Para entender Argentina hoy es necesario saber que Los Muertos Vivos están entre nosotros. No los de la noche de George Romero que, víctimas de la industria de Defensa de Estados Unidos, se levantan de la muerte convertidos en atrocidades. Tampoco los primeros, aquellos ejércitos de mano de obra esclava por magia vudú, pero quizás sí más cercanos a los contemporáneos, los caníbales que, con una infección, se lanzan contra sus vecinos con velocidad e impunidad tenebrosas.
En un país que conmemora 50 años del último golpe cívico-eclesiástico-militar y en la misma semana en la que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por los vuelos de la muerte que partían de Campo de Mayo, Alfredo Astiz tuitea en su celda. Su cuenta, Los Muertos Vivos, nos recuerda la obtusa lectura de los militares sobre el arte. Probablemente el Ángel de la Muerte desconozca las implicancias anticapitalistas del género de zombies. Pero es vital comprender que Argentina hoy convive, democráticamente, con un discurso hegemónico que hace apología de la dictadura y defensa de las personas que concularon el Estado de derecho.
El lobby por la libertad de los presos en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo sostiene que los genocidas son víctimas. Y no tuitean a la nada. De hecho, hay paralelismos interesantes: mientras que la cuenta tiene actualmente 1.241 seguidores, en el país hay 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad. Astiz, con energética defensa al supuesto derecho de los ancianos represores de la última dictadura a recibir un indulto, tiene más lectores que cómplices condenados.
“Con juicios amañados y condenas sin pruebas, soldados soportan en silencio el peso de haber cumplido con su deber”, argumentó este mes Los Muertos Vivos en su cuenta de X, desde donde constantemente exponen su misión y presionan al Gobierno para que profundice en su cruzada contra los espacios de la Memoria, los organismos de Derechos Humanos, el cuestionamiento a la cifra de los desaparecidos y el discurso ambiguo sobre qué pasó desde 1976 hasta 1983. Presionan para que estas contradicciones internas y opacidades se conviertan en inequívocas medidas de apoyo.
Al tiempo que la Casa Rosada en manos Javier Milei, año tras año, publica un video oficial provocador —a los que el negacionismo les queda chico, porque son abiertamente apologistas— la figura principal de esta causa, Victoria Villarruel (quien solía visitarlos en prisión; es fundadora del CELTYV; según Cecilia Pando, publicó un libro de Alberto González, su “mentor”, bajo su firma; y en el debate vicepresidencial contra Agustín Rossi hasta definió como una “víctima del terrorismo” a Juan Daniel Amelong, que acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad) quedó en el ostracismo del Gobierno libertario. Los Muertos Vivos reciben guiños cómplices, pero no suficientes indultos. Quieren más y lo quieren ya: tienen todo, menos tiempo.
La cuenta de Los Muertos Vivos en X fue abierta en julio de 2024, el mismo mes en que una comitiva de cinco diputados nacionales de La Libertad Avanza organizada por el entrerriano Beltrán Benedit visitó la Unidad 31 de la cárcel de Ezeiza, innegable señal de apoyo que intentaron presentar como una “visita humanitaria” y que algunos incluso argumentaron haber sido “engañados” por no tener conocimiento del objeto de la visita. En palabras textuales de la ex LLA Lourdes Arrieta: “Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época”.
La visita de los diputados de LLA a los genocidas en Ezeiza, previo al traslado a Campo de Mayo
Esta línea desaprensiva del oficialismo, que es la que sostiene Victoria Villarruel desde mucho antes de ser la titular del Senado, no suele obtener el visto bueno de Javier Milei, quien incluso reprobó la visita de sus legisladores a los genocidas: “No lo hubiera hecho”, opinó días después en Neura. Y por eso Los Muertos Vivos no apoyan al presidente. Aunque han compartido una promoción del programa Línea Roja del streaming oficialista Carajo, durante mucho tiempo tuvieron fijada una publicación que interrogaba a Milei por su “agenda”, recriminando que “un país con dos mil presos políticos” no sea una de sus prioridades.
