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Tag: Edgardo Kueider

La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py
08 Oct, 2026 04:03 p. m. EST

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de San Martín resolvió este jueves declinar su competencia en el caso contra quienes integraban el grupo que colaboró con Edgardo Kueider en las presuntas maniobras delictivas por las que es investigado. En el mismo acto, decidió remitirlo a la Justicia Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Este giro beneficia a los acusados, quienes ganan tiempo para enfrentar el juicio.

La decisión se tomó por dos razones centrales. La primera fue que los hechos ventilados en las actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, CABA, Quilmes y Berazategui. “Es decir, ninguno en esta jurisdicción”, alegó el TOF 5. El cuerpo lo componen los jueces Javier Arzubi Calvo; Esteban Rodríguez Eggers y Juan Manuel Gaset Maisonave.

En relación con este punto está la segunda razón: Buenos Aires sería el núcleo de la organización, así como de las condiciones que sustentan el agravamiento de cargos y los efectos jurídicos de las maniobras realizadas.

Los socios y colaboradores del ex senador enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. Todos estos delitos están relacionados con las maniobras que, para la Justicia, habría realizado Kueider a fin de ocultar su incremento patrimonial por encima de sus posibilidades.

A comienzos de año, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y la jueza en lo Correccional y Criminal Sandra Arroyo Salgado recortaron esta parte de la investigación y la elevaron a juicio.

El acusador público y la magistrada iban a sentar en el banquillo a:
1. Dos de sus supuestos testaferros de Kueider: Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y Javier Rubel, primo del exsenador y albañil de profesión. Ambos fueron presidentes de Betail SA.
2. José Carlos Noguera. Es el contador porteño cuyo estudio, según subrayó Arroyo Salgado, habría sido el “epicentro de la operatoria delictiva”. También está comprometida su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre.
3. A ellos se suman Débora Ferreyra, empleada del estudio de Noguera, y Adriana Crucitta, pareja de “Gonzalito”.
4. La imputación alcanza a cinco sociedades comerciales: Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.
El ex legislador entrerriano y su pareja, Iara Guinsel, permanecieron al margen. Ambos están detenidos en Paraguay. Su extradición no se dará hasta que termine de ajustar cuentas con la Justicia del país vecino.

Arroyo Salgado inició la pesquisa contra Kueider como desprendimiento del caso “Securitas”. En este otro expediente, se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a funcionarios públicos. El objetivo era quedarse con los contratos de vigilancia. La maniobra habría incluido a Enersa, la distribuidora eléctrica estatal entrerriana. Kueider representaba las acciones del Estado en esa firma cuando era secretario General de la Gobernación (2015/2019).

En “Securitas” hay un mensaje de uno de los empresarios involucrados que menciona al ex senador como un contacto clave para la maniobra. Con ese elemento, más una denuncia que se presentó en su Juzgado con datos de la declaración jurada de Kueider revelados por “El Disenso”, Arroyo Salgado armó el nuevo expediente.

Este trámite avanzó y llegó a la instancia de elevación a juicio que ahora quedó en suspenso hasta que se defina un nuevo tribunal. En paralelo, la Corte Suprema avaló que tanto Arroyo Salgado como la Justicia de Entre Ríos continúen investigando a Kueider.

El TOF 5 de San Martín tomó el criterio que el fiscal Domínguez siguió para definir el objeto de juicio en el dictamen de elevación a esa etapa.

En ese sentido, concluyó que no se identificó un solo acto desplegado por los acusados en la jurisdicción de San Martín. Por el contrario: todo giraría en Buenos Aires.

Como sustento, detalló:
1. Las operaciones inmobiliarias se realizaron en Paraná. Los departamentos que Kueider adquirió y puso a nombre de la firma Betail SA están en la capital entrerriana. Asimismo, los testimonios de los dueños de la desarrolladora inmobiliaria acreditan que la negociación y la entrega del efectivo se concretaron en esa ciudad.
2. El “ardid” ante la AFIP (hoy ARCA) a fin de ocultar el crecimiento patrimonial y dibujar balances de las empresas usadas como mascarada se concretaron en un estudio contable de Quilmes.
3. Betail, la firma que Arroyo Salgado y Domínguez catalogaron como una “fachada” de Kueider para disimular su enriquecimiento, tiene sede en CABA. Los movimientos del directorio, que involucran a varios acusados en el caso, se inscribieron en la Inspección General de Justicia de Buenos Aires.
4. La colocación y puesta en circulación de fondos que la Justicia sospecha tienen un origen espurio se concretó a través de la sucursal Quilmes del Banco Supervielle.
5. La Justicia también sospecha que la compra de la camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de uno de los socios de Kueider sirvió a su vez para lavar dinero. La adquisición se hizo en la agencia Rudas de Concordia. Pero el registro se concretó en CABA.
“Los hechos ventilados en estas actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Quilmes y Berazategui. Es decir: ninguno en esta jurisdicción”, evaluó el TOF 5.

Luego, completó: “Según el acusador público, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituía el centro de operaciones de la organización, ya que allí se localizaba la estructura desde donde se impartían las directivas que luego se ejecutaban en Quilmes, Paraná o ante la IGJ”. Más adelante, remarcó: “No hay dudas de que el mayor número de pruebas se recabó en el ámbito capitalino”.

Por otro lado, señala que, a esta altura, no se registra la conectividad subjetiva entre el caso “Securitas” y la investigación sobre Kueider, ya que los imputados en un expediente no figuran en el otro y viceversa. El ex senador sería el nexo, pero al estar en Paraguay aun no pudo ser indagado ni imputado en ninguna de las causas.

El TOF 5 de San Martín cambió su integración en junio. Luego de los acuerdos dados por el Senado, ingresaron Gaset Maisonave y Arzubi Calvo. Rodríguez Eggers viene de antes.
October 8, 2026
El caso Edgardo Kueider en la Argentina: un juicio paralizado y un calabozo preparado para el ex senador

29 Sep, 2026 11:56 a. m. EST

La hiperactividad de la Justicia paraguaya contrasta con el ritmo cansino de las causas contra Kueider en la Argentina.

