La causa Abusos en Oro Verde sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara por “inadmisible” el recurso de queja presentado por Mario René Wolff Furlong, uno de los condenados en el expediente que investigó graves hechos de corrupción de menores y delitos contra la integridad sexual cometidos contra tres hermanos.
La resolución del máximo tribunal federal significó un nuevo revés para la estrategia defensiva impulsada por el excomisario, quien fue condenado a 22 años de prisión como autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y el vínculo, en hechos reiterados.
Además de rechazar la presentación, la Corte intimó a la parte recurrente para que, dentro del plazo legal establecido, acompañe la resolución que le concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito previsto por el artículo 286 del Código Procesal correspondiente, bajo apercibimiento de ejecución, publicó ERA.
Una causa de enorme impacto judicial
El caso, conocido públicamente como Abusos en Oro Verde, tuvo una fuerte repercusión en Entre Ríos debido a la gravedad de los hechos investigados y al elevado número de personas condenadas.
La investigación judicial determinó la existencia de una trama de corrupción de menores que tuvo como víctimas a tres hermanos y que se desarrolló no sólo en la localidad de Oro Verde, sino también en inmuebles ubicados en Paraná y en la provincia de Santa Fe.
El fallo de primera instancia fue dictado el 7 de noviembre de 2022 por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Joel Cánepa y Rafael Martín Cotorruelo, quienes aplicaron severas penas a ocho personas consideradas responsables de distintos delitos vinculados con la explotación y corrupción de menores.
Las condenas dictadas en 2022
La pena más alta recayó sobre la madre de las víctimas, identificada en el expediente con las iniciales M.J.S., quien fue condenada a 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El tribunal la consideró responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el vínculo y por el medio de comisión, además de promoción a la prostitución de menores agravada, todo ello en concurso real.
También fueron condenados Lucía Lidia Saavedra y Mario René Wolff Furlong, quienes recibieron penas de 22 años de prisión. En ambos casos, la Justicia los halló responsables de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el vínculo y la modalidad de los hechos.
A su vez, Juan Pedro Saavedra, de 80 años, Daian Amaro Castro y Gustavo Saavedra fueron condenados a 20 años de cárcel. Natalia Almeira recibió una pena de 10 años de prisión, mientras que A.I.G. fue condenado a nueve años por delitos de abuso sexual.
El recorrido por las distintas instancias judiciales
Desde la sentencia condenatoria de 2022, las defensas intentaron revertir el fallo mediante distintos recursos presentados ante los tribunales superiores.
Uno de los primeros pronunciamientos relevantes ocurrió en agosto de 2023, cuando la Sala II de la Cámara de Casación Penal confirmó de manera unánime las condenas impuestas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
La resolución fue firmada por las juezas María Evangelina Bruzzo y María del Luján Giorgio, junto al vocal Darío Perroud, quienes rechazaron los argumentos presentados por las distintas defensas y ratificaron íntegramente el fallo condenatorio.
Con esa decisión quedó consolidada una segunda instancia de revisión que validó la valoración probatoria realizada durante el juicio oral y confirmó las responsabilidades penales atribuidas a cada uno de los acusados.
El rechazo del Superior Tribunal de Justicia
Posteriormente, en julio de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos volvió a pronunciarse sobre el expediente.
Los vocales Claudia Mizawak, Susana Medina y Germán Carlomagno rechazaron las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas de María José Saavedra, Lucía Lidia Saavedra, Gustavo Saavedra, Juan Pedro Saavedra, Daian Amaro Castro, Aldo González, Mario René Wolff Furlong y Natalia Almeira.
En esa oportunidad, el tribunal también desestimó los planteos de incompetencia promovidos por algunos de los acusados, al entender que la causa se había iniciado bajo la vigencia del sistema procesal anterior a la implementación del juicio por jurados en Entre Ríos.
Asimismo, rechazó los pedidos de morigeración de las medidas de coerción y los arrestos domiciliarios solicitados por varios de los condenados.
Los fundamentos sobre la prisión preventiva
La Sala Penal consideró que existían elementos suficientes para mantener las medidas restrictivas de la libertad. Según se indicó en la resolución, persistían indicios concretos de riesgos procesales que justificaban la continuidad de las prisiones preventivas en los establecimientos donde se encontraban alojados los imputados.
Esa decisión cerró una nueva instancia de revisión y dejó abierta únicamente la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema mediante la vía extraordinaria federal.
Sin embargo, en febrero de este año el Superior Tribunal de Justicia denegó la concesión del recurso extraordinario federal con el que los condenados pretendían llegar al máximo tribunal del país para discutir lo resuelto por la Justicia entrerriana.
Un nuevo revés para la defensa
Ante esa negativa, la defensa de Mario René Wolff Furlong, ejercida por el Ministerio Público de la Defensa a través del defensor Gaspar Reca, presentó un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La expectativa era que el máximo tribunal revisara las decisiones adoptadas por las instancias provinciales y habilitara el tratamiento de los planteos formulados por la defensa. No obstante, la Corte resolvió declarar inadmisible la presentación, cerrando así una nueva vía recursiva para el excomisario condenado.
Con este pronunciamiento, la sentencia que impuso 22 años de prisión a Mario René Wolff Furlong suma un nuevo respaldo judicial. La causa Abusos en Oro Verde continúa siendo uno de los procesos más significativos de los últimos años en Entre Ríos por la gravedad de los hechos investigados y por la sucesión de fallos que, en distintas instancias, confirmaron las condenas dictadas contra los responsables.
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