“El terrorismo nos atacó en los 70 y en AMIA. Nuestras FFAA y FFSS cumplieron la misión que hoy le permite a usted, Sr. Presidente, presidir un país libre. No olvide a sus soldados que, junto a sus familias, siguen soportando la venganza de quienes atacaron y perdieron esa guerra”, dice la publicación actualmente fijada en la cuenta de Astiz. Al insistir con el argumento de que el terrorismo no provino del Estado, sino de la “subversión”, en el marco de un “enfrentamiento armado”, la “familia militar” cuenta sus “víctimas” y las enarbola como “héroes de la Patria”, al mezclar la represión con la guerra de Malvinas y hasta el atentado de 1994.
Es inevitable entonces apuntar al caballito de batalla de la represión en los gobiernos posdictadura: Patricia Bullrich, actual senadora oficialista y exministra de Seguridad que, con inmoral secretismo, instrumentó el traslado de los represores de Ezeiza a la cárcel VIP de Campo de Mayo hace apenas diez meses. Hay 61 represores condenados en la Unidad Penitenciaria N°34, donde hombres como Alfredo Astiz, Christian Federico von Wernich, Carlos Suárez Mason (h), Julio César Argüello y Mario “El Cura” Marcote gozan de actividades deportivas de élite y de esparcimiento: tenis, teatro, asados.
Los genocidas gozan y tuitean conceptos como el de “memoria completa”, articulan un arquetipo de “uniformado probo, hoy anciano indefenso” (sic), hacen demagogia por los muertos en atentados de las organizaciones guerrilleras (que ya languidecían para finales de diciembre de 1975), presumen del aún vigente amparo de la Iglesia Católica argentina e incluso enarbolan la causa por los héroes y las víctimas de la Guerra de Malvinas, todos recursos recurrentes que aparecen en su cuenta de X. Paradójicamente, echan mano de las garantías que no ofrecieron a sus víctimas, preocupados por los derechos procesales, constitucionales y humanos que les niegan.
Tuiteando y retuiteando aparecen en la digitalidad preocupados porque, a pesar de ser mayores de 70 años, no acceden a la prisión domiciliaria y mueren en celdas de lujo. Pero el motivo de la negativa en la Justicia debería ser simple: están condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, según la ONU y la CIDH. Sin embargo, los números también los favorecen: de los 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad, entre absoluciones, sobreseimientos, falta de mérito y muertes, actualmente hay solo 504 detenidos. Y más del 84% cumple su pena en prisión domiciliaria.
Los restantes están en Campo de Mayo (61) y 18 permanecen privados de su libertad en diferentes establecimientos carcelarios. PERFIL se contactó hace semanas con Los Muertos Vivos, pero hasta la publicación de esta nota no respondieron a la invitación de una entrevista. De todas formas, la colega Ivy Cángaro ya develó cómo viven. En una publicación de Data Clave de 2024, la periodista confirmó que la cuenta es manejada por el propio Alfredo Astiz, el Ángel de la Muerte de la ex ESMA. Explicó, asimismo, que “tienen habitaciones individuales con calefacción y aire acondicionado, gimnasio, enfermería y hasta sala odontológica, biblioteca, salones de esparcimiento, televisores y una heladera cada dos reclusos (…), además tienen acceso a computadoras conectadas a internet”.
Este marzo de 2026, a 50 años del golpe, un grupo liderado por el mismo hombre que infiltró a Madres de Plaza de Mayo en 1977, condenó a la Iglesia Santa Cruz a un vuelo de la muerte, ejecutó de un tiro a Tenório Jr., fue prisionero de guerra en Malvinas y luego destituido por Menem de la Armada, hoy hace lobby, con 74 años, oculto detrás de pantallas, presionando e intimidando a políticos y periodistas. Al mismo Milei, antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, le exigió “coherencia”. “Si defendemos la libertad, empecemos por reconocer a quienes la protegieron con su vida hace 50 años. ¡Basta de juicios de venganza!”, exhortó Astiz.
Respecto a la prensa, luego de una serie de notas publicadas en Página/12, Los Muertos Vivos se dirigió a la periodista especializada en Derechos Humanos Luciana Bertoia para enviar un extraño y siniestro mensaje: “Estaremos gustosos de recibirla y compartir una conversación productiva y desapasionada sobre los acontecimientos que usted regularmente publica. La esperamos en nuestro horario de visitas”. “Si ellos quieren dar información que no tenemos sobre las víctimas, perfecto”, respondió Bertoia al aire de Radio con vos.