En nuestro país hay dos investigaciones paralelas. Una en el Juzgado Federal de San Isidro y otra en la justicia ordinaria de Concordia. La Corte resolvió la semana pasada que ambas deberán continuar hasta llegar a un punto de superposición.

En el expediente de San Isidro, que llevan la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, hubo avances hasta principios de año.

Por el contrario, en la del Juzgado de Garantías de Concordia no se produjeron movimientos significativos desde hace más de un año.

En lo formal, la Justicia no puede avanzar con la imputación ni la indagatoria contra el exlegislador hasta que sea extraditado. Sí está definido que ni bien pase la frontera será llevado a una celda.

Quien solicitó a Paraguay la extradición de Kueider fue Arroyo Salgado. El vecino país recurrió a un «aplazamiento de entrega». Esto significa que el exlegislador deberá terminar de rendir cuentas a la Justicia paraguaya antes de ser remitido a la Argentina. En Asunción, Kueider tiene una condena por tentativa de contrabando que fue apelada. Y un proceso recién abierto por lavado de activos. Hasta que no se cierren, permanecerá allá.

En la Justicia Federal aseguraron a Infobae que el exsenador no puede ser indagado a distancia vía videoconferencia, por ejemplo. “Los tratados no lo prevén. Sin reglas claras, el acto podría ser anulado. Además, hay un riesgo mayor: si se lo indaga a distancia, Paraguay podría dar por cumplido el objetivo de la extradición y cerrar esa puerta para siempre. A eso se suma que la jurisprudencia argentina es casi unánime: un juez no puede dialogar procesalmente con un prófugo”, explicaron.

Los Tribunales de San Isidro rechazaron dos pedidos de eximición de prisión presentados por los abogados de Kueider. La Cámara ratificó las decisiones en ambas oportunidades. Esto implica que “en cuanto pise suelo argentino quedará detenido”, adelantaron en la Justicia Federal de San Martín. El destino podría ser la cárcel de Ezeiza. Allí fueron a parar otros imputados vinculados a la investigación.

La causa contra los presuntos cómplices de Kueider fue elevada a juicio por el Juzgado de San Isidro hace seis meses. Hasta allí llegó.

Fuentes de la Justicia Federal indicaron a Infobae que, por sorteo, el expediente recayó en marzo en el Tribunal Oral Federal 5. Seis meses después no se produjo otra novedad. No hubo avances. Ni tampoco se fijó fecha para las audiencias.

Las acusaciones alcanzan a socios y colaboradores cercanos del ex legislador por Entre Ríos. Los principales son Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y su primo, Javier Rubel. Ambos fueron integrantes de Betail SA, una empresa «fachada» para la Justicia con la que se compraron departamentos en un edificio de lujo de la capital entrerriana.

En un segundo escalón están el contador de Kueider José Carlos Noguera y su esposa, Gabriela Saint Pierre. También la empleada del estudio contable Débora Ferreyra. A ellos se suma Adriana Crucitta, pareja de González.

Asimismo, la acusación irá contra cinco sociedades. Se trata de Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.

El TOF 5 estuvo integrado, hasta junio, por la jueza Maria Claudia Morgese Martin y dos subrogantes: Silvina Mayorga y Walter Venditti. A mitad de año, ingresaron como titulares en reemplazo de estos últimos Javier Matías Arzubi Calvo y Juan Manuel Gaset Maisonave.

En los pasillos de los Tribunales de San Martín se comenta que Arzubi Calvo pidió copias simples de la causa Securitas, expediente de donde se desprendió parte de la investigación sobre el exsenador en esa jurisdicción. El caso analiza el presunto pago de sobornos que la empresa de seguridad habría hecho a entes públicos. En la lista figura Enersa, la estatal eléctrica entrerriana. Kueider representó las acciones del Estado en la firma cuando fue secretario General de la Gobernación (2015/2019).

En la sede judicial federal de calle Ballester se menciona que la intención de Arzubi Calvo es evaluar de oficio si a esa jurisdicción le corresponde o no la competencia en el caso Securitas. Cabe destacar que dos instancias superiores, las Cámaras de Apelaciones de San Martín y la de Casación Penal, ratificaron la competencia del Tribunal de Arroyo Salgado tanto en este expediente como en la investigación sobre Kueider.

En el transcurso de dos años, los Tribunales de Asunción condenaron al exsenador y a su pareja, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando. A él le impusieron una pena de dos años y a ella de uno y 10 meses.

En esa misma causa, le incautaron los USD 200 mil con los que quiso pasar la frontera y la Chevrolet Trailblazer en la que circulaba. El dinero ya está en una cuenta del Estado paraguaya. El vehículo saldrá a remate antes de fin de año. El producido de la subasta también irá a las arcas del Gobierno.

Por otro lado, le abrieron una investigación por lavado de activos. A raíz de esto, le embargaron seis departamentos y sus cocheras en un edificio de lujo de Asunción. Por orden de la Fiscalía, se están revisando los teléfonos y dispositivos electrónicos que le secuestraron a él, Guinsel y dos presuntos testaferros. De allí podrían surgir derivaciones que compliquen aún más al ex representante de Entre Ríos en el Congreso.

September 29, 2026
La Corte Suprema definió que prosiga la doble investigación por enriquecimiento ilícito contra Edgardo Kueider

26 Sep, 2026 05:05 p. m. EST

La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de inhibición que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había presentado contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. En ambos tribunales se investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito. La determinación dejó abierta la posibilidad de que los dos expedientes sigan su curso en paralelo.

La magistrada federal había pedido a su par entrerriano Ives Bastián que cese las pesquisas y le remita las actuaciones. El juez de Concordia se negó y entonces el conflicto llegó a la Corte. El máximo tribunal es el único superior común que tienen ambos juzgados por pertenecer a jurisdicciones diferentes.

