La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) elevó este viernes un dictamen ante la Justicia Federal en el que señaló presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la privatización del dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía. Sin embargo, no exigió ninguna medida y el proceso continúa firme.
La PIA integra la Procuración General de la Nación, y es el órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción e irregularidades dentro de la Administración Nacional.
No es la primera vez que la PIA participa del proceso: el año pasado, justo el día anterior a la presentación de ofertas, también había denunciado irregularidades. “Se los invitó en cada ocasión de la Mesa de Diálogo Interdisciplinario y a las reuniones del Consejo de Control y siempre contestaron que no iban a participar”, dijeron fuentes oficiales.
En esta ocasión, el dictamen, firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, fue presentado al fiscal federal Guillermo Marijuan el mismo día en el que el Gobierno avanzó con el proceso y le puso fecha a la apertura de las ofertas económicas, que será el martes 19 de mayo a las 13 horas.
La PIA concluyó que la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) sobre los ríos Paraguay y Paraná “repite errores, tales como la forma de redacción de la cláusula anticorrupción; las condiciones para una eventual cesión del contrato; los límites a la posibilidad de impugnar y a la presentación de ciertas formas societarias; la limitación a que las empresas presenten ofertas bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas; así como la obligación impuesta al concesionario de justificar las garantías sobre deudas pendientes con los acreedores actuales”.
“Resaltamos lo desvirtuado de la fórmula de evaluación de las ofertas y del procedimiento de etapa múltiple establecido, en el cual recaen reparos sobre un posible direccionamiento del proceso”, dice el dictamen.
La licitación generó el interés de tres empresas: las belgas Jan de Nul y DEME y la brasilera DTA Engenharia; las primeras dos siguen en pie y la última quedó descalificada por no haber presentado las garantías.
En la evaluación técnica oficial, Jan de Nul —anterior concesionario y acreedor de una deuda del Estado— le sacó una amplia diferencia a DEME. En un escenario donde existe una tarifa mínima de 3,40 dólares por tonelada registrada neta y donde ambos competidores podrían haber propuesto el peaje más barato posible, la balanza se terminará de inclinar por la mejor oferta técnica.
La Procuraduría también cuestionó las audiencias públicas, que habrían vulnerado el “derecho a una información comprensible, accesible y oportuna”, así como la “falta de una evaluación de impacto ambiental” completa.
“Las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, cerró el fiscal.
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