Transitamos una de las etapas más oscuras de nuestra democracia. La Argentina está siendo atacada las 24 horas del día, los siete días de la semana, por un bombardeo de operaciones mediáticas, noticias falsas y realidades fabricadas para entretener, confundir y hacerle creer a la sociedad que vive un país distinto del que realmente padece.
Donald Trump, Javier Milei, Benjamín Netanyahu, Nayib Bukele, José Antonio Kast y otros dirigentes de la nueva derecha se presentan como los líderes de un supuesto «nuevo orden». En realidad, profundizan lo peor de nuestros sistemas: autoritarismo, endeudamiento, violencia, desprecio por los derechos humanos, indiferencia frente a los pobres y odio hacia el trabajo y quienes viven de él. Todo envuelto en discursos de libertad que, en los hechos, solo garantizan privilegios para los más ricos.
A pesar de las evidencias, todavía hay quienes sostienen este modelo. ¿Qué más tiene que ocurrir para que relacionemos las decisiones políticas con nuestra vida cotidiana? ¿Tan difícil es comprender que cuando se destruyen las políticas de protección laboral, se recortan los presupuestos de educación, salud, vivienda, medicamentos, alimentación e infancias, empeora la vida de millones de argentinos? ¿Tan difícil es advertir que un Estado que abandona a las pymes, las industrias, el comercio, los pequeños productores, las cooperativas y las mutuales solo genera más desigualdad y exclusión?
Las pruebas sobran. El escándalo de Libra, las irregularidades denunciadas en ANDIS, los viajes de campaña financiados con recursos públicos, funcionarios cuestionados como Manuel Adorni o el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido con dinero sin declarar, forman parte de una larga lista de hechos que deberían encender todas las alarmas.
Solo esta semana, Javier Milei viajó a Brasil para insultar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al presidente de la Corte Suprema de ese país, mientras participaba de actividades políticas junto al bolsonarismo costeadas con recursos de los argentinos. También fue a Perú para respaldar a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y por haber quebrado el orden democrático de su país. Al mismo tiempo, sostiene un alineamiento incondicional con Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
¿De verdad cuesta tanto vincular esa concepción del poder con el aumento de la pobreza, la desocupación, el deterioro de la salud mental, el crecimiento de la desesperanza entre los jóvenes y la fractura social que atraviesa nuestro país? Lo más preocupante es que el daño no solo entra por el bolsillo. También entra por la cabeza. La construcción permanente de sentido, la manipulación de la subjetividad y el bombardeo constante de noticias falsas buscan que la sociedad naturalice lo que nunca debería aceptar.
En Santa Fe ocurre algo similar. Maximiliano Pullaro eligió como símbolo de su gestión una cárcel llamada «El Infierno». Su obra más costosa: 143.000 millones de pesos para alojar a 1.152 personas. El mensaje político es claro: más cárceles, más miedo y más marketing punitivo como respuesta a problemas que requieren inclusión, educación, trabajo y oportunidades.
Como suele decir Víctor Hugo Morales, hay que trabajar de ciudadanos. Leer, informarse, desconfiar de los algoritmos y no aceptar como verdad lo primero que aparece en WhatsApp o en las redes sociales. La democracia necesita ciudadanos críticos, no consumidores pasivos de propaganda.
Han vaciado la política de representación y de contenido. Ya casi no hablan docentes, trabajadores, empresarios nacionales, estudiantes, cooperativistas, mutualistas, científicos o pequeños productores. Pero ninguna maquinaria de propaganda puede ocultar indefinidamente una realidad cada vez más evidente: los resultados sociales de estos gobiernos son devastadores.
Frente a eso necesitamos reconstruir gestas colectivas, rebeldías democráticas, resistencias pacíficas y proyectos comunes que vuelvan a enamorar. La salida nunca será el individualismo, sino la cooperación y la organización popular.
El próximo 6 de agosto la sociedad tiene una nueva oportunidad para defender la soberanía nacional. La denominada Ley de Inviolabilidad del territorio abre la puerta para que capitales extranjeros, sociedades anónimas y otros Estados puedan apropiarse de tierras, reservas de agua dulce, minerales, mares, recursos ictícolas y bienes estratégicos de la Argentina.
Es momento de estar en la calle y de defender lo que es de todos. Porque la historia demuestra que cuando un pueblo renuncia a cuidar su soberanía, termina perdiendo también su futuro.
Y una última advertencia. Quienes levanten la mano para aprobar una nueva entrega del patrimonio nacional deberán asumir la responsabilidad política e histórica de esa decisión. Tal vez la historia no olvide lo que hagan. Y los pueblos, mucho menos.
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