El decisorio de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz es breve. “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, Provincia de Entre Ríos”, consigna.

Esto implica que los jueces tomaron como propio el argumento expuesto por el procurador Eduardo Casal cuando emitió su opinión. “No es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado”, había razonado el jefe de los fiscales federales. Que haya cometido los delitos investigados en San Isidro no implica que no sea responsable de otros que se analizan en Concordia, entendió.

Arroyo Salgado fue quien pidió a Paraguay la extradición del exrepresentante de Entre Ríos en el Congreso. Las autoridades del vecino país dieron luz verde. La única condición que pusieron fue que Kueider termine de rendir cuentas con la Justicia paraguaya.

El exlegislador tiene allí una condena por tentativa de contrabando y una causa en trámite por lavado. Si bien la Corte no le dio a la jueza de San Isidro la exclusividad de la investigación, avaló que continúe avanzando. Esto implica que, cuando el exsenador sea enviado desde Paraguay a la Argentina, deberá comparecer ante su Juzgado.

Casal sopesó qué tenía bajo la lupa Arroyo Salgado. La magistrada había enfocado su atención en Kueider a raíz de otro caso: Securitas. En ese expediente, se investigan sobornos pagados por la empresa de seguridad privada a organismos públicos para quedarse con contratos. Uno de ellos es Enersa, la estatal eléctrica de Entre Ríos, donde Kueider ejerció como representante de las acciones del Poder Ejecutivo.

A este elemento le sumó una denuncia que se presentó en su despacho. Se basaba en datos publicados en el sitio El Disenso sobre la declaración jurada patrimonial de Kueider como senador. La magistrada unió ambos extremos y abrió otro expediente. Cuando avanzó, se enteró de la pesquisa que había iniciado Bastián y el fiscal José Arias en Concordia.

Con los mismos datos de El Disenso, allí están escrutando al exsenador por su actividad desde 1999, cuando asumió como concejal de la ciudad.

Frente a ese panorama, el procurador razonó: “La pretensión de la justicia federal para que su colega provincial se abstraiga de su pesquisa todo lo que pudo haber ocurrido a partir de que Edgardo Kueider se involucró en la trama de corrupción del caso “Securitas” no atiende a la circunstancia de que, mientras era miembro de Enarsa, continuaba siendo secretario general de la gobernación de Entre Ríos”.

Luego, acotó: “Los hechos ventilados en la citada causa “Securitas” ni el presunto blanqueo de su producto —que también investiga el mismo juzgado federal— excluyen la posibilidad de que durante ese tiempo hayan ocurrido otros hechos penalmente relevantes al alcance de la justicia local”.

Casal entendió como “comprensible” la inquietud de Arroyo Salgado por el riesgo de doble juzgamiento. El funcionario judicial evaluó que dentro del marco teórico de la magistrada el enriquecimiento ilícito “es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial”. Pero, pese a esto, consideró; “No es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado”.

El procurador cargó sobre el juez entrerriano Bastián la responsabilidad de que no haya doble juzgamiento a Kueider. “Ahora incumbe al magistrado provincial, en tanto juez de garantías, evitar, en su caso, la lesión del principio ne bis in idem”. Esto implica que, a medida que la averiguación arroje mayor claridad y precisión, deberá juzgar “si se da la triple identidad de hecho, persona y causa”.

September 26, 2026
Caso Edgardo Kueider: la Corte Suprema ratificó que la investigación siga en dos juzgados en simultáneo

25 de septiembre 2026 – 18:28

Sobre el exsenador recaen causas por cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Mientras continúa transitando una prisión domiciliaria en Paraguay por haber sido encontrado in fraganti queriendo ingresar con más de u$s200.000 a ese país en diciembre del 2024, Edgardo Kueider sufrió un revés judicial por parte de la Corte Suprema, que determinó que seguirá siendo investigado en simultáneo por la Justicia Federal de San Isidro y por el Juzgado de Garantías de Concordia, avalando la solicitud del ambito provincial.

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En julio, la Justicia paraguaya ya había ratificado el cumplimiento de condenas de prisión domiciliaria por parte del exsenador oficialista y su secretaria Iara Guinsel, en el marco de la causa que investiga si incurrió en lavado de dinero, además de la condena de dos años en suspenso que recae sobre él por tentativa de contrabando. La Fiscalía paraguaya sostiene que ambos habrían utilizado una estructura de empresas de pantalla para adquirir de manera irregular seis departamentos de lujo y cocheras en Asunción.

Mientras tanto, existe sobre el Kueider un pedido de extradición y de prisión preventiva domiciliaria por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de San Isidro, que lo investiga por cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario, lavado de dinero y sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a diversos organismos públicos y nacionales, entre ellos ENERSA, donde era funcionario.

La jueza Sandra Arroyo Salgado.

En simultáneo, el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia tramita un expediente en donde se analiza si el exsenador incurrió en enriquecimiento ilícito, por el aumento patrimonial registrado entre 1999 y 2019, período en el que ejerció la función pública en cargos municipales y provinciales en Entre Ríos. En ese marco, la jueza Arroyo Salgado reclamó que el juzgado provincial se abstuviera de investigar el período comprendido entre 2015 y 2019, por riesgo de doble persecución penal. Ante el rechazo del ámbito provincial, el proceso se elevó a la Corte Suprema.

La Corte Suprema intervino en el caso Kueider

La determinación de la Corte Suprema fue apegarse a la recomendación de la Procuración General de la Nación, que planteó: “Dado que un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas y, en el caso de que sean ilícitas, puede tratarse de conductas realizadas por el funcionario público en cualquier momento, de manera simultánea o sucesiva, y adecuadas a distintas figuras penales —como bien observó la jueza federal— no parece aconsejable, en esta etapa inicial del proceso, cercenar el alcance de la investigación que la justicia provincial está llevando a cabo”.

