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Donald Trump calificó este miércoles de “buena” la reunión que mantuvo un día antes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y afirmó que su objetivo sigue siendo poner fin a la guerra que Rusia mantiene contra el país vecino desde febrero de 2022. El encuentro, celebrado a puerta cerrada en el Despacho Oval, fue el segundo entre ambos mandatarios en menos de un mes y se produjo horas antes de que Zelensky asistiera en Washington al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Preguntado por periodistas sobre el contenido de la reunión, Trump evitó pronunciarse sobre un eventual plazo para que Kiev y Moscú alcancen un acuerdo de paz. “Yo me llevo bien con el presidente Putin. Me llevo bien con el presidente Zelensky. Como le dije a Zelensky, quiero terminar la guerra, lograr que la guerra termine. 25.000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual, y no es aceptable. Así que le dije: simplemente pon fin a la guerra”, declaró el republicano en el Despacho Oval. La cifra de víctimas mencionada por Trump no ha sido confirmada por fuentes independientes ni por Naciones Unidas.

La promesa de acabar con el conflicto figuró entre los principales compromisos de campaña de Trump, quien aseguró en repetidas ocasiones que resolvería la guerra en su primer día de mandato. Más de año y medio después de su regreso a la Casa Blanca, esa meta continúa sin materializarse, mientras los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas se extienden ya hacia su quinto año.

El encuentro de este martes se enmarcó en un giro notable en la relación bilateral. En febrero de 2025, una visita de Zelensky a la Casa Blanca terminó en un tenso cruce verbal en presencia de las cámaras, cuando Trump acusó al mandatario ucraniano de “jugar con la Tercera Guerra Mundial” y cuestionó su atuendo durante la visita oficial. Desde entonces, y particularmente tras la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara el 8 de julio pasado, el vínculo entre ambos líderes se ha recompuesto de forma sustancial.

Fue precisamente en esa cumbre donde Trump anunció que autorizaría a Ucrania a fabricar bajo licencia estadounidense sus propios interceptores del sistema de defensa antiaérea Patriot, la única arma en el arsenal ucraniano capaz de derribar misiles balísticos rusos. En un mensaje publicado en la red social X tras la reunión de esta semana, Zelensky confirmó que ambos líderes retomaron ese punto. “También conversamos sobre diplomacia. Es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones”, escribió el presidente ucraniano, quien calificó el encuentro de “bueno” y agradeció a Trump la cooperación para “proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz”.

Ucrania enfrenta una escasez crónica de interceptores Patriot en momentos en que Rusia ha intensificado sus bombardeos con misiles balísticos y enjambres de drones contra objetivos civiles y militares, la única defensa eficaz frente a ese tipo de ataques.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió por separado la reunión entre Trump y Zelensky como “positiva y productiva”. Trump mantuvo ese mismo día un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había viajado igualmente a Washington para asistir a las honras fúnebres de Graham, uno de los legisladores republicanos más comprometidos con el apoyo militar a Kiev a lo largo de la guerra y que había visitado Ucrania en diez oportunidades desde 2022, la última apenas un día antes de morir.

Pese al tono conciliador expresado por ambos mandatarios, ningún funcionario de la Casa Blanca ni de la presidencia ucraniana ha ofrecido detalles concretos sobre un cronograma de negociaciones con Moscú. La ausencia de una hoja de ruta explícita sugiere que, más allá de la mejora evidente en el vínculo personal entre Trump y Zelensky, el desenlace del conflicto sigue dependiendo de una variable que ninguno de los dos controla por completo: la disposición del Kremlin a sentarse a negociar.

S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, el holding que lidera Eduardo Eurnekian.

La suba, “impulsada por su solidez operativa y financiera”, según destacó CGC, impacta en la calificación crediticia de largo plazo de la empresa.

S&P asignó una perspectiva estable, “en reconocimiento a la fortaleza alcanzada por la compañía en materia financiera y operativa”.

“La decisión refleja la reducción del riesgo de refinanciación, una mejora sostenida de la rentabilidad y el fortalecimiento de sus indicadores crediticios. Asimismo, la nota de CGC fue elevada de CCC+ a B-”, se detalló.

S&P también destacó la incorporación de producción proveniente del bloque Aguada del Chañar, en Vaca Muerta, cuya contribución permitirá acelerar la participación del petróleo dentro del portafolio productivo de CGC.

“Junto con la implementación de un programa integral de eficiencia y un escenario más favorable para los precios internacionales del crudo, este desarrollo contribuyó a fortalecer la generación de caja y mejorar significativamente los márgenes operativos de la compañía. La perspectiva estable asignada por la calificadora refleja su expectativa de que CGC continúe fortaleciendo su rentabilidad, mantenga una sólida generación de fondos y un acceso fluido a los mercados financieros”, destacaron desde la petrolera.

