Mientras el gobierno vuelve a plantear un cambio en las reglas electorales con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el debut de la Boleta Única Papel deja las primeras conclusiones: sumó votos anulados en casi todo el país, costó el doble por elector y no logró que los argentinos se acercaran a votar.
La papeleta que iba a “facilitar el acto de votación” coincidió con la participación más baja desde el regreso de la democracia: 67,3%. Ni un repunte ni una excepción: la curva venía cayendo desde 2013 y la BUP no la torció. Está claro que la baja participación de las elecciones del 26 de octubre del año pasado reflejó un síntoma de ausentismo que viene creciendo elección trás elección y por eso el estudio es cauto dejando en claro que el instrumento por sí solo no es el culpable, pero tampoco resultó un atractivo en su primer uso.
El trabajo lo presentaron María Inés Tula, el legislador Sebastián Galmarini, Luciana Berman y Emilio Gabriel Soto —investigadores de la UBA y el CONICET— en el XIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, y su valor está en los números fríos: comparan participación, voto en blanco, voto nulo y costos entre 2021, 2023 y 2025 para ver qué cambió realmente con la nueva boleta y qué no.
El voto nulo subió en 22 de los 24 distritos, con excepciones únicamente en CABA y Formosa. Los números en el mapa muestran que Santa Fe cerró con 4,8% de voto nulo, Santa Cruz con 4,3%, Chubut con 4,2%, San Luis con 3,9% y Tierra del Fuego con 3,7%. Son cifras que en 2023 casi ningún distrito alcanzaba —la mayoría estaba debajo del 2%— y que en algunos casos, como Santa Fe, más que duplican el registro de la elección anterior.
El detalle más revelador está en los ocho distritos que eligieron dos categorías —senadores arriba, diputados abajo, en la misma papeleta—. Ahí el voto en blanco en diputados trepó a un promedio de 7,8%, contra apenas 2,7% en senadores. Chaco marcó la brecha más extrema: 9,3% en blanco para diputados contra 2,1% en senadores, una diferencia de más de siete puntos. Entre Ríos y Salta repitieron el patrón, con saltos de seis puntos entre una categoría y otra.
La explicación no es ideológica, es de diseño. Sin casillero de “lista completa”, el elector tenía que marcar dos veces –una por cada cargo– y una parte se olvidó la segunda marca. El voto nulo, en cambio, se mantuvo parejo entre quienes votaron una categoría y quienes votaron dos: la prueba, dicen los autores, de que no se trató de mayor bronca política sino de un problema de manejo del instrumento.
En 2027 se deberá agregar la categoría a Presidente en la BUP pero lo que podría llegar a agregarse es justamente el casillero de “lista completa”. Una complicación que se podría agregar es la habilitación de boletas colectoras que el Gobierno está negociando con los gobernadores aliados.
El argumento de los libertarios para vender la reforma fue el ahorro. La realidad: el proceso 2025 costó $370.613 millones, más caro que 2021 y 2023 juntos, incluso ajustando por inflación. El costo por elector pasó de $658 en 2023 (con PASO, generales y ballotage incluidos) a $1.445 en una sola elección en 2025. Más del doble.
Solo la impresión de boletas insumió unos $52.000 millones con IVA incluido —cerca de 26,7 millones de dólares—, con un costo unitario por BUP que, según el diseño y la cantidad de listas, osciló entre $1.100 y $1.310.
Ahí aparece Esquina, un municipio correntino, como contracara interesante: al desdoblar sus comicios locales y luego votarlos junto a los nacionales, compartiendo la logística ya contratada por el Estado, la coordinación interjurisdiccional sí generó ahorro.
El otro capítulo tiene nombre propio. Cuando La Libertad Avanza pidió reimprimir 14,4 millones de boletas tras la baja de José Luis Espert de la lista bonaerense, la Justicia Electoral dijo que no. El Ministerio del Interior había estimado el costo de una reimpresión integral en $12.169.655.000 —prácticamente todo el presupuesto electoral disponible para lo que restaba del proceso—, y ya no había tiempo material para una nueva impresión, control y distribución antes del 26 de octubre. La solución fue un parche: afiches actualizados con la nueva integración de la lista, sin tocar la boleta oficial. Queda abierta la pregunta para la próxima vez que un candidato se baje a último momento.
El estudio no cierra con una condena a la BUP: reconoce que se aplicó en un escenario acotado, sin PASO y con pocas categorías en disputa, lo que probablemente amortiguó costos y complejidad. La advertencia es para 2027: si no se suspenden las primarias o se suman categorías electivas, tanto el tamaño de la boleta como la factura pueden crecer todavía más.
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