“Si bien es comprensible la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento —ya que dentro de su marco teórico el enriquecimiento ilícito es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial—, considero que no es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado; sin embargo, este ha cumplido, a su manera, como una fehaciente puesta en conocimiento del órgano local de lo que es materia de juzgamiento en el fuero federal”, señaló el criterio del Procurador, con el que coincidieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, la postura de la Procuración planteó que el Juzgado entrerriano no debe lesionar el principio del doble juzgamiento “a medida que la averiguación de los hechos arroje mayor claridad y precisión”.

September 25, 2026
La justicia paraguaya se quedó con los 200 mil dólares que Edgardo Kueider intentó entrar al país

23 Sep, 2026 12:17 a. m. EST

En medio de los avances en una causa por lavado de dinero que investiga al ex senador Edgardo Kueider, Óscar Orué, titular de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) de Paraguay, confirmó a Infobae que los USD 200 mil no declaró al intentar pasar por el Puente de la Amistad quedaron en poder del Estado paraguayo. Un destino similar ocurrió con la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba con su pareja, Iara Guinsel, que será rematada.

Los bienes habían sido decomisados el 4 de diciembre de 2024 cuando se produjo el incidente en la cabecera paraguaya del viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu. La medida fue ratificada por una resolución administrativa posterior. Y quedó firme luego de que el ex representante de Entre Ríos en el Congreso dejara caer la apelación.

Según detalló Orué, Paraguay ya se quedó con los USD 200 mil que trasladaban. Están acreditados en una cuenta del Estado del país vecino. En rigor, Kueider intentó traspasar la frontera con 211 mil dólares, pero como el límite legal para transportar es de 10 mil, se le devolvió ese dinero y el resto quedó retenido.

La Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” (o Pajarito) González. Guinsel tenía una autorización de manejo y, al momento de la detención, era quien conducía.

El supuesto dueño del vehículo está sindicado por la Justicia como posible testaferro de Kueider. Se acreditó que fue presidente de Betail SA. La firma figuraba como dueña de departamentos de lujo en Paraná comprados en efectivo por el ex senador, según los titulares de la desarrolladora inmobiliaria que los construyó.

La camioneta será puesta en remate. Lo recaudado también quedará en manos del Estado paraguayo, señaló Orué. El funcionario puntualizó que la venta pública de la Chevrolet Trailblazer se realizará “antes de fin de año”, con seguridad.

Luego de la retención del dinero y del vehículo, se inició un trámite de decomiso que culminó con una resolución administrativa de la DNIT, una dependencia similar al ARCA de Argentina.

La defensa de Kueider accionó contra la decisión ante el Tribunal de Cuentas del país vecino. El organismo es la primera instancia del Poder Judicial encargada de entender en los procedimientos y recursos contencioso-administrativos.

El expediente fue caratulado “Edgardo Darío Kueider y otros c/ resolución nº 212 dictada por la DNIT”. El procedimiento contencioso administrativo en Paraguay dispone que quien promueve la demanda debe impulsar la causa. Si no lo hace durante tres meses, se dicta la caducidad de oficio. Esto fue lo que ocurrió con el caso del ex senador argentino.

Según establecieron los jueces Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Ávalos Valdéz y Hugo Diez Pereira Vera, los abogados de Kueider dejaron pasar más de cuatro meses sin realizar ningún acto. Por eso, el pasado 9 de septiembre declararon de oficio la caducidad de instancia y la incautación de bienes quedó firme.

Edgardo Kueider fue detenido en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad en las primeras horas del martes 4 de diciembre de 2024. Llevaba 200 mil dólares, guaraníes y pesos argentinos que no había declarado en la Aduana a pesar de que lo consultaron al respecto. La Justicia le dictó prisión domiciliaria a él y a su pareja.

En junio pasado, fue condenado por contrabando en grado de tentativa. Le dieron dos años de cumplimiento condicional. A Guinsel, la sancionaron con un año y 10 meses.

Por otro lado, la Justicia de Paraguay le abrió otra causa por lavado de activos. Es por la compra de departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción. La hipótesis fiscal es que se usó dinero proveniente de ilícitos en la Argentina para la operación.

Kueider, además, tiene dos causas por lavado abiertas en nuestro país. Una está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez lo tramitan. La otra se armó en la Justicia de Entre Ríos. El juez de Garantías 2 de Concordia, Ives Bastián, y el fiscal José Costa son quienes llevan el expediente. La Corte tiene en sus manos definir a cuál le corresponde la competencia.

Por otro lado, Arroyo Salgado pidió a Paraguay la extradición de Kueider. Eso generó un nuevo juicio en el país vecino. La Fiscalía paraguaya dio luz verde al procedimiento. Pero puso como requisito que antes cierre sus cuentas ante la Justicia legal. En ese recorrido están las apelaciones por la condena por contrabando y el caso por lavado.

September 23, 2026
La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos de Edgardo Kueider

22 Sep, 2026 02:23 a. m. EST

La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos del ex senador Edgardo Kueider. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal del país vecino recibió en la mañana del viernes los dispositivos incautados en la causa por lavado.

Los celulares, computadoras y pendrives se incautaron en allanamientos hechos en diciembre de 2024. Desde entonces quedaron a resguardo en el Juzgado de Garantías. Los dispositivos pertenecen al exlegislador por Entre Ríos y su pareja, Iara Guinsel. Sin embargo, también se extraerán datos de los que se incautaron a dos paraguayos relacionados con los negocios inmobiliarios que ambos realizaban en Paraguay.

Todos están imputados en la causa por lavado de activos. La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

Las fiscales que intervienen en el caso, Luz Guerrero y Verónica Valdez, tienen intenciones de conocer cuáles fueron las interacciones entre Kueider y un grupo de personas envueltas en la operación.

