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Un tribunal de Londres condenó a Johannes Kongsnes Natland, un adolescente noruego de 19 años, por viajar al Reino Unido con la misión de ejecutar un asesinato por encargo para una organización criminal internacional vinculada con Irán.

La decisión del jurado, tras más de 17 horas de deliberaciones, determinó que Natland viajó desde Stavanger, Noruega, en marzo del año pasado, con la promesa de recibir 25.000 euros a cambio de disparar a una persona cuya identidad nunca se logró identificar.

Según el veredicto, Natland llegó a Manchester con un pasaporte temporal y fue interceptado por la policía fronteriza, que le permitió regresar a Noruega en el siguiente vuelo. El joven, sin embargo, optó por trasladarse en taxi hasta Huddersfield, al norte de Inglaterra. Allí recogió dinero en efectivo, dos armas de fuego y municiones, además de recibir instrucciones detalladas a través de mensajes en redes sociales.

En la madrugada del 19 de marzo, agentes armados irrumpieron en su habitación de hotel y lo arrestaron. Durante el operativo, los oficiales incautaron una pistola semiautomática, un revólver y una bolsa con 19 balas.

La investigación reveló que fue reclutado por la Red Foxtrot, una banda sueca de crimen organizado con estrechos lazos con el régimen iraní. La organización, bajo la dirección de un individuo apodado “Agent 47”, coordinaba atentados y asesinatos en Europa y empleaba a jóvenes para ejecutar tareas violentas y de narcotráfico. Las autoridades británicas y estadounidenses sancionaron a la Red Foxtrot y a su líder, Rawa Majid, conocido como el “Zorro Kurdo”, quien permanece prófugo y se sospecha que reside en Irán.

El caso judicial expuso que no actuó de forma aislada. Un adolescente de 17 años, identificado como “Generalen”, resultó condenado en Noruega por intentar contribuir al asesinato, mientras que otro de 16 años espera juicio por su papel en la conspiración. Los investigadores determinaron que la Red Foxtrot utilizaba plataformas como Snapchat, Telegram y Signal para reclutar a menores y coordinar operaciones, una modalidad que Europol denominó “violencia como servicio”.

En los chats se publicaban ofertas para cometer asesinatos a cambio de dinero, y los reclutadores proporcionaban mapas, fotografías y videos para facilitar la ejecución de los crímenes.

Durante el juicio, admitió haber aceptado el encargo para obtener dinero y comprar drogas. Alegó que en un principio consideró la propuesta como una broma o una estafa, pero que, al verse atrapado, pensó en dispararse en el pie para evitar cumplir la orden. La policía británica recopiló pruebas que, según la fiscalía, evidenciaron que el joven comprendía plenamente la naturaleza del encargo.

En mensajes enviados a su novia desde Noruega, Natland describió la misión como “una locura” y anticipó que “sería genial matar a alguien”. Compartió fotografías en las que posaba con las armas y el dinero, y bromeó con amigos sobre la inminente ejecución. Tras su arresto, intentó persuadir a su novia para que no declarara en su contra durante llamadas realizadas desde prisión.

El tribunal escuchó el testimonio de amigos y familiares, quienes describieron a Natland como “un joven problemático” que había iniciado el consumo de drogas a los 13 años y pasó temporadas en un hogar de acogida. Su entorno más cercano relató que el joven buscaba impresionar a sus pares y, en ocasiones, presumía de su implicación en actividades criminales.

La fiscalía argumentó que, pese a sus problemas personales, representaba un “peligro real”, dispuesto a matar en el extranjero por dinero, mientras que la defensa sostuvo que su participación obedecía al temor y la presión ejercidos por la organización.

(Con información de AP)

“Cristina es una gran candidata”, ironizó ante Infobae una fuente de Gobierno, horas después de que la dos veces presidenta hiciera pública una carta en la que defendió su inocencia tras la condena en la causa Vialidad, denunció una supuesta proscripción política y anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

En línea con un argumento que el presidente Javier Milei suele repetir, la Casa Rosada se cuidó de inmiscuirse en la causa judicial, pero aseguró que la habilitación para que la exvicepresidenta compita no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección del mandatario en 2027.

“Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente. Que la Justicia defina y políticamente nos prepararemos para lo que sea, con el hecho consumado. No operamos ni a favor ni en contra”, planteó ante este medio un referente territorial libertario.

