El receso invernal le sirvió al Gobierno para fijar prioridades y consolidar estilos. Aunque el objetivo de la reforma electoral continúa como trasfondo de todo encuentro entre Casa Rosada y los gobernadores, el oficialismo quiere evitar el síntoma del 2025, cuando por querer congelar las comisiones del Congreso terminó provocando una adhesión de los bloques opositores en torno a una agenda que le demandaba redistribución presupuestaria. La Libertad Avanza ve, entonces, en las reformas económicas y las propuestas desregulatorias dos pilares para motorizar su iniciativa política, y ya dejó conocer un anteproyecto de 144 páginas con esa meta.
Detrás de la ambición desregulatoria se encuentra la figura de Federico Sturzenegger, a quien se le encomendó -en un ministerio a medida- una misión que hoy retribuye con distintos proyectos. La ley Hojarasca, que anunció el mismo día que asumió, es la propuesta más emblemática porque contiene normativas en desuso y luego de una serie de postergaciones podría votarse el 6 de agosto en el Senado. Ya tiene media sanción en Diputados.
La otra iniciativa que impulsó el ministro este año es la “ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”,que incluye cuatro reformas en la misma redacción, con modificaciones sensibles que incluyen limitación a las expropiaciones, liberalización de la venta a extranjeros, garantías a los desalojos y desregulación del usufructo de las tierras incendiadas. Aunque la propuesta llegó a sesión con proyección de ser aprobada, el oficialismo decidió postergar su tratamiento por el riesgo de perder en la votación. Desde la bancada libertaria, incluso, apuntaron que uno de los motivos fue el malestar que tuvo Sturzenegger con la última versión de la ley, la décimoquinta.
“Cuando lo discutimos en la mesa política estaban todos de acuerdo, pero después a él le disgustó”, le dijeron a Ámbito al caerse la sesión. Este martes volvió a reunirse el equipo de estrategia del Gobierno -que no integra el ministro de Desregulación- y, aunque se siguen evaluando reformas a la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, se desplazó la discusión de la nueva meta de Sturzenegger: un texto destinado a eliminar decretos y normas con la intención de desregular distintos sectores de la economía.
Paquete desregulatorio: cuáles son los sectores afectados
Cabotaje, agro, farmacias, inmobiliaria, gas y libros son algunos de los sectores involucrados en la reforma, cuya esencia es liberalizar distintos ámbitos que son protegidos por su protagonismo en economías locales. Una de ellas es la industria del vino, que podría alterarse a partir de la derogación de la ley N° 254.849, que en 2004 creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que recibe contribuciones de los distintos estamentos de su actividad para financiar investigaciones, programas, cursos y otro tipo de acciones destinadas a perfeccionar la producción.
En ese marco, el titular de la COVIAR, Fabián Ruggeri, consideró que existe un “ensañamiento”: “Hay un desconocimiento absoluto de lo que es la industria vitivinícola y cómo funciona la industria. No es un commodity más. No es un cereal que se siembra y se cosecha a los cuatro o cinco meses. Tiene todo un expertise detrás y toda una actividad especializada”. “Es muy preocupante este avance destructivo sobre el federalismo y sobre las economías regionales”, concluyó en declaraciones citadas por el portal El Sol, en donde también planteó que “los gobiernos provinciales van a tener que actuar en consecuencia”.
El sector editorial también se verá impactado con la derogación de la ley N° 25.542, otra norma que el Gobierno busca eliminar desde el 2024 porque establece desde el 2002 un precio uniforme de venta al público, garantizando competitividad entre pymes y grandes cadenas de venta (como supermercados o plataformas online). Eso provocó que la Cámara Argentina del Libro emitiera un comunicado, en el que indica que “el precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país”.
La actividad de corredores inmobiliarios se desregula hasta el aspecto más elemental, estableciendo como únicos requisitos tener el título secundario y ser mayor de edad, habilitando ser ejercido también por personas jurídicas organizadas bajo cualquier forma societaria. Inhibe, a su vez, reformas futuras que establezcan requisitos de residencia, incompatibilidades con oras profesiones, límites arancelarios y honorarios obligatorios.
La respuesta ante ello llegó desde Colegios de Martilleros locales. Carlos Esteban, titular de la entidad de Bahía Blanca, explicó que el anteproyecto “demuestra que tiene un desconocimiento total sobre la cuestión porque nuestra profesión no está regulada” y apuntó en FM 97.9 que “o están queriendo proteger a gente que ejerce la profesión y no está colegiada, o estar queriendo proteger a cierta franquicia”. A su vez, el Colegio de Entre Ríos elevó un pedido a la Legislatura provincial para que se pronuncie en contra de la reforma, dado que puede “afectar las competencias constitucionales de las provincias para regular el ejercicio profesional, los sistemas de matriculación, los mecanismos de control ético y disciplinario y la protección de los consumidores“.
Desacuerdo dentro del agro
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), creado en el 2001, también se vería alcanzado por la normativa, dado que se volverían voluntarias las contribuciones obligatorias al organismo, cuyos pares en países competidores tienen entes similares con mayor presupuesto (se estima que en el 2025 contó con unos u$s15 millones). El objetivo del IPCVA es capacitar productores, promocionar en el exterior la producción local e incentivar el consumo en el marcado interno. Hasta ahora, el productor debe pagar $1.185 por animal faenado y el frigorífico $535, lo que suma $1.720 por cabeza.
Al respecto se expresó Carlos Odriozola, actual dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y compañero de fórmula de Nicolás Pino en su búsqueda por la reeleción como presidente del organismo, opinó que “me preocupa mucho” la reforma porque podría provocar en que “el sistema deje de funcionar”. “Son simplemente 250 gramos de carne por novillo faenado. No tiene sentido pensar que eso influya en el costo de producción. Pero además es útil porque con eso se ha logrado abrir EEUU y contestar la salvaguarda China”, sostuvo en el medio especializado Valor Agregado Agro, en donde anticipó un encuentro directo con Sturzenegger para plantearle su postura. “Me parece que hay una falta de conocimiento“, sintetizó.
En contrapartida, Juan Carlos Pujato, de la SRA de Santa Fe, defendió la desregulación considerando que permitiría “alivianar costos y darle libertad al productor de decidir dónde invertir”. “Si esto es voluntario, se esforzarán por captar que los productores aporten para el funcionamiento del mismo”, interpretó el dirigente, que sostuvo que el rol de apertura de mercados lo tendrían que encabezar “Cancillería, agregados comerciales y los mismos industriales”. “Hoy el 80 o 90% de lo que se exporta va a un solo mercado, que es China, y cuando se cortó la exportación se siguió pagando y no hubo una acción directa del instituto para tratar de reabrir los mercados”, añdió en AIRE Agro.
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