Una es su pareja. Los otros dos son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, también imputados. Son quienes aparecen como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el ex senador.

A ellos se suman Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí, dos empresarios con el negocio inmobiliario. No están imputados, son testigos. Ambos tuvieron relación con los acusados cuando intentaron comprar en efectivo otros departamentos. La operación avanzó, pero se cayó luego por falta de información sobre el origen del dinero.

Por otro lado, la Justicia sospecha que Benegas y Cousirat son testaferros del exlegislador argentino y de su pareja. La conjetura se funda en que adquirieron Golsur meses antes de que Kueider fuera detenido y, de inmediato, le entregaron a Guinsel un poder plenipotenciario.

En ese sentido, la mujer afirmó que el dinero sin declarar con el que se los interceptó el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por el incidente, Kueider y su pareja recibieron condenas por tentativa de contrabando.

Las fiscales solicitaron la medida como acto investigativo. El Juzgado de Garantías dio luz verde. Una vez que se conoció la decisión de extraer información de los dispositivos, las defensas de los imputados intentaron un bloqueo.

Los abogados Juan Bogado, Carlos Arévalos y Macarena Bellenzeir pidieron al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que revocara el permiso. La razón esgrimida fue que se trataba de “fraude de etiquetas”, ya que lo que se presentaba como una extracción de datos era, en realidad, una pericia.

Sin embargo, la Sala 1 del Tribunal sostuvo la decisión. Para eso se basó en la diferenciación entre extracción y pericia. El primero es el aseguramiento de datos insertos y obrantes en dispositivos electrónicos. La segunda supone la emisión de un dictamen u opinión.

El órgano judicial, integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, también descartó que exista vulneración del derecho de defensa debido a que se dio intervención en el procedimiento a los letrados de los acusados.

El proceso de recolección de información guardada en los dispositivos demandará varias semanas. Se trata de un total de 26 aparatos. Nueve de ellos se incautaron durante un allanamiento realizado en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción. Por el operativo, concretado el 5 de diciembre de 2024, les rescindieron el contrato de alquiler de forma anticipada. Debieron mudarse a Luque.

Los 17 restantes se secuestraron a Benegas y Cousirat en procedimientos paralelos al concretado en la residencia del exsenador por Entre Ríos.

Según la acusación, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.

Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

September 22, 2026
La justicia de Paraguay ordenó el peritar celulares y dispositivos de Kueider, su pareja y sus socios en la causa por lavado de dinero

08 Sep, 2026 04:49 a. m. EST

La Fiscalía de Paraguay cree que los aparatos electrónicos pueden tener datos sobre las conversaciones entre los acusados y otras personas relacionadas con la investigación por lavado de dinero. A Edgardo Kueider lo allanaron el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex del barrio San Vicente de Asunción donde cumplía arresto domiciliario. Allí le incautaron teléfonos y otros dispositivos de interés. Tras el operativo, le rescindieron el contrato de forma anticipada y debió mudarse a Luque.

El estudio informático se concretará el próximo viernes 18 de septiembre a las 9 de la mañana. Buscará establecer las interconexiones entre un grupo de seis personas relacionadas a la causa.

Dos son el ex representante de Entre Ríos en el Senado y su pareja Iara Guinsel. Otro par está integrado por Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, dueños de la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el exsenador.

Los cuatro están imputados por la Justicia del país vecino por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez suponen que utilizaban dinero de ilícitos en Argentina para la compra de departamentos en Asunción. Kueider y Guinsel, además, fueron condenados por tentativa de contrabando.

Los restantes son Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí. Guasti Cabañas es un hombre de negocios relacionado al real estate. Es el socio y dueño mayoritario del Grupo Petra. Se trata del conglomerado de bienes raíces más grande de Paraguay. Tiene una presencia dominante en Asunción. Ha erigido más de 20 complejos ya entregados.

El grupo fundado por Guasti Cabañas en 2016 construyó el edificio más alto del país vecino (el Petra Tower, de 44 pisos) y tiene en desarrollo un rascacielos que lo supera: el Petra Imperiale de 73 niveles.

El empresario paraguayo declaró en su momento que Guinsel había querido comprar en efectivo 5 departamentos en sus edificios. El valor estimado era de USD 600 mil.

La idea era ponerlos a nombre de Kueider, afirmó Guasti. Según sus dichos, la pareja del exsenador habría abonado una reserva de dos mil dólares. Pero como no presentó la documentación sobre el origen de los fondos, la operación cayó. Además, se dio intervención a la oficina contra el lavado de Paraguay por ser sospechosa.

Baladí Azouz es un empresario que también está ligado al mercado inmobiliario. Es el gerente general de Innova, una empresa en la que el exsenador y Guinsel intentaron invertir. En su declaración como testigo en la causa, consignó que Torales Benegas lo contactó en diciembre de 2024, a días del arresto de Kueider.

Torales Benegas y Cousirat aparecen como dueños de la empresa Golsur. Ambos adquirieron la firma meses antes de que el exsenador argentino cayera en la frontera con USD 200 mil sin declarar . Guinsel tenía un poder plenipotenciario sobre la empresa. Eso hace que se sospeche de que Torales Benegas y Cousirat eran testaferros.

La pareja de Kueider declaró en su momento que los USD 200 mil que tenían cuando los interceptaron en diciembre de 2024 pertenecían a Golsur.

Pero además Torales Benegas y Cousirat aparecen como accionistas de otra firma: Desarrolladora Exclusiva PY. La sociedad está registrada baja el esquema EAS (empresa por acciones simplificadas), similar a las SAS de Argentina. Se trata de una figura creada para agilizar el proceso de formación de unidades de negocios.