En la administración oficialista entienden que Cristina Kirchner conserva un alto nivel de rechazo e incluso la definen como “el cuco”. Por eso creen que una eventual habilitación para competir en los próximos comicios presidenciales —una posibilidad que hoy no consideran factible, pese al reclamo de un sector del peronismo— podría resultar funcional al oficialismo, aunque aclaran que “no motorizarán” ningún escenario. Sin embargo, luego de que la defensa de CFK brindara una conferencia para pedir suspender la inhabilitación a ejercer cargos públicos, otros funcionarios ni siquiera contemplan ese escenario.

Al mismo tiempo, hay quienes creen que el planteo de la titular del Partido Justicialista no prosperará, y consideran que su accionar impacta directamente en la interna peronista, que parecería no encontrar pronta resolución, en particular en la tribu que lidera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, sostuvo un funcionario al respecto.

“Es una discusión abstracta. No está habilitada ni lo estará. Está presa”, replicó otro interlocutor que transita a diario la Casa Rosada en referencia a la exvicepresidenta que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

En Balcarce 50 creen que el peronismo no kirchnerista prefiere que Cristina Kirchner permanezca inhabilitada para dar curso a la reorganización del espacio y a la aparición de nuevas representaciones. “Ni el propio peronismo quiere que esté habilitada. Los que quieren reformar al partido y que surja una nueva alternativa no la quieren más que presa y que no pueda competir porque impide la renovación”, leen en las filas violetas.

Por estos días, en el oficialismo no ven factible que el principal partido opositor logre saldar las diferencias que fragmentaron la unidad y vaticinan que se materializarán incluso durante el proceso electoral. “Las diferencias entre Kicillof, Máximo y Cristina hoy son irreconciliables. No van a acordar”, sostuvo un funcionario ante este medio.

En ese diagnóstico también advierten cambios en el comportamiento del electorado kirchnerista. “Hay una metamorfosis en el voto K, que se acerca más a Bregman y los que son por derecha podrían mutar a Milei. Habrá que ver”, plantearon desde uno de los campamentos violetas. “El problema del PJ es que solo tiene para ofrecer el pasado por delante. Axel representa eso. Hoy es el que más mide en el PJ y aún así no gana”, aportó además otra fuente libertaria.

Por su parte, desde la mesa chica de Milei consideran que el Gobierno podría tensionar la coexistencia peronista si el Congreso aprueba la eliminación o eventualmente la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), incluida en la reforma electoral. Suprimida la herramienta ordenadora, garantizan que las diferencias en el PJ se multiplicarían, lo que daría lugar a un debate más encarnizado por las candidaturas.

“El problema son los incentivos. El diseño institucional puja para un lado o para el otro: si logramos bajar las PASO hay incentivos para que se maten”, expresaron.

A más de un año de la elección, en La Libertad Avanza creen que solo la irrupción de un candidato “blando”, en una eventual segunda vuelta, podría complicar los planes de la administración libertaria, que ya activó el operativo reelección de Milei. “Hoy ese candidato no existe”, celebran.

Un ataque con dron contra un buque de almacenamiento de gas de propiedad estadounidense en el puerto egipcio de Damieta desató un incendio que se propagó a una segunda embarcación este miércoles, en un incidente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó con Irán y que amenazó con derivar en una respuesta militar directa.

Trump afirmó desde el Despacho Oval que había sido informado sobre la explosión en el puerto mediterráneo y adelantó que Washington golpearía a Irán “muy fuerte, porque es nuestro turno de hacerlo”. “Ellos saben que viene”, agregó.

En referencia al ataque de Irán contra una base militar estadounidense en Jordania, Trump detalló: “Intentaron atacarnos ayer por la noche y derribamos todos los misiles. Es nuestro turno, veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero es nuestro turno de atacarlos”.

El dron impactó contra el buque de almacenamiento flotante Energos Winter, una unidad de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) con capacidad para 138.250 metros cúbicos, de acuerdo con tres fuentes del sector familiarizadas con el incidente citadas por agencias internacionales. El fuego se propagó luego al buque GasLog Salem, un carguero de gas natural licuado (GNL) atracado en las inmediaciones.

El Energos Winter es propiedad de la empresa estadounidense Energos Infrastructure, y sus operaciones técnicas, de seguridad y comerciales están gestionadas por Wilhelmsen Ship Management, también de capital estadounidense. Ambas embarcaciones fueron desplazadas fuera del puerto mientras las autoridades evaluaban la situación, según informó la firma de seguimiento del comercio marítimo Kpler.

