“No lo vamos a hacer”: una funcionaria de la Unión Europea advirtió que las normas ambientales del bloque no se negocian y elogió al país

ROSARIO.- La entrada en vigor del Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) promete abrir un nuevo escenario para las exportaciones argentinas, mejorar el acceso a uno de los mercados más importantes del mundo y consolidar una agenda de integración internacional que el Gobierno considera estratégica. Sin embargo, junto con las oportunidades aparece un desafío que ya concentra buena parte de la atención del sector agropecuario: la creciente regulación ambiental y sanitaria impulsada por el bloque europeo, que la Argentina deberá afrontar para aprovechar plenamente los beneficios del tratado.

Ese fue uno de los principales ejes del panel que compartieron el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda, y la consejera comercial de la Delegación de la UE en la Argentina, Inmaculada Montero Luque, durante la segunda jornada del Congreso de Aapresid, donde analizaron el alcance del acuerdo, las oportunidades comerciales y las exigencias que impone la agenda europea de sostenibilidad.

Mientras en la UE dejaron en claro que las normas ambientales forman parte de una decisión política inalterable, en el gobierno argentino remarcaron que comparten los objetivos de protección ambiental, aunque cuestionan la forma en que esas regulaciones se implementan cuando pueden transformarse en obstáculos para el comercio.

Montero Luque fue contundente al explicar que la protección ambiental ocupa un lugar central dentro de la estrategia europea. “Todo lo que acompaña al acuerdo es una serie de reglamentos que tiene la Unión Europea; no son reglamentos arbitrarios, son reglamentos que responden a un objetivo político”, afirmó.

Según explicó, ese objetivo está profundamente arraigado en la identidad del bloque. “Está en nuestro ADN la defensa de la lucha contra el cambio climático. Es un objetivo político”, sostuvo. Agregó: “Europa busca convertirse en una bandera internacional de defensa de la lucha contra el cambio climático y de la defensa de la sostenibilidad de nuestros suelos y de nuestra producción”.

La funcionaria reconoció, sin embargo, que esas regulaciones generan debates incluso dentro del propio continente: “Tenemos que hacer un ejercicio de reflexión más profunda dentro de la UE en cómo se aplican y las consecuencias de estos reglamentos internas y externas, porque los mismos argumentos que escuchamos aquí los escuchamos también en la UE”.

En ese contexto admitió que el acuerdo enfrenta resistencias dentro del propio bloque: “A nadie se le escapa que el sector agrario en la UE fue el sector que más se opuso al acuerdo y que sigue oponiéndose al acuerdo”.

No obstante, insistió en que las normas ambientales y sanitarias no serán objeto de negociación. “No podemos negociar eso, no lo vamos a hacer”, afirmó al referirse a los requisitos sanitarios y fitosanitarios exigidos para ingresar al mercado europeo.

Según explicó, esas exigencias no deben interpretarse como medidas proteccionistas. “Los requisitos sanitarios y fitosanitarios no son una medida de defensa comercial, no son una barrera comercial, son una condición de mercado”, expresó.

En ese sentido, recordó que el bloque representa un mercado de 450 millones de consumidores donde la protección sanitaria constituye una prioridad: “Tenemos como casi mantra la defensa de la salud del consumidor europeo”. También sostuvo que muchos de esos estándares de protección y de calidad terminarán expandiéndose hacia otros mercados internacionales que los van a adoptar.

Pese a ello, destacó que la Argentina llega al acuerdo con una ventaja respecto de otros socios del Mercosur gracias a los avances logrados en materia de trazabilidad y sostenibilidad: “Si hay un país dentro de los cuatro que integran el Mercosur que ha hecho la tarea, es aquí. Lo han hecho con ejercicios de trazabilidad y sostenibilidad”. Incluso afirmó que esa experiencia debería servir de referencia para el resto de la región: “Lo que ha hecho la Argentina me gustaría que se replicara en otros países”.

Tejeda coincidió en destacar la importancia estratégica del acuerdo y sostuvo que representa un cambio de paradigma para la inserción internacional del país: “Este acuerdo comienza a nivelar las condiciones que tienen nuestros exportadores en los principales mercados del mundo”,

Recordó que durante décadas la Argentina quedó rezagada frente a competidores que avanzaron con acuerdos comerciales: “Ha estado fuera de las negociaciones internacionales por décadas, mientras nuestros principales competidores han negociado acuerdos con los principales mercados del mundo”.

También resaltó que el tratado refleja una nueva estrategia de apertura comercial. “Es el primero que refleja el cambio de época en nuestro país, el primero de una agenda muy ambiciosa que se ha propuesto la Argentina de apertura del mercado internacional”, expresó.

Según precisó, uno de los principales beneficios será la reducción de aranceles para una parte significativa del comercio bilateral. Indicó que el 84% del intercambio tendrá desgravación total, mientras que el resto accederá a preferencias parciales o cuotas específicas.

Pero al mismo tiempo reconoció que la agenda regulatoria europea constituye uno de los mayores desafíos para los países del Mercosur: “Esas regulaciones presentan desafíos, por eso es que el capítulo también de comercio y desarrollo sostenible ha llevado tanto tiempo, dos años”.

Según indicó, en las negociaciones el Mercosur logró incorporar herramientas destinadas a evitar que las nuevas normas ambientales terminen funcionando como barreras comerciales. “Se han podido incorporar algunas disciplinas e instrumentos que nos permiten facilitar la adaptación, mitigar los impactos y evitar que estas regulaciones se conviertan en restricciones encubiertas al comercio internacional”, sostuvo.

Tejeda aclaró que la Argentina no cuestiona el objetivo ambiental perseguido por Europa, sino la manera en que algunas medidas podrían aplicarse: “Nuestra posición es muy clara: podemos compartir el objetivo en cuanto a algunas de las regulaciones que adopta la UE, pero lo que no compartimos es el enfoque y los instrumentos”.

En ese sentido sostuvo que esas disposiciones deberán respetar los compromisos multilaterales: “Tienen que ser normas basadas en ciencia, proporcionales al riesgo que buscan cubrir, contemplar las distintas realidades y capacidades de los distintos miembros y actores y cumplir con la normativa de la OMC en términos de no ser una restricción encubierta al comercio internacional”.

También destacó que el acuerdo incorpora mecanismos novedosos para incentivar buenas prácticas productivas. Entre ellos mencionó la posibilidad de otorgar ventajas comerciales adicionales a productos que acrediten sistemas de producción más sustentables. Además, señaló que el tratado reconoce los sistemas nacionales de trazabilidad y certificación, un aspecto que podría fortalecer la posición argentina frente a futuras regulaciones ambientales como el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR).

Otro punto considerado clave es que, si una nueva regulación unilateral afecta el equilibrio alcanzado por el acuerdo, el Mercosur podrá recurrir a mecanismos de solución de controversias para reclamar compensaciones.

Finalmente, Tejeda sostuvo que ya existe un trabajo conjunto entre ambas partes para adecuar las normas y minimizar los efectos negativos sobre el comercio: “Estamos trabajando en la adaptación a los distintos requerimientos y estamos trabajando también en el rediseño en el espacio que podemos tener de estas normativas para evitar los impactos negativos y las restricciones encubiertas”.