Exclusiva PY e Innova SA acordaron comercializar departamentos en forma conjunta en abril de 2024. En junio, Guinsel habría adquirido seis con sus respectivas cocheras. El desembolso se estimó en unos USD 460 mil. Los pagos se hicieron en seis cuotas entre el 19 de junio y el 17 de julio de ese año. Pero en septiembre el negocio se desarmó e Innova reintegró el dinero.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

El mecanismo no sería una novedad. Para la Justicia argentina, el exlegislador entrerriano seguía un mismo modus operandi en nuestro país. El mascarón de proa sería Betail SA. A nombre de esta firma figuran departamentos de lujo en un edificio exclusivo de Paraná. La sociedad funcionó bajo la dirección de personas que para la investigación son prestanombres.

Daniel «Gonzalito» o «Pajarito» González, empleado del Senado y afectado al despacho de Kueider y el albañil Javier Rubel, primo del exsenador, se sucedieron en forma recíproca como presidentes de Betail. Pero las expensas y demás gastos de las propiedades llegaban a nombre de Guinsel. Y la compra la hizo Kueider con dinero en efectivo, según indicaron testigos de la firma desarrolladora.

Una de las investigaciones por lavado contra el exsenador se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro. En el expediente, tanto el fiscal Fernando Domínguez como la jueza Sandra Arroyo Salgado entendieron que Betail fue una «fachada» usada por Kueider para blanquear dinero de origen espurio.

La pericia buscará, recuperará y extraerá conversaciones que involucren a Kueider, Guinsel, Torales Benegas, Cousirat, Guasti Cabañas y Azouz Baladi.

Pondrán bajo la lupa los mensajes y llamadas del teléfono, SMS, WhatsApp, Instagram y cualquier otra aplicación de mensajería.

La investigación también intentará recuperar archivos de datos existentes y borrados, videos, audios y fotos. El lapso de tiempo que se tomará como parámetro irá desde enero de 2024 a diciembre de 2025.

En la lista de dispositivos a registrar están los secuestrados a Edgardo Kueider e Iara Guinsel en el allanamiento en San Vicente. Se trata de: cuatro iPhone (uno plateado, otro rosado, el tercero negro y el restante blanco), un celular marca Honor de color verde, un pendrive negro, un iPad gris plateado y una notebook negra.

Se suman los encontrados durante el procedimiento realizado en paralelo en el domicilio de José Fernando Cousirat. La lista incluye una notebook marca Acer y dos celulares, un Xiaomi negro y un Huawei azul oscuro.

Por último, se evaluarán los hallados en la residencia de Torales Benegas en la misma fecha. La requisa secuestró una notebook Gigabyte negra, tres celulares Samsung (Galaxy S24, Z Flip 5 y un J1) y un Motorola plateado. A esto se suman ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.

September 8, 2026
Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

29 Ago, 2026 12:26 p. m. EST

Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.

Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.

Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.

Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos. En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.

La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes. Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.

La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.

Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.

La causa penal se originó en junio de 2014. Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.

El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes. Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.

En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de 180 personas imputadas. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el juez Alejandro Diego Grippo, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, firmó la sentencia en un juicio abreviado. Entre quienes resultaron condenados se contaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

Tras conocerse la condena, Martínez de Yankelevich volvió a acudir a la Justicia. Aceptó su participación en los delitos por los que fue previamente juzgada, pero sostiene que la maniobra no resulta plausible de haberse montado apenas desde los escalafones administrativos.

La denuncia sostiene que tanto Casaretto como los otros ex directivos habrían estado al tanto de la adulteración de datos sobre contribuyentes e habrían influido en los procedimientos mediante los cuales las resoluciones y expedientes llegaban al personal que registraba las operaciones.

Martínez de Yankelevich asegura: “jamás” podría haber llevado a cabo las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Marcelo Casaretto y de las máximas autoridades.

Refiere además que en 2012 un auditor y el director de Interior informaron a Casaretto acerca de movimientos inusuales en cuentas de contribuyentes y que el entonces administrador hizo “caso omiso” a esa observación.

Suma que Casaretto y sus directores tenían en su poder claves de mayor nivel en el sistema informático que les permitían operar sobre cuentas de contribuyentes y manejar compensaciones. Indica también que una pericia informática, según su presentación, habría probado vulnerabilidades en el sistema.

Además, Martínez de Yankelevich solicitó que se investigue tanto su propio patrimonio como el de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores mencionados. También pidió ser citada para ratificar y ampliar su denuncia y exponer qué papel habría jugado cada implicado.

Le corresponde ahora a la Justicia evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar contra los responsables de los niveles jerárquicos superiores en el organismo.

La denuncia contra Casaretto se enmarca en un escenario donde diversas causas penales involucraron a altos dirigentes del peronismo entrerriano en los últimos años.

En el llamado “Megajuicio”, Sergio Urribarri, ex gobernador, recibió en 2022 una condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque tal sentencia no se considera firme. El Superior Tribunal de Justicia, en enero de 2025, suspendió la prisión preventiva ordenada mientras continuaba la revisión del veredicto.

Por su parte, Adán Bahl, ex vicegobernador e intendente de Paraná, está investigado en la causa “Contratos Truchos II”, que procura establecer cuál fue la responsabilidad de las principales figuras políticas de la Legislatura entrerriana en el sistema de contrataciones entre 2008 y 2018. En 2026 fue convocado para designar abogado defensor y solicitó prestar declaración en el expediente. Hasta hoy no se dictó condena en su contra.

El caso de Edgardo Kueider sobrepasó incluso la frontera nacional. El ex senador fue hallado culpable por la Justicia del Paraguay en julio de 2026; recibió dos años de prisión —con ejecución de la condena suspendida— por tentativa de contrabando, tras ser hallado con más de US$200.000 sin declarar. La resolución fue apelada, permanece en prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y hay en curso un pedido de extradición a la Argentina.

Gustavo Bordet, mandamás entrerriano entre 2015 y 2023, igualmente es objeto de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito. En mayo reciente, la Justicia revisó bienes en propiedades suyas y tanto él como su esposa entregaron sus teléfonos celulares a la Fiscalía. El expediente sigue abierto y, según el estado procesal disponible públicamente, Bordet aún no cuenta con imputación formal.