La empresa británica de seguridad marítima Ambrey fue la primera en señalar que el buque cisterna de bandera bermudeña y de propietarios griegos, junto con el FSRU de operación estadounidense, fueron alcanzados por al menos un dron no identificado. Dos fuentes de seguridad independientes atribuyeron la causa probable de la explosión a un ataque de este tipo, lo que podría indicar una mayor propagación del conflicto por Oriente Medio.

El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, sin embargo, confirmó el incendio sin mencionar ningún ataque con dron ni identificar sus causas. El ministerio instó a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a “obtener la información a través de los comunicados oficiales”, después de que varios digitales locales y árabes publicaran que el origen fue un impacto de ese tipo. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declinó responder una solicitud de comentario de AFP.

Los equipos de extinción y seguridad del puerto atajaron el incendio de inmediato siguiendo los planes de respuesta a emergencias, según el ministerio egipcio. El titular de la cartera, Karim Badawi, se desplazó al lugar para supervisar las labores. No se registraron heridos ni víctimas mortales.

El ex director de la Autoridad del Puerto de Damieta, el mayor general Ayman Salah, explicó a AFP que la regasificación se realiza “bajo muy alta presión” y que cualquier fuga puede derivar en un incendio. La empresa de servicios portuarios Inchcape Shipping Services había reportado previamente una explosión durante operaciones de descarga de carga en la terminal de GNL.

Kpler advirtió que la explosión afectó las operaciones de un nodo de importación de GNL de primer orden en el Mediterráneo oriental. Instalaciones energéticas en otras partes de la región han sido blanco de drones y misiles en el marco del conflicto que Estados Unidos mantiene con Irán, aunque Egipto había permanecido al margen hasta ese momento.

Trump no descartó una salida diplomática: “Veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento”, dijo desde el Despacho Oval, para luego reiterar la amenaza de un ataque. Ningún grupo reivindicó de inmediato la autoría del incidente en Damieta.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó el límite de valor FOB para las exportaciones realizadas a través del régimen de courier, una restricción que durante años actuó como un techo para empresas, emprendedores y pequeños exportadores que vendían productos argentinos al mundo por esa vía. La medida quedó formalizada este martes mediante la Resolución General 5883/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entró en vigencia el miércoles 30 de julio.

Hasta la publicación de la norma, el régimen de courier imponía un tope de USD 3.000 por envío. Quien superaba ese monto quedaba automáticamente excluido del sistema simplificado y debía tramitar una exportación formal, con despacho aduanero, mayores costos operativos y tiempos más largos de gestión. En la práctica, ese umbral golpeaba con más fuerza a quienes más dependían del canal: las pymes que exportan productos de bajo volumen físico pero de alto valor agregado, como vinos, alfajores, dulce de leche, libros o frutas frescas.

El régimen de courier funciona como una vía de exportación abreviada. En lugar de tramitar una destinación de exportación formal —con despacho aduanero y una cadena de trámites burocráticos—, el exportador entrega el paquete al prestador del servicio, que lo despacha con un procedimiento estandarizado. Esa modalidad resultó especialmente atractiva para pequeñas y medianas empresas que no realizan operaciones tradicionales de comercio exterior o que exportan en volúmenes reducidos, y también para particulares que envían mercadería al exterior de forma ocasional.

El negocio detrás de esos envíos tiene un motor que va más allá de la logística. La alta concentración de argentinos radicados en el exterior generó un mercado sostenido por la nostalgia: comunidades dispersas por Europa, Estados Unidos y otros destinos que demandan productos locales con regularidad, desde alimentos típicos hasta vino, uno de los segmentos de mayor rotación en el sistema por la demanda consolidada que tiene el vino argentino en los mercados internacionales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida con una crítica directa al historial regulatorio del país. “Durante años el régimen de exportación por courier tuvo un techo que terminaba frenando el crecimiento de quienes empezaban a vender al exterior. Si un envío superaba los USD 3.000, dejaba de acceder al sistema simplificado y debía pasar a una exportación formal, con mayores costos y trámites”, señaló el funcionario. Sturzenegger fue más lejos en sus redes sociales, donde escribió que “este país odiaba a las exportaciones” y que el tope funcionaba en la práctica como “una pared invisible que frenaba el crecimiento de las empresas argentinas que empezaban a exportar”.

