Desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos indicaron que el organismo ya había intervenido en distintas instancias previas, a requerimiento del propio juzgado, antes de la emisión de la sentencia. En ese marco, confirmaron se avanzará a través de la Fiscalía de Estado con la apelación del fallo, al considerar que las competencias vinculadas a la gestión de residuos, el mantenimiento de la higiene urbana y su disposición final corresponden estrictamente al ámbito local. También remarcaron que la provincia no fue demandada en el marco de la causa, sino convocada como tercero, en el marco de la ley provincial Nº 10.311, que establece los lineamientos generales para la gestión de residuos y designa a la cartera ambiental como autoridad de aplicación, con potestades relacionadas con el control y la fiscalización. En ese sentido, recordaron que dicha normativa establece que la implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de gestión de residuos son responsabilidad de los Estados municipales, mientras que la autoridad ambiental provincial tiene funciones de control, fiscalización y fijación de estándares, pero no de ejecución directa.
El director general de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Maximiliano Gómez, explicó que la Provincia tomó conocimiento formal del fallo en las primeras horas del miércoles. “Fuimos anoticiados por la Fiscalía de Estado a primera hora de la mañana y desde entonces estamos analizando los alcances de la resolución”, señaló en declaraciones a El Entre Ríos. No obstante, el funcionario reconoció la existencia del problema ambiental planteado en la acción judicial: “No desconocemos la situación ni el impacto negativo que genera. Es un tema que está identificado y que requiere abordaje”.
En paralelo, Gómez indicó que ya se produjo una comunicación entre la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Colón, con el objetivo de avanzar en alternativas de solución. Entre las propuestas, mencionó la posibilidad de conformar un consorcio regional bajo el amparo de la Ley de Mancomunidades, recientemente modificada.
“Es un esquema que venimos aplicando en otros puntos del territorio para articular políticas entre gobiernos locales y la Provincia, mejorar la gestión de residuos y, sobre todo, evaluar alternativas para la disposición final”, explicó. Según precisó, estas alternativas podrían implicar tanto inversión pública como esquemas de articulación público-privada o incluso financiamiento privado.
Respecto de un eventual nuevo sitio de disposición final, el funcionario fue cauto. “No tenemos información concreta para difundir en este momento. Se están revisando antecedentes administrativos que existen en la Secretaría desde hace varios años”, sostuvo.
Desde el plano normativo, la postura provincial también se apoya en el principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución de Entre Ríos, que reconoce a los municipios la gestión de sus intereses locales, incluyendo la sanidad y el tratamiento de residuos. Bajo ese criterio, el poder de policía ambiental de la Provincia es entendido como concurrente pero no sustitutivo, lo que limita su intervención a la supervisión técnica y el control, sin reemplazar la capacidad de decisión y ejecución de los gobiernos locales, lo que ha sido ampliamente reconocido por la doctrina judicial, incluso en fallos recientes.
Con estos argumentos, la Provincia buscará que la instancia judicial revise los alcances de la sentencia, en un conflicto que pone en debate las competencias sobre la gestión ambiental y la articulación entre los distintos niveles del Estado.