En tales circunstancias surge la denuncia hacia Casaretto, quien desempeñó cargos de relevancia bajo diversas gestiones justicialistas y lideró ATER desde 2011 a 2015. La irrupción de una persona condenada dentro del propio caso vuelve a poner en el centro la actuación de los niveles políticos superiores y plantea un interrogante hasta aquí sin respuesta judicial: cuál fue el grado de conocimiento de la cúpula del organismo sobre las maniobras desplegadas en su interior.

Contador público y referente del peronismo de Entre Ríos, Marcelo Casaretto inició su carrera estatal en 1993 como director de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía nacional. Desde 1995 ejerció funciones en economía provincial y fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos entre 1997 y 1999, bajo el gobierno de Jorge Busti.

Entre los años 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala, con la presidencia del bloque del PJ; luego, entre 2003 y 2007 se desempeñó como asesor de la Gobernación y, desde 2007 hasta 2011, como asesor de la Vicegobernación. En la segunda administración de Sergio Urribarri estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, abarcando parte de la investigación.

Desde 2015 a 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet, se encargó del asesoramiento en asuntos políticos, fiscales y económicos y presidió el IAPV desde 2017 hasta 2019. Posteriormente, fue diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

August 29, 2026
La Justicia de Paraguay le negó a Kueider la libertad bajo palabra y seguirá con prisión domiciliaria

27 Ago, 2026 09:36 a. m. EST

Edgardo Kueider y su exsecretaria, Iara Guinsel, recibieron una condena por tentativa de contrabando y ahora están bajo investigación por lavado de activos.

En foco está la adquisición de departamentos de lujo. En ese expediente solicitaron reemplazar la detención domiciliaria que cumplen por una “caución juratoria”. El instituto legal es equivalente a la “libertad bajo palabra” en el sistema procesal de Paraguay y de otros países de tradición jurídica hispana.

Se constituye como un compromiso formal o promesa bajo juramento prestado ante el juez. En el acto, el imputado asume la obligación de someterse al procedimiento judicial. También debe presentarse cada vez que sea requerido y cumplir con las medidas impuestas.

El planteo fue rechazado. El juez interviniente, Humberto Otazú, consideró en una resolución del 18 de agosto pasado que las circunstancias que llevaron a imponer el arresto domiciliario “no se han modificado”. El magistrado evaluó como inviable la solicitud en razón de que Kueider y Guinsel son ciudadanos extranjeros “sin arraigo suficiente dentro del país”.

Aunque la decisión lo hubiese favorecido, Kueider no habría podido caminar con libertad por las calles de Luque, la localidad lindera a Asunción donde ahora tiene residencia. Es que el exsenador por Entre Ríos soporta tres órdenes de detención domiciliaria en Paraguay. Además de la que se le dictó en la causa por lavado, tiene otra en el expediente de extradición y una más a consecuencia de la condena por contrabando.

En 2025, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó al Paraguay que extradite al exlegislador nacional. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos. La Fiscalía del vecino país dio luz verde al pedido. Sin embargo, impuso la condición de que, antes de ser remitido a la Argentina, debe cerrar cuentas con la justicia paraguaya.

Como Kueider no se allanó al pedido de Arroyo Salgado, se inició un proceso judicial de extradición, conforme al tratado entre ambos países.

En ese momento, el exsenador tenía abierta la causa por contrabando en grado de tentativa. El expediente armado por los USD 200 mil que intentó ingresar sin declarar a Paraguay llegó a juicio en junio. A mediados de julio recibió una condena de dos años. La sentencia fue recurrida y ahora la Sala Primera del Tribunal de Apelación Especializado deberá revisarla.

Cuando este juicio estaba por comenzar, Kueider y Guinsel fueron procesados por lavado de activos.

Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras. Las propiedades están en un edificio de lujo en el centro de Asunción.

El complejo se llama Innova Las Mercedes. Se encuentra en la avenida General Santos esquina Marco de Brix. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, de 2 dormitorios y 2 baños. Se suman dos más en el sexto nivel (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”. Estos cinco cuentan con un dormitorio y un baño. Las cocheras se localizan en el segundo subsuelo.

La investigación fiscal evaluó que para adquirir estas unidades, Kueider apeló a la mascarada de una sociedad anónima paraguaya: Golsur. La firma está a nombre de dos ciudadanos del vecino país: Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Ambos adquirieron la empresa meses antes de que el exsenador caiga detenido. Y le dieron a Guinsel un poder plenipotenciario para manejar la firma.

La Justicia ordenó el embargo de esos bienes. En Paraguay, el lavado de activos tiene una pena en expectativa que va desde los 5 a los 10 años de prisión.

August 27, 2026
Cuando la locura gobierna

Su ausencia del escenario público preocupa y da lugar a mil conjeturas. Pero mucho más preocupa su presencia cuando asoma para expresar su intolerancia y evidenciar lo lejos que está de la realidad.

Milei cree que los salarios del sector privado crecen más que la inflación y que los ingresos de los trabajadores informales son aún superiores. Asegura, que el aumento de precios “empieza con un número cero” y que el consumo aumenta. Afirma que el desempleo no crece como tampoco crece el número de empresas cerradas. Como si todo eso no le bastara, afirma sin ponerse colorado que la tasa de natalidad ha bajado en Argentina como consecuencia de la aprobación de la ley que legaliza la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias.

Mientras tanto, valora el alineamiento argentino con Estados Unidos e Israel y así elogia los abusos de Trump y los crímenes de guerra de Netanyahu. Repentinamente quedamos envueltos en una guerra contra Irán a la que nunca nos llamaron. Critica un gesto honorable de nuestra selección de fútbol reclamando nuestra soberanía en Malvinas. Como si todo esto no le bastara, permite el patrullaje de navíos estadounidenses en el mar del sur.