Los genocidas privados de su libertad también tienen duras críticas hacia las conducciones actuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y, con gran cinismo, los asesinos de estudiantes, obreros y sindicalistas comparan: “En cualquier gremio, cuando despiden a un trabajador, se organiza de inmediato una huelga, una movilización. El resto de los gremios acompaña en solidaridad y no se detienen hasta que se resuelve el conflicto. En cambio, cuando se detiene ilegalmente a militares, policías o penitenciarios que en su momento cumplieron con su deber —enfrentar al terrorismo que azotó a nuestro país— nadie se moviliza”.
Según un documento presentado por la querella en la causa del Primer Cuerpo de Ejército, hay 350 represores que todavía no fueron identificados o indagados en causas por el terrorismo de Estado, tras ser señalados o escasamente identificados en los juicios. Mientras, la Justicia argentina ofrece las mismas señales incongruentes que el Gobierno. Por una parte, Casación Penal acaba de confirmar la condena por los vuelos de la muerte que partían de Campo de Mayo y la Justicia Federal, junto al EAAF, identificó los restos de 12 desaparecidos en La Perla. Por otra parte, la misma Justicia Federal autorizó al expolicía Fernando Martín Rocha, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, a asistir al casamiento de su hija, hace apenas unos días.
La responsabilidad civil de la dictadura y de su impunidad: el rol de empresarios, medios y la Iglesia
En las últimas publicaciones de Los Muertos Vivos (de marcado antikirchnerismo y particular ensañamiento contra la expresidenta Cristina Kirchner, especialmente desde que permanece presa con domiciliaria) se palpita un gran entusiasmo por la desclasificación de 26 documentos de la dictadura de la SIDE porque haría volar “a la mierda el relato” de los desaparecidos. También se menciona que los genocidas, enmarcados en el Plan Cóndor, “nos salvaron de ser Cuba, Venezuela o Irán”
Este lunes 23 de marzo, la cuenta de Los Muertos Vivos retuiteó a un usuario que cruzó al periodista Ari Lijalad porque, citando el libro El Dictador, señaló que Videla admitió la existencia de listas de desaparecidos. “Fueron menos de 10 mil. Todos (SIN EXCEPCIÓN) eran vulgares delincuentes y terroristas socialistas afortunadamente limpiados para el bien de la sociedad. Lloralo fuerte, eternamente”, dice la respuesta.
Más allá del negacionismo, la simple mentira y la lectura apologista que insiste en la supresión de una “amenaza comunista”, queda expuesto un discurso violento, confrontativo y desbordado que se alinea con el estilo del presidente y su base militante. Al estar analizando publicaciones de Twitter, está claro que no se percibe la complejidad total del fenómeno, pero “la calle online” para los trolls oficialistas es el escenario principal donde se debaten las ideas. Y el libreto se compone del vocabulario de los genocidas.
Un reportaje de hace apenas cuatro años al presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra Contra el Terrorismo (AVGCT) Carlos Enrique Alsina permite acceder a un argumento todavía no extinto en algún “sentido común”. Según su interpretación, los desaparecidos no eran “pobres jóvenes idealistas”, sino personas de clase media que buscaban “subvertir valores y modos de vida, hecho que provocó que esa misma sociedad luchara contra ellos, apoyando a gobiernos civiles y militares, colaborando con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin cuyo aporte hubiese resultado difícil derrotarlos militarmente”.
El concepto que se intenta resaltar desde los movimientos que impulsan los valores de Memoria, Verdad y Justicia al nombrar a la dictadura como un entramado “cívico-eclesiástico-militar” es justamente este: sin esa “misma sociedad” que “luchó contra ellos” (en palabras de Alsina) la dictadura no se hubiera extendido durante ocho años, considerando además su fracaso económico, los muertos en Malvinas y un terrorismo de Estado que incluyó persecución de intelectuales, secuestro, tortura, violación, homicidio, robos millonarios, apropiación de bebés, quemas de libros y 30.400 desaparecidos.
Jorge Rafael Videla lo explicitó en una entrevista que brindó en el mismo Campo de Mayo desde el que hoy se tuitea: “Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo económico, un cambio bastante radical. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.