La resolución de ARCA no se limita a la eliminación del tope. Introduce también modificaciones al régimen de importación: simplifica los requisitos documentales para pequeños envíos alcanzados por beneficios fiscales y adecua procedimientos para agilizar la gestión aduanera.

Además, para los envíos tramitados bajo el régimen de pequeños envíos que estén alcanzados por la exención de derechos de importación y tasa de estadística prevista en el Decreto 1.065/2024, la norma establece que no será exigible la consignación de la posición arancelaria. También los Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier) deberán conservar las constancias digitalizadas de entrega por un plazo de cinco años después de operada la prescripción de la acción del fisco, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de las operaciones sin incrementar las cargas para los usuarios.

La Resolución General 5883/2026 modifica la Resolución General N° 5.608, que regulaba hasta ahora el régimen de importación y exportación simplificada por PSP/Courier. La reforma fue impulsada por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que le encomendó a la Dirección General de Aduanas las adecuaciones normativas necesarias para suprimir los límites de valor FOB, en línea con el proceso de apertura y simplificación comercial que impulsa el Gobierno.

Chile movilizó a unos cinco mil militares antes de que el temporal alcanzara su punto más crítico y dejara 13 muertos, cuatro desaparecidos y cerca de 100.000 personas aisladas. Para Andrei Serbin Pont, esa decisión fue uno de los factores que permitió acelerar los rescates y sostener la asistencia en las zonas más afectadas, en un operativo que combinó helicópteros, aviones de transporte, hospitales de campaña y vehículos anfibios para llegar a comunidades que habían quedado completamente incomunicadas.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el especialista explicó que las autoridades chilenas comenzaron a preparar la respuesta antes de que se produjeran los principales desbordes, deslizamientos de tierra y cortes de rutas que afectaron especialmente a las regiones de Coquimbo y Atacama. Según señaló, el acuartelamiento preventivo de miles de efectivos y la movilización de personal de reserva permitieron que los recursos estuvieran listos para actuar desde las primeras horas de la emergencia. “La principal diferencia fue la preparación”, resumió al analizar la estrategia adoptada por el país tras conocerse los pronósticos meteorológicos.

La magnitud del fenómeno obligó a desplegar capacidades poco habituales incluso para un país acostumbrado a enfrentar catástrofes naturales. “Hubo zonas en las cuales llovió en una hora lo que normalmente llovería en un mes”, explicó Serbin Pont al describir un escenario que dejó poblaciones enteras aisladas y obligó a coordinar recursos terrestres, aéreos y sanitarios para garantizar la asistencia.

Uno de los ejes del operativo fue el puente aéreo organizado por la Brigada de Aviación del Ejército. Diez helicópteros participaron de las tareas de rescate y abastecimiento, lo que permitió evacuar a más de 120 personas que permanecían aisladas hasta el 20 de julio y mantener el traslado de personal, alimentos e insumos hacia sectores donde los caminos habían quedado destruidos o resultaban intransitables.

La Fuerza Aérea complementó ese despliegue mediante vuelos de aviones Hércules C-130, que transportaron 183 toneladas de ayuda humanitaria hacia las regiones afectadas. Cuando ni siquiera era posible acceder por vía terrestre o aérea mediante aterrizajes convencionales, un avión CASA 212 lanzó alimentos, medicamentos y otros suministros mediante paracaídas para abastecer a comunidades completamente incomunicadas. “Ese lanzamiento de ayuda humanitaria fue clave”, destacó el analista al describir una de las operaciones más complejas del dispositivo logístico.

La asistencia también incluyó la instalación de un hospital modular de campaña en Ovalle y puestos de atención médica especializada para reforzar un sistema sanitario exigido por la emergencia. Al mismo tiempo, vehículos blindados con capacidad anfibia ingresaron en sectores anegados donde otros medios no podían operar, mientras unidades de ingenieros despejaban caminos, reparaban infraestructura crítica y trabajaban para restablecer la conectividad entre las localidades afectadas.

Para Serbin Pont, la rapidez de la respuesta no fue producto de la improvisación, sino de una planificación sostenida y de la experiencia acumulada por Chile frente a terremotos, tsunamis e inundaciones. A diferencia de otros desastres naturales, explicó, las lluvias extremas permitían anticipar escenarios de riesgo y comenzar el despliegue antes de que la situación se agravara. “El terremoto es impredecible, pero cuando existe la posibilidad de desbordes empezaban a tomar medidas de precaución para iniciar el despliegue en caso de ser necesario. Eso demuestra un nivel de preparación de fondo que entiende cuáles pueden ser las circunstancias”, afirmó.