La noticia llega en lo que este medio denominó días atrás, un “boom de endeudamiento”, con las empresas que emitieron casi USD 10.000 millones en la primera mitad de 2026, con las energéticas que concentraron la mitad de ese monto.

El mercado argentino de obligaciones negociables (ON) cerró el primer semestre del año con emisiones por USD 9.632 millones en 169 series, un 8% más que el mismo período del año anterior. De ese total, las empresas energéticas absorbieron 55 de cada 100 dólares, pese a haber realizado apenas el 14% de las emisiones del período. CGC está dentro de las compañías que emitieron ONs en el período.

Palermo Aike y Chile

Hugo

Eurnekian, CEO de CGC,
anunció meses atrás en
CERAWeek
, en Houston, EEUU, que la empresa impulsa un proyecto para exportar gas natural licuado desde Argentina hacia Asia a través de Chile, una iniciativa apoyada en infraestructura ya operativa que busca acelerar la salida del gas argentino al Pacífico en un momento de volatilidad de precios y reconfiguración de los flujos energéticos globales.

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Un dron marino autónomo de una empresa californiana captó imágenes de un destructor chino operando dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, en lo que la compañía describe como la primera grabación de este tipo realizada por una firma privada estadounidense. El video, tomado el 16 de junio a 105 kilómetros al noroeste de la isla de Luzón, fue compartido con Reuters, que verificó de forma independiente su autenticidad.

La empresa detrás del registro es Seasats, fabricante de embarcaciones autónomas con sede en California y seis años de trayectoria. Su dron Lightfish se aproximó a un buque de la Armada de la Marina del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, identificado por Reuters como un destructor de misiles guiados Tipo 052D, mediante la comparación del diseño de cubierta, superestructura, grúa y mástil con imágenes de archivo. La ubicación fue corroborada con datos de Seasats y la fecha, con los metadatos originales del archivo.

El hallazgo importa menos por lo que muestra del buque chino que por lo que expone sobre la naturaleza del conflicto contemporáneo: un dron que cuesta aproximadamente USD 240.000 puede acercarse —y en teoría amenazar— a un buque de guerra valuado en mil millones de dólares. “Somos capaces de salir, filmar, acercarnos y registrar todos esos datos de un barco chino”, afirmó el director ejecutivo de Seasats, Mike Flanigan, según Reuters.

La Guardia Costera de Filipinas informó un incremento de la presencia marítima china en la zona durante el año pasado en comparación con 2024, incluyendo buques de guerra. La embajada filipina en Washington señaló que recordará “a todas las partes evitar acciones que escalen las tensiones, especialmente si se comprueba que están transgrediendo la Zona Económica Exclusiva de Filipinas”.

El Lightfish es la embarcación más pequeña de la línea actual de Seasats. Puede desplegarse desde la parte trasera de una camioneta, una embarcación menor o una rampa de botadura, y ponerse en marcha en cuestión de minutos. Su operación requiere una o dos personas, y está diseñado para funcionar durante meses de forma continua.

Cada unidad opera con combustible híbrido para misiones de hasta seis meses y es funcional en condiciones de estado de mar 6, con olas de hasta 6 metros. Sus sistemas de carga incluyen cámaras electro ópticas e infrarrojas, inteligencia de señales, cargas de guerra electrónica, y sistemas de sonar activo y pasivo.

Seasats ha recaudado más de USD 40 millones en financiamiento y recientemente obtuvo contratos con el gobierno de Estados Unidos por más de USD 100 millones. La empresa también produce el dron Quickfish, de mayor tamaño y actualmente en fase de producción, que se diferencia de plataformas similares por una bahía de carga diseñada para lanzar vehículos aéreos no tripulados o, eventualmente, municiones.

Una tercera embarcación, denominada Heavyfish, se encuentra en fase de diseño. Seasats señaló que ha tenido múltiples encuentros con buques de la marina china a lo largo de los años, entre ellos destructores Tipo 052, destructores Tipo 055 y corbetas Tipo 056. La embajada china en Washington indicó que no estaba al tanto de la situación y no tenía comentarios al respecto.

(Con información de Reuters)

Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.

A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.

De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.

Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.

De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.

El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.

A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.

Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.

El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.

En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.

Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.

El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.

Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.

Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.

Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.

De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.

Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este miércoles de que el conflicto en Medio Oriente corre el riesgo de extenderse, después de que Estados Unidos y Arabia Saudita atacaran instalaciones de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en territorio iraquí. El bombardeo, el primero con participación directa saudí desde el inicio de la guerra entre Washington y Teherán, dejó al menos 20 muertos y 32 heridos.

