Imputaron a Daniel Rossi y al “contador” municipal de Santa Elena por varios delitos de corrupción

Imputaron al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y al funcionario municipal Marcelo Félix Fernando Medina por varios delitos de corrupción. La decisión fue tomada este jueves a primera hora por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa.  

Los representantes del Ministerio Público Fiscal le endilgan a Rossi “nombramiento ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”, por haber designado a Marcelo F.F. Medina como “contador” municipal en 2015, sin que pueda reunir las condiciones para serlo. En tanto, a Medina le imputan “aceptación ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”. 

No es el único delito que los fiscales achacan a Rossi en el Legajo N°285.545 caratulado “Municipalidad de Santa Elena s/Actuaciones de oficio”. El intendente también fue imputado por “violación de medios de prueba y supresión de documentos público agravada por ser ejecutado por un funcionario público en concurso ideal y fraude a la administración pública por ocultamiento de expediente”. 

Designación ilegal

Los fiscales investigan el nombramiento ilegal de Marcelo F.F. Medina como contador municipal de Santa Elena, sin tener el título profesional habilitante para ejercer el cargo. La designación se realizó el 30 de septiembre de 2015, mediante el Decreto N°305. Aparentemente el cargo se mantuvo hasta, por los menos, el mes de junio de 2026. El incumplimiento está dispuesto en el Artículo 136 de la Ley Provincial N°10.027. 

Ocultamiento de expedientes

Por otro lado, los fiscales entienden que Rossi ocultó varios expedientes del Tribunal de Cuentas de la provincia, en los cuales se determinaron daños ocasionados al municipio de Santa Elena y se investigaba la responsabilidad de funcionarios públicos. En la imputación se lee que el hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2022, cuando el propio Rossi recibió los expedientes administrativos de parte del presidente del TdC en forma personal.  

Se trata de las siguientes investigaciones del órgano de control:

1. N° 05-2012 caratulado “Sr. Presidente Municipal – Municipalidad de Santa Elena – Solicita revisión de convenio “, en un total de 305 fojas, relativo al daño ocasionado al Municipio consistente en:
   a. Celebrarse desde el Municipio de Santa Elena un convenio en fecha 05/06/2010 y 19/10/2011 con los representantes legales y apoderados del local bailable de Santa Elena “Mora Disco Bar”, en los que establecieron una tasa mensual y excluyeron cualquier otro gravamen incumpliendo con la normativa en la materia vigente y creando beneficios indebidos e injustificados a favor de los mencionados causándole un perjuicio al patrimonio municipal.

   b. Expedirse un certificado de libre deuda de fecha 29/11/2012 a nombre del representante legal y apoderado del local bailable de Santa Elena “Mora Disco Bar”, en el que se expresó que se ha hecho efectivo el pago de los derechos por Tasa de inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad hasta el mes de julio del año 2012, como así también los años anteriores, cuando en los hechos “Mora Disco Bar” registraba una deuda contra el Municipio de pesos once mil novecientos sesenta y cuatro ($11.964).
    

2. N° 456/18 caratulado “Municipalidad de Santa Elena -Sra. Fiscal de Cuentas N°5 Solicita desglose S/ Adquisición compra directa máquina cargadora frontal y retroexcavadora marca XCMG – Modelo XT -864″ en un total de 259 fojas y N°1.374 – 2021 caratulado “Presidente Municipal de Santa Elena solicita reconsideración recaída en expediente N°456/2018” en once (11) fojas; relativos al daño ocasionado al Municipio a partir de la compra directa de la máquina retroexcavadora marca XCMG -Modelo XT 864 a la firma American Tape SRL por la suma de pesos quinientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta ocho ($547.638,00), mediante Decreto N°275/13 de fecha 01/10/2013 suscripto por el Presidente Municipal, Domingo Daniel Rossi, en la que se abonó una cifra superior en la suma $51.138 comparado con el precio ofrecido por el mismo oferente y por la misma máquina en la licitación pública N° 6 que se declaró desierta en fecha 05/08/2013 (55 días antes).
3. N°856/2017 caratulado “Municipalidad de Santa Elena –Sra Fiscal N° 5 solicita desglose RC 674/13 documentación referida a adquisición CPRA. DIR. MAQ. CARGAD. FRONTAL C/ RETROEXCAV. MARCA XCMG MODELO 864 Y MODF. UNILATERAL X EMPR. AJUDICAT. LIC PCA. 2 HORMIGÓN“, en un total de 290 fojas”, relativo al daño ocasionado al Municipio a partir de las irregularidades cometidas en el marco de la licitación pública N° 2 del año 2013 de la Municipalidad de Santa Elena concerniente a la provisión y colocación de mil (1000) m3 de Hormigón H21 adjudicado mediante Decreto N° 97 Bis D.E.M. a la firma Hormigones Cavenaghi, en la que se había pactado la suma de $950 por metro cúbico por 18 entregas parciales del producto, sin embargo luego de la tercera entrega de hormigón, la empresa aumentó unilateralmente el precio y posteriormente no entregó 29 m3 de hormigón, no obstante el Municipio admitió el aumento sin acto administrativo que lo autorice y pagó el material no recibido, causándole un perjuicio al erario público de $105.880. Suma compuesta por el mayor precio pagado de $78.330 y $27.550 de la faltante de entrega por parte del proveedor”.