Mientras celebra este presente, Milei destrata a quien lo critica. Insulta a periodistas, empresarios, economistas y dirigentes políticos que cuestionan sus medidas de gobierno.

Sus diatribas son tan enormesque me cuesta reproducirlas. Descalifica a quien solo ha pedido que el gobierno “empatice” con la gente. Maltrata a un adolescente autista y a su madre por el solo hecho de haber reclamado que no se restrinja el auxilio del Estado a quienes sobrellevan alguna discapacidad. Entiende que se endeuda quien quiere y que los desmedidos intereses que hoy se pagan por contraer esas deudas es “un problema entre privados”.

Imagino a Milei gobernando en la pandemia: hubiera dicho que cada uno compre su vacuna y en caso de que el COVID-19 nos enfermara deberíamos acordar con un médico su atención. “Un problema entre privados”.

Milei está mal. La realidad argentina es muy distinta a la que él visualiza. Hay una inflación en pesos que se sostiene a pesar del tremendo ajuste que vivimos desde diciembre de 2023. La inflación de los últimos doce meses es prácticamente igual a la inflación registrada en 2020 cuando la pandemia asoló al mundo.

La inflación de julio fue de 2,1 %, pero Milei celebra que en ese mes la inflación mayorista haya sido del 0,8 %. No explica que ese dato no recoge los aumentos observados en la luz, el gas, la salud, la educación, el transporte, la telefonía ni el alquiler de inmuebles, gastos que deben afrontar las familias argentinas.

Esa inflación que festeja se contrapone con el consumo registrado en los autoservicios mayoristas de Argentina: en el primer semestre del año la contracción fue cercana al 3%.

Hay más para analizar. Desde aquel diciembre hasta hoy, la inflación en dólares supera el 200 % producto del incremento de precios y la forzada contención de la divisa. No sé si otra economía en el mundo registra semejante dato.

Algo más de 30 mil empresas han cerrado desde que los libertarios asumieron el poder. En el mismo lapso, se perdieron 411 mil puestos de trabajo registrados (incluyendo sector privado, público y casas particulares) según datos del SIPA. Los últimos datos de desempleo (primer trimestre de 2026) indican que para entonces más de 1.100.000 personas estaban desocupadas en nuestro país. Esta cifra representa un incremento del 33 % respecto a cuando asumió Javier Milei. También aumentó la informalidad laboral a pesar de las leyes de flexibilización que se aprobaron.

Desde noviembre del 2023 los sueldos formales acumularon un deterioro real del 8,2% . Los que más sufrieronfueron los empleados estatales que perdieron más de un tercio del poder adquisitivo de sus sueldos con la gestión libertaria.

Para Milei la promoción de la industria y del empleo solo puede ser vista como una política prebendaria. Sin embargo, nada hay más prebendario que la liberación que ha hecho del sistema financiero, de las billeteras virtuales y de las Fintech a quienes les ha desregulado los intereses que cobran para el dinero que prestan. Los últimos datos ofrecidos del Banco Centraldicen que casi seis millones de familias están endeudadas y en mora, y más de la mitad de ellasregistran deudas que son irrecuperables.

Milei insulta compulsivamente a quien lo contradiga. Cantantes como Lali Espósito, Tini Stoessel o Emilia Mernes. Actrices como Natalia Oreiro. Periodistas como Luciana Geuna, Débora Plager o Marcelo Bonelli. Economistas tan disímiles como Roberto Cachanosky y Martín Guzmán. Presidentes como Pedro Sánchez, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum o el mismísimo Lula. Todas víctimas de sus brotes violentos.

Mientras degrada a sus críticos, adula a Trump en su decadencia y avala el genocidio de Netanyahu sobre el pueblo palestino. Recibe “galardones” inentendibles de dudosas organizaciones. Se jacta ante el Congreso Nacional de haber “metido presa” a una ex presidenta. Todos despropósitos impropios de un presidente.

Aún no explica ni escapa del Caso Libra, de la corrupción de la Andis, del enriquecimiento patrimonial y blanqueo de fortunas de sus funcionarios. Tampoco dice a qué destina los fondos reservados que se gastan sin control en la SIDE, aunque todos suponemos su destino. El incremento de bienes de Manuel Adorni, el juicio por lavado de dinero que en Paraguay se sustenta contra el senador entrerriano Edgardo Kueider y los allanamientos realizados en Bolivia a los inmuebles de Fernando Cerimedo, son circunstancias para sospechar que aquellos recursos se usan para enriquecer funcionarios, para comprar voluntades en el parlamento o para financiar campañas sucias en redes sociales y medios de comunicación.

Su diatriba permanente a quienes lo criticamos ha alcanzado límites insoportables en términos de convivencia democrática. Tácito enseñaba que “quien se enfada con las críticas, reconoce que las tenía merecidas”. Creo que esa máxima supone una ética mínima de la que el presidente carece.

Hacernos los distraídos frente al problema no es un buen camino. No se trata ya de cuestionar a un presidente por el desacuerdo con sus políticas. Se trata de observar que el Poder Ejecutivo de la Nación hoy está en manos de una persona cuyo juicio le impide ver no solo la realidad que lo circunda sino también lo vergonzoso de sus acciones y palabras.Todo ello pone en crisis la institucionalidad de la república y es un deber colectivo preservar esa institucionalidad.

Tres años atrás, Juan Luis González escribió un libro que tituló El loco. En sus páginas explicó los delirios místicos de Javier Milei y las características del mundo que ya entonces lo circundaba. Para muchos, lo que allí se decía eran solo notas de color de un personaje al que muchos argentinos quisieron ver como un outsider que podría gobernar bien el país.

El tiempo ha pasado y aquellas páginas asoman como una profecía de un presente de degradación política, social y económica que ya no podemos dejar de atender. Si seguimos callados dejaremos en evidencia que la locura nos ha contagiado.

*Expresidente de la Nación.

August 23, 2026