con trabajos forzados agravados, fórmula ya prevista en la legislación libanesa para determinados supuestos.

La votación colocó a Líbano en una posición inédita dentro de Oriente Medio, ya que ningún otro país de la región había eliminado de manera formal la pena capital para todos los delitos. El país quedó así en un escenario regional donde ese castigo sigue vigente y, en muchos casos, se aplica con regularidad.

El proyecto obtuvo respaldo mayoritario en el Parlamento, integrado por 128 diputados, aunque no reunió consenso pleno. El bloque parlamentario de Hezbollah rechazó la iniciativa y quedó del lado minoritario en la sesión. Pese a esa resistencia, el texto avanzó y quedó encaminado hacia las etapas finales del trámite institucional.

Hasta esta semana, el funcionamiento práctico de la pena de muerte en el país dependía de un mecanismo institucional que exigía la firma conjunta del presidente, el primer ministro y el ministro de Justicia para ejecutar la sentencia. Ese procedimiento quedó paralizado durante más de 20 años.

Esa situación impidió nuevas ejecuciones, pero no modificó el texto legal ni alteró la facultad de los jueces para imponer la pena máxima en sus fallos. Esa combinación entre inactividad estatal y vigencia normativa mantuvo en pie el corredor de la muerte.

Organizaciones de derechos humanos estimaban que decenas de personas seguían bajo esa condena al comenzar este año. Algunas cifras situaban el total por encima de 78 presos, mientras otros recuentos elevaban el número al menos a 85. La nueva ley alcanzó a ese grupo y transformó su situación procesal y penitenciaria.

Uno de los argumentos que aparecieron durante el debate fue el efecto que tenía la permanencia formal de la pena capital sobre la cooperación judicial internacional. El ministro de Justicia, Adel Nassar, sostuvo que la existencia de ese castigo dificultaba la extradición de sospechosos desde países que prohíben entregar acusados si pueden enfrentar una condena de muerte. La abolición quitó ese obstáculo y modificó el marco en el que Líbano tramita pedidos de cooperación con esos Estados.

La aprobación fue el resultado de una campaña sostenida durante años por abogados, activistas y asociaciones civiles que reclamaban la eliminación de la pena capital del Código Penal. A lo largo de ese proceso hubo proyectos que no prosperaron y propuestas que quedaron frenadas en distintas instancias políticas. La sanción de este martes destrabó una discusión que llevaba décadas abierta.

La decisión parlamentaria recibió respaldo inmediato de Naciones Unidas, que la presentó como un avance en la protección del derecho a la vida y como una referencia para otros países de la región. El organismo también señaló que la medida acercó al país a los estándares internacionales de derechos humanos y reforzó una concepción de justicia asentada en la dignidad humana.

Por su parte, la Unión Europea también celebró la reforma y valoró su alcance retroactivo, al entender que consolidó en el plano legal una situación que en los hechos ya impedía ejecuciones desde hacía años. Para el bloque, la abolición envió una señal hacia otros Estados de Oriente Medio y reforzó la tendencia global en contra de la pena capital. Francia se sumó a esas reacciones y definió la votación como un paso político de peso dentro del proceso institucional libanés.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)