“Al secretario general le preocupa desde hace tiempo que, si las partes no vuelven a la mesa de negociaciones, el conflicto pueda extenderse, y eso parece ser lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas”, declaró en Nueva York el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq. El diplomático explicó que el secretario general ha manifestado en reiteradas ocasiones su inquietud por cualquier reanudación de los combates y por la ampliación de un conflicto que comenzó hace cinco meses.

Haq calificó los últimos acontecimientos de negativos y señaló que Guterres busca que las partes cesen las hostilidades y retomen la vía diplomática, incluidos los esfuerzos de mediación impulsados por Pakistán y Qatar. Preguntado por la entrada de Arabia Saudita en los ataques contra Irak, el portavoz advirtió de que la multiplicación de actores implicados y la extensión del conflicto a más países constituyen señales negativas que podrían derivar en una situación aún más grave que la actual.

Los bombardeos se produjeron en la madrugada del miércoles contra sedes de las FMP en las provincias de Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo que la operación respondió a más de treinta ataques con drones atribuidos a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas. El Ministerio de Defensa saudí, por su parte, responsabilizó directamente a las milicias proiraníes de esos ataques contra sus instalaciones petroleras, mientras que Irán negó cualquier vínculo con las agresiones contra el territorio saudí.

El episodio se enmarca en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha ido generando represalias sucesivas de las facciones armadas alineadas con Teherán contra objetivos estadounidenses y de sus aliados en la región. La incorporación de Arabia Saudita a los ataques directos contra las FMP representa un salto cualitativo en ese ciclo de violencia, hasta ahora circunscrito principalmente a Estados Unidos, Israel e Irán y sus milicias aliadas en Irak, Líbano y Yemen.

Las FMP, creadas en 2014 para combatir el avance del Estado Islámico, fueron integradas formalmente a las fuerzas armadas iraquíes mediante una ley aprobada por el Parlamento en 2016, aunque mantienen una estructura y un presupuesto propios, al margen del Ejército regular. Su estatus legal ha sido objeto de controversia recurrente por los estrechos vínculos de varias de sus facciones con Teherán, si bien algunas de ellas han iniciado procesos de entrega de armas al Estado iraquí ante la presión del Gobierno central y de actores internacionales.

El Gobierno de Bagdad calificó el ataque de violación flagrante de su soberanía y rechazó que el territorio iraquí sea utilizado como escenario para saldar disputas ajenas al país. La reacción iraquí añade una nueva capa de tensión diplomática a un conflicto que, según constata la propia ONU, ha dejado de ser una confrontación bilateral para convertirse en una crisis regional con un número creciente de actores armados y frentes abiertos.

La advertencia de Guterres llega en un momento en que los canales de mediación, con Pakistán y Qatar como principales impulsores, no han logrado hasta ahora frenar la escalada. La entrada de Arabia Saudita en los combates directos plantea el riesgo de que otros países del golfo Pérsico, hasta ahora al margen del enfrentamiento militar, se vean arrastrados a una confrontación cuyo desenlace continúa siendo incierto.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 309 millones para robustecer el programa financiero diseñado con el objetivo de cubrir todos los compromisos financieros hasta 2027 y no liberó pesos al mercado en la licitación clave de deuda que tuvo lugar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas informó que la subasta resultó en una adjudicación total de $12,21 billones, tras recibir ofertas por 13,98 billones de pesos. Este resultado implica un rollover del 144,53% respecto a los vencimientos del día, que ascendían a 8,5 billones de pesos.

El bono AO29, denominado en moneda estadounidense y con vencimiento el 31 de octubre de 2029, captó 309 millones de dólares. La tasa de corte se ubicó en 8,33% TIREA (8,02% TNA).

La licitación en pesos mostró una fuerte participación en los instrumentos a tasa fija. En el caso de las Lecap y Boncap con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (S16O6), se adjudicaron $4,61 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,05% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,57 por ciento.

En los bonos ajustados por CER/TAMAR, el TXMD8 (vencimiento el 15 de diciembre de 2028) captó $0,87 billones, con una TIREA CER de 5,40%. Por el lado de los bonos duales (TAMAR/DL), el TMVE8 (vencimiento el 31 de enero de 2028) sumó $4,72 billones, con un margen de 6,64% sobre la tasa dual.

En el segmento de instrumentos dólar linked, el D30S6 (vencimiento el 30 de septiembre de 2026) recibió $0,67 billones, con una TIREA de 7,25%, mientras que el D15E7 (vencimiento el 15 de enero de 2027) alcanzó los $1,33 billones, con una TIREA de 5,51 por ciento.

El resultado general muestra que la demanda se concentró en los instrumentos a tasa fija y duales, lo que evidencia la preferencia del mercado por opciones que ofrecen cobertura frente a distintos escenarios.

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