Los fiscales fijaron las fechas de indagatorias para que ambos expliquen qué pasó. Domingo Daniel Rossi deberá presentarse el 30 de noviembre a las 11; y Marcelo Fernando Medina deberá presentarse el 27 de noviembre a las 11. 

Una vieja historia 

Los hechos narrados arriba se vienen contando en ANÁLISIS desde hace años. Los primeros días de octubre, este medio publicó un extenso informe en el cual se cuentan numerosos actos de corrupción desplegados por el intendente y ex vicegobernador y se anuncia la indagatoria que se confirmó este jueves. Fue a raíz de una declaración que hizo el propio Rossi, en la cual aseguró que quería ser controlado “todos los años” y cargó contra este medio. En ese informe, bien se describió que no sólo se trata de hechos puntuales sino de “una conducta”, por ejemplo el incumplimiento reiterado en la presentación de Declaraciones Juradas al TdC.

También se contó en esa publicación que el fiscal Ramírez Montrull tenía abierto de oficio el legajo por el cual ahora se llamó a indagatoria a Rossi y Medina. Es que la Municipalidad de santa Elena no respondía las intimaciones del TdC. Entonces la Fiscalía pidió el organismo el detalle de las irregularidades detectadas en Santa Elena. Así aparecieron la compra de la retroexcavadora, el hormigón con sobreprecio, el libre deuda otorgado a una firma privada sabiendo que la deuda seguía vigente y, antes de eso, el convenio tributario de la gestión anterior. 

Después vino el muro. Los pedidos de informes no tuvieron respuesta. Cuando la Fiscalía libró una orden de presentación, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, se negó a entregar documentación invocando sus derechos. Hubo allanamiento en el municipio y no se encontró nada porque ocultaron toda la documentación. Cuando volvieron a pedir formalmente los expedientes del Tribunal de Cuentas, la respuesta fue que no los tenían. En algún momento, llegaron a sugerir que tal vez se los habían llevado “los propios investigadores” en el allanamiento, como parte del absurdo y la falta de respeto a las instituciones.

La historia de esos expedientes merece un párrafo propio. El Tribunal de Cuentas los había remitido a la Fiscalía de Estado, que planteó que los municipios son autónomos y que las actuaciones debían ir a la comuna. Para colmo, lo que se envió a la Municipalidad de Santa Elena no fueron copias sino los originales. Los recibió Rossi. Nunca más aparecieron. 

En ese informe publicado por ANÁLISIS también se contó la historia del contador sin título. El informe de auditoría de 2025 bajó al subsuelo de la administración municipal y encontró que el control interno, sencillamente, no existe. Los cargos de contador y tesorero municipal carecen desde 2011 del acuerdo del Concejo Deliberante que exigen los artículos 95 y 136 de la Ley 10.027. Ninguno de los dos funcionarios tiene constituida la fianza legal obligatoria. Y hay algo más: el área de Contaduría está en manos de un auxiliar que no posee título profesional habilitante. Quien cumple el rol de contador municipal no es contador. Para los auditores no se trata de un formalismo pendiente sino de una “gravedad institucional insubsanable”. Sin acuerdo del Concejo, además, la estabilidad de quien ocupa la Contaduría queda a merced del intendente, lo que debilita su capacidad de observar gastos u oponerse a actos ilegales del Ejecutivo, como le ordena el artículo 157 de la ley.