“La equiparación entre los términos acción psicológica y comunicación social coincidió con la ampliación de la figura del enemigo, que según las FFAA se encontraba ‘mezclado’ entre la población”, explica Julia Risler en La acción psicológica. Así, desde la SIDE a la propaganda oficial y los medios de comunicación trasladaron la idea de “conflicto permanente” de la Guerra Fría al interior de las fronteras argentinas: el enemigo ya se había infiltrado y era responsabilidad de la sociedad entera depurarlo. De ahí el gran “algo habrán hecho”, la síntesis de la naturalización de la violencia en las calles, escuelas, fábricas.
¿Cómo se representó aquel actor “cívico” en la dictadura?, ¿cómo se emprendió aquel “disciplinamiento” por fuera de los 814 centros clandestinos de detención? Con el enorme despliegue del aparato ideológico de la junta militar y el inequívoco aporte del empresariado argentino. José Alfredo Martínez de Hoz, primer ministro de economía de la dictadura, era presidente de Acindar y del Consejo Empresario Argentino. Su programa de acceso al crédito para el endeudamiento tuvo como fin destruir al aparato productivo nacional, una adelantadísima aplicación del neoliberalismo.
Personajes oscuros del poder económico argentino, como Carlos Pedro Blaquier, murieron impunes, pero sus ecos todavía resuenan. El productor y referente del sector agropecuario argentino Juan Martín Perkins, oriundo de Pehuajó, publicó una carta titulada ¿Por qué visito a los presos políticos? en la que describió a los genocidas en Campo de Mayo como “de una raza superior en medio de la mediocridad cobarde de la gentuza que los arrumbó en ese rincón, creyendo que con ellos confinan a los demonios propios… y a la vergüenza por la negrura de espíritu vengativo que les carcome su alma terrorista”.
Entre otros documentos que se encuentran fácilmente en la cuenta de Los Muertos Vivos (porque los recopilaron prolijamente en un Drive cuyo link exhiben en su biografía de Twitter), hay una carpeta con videos. Entre montajes con música dramática sobre la muerte de Videla y editoriales de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, hay una entrevista realizada recientemente por una radio de San Isidro al monseñor Santiago Olivera, obispo castrense (designado por el Papa Francisco) y de las Fuerzas Federales de Seguridad en la que retoma la idea de “memoria completa”, lamenta las prisiones preventivas a represores y apunta: “No eran jóvenes idealistas… tantos asesinatos, tanto secuestro, tanto odio lo demuestra. La verdad nos hace libres”.
En Campo de Mayo está preso Christian Federico Von Wernich, excapellán de la Marina argentina, primer sacerdote católico condenado como colaborador de la dictadura militar y personaje oscuro de la historia que aún no fue expulsado de la Iglesia por la Conferencia Episcopal Argentina. Se le imputó 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Fue confesor del general Ramón Camps y fue acusado por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel de brindar “apoyo espiritual” a los militares que participaban de los vuelos de la muerte.
Por último, es menester mencionar cada 24 de marzo el apoyo de periodistas de renombre y medios hegemónicos a la dictadura. Mariano Grondona, Silvia Fernández Barrio, Bernardo Neustadt, Chiche Gelblung y Joaquín Morales Solá fueron algunos de ellos. Las complicidades son infinitas: Von Wernich presenció las torturas a Jacobo Timerman y todavía publica cartas de lectores en el diario La Nación. Tras la visita de los diputados de La Libertad Avanza, pidió en el mencionado medio un “mundo de hermanos”, “sin grietas y sin guerras ideológicas”, y pidió dar “vuelta la página ya escrita de la violencia y confrontación del pasado”.
Mientras Javier Milei insiste en pelear contra un fantasma que ya no recorre Europa, sino los pasillos de su mente, los paralelismos con la dictadura no son gratos durante un Gobierno democrático, pero sí resuenan en la persecución ideológica y en el desguace de la industria. El precio de la democracia es una vigilancia incansable hacia los poderes concentrados internos, las Fuerzas Armadas que en el siglo pasado concretaron seis golpes de Estado y los esfuerzos intervencionistas de Estados Unidos, además de un compromiso incansable e intergeneracional con los 30.400 compañeros detenidos-desaparecidos.
