Se frenaron las exportaciones de granos y un barco que iba a Vaca Muerta por una protesta portuaria ante un decreto desregulador

El comercio exterior argentino quedó paralizado este lunes. La actividad portuaria amaneció sin actividad, y un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar. Todo ocurrió tras el cese de tareas por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos —los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos— de todo el país.

El reclamo, en rechazo al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, el comercio exterior quedó “totalmente paralizado” por la decisión de los prácticos de no prestar servicios a ningún barco que ingrese, egrese o transite por puertos argentinos. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

La protesta frenó maniobras en Rosario y dejó un buque fondeado

La respuesta del sector fue inmediata apenas comenzó a regir la nueva normativa. Los profesionales alcanzados por la reforma resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado en un boicot destinado a impedir la aplicación del decreto.

Entre las operaciones suspendidas aparece una vinculada al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas asociadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro desde Allen hasta Punta Colorada a lo largo de casi 600 kilómetros. La obra supera el 75% de avance y para mediados de 2027 se proyecta una capacidad de transporte en torno a los 390.000 barriles por día, lo que llevaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los USD 18.500 millones.

Según fuentes con conocimiento del tema consultadas por este medio, la embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de trabajos previstos para el tendido de infraestructura submarina.

En respuesta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato la prestación. El argumento oficial es que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

El Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, formalizó su alarma ante la ANPYN y la PNA mediante una nota firmada por su presidente, Julio Delfino, a la que accedió Infobae. Según el documento, al momento de su presentación se registraban al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que, advirtió la entidad, crecerá con el correr de las horas por la incorporación de embarcaciones pautadas para ingresar y salir de la Vía Navegable Troncal.

El CNAV alertó además que varias operaciones ya programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, con pérdida de transbordos que habían sido repatriados al país tras años de gestión público-privada. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca figuran entre los afectados.

La entidad advirtió sobre “pérdidas millonarias en divisas” por incumplimiento de contratos, lucro cesante y extracostos para toda la cadena logística, con riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. La situación, señaló el CNAV, daña también la reputación del país como destino confiable para la actividad marítimo-portuaria.

Fuentes del sector sostienen que los prácticos justifican la medida en que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación. Esas mismas voces señalan que ninguna otra área del Estado impulsó hasta ahora una instancia de negociación y reclaman una mesa de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios y las agencias marítimas.

El Gobierno asegura que la reforma busca bajar costos

El decreto firmado por Milei y Sturzenegger forma parte de la estrategia oficial para reducir el llamado “costo argentino” mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión del Ejecutivo, restringen la competencia y encarecen la actividad económica. La norma reemplaza un régimen vigente desde 1991.

La nueva reglamentación crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la PNA, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

El esquema elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio. La reforma incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar los cambios. El ministro afirmó que el sistema anterior había levantado barreras de ingreso para nuevos prestadores, con lo que redujo la competencia y elevó los costos logísticos del comercio exterior.

Cayó el ingreso de divisas del agro en julio

La paralización portuaria se produce el mismo día en que se conocieron los datos de liquidación de divisas del sector agroindustrial. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, las empresas del sector liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al de junio y 28% por debajo del mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el sector lleva USD 16.297 millones, un descenso del 16% frente al mismo período del año anterior.

Las entidades atribuyeron la caída interanual a un efecto de base: en julio de 2025 había vencido el Decreto 38/2025, que establecía una reducción temporal de retenciones y había impulsado ventas al exterior y registración de contratos por encima del promedio histórico para ese mes, con liquidaciones que rozaron los USD 7.000 millones en septiembre de ese año. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta una liquidación total de USD 34.897 millones para 2026, estimación que ya incorpora un recorte de alrededor de 1.200 millones respecto de la proyección de mayo. Milei ratificó hace dos semanas, en el discurso de apertura de la Sociedad Rural Argentina, que el cronograma de reducción de retenciones sigue en pie y que serán la minería y la energía los sectores que habilitarán ese alivio fiscal.