1.- Integración regional y Canal Magdalena. En la actual etapa del proceso de centralización de capital, también asistimos a renovadas controversias y conflictos geopolíticos en materia de: comercio internacional; infraestructuras; tecnologías y transporte fluvial, que impactan tanto sobre la producción de bienes y servicios como en el ordenamiento territorial de los países. A este respecto, los Planes de Negocios de los conglomerados transnacionales –desplegados merced a la intervención y tutela que le brindan sus Estados gendarmes− se proyectan en dirección a controlar núcleos de producción; flujos de circulación de mercancías y rutas comerciales.
En esos escenarios y adecuados a su misión, Norteamérica y China extienden estrategias donde se entrecruzan cuestiones de índole logística; portuaria; diplomática y militar.
Por su parte, y en función del dominio e interconexión de recursos de carácter estratégico, en América del sur se promueven Corredores bioceánicos (que incluyen: carreteras; redes ferroviarias y transporte fluvial). Esto con el propósito de consolidar la integración regional; incrementar el comercio transfronterizo y reducir costos de importaciones-exportaciones sudamericanas a través de los océanos Atlántico y Pacífico.
Así, en el caso argentino nos encontramos con el desarrollo del Corredor Bioceánico Norte (“Capricornio”), una carretera que comprende zonas de Brasil; Paraguay; Argentina; Chile y se articulará con la Hidrovía Paraguay-Paraná. Corredor este que, en vista a organizar la propiedad en defensa de la soberanía e intereses de la Nación, pone de relieve la importancia geopolítica de impulsar el dragado y balizamiento del Canal Magdalena de modo de conectar el sistema de navegación troncal (Ríos Paraná; Uruguay y de la Plata) con el Atlántico sin necesidad de que los barcos pasen por el puerto de Montevideo.
2.- Estrategias de seguridad transnacionales. La doctrina de seguridad nacional imperante en EE UU (NSS25), adecuada a los intereses de corporaciones tecnológico-financieras, encamina su política exterior en términos de readecuar la cadena de suministros −recursos y producción de Latinoamérica− al mercado estadounidense (nearshoring).
Entonces, en ese rumbo: se articulan alianzas con “socios estratégicos” del área. De tal forma, por intermedio de una cadena de instituciones que van del FMI y el Departamento de Estado; pasan por entidades como las Cámaras de comercio norteamericanas; hasta llegar al Comando Sur de EUA: el “país del norte” viene suscribiendo “acuerdos de cooperación” con distintos gobiernos de la región.
En este aspecto, podemos destacar, en línea con los convenios referidos a la supervisión militar en el Río Paraná dispuestos por la administración argentina contemporánea: el avance de diferentes tratativas encaradas por EE UU con nuestros países limítrofes. Tratativas estas que incluyen capacitación y asistencia militar en áreas de inteligencia, entre las cuales cabe consignar a modo de ejemplos: los actuales acuerdos de Bolivia con: la INL−Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (luego de haber transcurrido 20 años desde el momento en que se suspendieron los convenios con la DEA, por entenderse que esta Agencia realizaba tareas de espionaje en el Altiplano); los pactos (con participación de la Paraguayan-American Chamber of Commerce/ Amcham Paraguay) que contemplan la intervención de técnicos militares en la elaboración de un Plan maestro para la navegabilidad del Río Paraguay al tiempo que prevén instalar un Destacamento de soldados en territorio paraguayo (en inmediaciones de la Hidrovía).
3.-Exportadoras de Cereales y Territorios. En el año 2025 las exportaciones de bienes en Argentina llegaron a representar un total de U$S 87.000 millones, monto dentro del cual las cadenas agroindustriales “registraron” ventas que significaron unos U$S 51.000 millones. Ritmo exportador ese que se mantuvo durante el primer semestre de 2026, constatándose que: desde comienzos del mes de mayo, se pudo verificar la operatoria de 100 embarcaciones activas —ya sea amarradas, en rada o con arribo confirmado— que colocaron a nuestro Corredor fluvial (Hidrovía) en el centro logístico de salida de mercancías. Posición esa que, a su vez, se expresa en el funcionamiento de 34 terminales portuarias censadas (22 de las cuales están específicamente dedicadas a la exportación de granos, harinas y aceites vegetales) y que ocupan más de 70 kilómetros de la costa del río Paraná.
Sobre esta cuestión es necesario destacar, en lo que hace a la administración portuaria y dominio de puertos, que los mismos han sido transferidos a las provincias (Ley 24.093/92). Esquema este que resulta finalmente controlado y gestionado por un núcleo de siete empresas, asentadas en la referida vera del Corredor Litoral. Núcleo empresario que concentra un 45% en el comercio de exportación de cereales y que está compuesto por Bunge (EE UU); Cargill (EE UU), COFCO (China), LDC (Francia), ADM (EE UU), Asociación de Cooperativas Argentinas-ACA (Argentina) y Aceitera General Deheza-AGD (Argentina).
Todo aquello en un marco donde se promueve la venta de terrenos en áreas de frontera, en simultáneo con el abandono de la supervisión por parte del Estado nacional en puertos, ríos y mares. Situación que habilita los programas orientados a reconvertir ríos en canales industriales de acuerdo a las estrategias transfronterizas que fijan las corporaciones. Estrategias, globales, de inversionistas que procuran alcanzar la mayor titularidad, e influencias factibles, en lo que hace al desarrollo de territorios y el incremento de la explotación de recursos naturales al menor costo.
En esos contextos también es importante resaltar que el proyecto de legislación atinente a la venta de tierras debatido en el Congreso Nacional, con el mismo espíritu que nutrió al Decreto 70/23 tiene por objeto acentuar el proceso tendiente a desarticular (balcanizar) el territorio de la República Argentina y sus áreas de frontera. Ello en medio de un estado de situación donde más de 15 millones de hectáreas se encuentran en manos de particulares y/o de empresas extranjeras, muchas de ellas sociedades offshore o dirigidas por Fondos de Inversión acreedores de la República Argentina (que resultan ser en definitiva los Beneficiarios finales del “negocio”). «
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