La secretaria de Energía defendió la salida del Estado del sector y se despegó de los 90: “Debemos respetar contratos”

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, defendió la retirada progresiva del Estado de la gestión energética y marcó una diferencia con las políticas de los ‘90, al sostener que el proceso actual debe respetar contratos y derechos adquiridos. Lo hizo en un contexto en el que la Argentina logró en abril pasado un superávit en su balanza energética de 1.248 millones de dólares, una cifra récord que se explica por un salto en las exportaciones de petróleo y un derrumbe en las importaciones, según informó el Indec.

“A diferencia de los ’90, ahora debemos respetar derechos adquiridos y contratos previos, por lo que el proceso es más gradual”, afirmó Tettamanti ante empresarios e inversores del sector, en el marco del Summit Shale organizado por Santander. La funcionaria subrayó que el objetivo del Gobierno es que el protagonismo en el sector energético recaiga en los privados y que el rol del Estado “debe ser cada vez menor”.

El discurso de Tettamanti llegó en un momento de fuerte expansión del sector: “Vaca Muerta superó en 2026 el umbral del 50% de la producción nacional de petróleo y gas, consecuencia de la concreción de nuevos proyectos en la Cuenca Neuquina. En ese marco, la secretaria atribuyó el boom de inversiones no a factores sectoriales aislados, sino al cambio de las condiciones y regulaciones en el país. “Esto ocurre porque se están corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos y atacando las causas de los problemas”.

Para Tettamanti, esas causas tienen un diagnóstico preciso: el exceso de gasto público, un déficit fiscal que definió como “incontrolable” durante años, y la emisión monetaria para financiarlo. “Por primera vez, hay un Gobierno que dice cuáles son las causas de la decadencia de la economía argentina”, afirmó, y señaló que el superávit fiscal es, para la administración de Javier Milei, “innegociable”.

La funcionaria advirtió, al mismo tiempo, que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola. Según su visión, debe ir acompañada de reglas claras y libertad económica a nivel microeconómico, con el menor nivel posible de intervención estatal. “Los problemas de la Argentina no se resuelven en cuatro años; se necesita continuidad”, señaló, en una alusión a la necesidad de que las políticas actuales trasciendan el período de gobierno.

En materia de energías renovables, Tettamanti sostuvo que el sector no requiere beneficios impositivos para ser competitivo, sino estabilidad fiscal. Por eso, el Gobierno impulsa una ley que renueve las condiciones vigentes. La funcionaria indicó que la ampliación del sistema de transporte eléctrico abrirá espacio para nuevos proyectos en ese segmento, hoy limitados a las zonas con garantía de despacho.

El GNL, en plena transición

Sobre el gas natural licuado (GNL), Tettamanti anticipó que la Argentina seguirá importando volúmenes durante los picos de demanda invernal en los próximos años, aunque cada vez en menor medida. “A partir del año que viene necesitaremos menos GNL”, dijo, y agregó que la compra debería quedar en manos del sector privado, que “debe asumir los costos reales y tomar decisiones eficientes”.

Pese a la intención oficial de transferir esa operación al sector privado, la importación de GNL volvió a quedar este año en manos de Enarsa, tal como ocurre desde 2008. El acuerdo establece que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones destinadas a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios, de manera de evitar aumentos abruptos en las tarifas, con el costo diferido en seis cuotas mensuales a partir de noviembre.

El esquema representa un cambio respecto al modelo vigente en décadas anteriores, cuando el Estado cubría también el costo del gas importado por las grandes industrias. Hasta el año pasado, Enarsa subsidiaba el precio internacional —de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía localmente a cerca de USD 2,7. A partir de este invierno, la Secretaría de Energía dispone que solo los hogares y servicios prioritarios serán beneficiados por el subsidio en las tarifas reguladas, mientras que las industrias deberán asumir el costo pleno.