Dos de los tres integrantes de la Sala Penal —Claudia Mizawak y Daniel Carubia— fueron recusados por el fiscal Leandro Dato, quien alegó que habían intervenido en el jury contra el fiscal Ignacio Aramberry y por ello habrían adelantado opinión sobre la causa Contratos Truchos. Ambos magistrados, Mizawak y Carubia —el tercero es Miguel Giorgio, presidente de la Sala Penal— rechazaron la recusación.
Para dirimir el conflicto se conformó un tribunal integrado por Giorgio, Laura Soage y Carlomagno. Pero Fiscalía recusó a Carlomagno.
En su escrito de descargo, el titular del STJ reiteró argumentos expresados por Mizawak y Carubia, y señaló que “el planteo recusatorio fue formulado por quien no es parte en el trámite del recurso de queja incoado por la defensa, por lo que coincido con los mencionados colegas en torno a la inadmisibilidad del mismo”.
Negó, además, que durante su actuación en el Jury a Aramberry hubiera emitido “opinión sobre cuestiones vinculadas a la investigación penal del principal; es que considero que dicho pedido no puede encuadrarse en ninguna de las causales de recusación”. Explicó que el recurso de queja interpuesto por la defensa pretende cuestionar la denegación del recurso de impugnación extraordinaria y que, dado que el inciso invocado por el Ministerio Público Fiscal se refiere a la recusación de un juez “Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso”, de ello se desprende que “mi intervención como Jurado del Jurado de Enjuiciamiento en modo alguno puede ser equiparada al hecho de adelantar opinión respecto de lo que aquí debe resolverse”.
Carlomagno sostuvo que “en el voto emitido por el suscripto en el proceso de enjuiciamiento supra mencionado, no se efectuó ningún juicio valorativo de los elementos de prueba de la causa ´Beckman´ -como se conoce la causa Contratos, NdelR-, sino que por el contrario, se analizó la actuación del Agente Fiscal denunciado -Dr. Aramberry- tendiente a valorar si correspondía la formación de causa tal como prevé la Ley 9283. De ello, deviene incontrastable que tal intervención no me coloca en una situación que permita mi apartamiento, toda vez que el instituto de la recusación apunta a resguardar la garantía de imparcialidad de las decisiones del magistrado en un determinado juicio, sin que se intente forzar causales de recusación, pues ello también puede constituir un abuso del proceso, entendiendo a éste como el uso inadecuado, irregular y por ende reprochable de un derecho dentro de la actuación jurisdiccional”.
En conclusión, afirmó que la recusación “no puede encuadrarse en ninguna de las causales previstas”.
La Sala Penal del STJ debe intervenir en un recurso de queja planteado por los defensores en la causa Contratos luego de que, a finales de diciembre último, la Cámara de Casación Penal rechazara un recurso de impugnación extraordinaria. Así se abrió el camino para la queja que debe tratar la máxima instancia. Ahora, sin embargo, está en debate la conformación final del tribunal.
La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de impugnación extraordinaria que habían presentado los defensores de los imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, una investigación penal que abarca el período 2008‑2018 y que procura establecer cómo funcionó una “organización” que habría distraído recursos públicos de la Legislatura mediante la confección de contratos laborales apócrifos.
Ya el 27 de noviembre último Casación había reprochado una resolución de la camarista Maria Carolina Castagno y declaró “mal concedidos” los recursos de casación.
Los recursos fueron planteados por un grupo de defensores de imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, decisión que firmó la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Maria Carolina Castagno.
Para resolver el planteo, antes debe constituirse el tribunal, y por ahora ese proceso se ve trabado por las recusaciones contra tres vocales: Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno.
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