El especialista sostuvo que, en ese contexto, las Fuerzas Armadas aportaron capacidades logísticas difíciles de reemplazar por otros organismos del Estado. Redes de comunicaciones, patrullas de auxilio, unidades de emergencia, equipos de ingenieros y medios de transporte permitieron sostener la asistencia incluso cuando buena parte de la infraestructura había colapsado. A su juicio, esa capacidad refleja el valor del uso dual del equipamiento militar. “Es muy positivo cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas chilenas a este tipo de emergencias. Contribuyen mucho a pensar a las Fuerzas Armadas como una herramienta que facilita las condiciones necesarias para enfrentar incertidumbre”, sostuvo.

Al ampliar la mirada hacia el plano regional, Serbin Pont señaló que no todos los países cuentan con el mismo nivel de preparación para enfrentar emergencias de esta magnitud. Como ejemplo mencionó el caso de Venezuela, donde, según indicó, distintos desastres naturales dejaron al descubierto limitaciones operativas que comprometieron la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de crisis.

Consultado por Maru Duffard y Fede Mayol sobre la experiencia argentina, el analista consideró que las Fuerzas Armadas locales también han demostrado una buena capacidad de despliegue territorial y de reacción ante emergencias, aunque advirtió que esas fortalezas conviven con restricciones materiales vinculadas al mantenimiento del equipamiento y la disponibilidad de recursos.

Como ejemplo recordó la intervención durante las inundaciones de La Plata en 2013, el temporal que afectó a Bahía Blanca y las tareas logísticas desarrolladas durante la pandemia de COVID-19, cuando participaron en la distribución de alimentos, insumos sanitarios y vacunas en distintos puntos del país. A su entender, la presencia territorial y la capacidad de movilizar personal siguen siendo activos importantes, aunque preservar ese nivel de respuesta exige inversiones sostenidas para mantener el material y retener personal especializado.

Finalmente, Serbin Pont sostuvo que la eficacia de este tipo de operativos también depende de un factor menos visible: la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de intervenir durante las emergencias. En ese sentido, consideró que, en términos generales, los argentinos mantienen una percepción positiva sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en tareas de asistencia, un aspecto que facilita su despliegue cuando el Estado necesita movilizar rápidamente sus capacidades para responder a una catástrofe.

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El Senado de la Nación ya tiene fecha para volver a la actividad. Mientras el oficialismo sigue buscando votos de cara a la sesión del próximo 6 de agosto en donde pretende darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada -conocida como ley de tierras-, un día antes abrirá las comisiones para debatir el Súper RIGI.

El oficialismo llamó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General para debatir el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El encuentro será a partir de las 15.30, en el Salón Azul de la Cámara Alta.

El proyecto que se debatirá en el plenario de las tres comisiones -todas presididas por el oficialismo- obtuvo media sanción en la Cámara Baja el pasado 24 de junio. En ese momento obtuvo 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.

En ese caso, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales. De repetirse el mismo esquema de acompañamientos, el oficialismo podría obtener dictamen el miércoles en el plenario pero no podrá llevarlo al recinto el día siguiente, ya que el reglamento establece que deben pasar 7 días entre ambos hechos.

El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

En esta reversión del RIGI que se introdujo con la ley Bases, se establece que los proyectos que ingresen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares -para el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector-.

Pero para poder ingresar al sistema de beneficios por 30 años, deberán ejecutar un mínimo de 200.000 millones en los primeros dos años desde que es aprobado.

Además, los proyectos tienen que estar dirigidos a sectores de la economía que hoy no tengan presencia en la Argentina. Son los sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. Esto es con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta.

Un dato no menor es en lo referido a lo que se conoce como “compre nacional”. En el debate en Diputados, los socios de LLA empujaron cambios respecto a este punto. Aunque el oficialismo quería que no hubiese una obligación de proveedores locales, cedió y habilitó un “plan de desarrollo de proveedores locales” y la contratación de proveedores locales por “el 20% del monto destinado a proveedores”. El “pero” que contiene es que para que esa cláusula sea válida tiene que existir proveedores con capacidad, disponibilidad y competitivos en cuanto a precio y calidad.

Por último, en lo referido al acceso a las divisas, el Súper RIGI mantiene el esquema de su predecesor, siguiendo con el esquema de disponibilidad progresiva para exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero. A esto se suman exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a la creación de empleo.