El Gobierno de Entre Ríos informó, a través de un comunicado oficial de Casa de Gobierno, que apelará la medida cautelar dispuesta este miércoles por la Justicia en el marco de la acción de amparo que frenó la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas para las escuelas de la provincia. Según el comunicado, el Ejecutivo ratificó que continuará garantizando la alimentación de los alumnos en todos los establecimientos educativos mientras avanza el proceso judicial.
“No es una sentencia sobre el fondo de la cuestión”
Desde la Fiscalía de Estado se aclaró, según el comunicado oficial, que la resolución judicial “no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión, sino una medida provisoria adoptada mientras se sustancia el proceso judicial”. El organismo remarcó que la legalidad del nuevo sistema todavía no fue resuelta y que ese debate se dará durante la tramitación de la causa.
El proceso judicial recién empieza
El comunicado oficial recordó que el plazo para contestar la demanda vence este viernes, por lo que, según la postura del Gobierno, el expediente se encuentra todavía en una etapa inicial. En ese marco, la Provincia anunció que ejercerá los recursos previstos por la legislación vigente y presentará los argumentos técnicos y jurídicos que, sostiene, respaldan al nuevo sistema de provisión alimentaria.
El Gobierno asegura que el servicio no se interrumpe
Según el comunicado, la implementación del nuevo esquema fue diseñada de manera gradual y, desde el inicio del proceso, el Ejecutivo instruyó a los directores de todos los establecimientos educativos para que —hasta que la nueva modalidad estuviera plenamente operativa— continuaran garantizando la prestación alimentaria mediante el mecanismo que se encontraba vigente hasta ahora. Por esa razón, sostiene el Gobierno, la medida cautelar no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de las escuelas.
El argumento de fondo: transparencia y lucha contra la corrupción
El comunicado enmarca el nuevo sistema de provisión alimentaria dentro de una política pública orientada a fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del Estado, mejorar los mecanismos de compra y distribución, y dejar atrás prácticas cuestionadas y denunciadas por irregularidades en años anteriores. El Gobierno sostiene que defenderá ese objetivo durante el proceso judicial, y reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto por las decisiones judiciales y el pleno ejercicio de los mecanismos legales previstos para la defensa del interés público.
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